SC5150-2021 (2018-01913-00)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC5150-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0. 11001-02-03-000-2018-01913-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Mar\u00eda del Socorro G\u00f3mez Ruiz y Michel Josef Leo Beerlandt, respecto de la sentencia de divorcio proferida por la C\u00e1mara 30 del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas (B\u00e9lgica) el 25 de junio de 1999. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprecaron el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera ab initio citada. <\/p>\n
2.1. Que contrajeron matrimonio civil \u00abel 09 de diciembre de 1986, ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medell\u00edn\u2026\u00bb, uni\u00f3n que fue registrada \u00abconforme a las leyes de la Rep\u00fablica de Colombia\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.2. Durante la vigencia de la sociedad conyugal no se procrearon hijos. Y realizaron convenio sobre los bienes adquiridos. <\/p>\n
2.3. En sentencia proferida por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas (B\u00e9lgica), el 25 de junio de 1999, se decret\u00f3 el divorcio por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
2.4. Seg\u00fan lo manifestado por el apoderado, dicha providencia cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en el art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. Junto con la solicitud, se allegaron varios documentos, entre ellos, poder para actuar, registro civil de matrimonio, ejemplar aut\u00e9ntico, traducci\u00f3n y certificaci\u00f3n de no apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que se pretende homologar. <\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE OBSERVADO <\/p>\n
1. Cumplidas las exigencias formales, el 05 de septiembre de 2018 fue admitida la demanda y, en el mismo prove\u00eddo se orden\u00f3 correr traslado al Ministerio P\u00fablico. Entidad que, en tiempo, a trav\u00e9s de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026todas las exigencias previstas en la normativa aludida se satisfacen, por lo que, en concepto de esta agencia del Ministerio P\u00fablico, una vez cumplida la demostraci\u00f3n de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, proceder\u00e1 la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u00bb1. <\/p>\n
2. Por auto del 16 de octubre de 2018, se orden\u00f3 la etapa probatoria, en la cual, se decret\u00f3 las solicitadas por la parte actora, entre ellas los documentos acompa\u00f1ados con la demanda a que alude el respectivo ac\u00e1pite2. <\/p>\n
2.1. Se ofici\u00f3 al Ministerio de Relaciones exteriores para que certificara si entre Colombia y B\u00e9lgica existe tratado vigente sobre el reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades judiciales de ambos pa\u00edses en causas civiles. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, se solicit\u00f3 al cuerpo diplom\u00e1tico de Colombia en Bruselas, remitir copias certificadas, con indicaci\u00f3n de su vigencia, de los textos legales de acuerdo con los cuales es permitido en ese territorio, la ejecuci\u00f3n de providencias judiciales extranjeras proferidas en asuntos de divorcio. <\/p>\n
3. En su momento, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la citada cartera ministerial inform\u00f3 lo relacionado con la reciprocidad diplom\u00e1tica entre los estados3. Adem\u00e1s, alleg\u00f3 la documental remitida por el C\u00f3nsul General de Colombia en Bruselas, atinente a la comprobaci\u00f3n de la existencia de la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
4. As\u00ed, conforme se hallan los elementos probatorios necesarios para dictar el fallo en esta etapa procesal, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petici\u00f3n elevada. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De acuerdo con lo reglado por el C\u00f3digo General del Proceso, es permitido que el juez si bien lo considera, y bajo el cumplimiento de ciertos par\u00e1metros legales, profiera sentencia anticipada. <\/p>\n
El art\u00edculo 278 Ibidem, al respecto establece que \u00aben cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cuando las partes o sus apoderados de com\u00fan acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.<\/p>\n
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.<\/p>\n
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Si bien el numeral 4\u00ba del canon 607 de la misma codificaci\u00f3n presupone que \u00abVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb, la presente providencia, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que con nitidez se cumple estrictamente lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 278. Aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas seg\u00fan la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada. <\/p>\n
De lo anterior se desprende que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevar este \u00faltimo a cabo resultar\u00eda inocuo, proferir el fallo sin diligencias adicionales. Esto, en cabal cumplimiento de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal. Los cuales, en \u00faltimas, reclaman de la jurisdicci\u00f3n decisiones prontas, \u00abcon el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas\u00bb. De lo contrario, ser\u00eda someter cada causa a una prolongaci\u00f3n absurda, completamente injustificada, en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompa\u00f1an los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n
\u00abTal codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
Significa que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial\u00bb (CSJ SC132-2018. 12 feb. 2018, rad. 2016-01173-00). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, ha manifestado que <\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (SC12137, 15 Ago. 2017, rad. n\u00b0 2016-03591-00). <\/p>\n
3. Bajo ese panorama, en el caso objeto de estudio, es procedente proferir un fallo anticipado. Ello pues, conforme a las pruebas obrantes en el proceso, la situaci\u00f3n de facto particular y la normativa internacional respectiva, no es necesario adicionales elementos que permitan el convencimiento del fallador. <\/p>\n
Efectivamente, el Ministerio P\u00fablico no present\u00f3 contradicciones al respecto, ni tampoco elev\u00f3 solicitud de pruebas en esta causa. Lo que s\u00ed concluy\u00f3 fue la procedencia de la pretensi\u00f3n homologatoria, por lo que esta Sala considera procedente emitir el fallo definitivo. <\/p>\n
4. Sobre el particular, el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso establece lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLas Sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb. <\/p>\n
La Corte se ha ocupado de esta exigencia de manera reiterada y constante, por ello, ha plasmado que para otorgar valor a decisiones for\u00e1neas: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia\u2026\u00bb (G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, reiterada recientemente en CSJ SC466-2021, 24 feb 2021, rad. 2017-01000-00). <\/p>\n
5. Lo precedente significa, en primer lugar, que se debe establecer si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales. En su defecto -la ausencia de tratado entre los Estados-, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. <\/p>\n
6. En el expediente contentivo de la petici\u00f3n de exequ\u00e1tur se tiene acreditado lo siguiente: <\/p>\n
6.1. Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas (B\u00e9lgica) el 25 de junio de 1999, que consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abseg\u00fan los documentos suministrados que las partes han cumplido con las condiciones y con las formalidades determinadas por la ley; vistas las conclusiones del Ministerio P\u00fablico: \u201cLa Ley permite\u201d y la ley del 15 de junio de 1935 sobre el empleo de las lenguas en materia judicial; pronuncia el divorcio por consentimiento mutuo entre: Beerlandt Michel Jozef Leo\u2026 y G\u00f3mez Ruiz Nora del Socorro\u2026\u00bb4. <\/p>\n
6.2. Registro Civil de matrimonio de los solicitantes, en que consta la celebraci\u00f3n de dicho v\u00ednculo, el 09 de diciembre de 1986 en la notaria 3\u00aa de Medell\u00edn5. <\/p>\n
6.3. Certificaci\u00f3n del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que inform\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
\u00ab\u2026una vez revisado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de este Ministerio, se pudo constatar que no existe convenio bilateral ni multilateral vigente entre los dos Estados sobre el tema objeto de consulta, raz\u00f3n por la cual no hay instrumento aplicable entre ambos Estados sobre el tratamiento de sentencias extranjeras en causas de divorcios\u00bb6. <\/p>\n
6.4. Certificaci\u00f3n de autenticidad y copia anexa de la Ley del Reino de B\u00e9lgica de 16 de julio de 2004, contentiva del C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado de B\u00e9lgica, expedida por el C\u00f3nsul General de Colombia7. <\/p>\n
7. De lo precedente, se advierte que no existe entre Colombia y B\u00e9lgica tratado internacional vigente con respecto a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias. Sin embargo, consta en el expediente la legislaci\u00f3n belga que permite la efectividad de los fallos extranjeros. <\/p>\n
En ese orden, la citada codificaci\u00f3n contempla en su secci\u00f3n 6, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEfectividad de las decisiones judiciales y de los actos p\u00fablicos extranjeros aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Reconocimiento y declaraci\u00f3n de exigibilidad de decisiones judiciales extranjeras. <\/p>\n
Art. 22. 1. Una decisi\u00f3n judicial extranjera que sea exigible en el Estado en que ha sido emitida, ser\u00e1 exigible en B\u00e9lgica, en todo o en parte, seg\u00fan el procedimiento establecido en el art\u00edculo 23\u2026\u00bb. <\/p>\n
En el punto, en su cap\u00edtulo III. -relaciones matrimoniales-, Secci\u00f3n 1. -competencia internacional- (art\u00edculos 42), establece que: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En caso de demanda conjunta, si uno de los c\u00f3nyuges tiene su residencia habitual en B\u00e9lgica en el momento en el cual se ha presentado la demanda;<\/p>\n
2. La \u00faltima residencia habitual com\u00fan de los c\u00f3nyuges se ubicaba en B\u00e9lgica menos de doce meses antes del momento en el cual se ha presentado la demanda;<\/p>\n
3. El c\u00f3nyuge solicitante tiene su residencia habitual desde un tiempo no menor a doce meses en B\u00e9lgica a partir del momento en el cual se ha presentado la demanda; o <\/p>\n
4. Los c\u00f3nyuges son belgas en el momento en el cual se ha presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
La anterior codificaci\u00f3n resulta el punto medular para que se compruebe lo referente con la reciprocidad legislativa, pues para la regulaci\u00f3n belga, los fallos for\u00e1neos -en el caso colombiano-, pueden ser avalados por aquella justicia en asuntos de divorcio. <\/p>\n
Para que ello se cumpla, debe acreditarse lo previsto en el citado canon 42 de la Ley Contentiva del C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado de B\u00e9lgica. <\/p>\n
Bajo esos presupuestos, una vez que las sentencias colombianas encuentran reconocimiento en suelo belga y, asimismo, se acatan los requerimientos impuestos por aquellos en la citada regulaci\u00f3n, es dable determinar que la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso en concreto, al ser verificados los requisitos memorados con base en lo dictado en la providencia objeto de homologaci\u00f3n y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en el escrito genitor, se cumple con las exigencias previstas. Esto es: i. al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda conjunta, los c\u00f3nyuges resid\u00edan en B\u00e9lgica8 y ii. Los dos eran de nacionalidad belga en el momento en que se instaur\u00f3 la petici\u00f3n de divorcio por mutuo consentimiento9. <\/p>\n
8. Constatado lo anterior procede, seguidamente, la observancia de las restantes estipulaciones previstas en la pauta 606 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
8.1. Se aport\u00f3 al expediente copia de la sentencia extranjera debidamente ejecutoriada, traducida y legalizada (arts. 251 y 177 del C. G. P). <\/p>\n
8.2. La controversia resulta no ser de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que as\u00ed lo se\u00f1ale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se tramite por la misma causa en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
8.3. La decisi\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio. <\/p>\n
En efecto, el mutuo acuerdo, es una causal que, igualmente, el sistema patrio la contempla como determinante del divorcio (numeral 9 del art\u00edculo 6 de la ley 25 de 1992). Las partes -siendo mayores de edad- expresaron su voluntad para desvincularse del matrimonio vigente. Y el tr\u00e1mite observado no vulner\u00f3 derecho alguno de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
9. En ese orden, surge evidente que la comprobaci\u00f3n de los requisitos establecidos en la normativa de procedimiento colombiana (arts. 605 y siguientes), fueron cumplidos a cabalidad por los interesados. <\/p>\n
10. En conclusi\u00f3n, la validaci\u00f3n ser\u00e1 autorizada, orden\u00e1ndose la inscripci\u00f3n de esta providencia, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro del estado civil. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Conceder el exequ\u00e1tur conforme a lo expresado en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, solicitado por Mar\u00eda del Socorro G\u00f3mez Ruiz y Michel Josef Leo Beerlandt, respecto de la sentencia de divorcio proferida por la C\u00e1mara 30 del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas (B\u00e9lgica) el 25 de junio de 1999. <\/p>\n
SEGUNDO: Inscribir esta providencia, junto con el fallo reconocido, tanto en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio como en el de nacimiento, para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el canon 13 del Decreto 1873 de 1971. <\/p>\n
TERCERO: Librar, por Secretar\u00eda, las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
CUARTO: No condenar en costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 43-44 del cuaderno Corte. <\/p>\n
2\u0002 Folio 46 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 66 ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 21 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 5 ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 91-117 ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Michel Josef Leo Beerlandt domiciliado en Bruselas y Nora del Socorro G\u00f3mez Ruiz en schaerbeek \u2013 B\u00e9lgica. <\/p>\n
9\u0002 Folio 29 ibidem. <\/p>\n
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