SC5159-2021 (2012-00953-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC5159-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-03-015-2012-00953-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante Luis Fernando G\u00f3mez Mora frente a la sentencia proferida el 27 de abril de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso ordinario – indemnizaci\u00f3n de perjuicios- que instaur\u00f3 en contra de la sociedad BCSC S.A. (antes Corporaci\u00f3n De Ahorro y Vivienda Colmena-Banco Colmena). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con la demanda (fls. 64 a 68, c. 1) y el escrito que la reform\u00f3 (fls. 85 a 86, c. 1), el actor pretende que se declare (i) que el banco BCSC S.A. debe restituir a su favor la suma de $1.310.952.165; y (ii) que se condene al pago de perjuicios ocasionados con el cobro de las sumas de dinero en exceso, en la suma de $ 316.927.000. <\/p>\n
<\/p>\n
B. Causa petendi <\/p>\n
Adujo que el banco instaur\u00f3 demanda ejecutiva en su contra para obtener el pago de un cr\u00e9dito para construcci\u00f3n otorgado en UPAC. El decurso fue conocido por el Juzgado Civil del Circuito de Apartad\u00f3, que libr\u00f3 el correspondiente mandamiento compulsivo -el 28 de julio de 2009-. Una vez establecida la litis, el actor se opuso a las pretensiones y excepcion\u00f3. Argument\u00f3 que las obligaciones contra\u00eddas con la entidad financiera estaban solucionadas (fl 6. c. 2). <\/p>\n
Como antecedentes, narr\u00f3 que el estrado de conocimiento, a fin de tener certeza sobre los fundamentos de hecho de las defensas planteadas, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial de contenido financiero, cuyo objeto fue el de \u00abelaborar las reliquidaciones del cr\u00e9dito de acuerdo con los par\u00e1metros en la aplicaci\u00f3n de la ley 546 de 1999 en sus art\u00edculos del 17 al 42 (\u2026)\u00bb. El 3 de diciembre de 2009, se posesion\u00f3 como perito auxiliar de la justicia Dora Luz Ceballos Vallejo, quien rindi\u00f3 la experticia concluyendo lo siguiente: \u00abcomparando este valor con los valores de los contratos convenidos con la entidad demandante en los cr\u00e9ditos de la referencia acordada por diferentes valores, marca diferencias nominales y ajustadas a UVR bastante grandes a las platas realmente canceladas a la fecha al banco y las platas ajustadas que origin\u00f3 los pagos dem\u00e1s en raz\u00f3n por las tasas legales permitidas y la interpretaci\u00f3n de la sentencia 1140 originando entonces un valor a ser reembolsado por la suma de $ 808.079.429 que es la suma del capital y los intereses ajustados hasta Abril 15 de 2010 por el valor de la UVR\u00bb (fl. 65 c.1). Adujo que la referida pericia fue aprobada por el despacho, el cual dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones el 14 de abril de 2011, al considerar que no exist\u00eda claridad en el monto de la obligaci\u00f3n dineraria presentada para la intimaci\u00f3n al pago. <\/p>\n
En tal virtud y teniendo como p\u00e1bulo la experticia rendida, convoc\u00f3 a la demandada a audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, cuyo objeto fue el de llegar a un acuerdo frente a la suma de lo que en sentir del casacionista le deb\u00eda restituir el banco (fl 58 c 1). La entidad convocada no concili\u00f3. Considerando que le asist\u00eda el derecho al reembolso de las sumas de dinero entregadas de m\u00e1s a la entidad financiera, present\u00f3 demanda ordinaria en contra de BCSC. S.A., en que pretendi\u00f3 la devoluci\u00f3n de las \u00absumas cobradas en exceso\u00bb (fl 75. C 1). <\/p>\n
<\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada y tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
1. La sociedad demandada BCSC S.A, en oportunidad, se opuso a las pretensiones (fls. 181 a 188, c. 1). Propuso las excepciones perentorias que nomin\u00f3: \u00ablos cr\u00e9ditos otorgados no fueron destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda\u00bb, \u00abcosa juzgada respecto de los valores supuestamente pagados de m\u00e1s por el demandante\u00bb, \u00abcaducidad\u00bb, \u00abineficacia probatoria de los dict\u00e1menes periciales sobre el cual el demandante finca sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, explic\u00f3 que \u00ablos cr\u00e9ditos otorgados al demandante por mi poderdante que fueron materia del proceso ejecutivo al que hace referencia la demanda no fueron destinados a financiaci\u00f3n de vivienda. Por otra parte, cuestion\u00f3 el m\u00e9rito convictivo del dictamen pericial: \u00abla conclusi\u00f3n trascrita en la demanda ser\u00eda fruto de un dictamen que adolece de varios graves vicios y errores que no permiten tenerlo como v\u00e1lido\u00bb. Por dem\u00e1s, dijo objetar el dictamen rendido en el proceso ejecutivo y aportado con la demanda, en tanto que \u00abel dictamen parte de la falsa premisa de que los cr\u00e9ditos objeto de la Litis fueron otorgados para la financiaci\u00f3n de vivienda y, en ese orden, los liquida de acuerdo a normas de exclusiva aplicaci\u00f3n a tales cr\u00e9ditos\u00bb (fl 189 c. 1). <\/p>\n
D. Resoluci\u00f3n en las instancias. <\/p>\n
Una vez culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn profiri\u00f3, el 17 de noviembre de 2015, sentencia desestimatoria de las pretensiones. Esta fue apelada por el demandante (f. 262 c.1). Y, por lo dem\u00e1s, fue confirmada por el Tribunal (fls. 67 a 93, c. 4). <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala mayoritaria del Tribunal1 comenz\u00f3 por destacar los hitos procesales y realizar un breve recuento de los supuestos de hecho expuestos en la demanda. Tras ello, recapitul\u00f3 los reparos esgrimidos por el recurrente en su escrito impugnaticio. Tambi\u00e9n, se centr\u00f3 en estudiar los eventos previstos por el ordenamiento para la reliquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos contra\u00eddos en UPAC y la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Para el efecto, se sirvi\u00f3 en extenso del marco y los presupuestos fijados por la jurisprudencia constitucional sobre la materia: \u00abcon el prop\u00f3sito de garantizar el derecho a una vivienda digna, el legislador consider\u00f3 que bajo el anterior sistema de vivienda (UPAC) el monto de las deudas hipotecarias no solamente hab\u00eda superado la capacidad de pago, sino el valor original de la vivienda (\u2026) por tal raz\u00f3n, y mediante la expedici\u00f3n de la ley 546 de 1999, el legislador dispuso de una serie de mecanismos legales con el fin de solucionar la grave situaci\u00f3n a nivel de financiaci\u00f3n de vivienda a largo plazo\u00bb (Fl 86 c. 4). A su turno, indic\u00f3 cu\u00e1les fueron la medidas adoptadas de conformidad a la jurisprudencia en cita: \u00abi) el reconocimiento por cuenta del estado de unas sumas de dinero o alivios dirigidos (arts. 40 y sig.), por una parte a servir de abono a los cr\u00e9ditos hipotecarios (\u2026) ii) para proceder a la aplicaci\u00f3n de dichos beneficios, el texto de la ley se\u00f1ala en sus art\u00edculos 40, 41, 42 que estas medidas se aplicaran \u00fanicamente a los cr\u00e9ditos que hubieren sido otorgados para financiar la adquisici\u00f3n de vivienda individual a largo plazo\u00bb (Fl 87 a 88, c. 4). <\/p>\n
Al respecto, sostuvo que \u00ab[e]s necesario se\u00f1alar que la caracter\u00edstica fundamental de los cr\u00e9ditos de vivienda no es plazo o la forma en que el mismo se haya pactado, esto es en UPAC o en pesos, ni mucho menos el hecho de que el cr\u00e9dito haya sido garantizado con hipoteca\u00bb. Respecto a esto \u00faltimo, enfatiz\u00f3 en que lo axiom\u00e1tico es la finalidad y objeto del cr\u00e9dito: \u00abla nota determinante de un cr\u00e9dito de vivienda es la destinaci\u00f3n del mismo, esto es, que el pr\u00e9stamo se haya destinado a la adquisici\u00f3n o financiaci\u00f3n de una unidad de vivienda\u00bb (Fl 89 c 4). Sentadas esas premisas y revisadas las probanzas obrantes en el plenario, el Tribunal advirti\u00f3 que la obligaci\u00f3n contra\u00edda por el demandante no es de aquellas pasibles del alivio en comento: \u00abde la sola lectura de la demanda, se advierte sin ning\u00fan esfuerzo, que el demandante pretende los mismos beneficios concedidos por la ley 546 de 1999 para los cr\u00e9ditos que tuvieron como finalidad la adquisici\u00f3n de vivienda\u00bb. As\u00ed mismo, infiri\u00f3 que \u00ablo pretendido es obtener la revisi\u00f3n del cr\u00e9dito para ser depurados de los factores que fueron declarados contrarios a la constituci\u00f3n y que ten\u00edan como finalidad la adquisici\u00f3n de vivienda (\u2026) estas decisiones solo cobijaron los cr\u00e9ditos que ten\u00edan como prop\u00f3sito la adquisici\u00f3n de vivienda y de contera, no comprendieron otros cr\u00e9ditos de naturaleza diferente\u00bb (fl.90 c.4). <\/p>\n
De igual manera, al referirse al interrogatorio de parte rendido, repar\u00f3 en que los cr\u00e9ditos otorgados definitivamente no fueron para vivienda sino para construcci\u00f3n, \u00abel demandante en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, confes\u00f3 que ten\u00edan por finalidad la adecuaci\u00f3n de un establecimiento de comercio, tipo hotel\u00bb. Y, en lo que concierne a las documentales, estim\u00f3 que \u00aben la solicitud de cr\u00e9dito de construcci\u00f3n afirm\u00f3 que el pr\u00e9stamo se destinaria para la ampliaci\u00f3n de cuatro pisos aumentando la capacidad de Hotel\u00bb. En consecuencia, concluy\u00f3: \u00ablos cr\u00e9ditos que se otorgaron al demandante por la entidad bancaria ten\u00edan como finalidad la ampliaci\u00f3n y\/o modificaci\u00f3n de la construcci\u00f3n donde funciona un hotel y, no la adquisici\u00f3n de vivienda individual a largo plazo; por lo tanto, no es destinatario de los beneficios establecidos en la ley 546 de 1999 (\u2026) lo dicho es suficiente para concluir que las pretensiones de la demanda no tienen vocaci\u00f3n de \u00e9xito\u00bb (fl.91 c.4). Inconforme, el pretensor interpuso la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concedida en prove\u00eddo de 24 de mayo de 2017 (fls.102 a 105, c. 4). <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre dos cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
A. PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente, los art\u00edculos 1617 numeral 3, 2235 y 2313 de C\u00f3digo Civil, 831, 884, 886, 1163 y 1168 del C\u00f3digo de Comercio, y los preceptos 72 de la Ley 45 de 1990 y 40, 41, y 42 de la Ley 546 de 1999, a causa de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n del escrito demandatorio. En tanto el ad quem consider\u00f3 de la sola lectura de la demanda que el demandante pretend\u00eda los mismos beneficios concedidos por la ley 546 de 1999, replic\u00f3 que \u00ablo pretendido en la demanda, los hechos de la demanda, especialmente el d\u00e9cimo, los argumentos de derecho y las conclusiones en nada pretende los mismos beneficios concedidos por la ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
Esas fallas en la apreciaci\u00f3n de la demanda condujeron al Tribunal a limitar el an\u00e1lisis en torno al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la precitada norma, lo que determin\u00f3 que \u00aba los supuestos de hecho de la demanda no eran aplicables los alivios y la reliquidaci\u00f3n establecida\u00bb. En efecto, arguye: <\/p>\n
1.- El Colegiado se equivoc\u00f3 al contemplar el escrito introductor, pues ni los fundamentos de hecho esgrimidos, ni las pretensiones invocadas tuvieron como p\u00e1bulo la ley de vivienda. Por el contrario, el instrumento se orient\u00f3 a pedir \u00abla devoluci\u00f3n de los dineros cobrados en exceso\u00bb. <\/p>\n
2.- Asever\u00f3 que una adecuada interpretaci\u00f3n de la demanda implicaba el planteamiento de un problema jur\u00eddico distinto al zanjado en la sentencia, en concreto, orientar el an\u00e1lisis del litigio \u00abal pago de lo no debido\u00bb, \u00aba la prohibici\u00f3n de enriquecerse injustamente2\u00bb, para, finalmente, acceder a la devoluci\u00f3n de los dineros deprecados. Reproch\u00f3 la falta de apreciaci\u00f3n de la demanda pues, de haberlo hecho, \u00abhubiera descubierto sin mayor esfuerzo que el fundamento era el pago de lo no debido, que ven\u00eda incluido en el sistema UPAC\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En este segundo cargo se acusa la sentencia de violar directamente normas sustanciales \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 40, 41 y 42 de la ley 546 de 1999; del literal f) del art\u00edculo 16 de la ley 31 de 1992 de los art\u00edculos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140 del Decreto 663 de 1993 (estatuto org\u00e1nico del sistema financiero); y el art\u00edculo 1\u00ba de la resoluci\u00f3n No 18 de 1995 de la junta directiva del Banco de la Rep\u00fablica; y por inaplicar los art\u00edculos 1617 (numeral 3) 2235 y 2313 del C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 831, 884, 886, 1163 del C\u00f3digo de Comercio y el art\u00edculo 72 de la Ley 45 de 1990.\u00bb Se agreg\u00f3 que no es de recibo que el Colegiado haya aplicado indebidamente los art\u00edculos 40, 41, 42 de la Ley 546 de 1999. Se sostiene que el modo en que obr\u00f3 el Tribunal para desatar la controversia no fue el adecuado, por cuanto las obligaciones contra\u00eddas tuvieron como b\u00e1culo un \u00abcr\u00e9dito de adecuaci\u00f3n de establecimiento de comercio y no de vivienda\u00bb3. De ah\u00ed que el supuesto de hecho sea notoriamente distinto y eso cambie la normativa aplicable. Tambi\u00e9n se asever\u00f3 que el \u00aberror de aplicaci\u00f3n de la norma que salta a la vista, toda vez que no era aplicable al caso concreto, al no tratarse, efectivamente de cr\u00e9ditos de vivienda\u00bb. As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que, si el Colegiado encontr\u00f3 que los preceptos en comento no regulaban el caso sometido a estudio, debi\u00f3 buscar la disposici\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que se aplicaron -de manera ultractiva- normas jur\u00eddicas \u00abque se encontraban fuera del ordenamiento jur\u00eddico por haber sido inexequibles o nulas4\u00bb. Particularmente, el art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992; los art\u00edculos 18, 19, 20, 21, 22, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero. Y el art\u00edculo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n 18 de 1995, emanada de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
En s\u00edntesis, asever\u00f3 que sostener que el cr\u00e9dito del demandante segu\u00eda regulado por las normas del sistema UPAC supone aplicar una norma que no hace parte del ordenamiento. Termin\u00f3 diciendo que \u00abel caso del cr\u00e9dito adquirido por el se\u00f1or Luis Fernando G\u00f3mez Mora quedaron sin ser regulados por la ley 546 de 1999, pero no por ello no regulados por las normas que dej\u00f3 de aplicar el tribunal\u00bb. De forma tal que, de haberse aplicado las normas sustantivas que disciplinan el pago de intereses legales, las que proh\u00edben el anatocismo, las que imponen la p\u00e9rdida de intereses por exceder sus l\u00edmites, la consecuencia ineluctable ser\u00eda la devoluci\u00f3n del dinero pagado en exceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El fundamento cardinal de los dos cargos consisti\u00f3 en que el Tribunal omiti\u00f3 aplicar al caso en concreto las normas relacionadas con el anatocismo, el enriquecimiento sin causa y el pago de lo no debido. Todo ello materializado en la exclusi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de las normas que reglamentaban el sistema UPAC a trav\u00e9s de la sentencia del 21 de mayo de 1999 proferida por el Consejo de Estado y las providencias C-255\/98, C-383\/99, C-700\/99, C-747\/99, C-955\/2000 y C-1140\/2000, de la Corte Constitucional. En consecuencia, censura que el Colegiado irregularmente interpret\u00f3 que lo pretendido era la aplicaci\u00f3n a su caso de los beneficios contenidos en la Ley 546 de 1999, cuando lo pedido era la revisi\u00f3n del cr\u00e9dito conforme a las normas contenidas en los art\u00edculos 1163, 1168, 884 y 831 del C\u00f3digo de Comercio, 1617, 2313 y 2235 del C\u00f3digo Civil y 72 de la Ley 45 de 1990. <\/p>\n
2. Sin embargo, no se advierte el presunto yerro cometido por el ad quem, por las razones que a continuaci\u00f3n se detallan: <\/p>\n
2.1. En la demanda, el actor peticion\u00f3 le fueran devueltas las sumas cobradas en exceso por la parte demandada, \u00abseg\u00fan la reliquidaci\u00f3n practicada seg\u00fan delineamientos al respecto dados por la Superintendencia Bancaria\u00bb. Ello fundamentado en que, en s\u00edntesis, le asiste el derecho \u00abde acuerdo a los pronunciamientos de las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional de que la obligaci\u00f3n sea revisada por mandato de las mismas para establecer los valores cobrados en forma inconstitucional y revertirlos con sus respectivos intereses a la misma tasa que se ven\u00eda cobrando al demandante\u00bb. A su turno, como fundamentos de derecho invoc\u00f3, entre otras, la Ley 546 de 1999 y, en particular, argument\u00f3 que su art\u00edculo 41 numeral 3\u00ba ordenaba la \u00abreliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2.2. La perito Dora Luz Ceballos V., en el dictamen pericial (fls. 87-99, cd.1) bajo el cual se fundament\u00f3 la acci\u00f3n declarativa, inform\u00f3 que el objeto de la prueba se circunscribi\u00f3 a reliquidar los cr\u00e9ditos \u00abde acuerdo a los par\u00e1metros en la aplicaci\u00f3n de la ley 546 de 1999 en sus art\u00edculos 17 al 42, el procedimiento establecido por la circular externa No 07 de enero de 2000 de la Superintendencia Bancaria5, teniendo en cuenta lo provisto por los Decretos del C\u00f3digo Civil el No 1229 del a\u00f1o 1972 en el Art\u00edculo 7\u00ba, el N\u00ba 2654 del a\u00f1o 1993 derogado en diciembre de 1997, Decreto 3092, las Resoluciones Externas de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica: la No 14 del a\u00f1o 20006 y la No. 8 del a\u00f1o 20067. Quien se expresan sobre las tasas m\u00e1ximas de inter\u00e9s por cr\u00e9ditos de vivienda que se deben cobrar\u00bb. De manera que, para efectuar el an\u00e1lisis solicitado, aplic\u00f3 al historial de los cr\u00e9ditos el \u00abprocedimiento aceptado por la Superintendencia Bancaria de Colombia en la re liquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en UPAC y pesos con UVR y pesos en el Formato 000-50\u00bb8. <\/p>\n
2.3. Al alegar de conclusi\u00f3n en la primera instancia (fl. 218), la apoderada del actor se limit\u00f3 a considerar que la citada experticia era una prueba trasladada, la cual \u00abya tuvo la oportunidad de ser objetada y, en general, ya fue objeto de cualquier pronunciamiento procesal que se considerara necesario con relaci\u00f3n a ella; por consiguiente, el proceso probatorio ya fue consumado sin que se presentara objeci\u00f3n o pronunciamiento alguno, eliminando as\u00ed, las posibilidades de intervenir en la pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb. En tal sentido, asegur\u00f3 que es una \u00abprueba en firme\u00bb. Por otro lado, respecto del interrogatorio de parte al demandado, asever\u00f3 que el representante legal del Banco confes\u00f3 que \u00abel Banco sigue reclamando una obligaci\u00f3n sobre la que ya hay orden de car\u00e1cter judicial que determin\u00f3 que la obligaci\u00f3n no es sujeto de ejecuci\u00f3n, es muestra clara de que la entidad ha continuado ejecutando a mi poderdante de manera insistente, vulnerando incluso sus derechos, toda vez que dichos cobros se realizan mediante llamadas en horarios no permitidos, incluso en d\u00edas festivos, afectando con ello su tranquilidad y, por medio de notificaciones escritas\u00bb. Apreci\u00f3 que el Banco no tiene la facultad de hacer tales requerimientos comoquiera que el juez de Apartad\u00f3 \u00abdecret\u00f3 la cesaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por no existir claridad en la obligaci\u00f3n, situaci\u00f3n que permite inferir que al no ser una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible y, como consecuencia, haber ordenado el cese de su ejecuci\u00f3n, no puede la entidad valerse de dicho t\u00edtulo para efectuar el cobro a mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
2.4.1. Que la prueba pericial rendida por Dora Luz Ceballos fue practicada en el Juzgado Civil del Circuito de Apartad\u00f3. Y trasladada al proceso bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Asegur\u00f3, adem\u00e1s, que tal probanza no fue valorada conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, pues \u00e9sta fue desestimada \u00fanicamente por cuanto la se\u00f1ora Ceballos no era profesional en contadur\u00eda cuando esta \u00abcumple con los requisitos establecidos para ser auxiliar de la justicia, pues su conducta es intachable, cuenta con excelente reputaci\u00f3n, lo cual puede demostrarse con el historial de los procesos en los que ha participado ejerciendo sus funciones (\u2026) confirm\u00e1ndose a su vez, el requisito de versaci\u00f3n y experiencia en la respectiva materia\u00bb. De manera que el hecho de que aquella no cuente con el t\u00edtulo universitario no implica, per se, que no pueda desarrollar id\u00f3neamente el cargo, m\u00e1s a\u00fan cuando tal documento \u00abdebi\u00f3 exigirse al momento de designar el perito dentro de la lista de auxiliares de la justicia y no, por el contrario, al momento de dictar sentencia, configurando con ello un juicio de valor desfavorable, que perjudica claramente a las partes, en especial a la parte que solicit\u00f3 la prueba\u00bb. Por dem\u00e1s, la juzgadora debi\u00f3 ordenar, de oficio, una nueva experticia. <\/p>\n
2.4.2. Precis\u00f3 que la nulidad decretada en la sentencia del Consejo de Estado implic\u00f3 que todo cr\u00e9dito otorgado en UPAC -tanto de vivienda como de libre inversi\u00f3n- deb\u00eda reliquidarse con base en el \u00edndice de precios al consumidor o IPC. Afirm\u00f3 que \u00abdurante la vigencia del cr\u00e9dito de mis mandantes, la entidad prestamista, cobr\u00f3 a mi representado, sumas en exceso, al liquidar los cr\u00e9ditos con base en la D.T.F. y no con base en el \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) como qued\u00f3 claramente establecido al declararse la Nulidad de la Resoluci\u00f3n 18 de 1995 por el Consejo de Estado en fallo de 21 de mayo de 1999\u00bb. <\/p>\n
2.4.3. Dict\u00f3 que la reliquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en UPAC \u00abdebe cubrir a todos los que tuvieron cr\u00e9ditos por este sistema y que se vieron perjudicados por el mismo; no importa si estuvieron vigentes los cr\u00e9ditos a diciembre 31 de 1999 o si fueron pagados antes o si est\u00e1n al d\u00eda, o si est\u00e1n en mora, que tengan uno o m\u00e1s cr\u00e9ditos. Todos, sin distinci\u00f3n, fueron perjudicados por el sistema UPAC; y todos tienen derecho a la reliquidaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos y a la devoluci\u00f3n de los excesos pagados en su totalidad\u00bb. Criterio que fue recogido en las sentencias C-1140 de 2000 y C-700 de 1999, emanadas ambas de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.5. De las actuaciones que se dejan relacionadas, se extracta que no solamente en la demanda, sino que todo el curso de la actuaci\u00f3n judicial estuvo encaminada a solicitar la reliquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos. Se consider\u00f3 que la entidad bancaria cobr\u00f3 sumas en exceso \u00abal liquidar los cr\u00e9ditos con base en la D.T.F. y no con base en el \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) como qued\u00f3 claramente establecido al declararse la Nulidad de la Resoluci\u00f3n 18 de 1995 por el Consejo de Estado en fallo de 21 de mayo de 1999\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, fundament\u00f3 sus peticiones en un dictamen pericial que utiliz\u00f3 como metodolog\u00eda para el c\u00e1lculo de los saldos a favor, los procedimientos establecidos en la Ley 546 de 1999, as\u00ed como en la Circular Externa No. 007 de 2000, proferida por la Superintendencia Bancaria \u00abcon el fin de aclarar algunas dudas que se han presentado a ra\u00edz de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999 y sus decretos reglamentarios…\u00bb. Y no se olvide que, dentro de los fundamentos de derecho invocados en la demanda se adujo la Ley 546 de 1999 y sus sentencias de constitucionalidad: C-1140 de 2000 y C-955 de 2000. De manera que no resulta desacertado que el Tribunal hubiera inferido que lo que pretend\u00eda el actor era aplicar al caso en concreto los beneficios conferidos por la citada norma a los cr\u00e9ditos de vivienda, m\u00e1s a\u00fan cuando el esfuerzo argumentativo tanto en los alegatos de conclusi\u00f3n como en el recurso de apelaci\u00f3n estuvo circunscrito a: i) sostener la idoneidad de la pericia rendida por la se\u00f1ora Ceballos y; ii) demostrar la necesidad de \u00abreliquidar los cr\u00e9ditos que otorgaron [los bancos] a los deudores bajo este sistema [UPAC], que permit\u00eda el cobro de sumas excesivas y por dem\u00e1s inequitativas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, y al evidenciar que el cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n no era uno de vivienda, acertadamente concluy\u00f3 que no era posible aplicar al caso en concreto los beneficios de reliquidaci\u00f3n o, en todo caso, reconocer las sumas a favor enunciadas en el dictamen pericial aportado al proceso, comoquiera que estas fueron obtenidas conforme a los lineamientos de la Ley 546 de 1999. Mem\u00f3rese que la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda se concreta cuando el fallador analiza aspectos ajenos a los que se someten a su estudio, a partir de una equivocada comprensi\u00f3n del libelo inicial. As\u00ed, tan manifiesto y grave es el desacierto, que el trasegar de la providencia conduce a que se estudie la cuesti\u00f3n en un marco normativo que no le es propio, dejando el prove\u00eddo ausente de soluci\u00f3n en torno a los puntos que verdaderamente se plantearon y que son el real objeto de la Litis. <\/p>\n
En tal virtud, ha asegurado esta Corte que \u00abla prosperidad de un cargo en casaci\u00f3n edificado sobre esa causal exige que efectivamente el sentenciador se haya extralimitado por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n en su labor hermen\u00e9utica, \u00abcomo ocurre cuando tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, tambi\u00e9n cercena su real contenido\u00bb (SC 22 ago. 1989). Adicionalmente, debe demostrarse que el yerro es manifiesto u ostensible, as\u00ed como su incidencia en la decisi\u00f3n\u00bb (SC4046-2019). Adem\u00e1s, como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte, la actividad de interpretaci\u00f3n solamente es atacable en casaci\u00f3n \u00ab(\u2026) \u2018cuando fuere notoria y evidentemente err\u00f3nea, lo que no se dar\u00eda cuando entre varias interpretaciones razonables y l\u00f3gicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas, pues es el resultado del ejercicio adecuado de su funci\u00f3n jurisdiccional\u2019 (sentencias del 7 de abril de 1989 y del 28 de febrero de 1992, sin publicar)\u201d (\u2026)\u00bb9. <\/p>\n
Al respecto, en la sentencia CSJ SC del 27 de agosto de 2008, rad. 1997-14171-01, citada en la SC4046-2019, la Sala acot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el error del juez en la apreciaci\u00f3n de la demanda ha de ser manifiesto, pr\u00edstino o evidente pues si \u201cno es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario.\u201d (CXLII, 242). <\/p>\n
Igualmente es menester la naturaleza inobjetable e indudable del yerro, o sea, no debe prestarse a duda, de tal manera que la \u00fanica interpretaci\u00f3n admisible sea la del censor, en tanto, \u201cdonde hay duda no puede haber error manifiesto\u201d (LXVIII, 561, CCXII, p. 113 y CCXXXI, p. 704) y no basta con \u201censayar simplemente (…) un an\u00e1lisis diverso del que hizo el Tribunal para contraponerlo al de \u00e9ste. Porque no es suficiente hacer un examen m\u00e1s profundo o sutil, para que se pueda lograr la modificaci\u00f3n de las apreciaciones que el ad quem haya hecho en su sentencia\u201d (CCXVI, p. 520) y \u201ccuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se le considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrece dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas, ninguna de las cuales desborda el objetivo de dicho libelo, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto porque tal proceder no entra\u00f1a arbitrariedad, ni contradice la evidencia que ese escrito ostenta\u201d (CLII, 205), prevaleciendo \u201cel amplio poder de interpretaci\u00f3n que en este \u00e1mbito el ordenamiento positivo les reconoce a los juzgadores (…), no solamente para que desentra\u00f1en la verdadera intenci\u00f3n del demandante en guarda del principio seg\u00fan el cual es la efectividad de los derechos subjetivos el fin que a trav\u00e9s de aqu\u00e9l escrito [demanda] se busca, sino tambi\u00e9n para que libremente determinen y declaren las normas aplicables a los hechos integrantes del objeto demandado cuya certeza de antemano ha sido verificada en el fallo\u201d (CCXXXI, p. 704). (subraya intencional)10. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y a riesgo de ser reiterativos, al efectuar un cotejo entre lo relatado y pedido por el promotor, con lo que fue objeto de estudio y decisi\u00f3n en la sentencia de segunda instancia, se advierte que el Juzgador no se alej\u00f3 del genuino querer de este consignado tanto en el libelo como en el recurso de apelaci\u00f3n. Que no era otro que la necesaria existencia de alivios en el cr\u00e9dito de construcci\u00f3n, present\u00e1ndose entonces una afortunada apreciaci\u00f3n de la demanda. En suma, no se advierte la configuraci\u00f3n del yerro citado. <\/p>\n
3. Ahora bien, el casacionista -para sustentar el cargo segundo-, asever\u00f3 que \u00abla declaratoria de nulidad11 del art\u00edculo 1 Resoluci\u00f3n No 18 de 1995 de la junta directiva del banco de la rep\u00fablica tuvo efectos retroactivos en la aplicaci\u00f3n de dichos c\u00e1lculos, en los distintos cr\u00e9ditos otorgados mediante sistema UPAC\u00bb. Sin embargo, la controversia relacionada con los efectos de la sentencia de nulidad dictada por el Consejo de Estado del mentado acto administrativo proferido por la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica y de la sentencia de inconstitucionalidad C-383 de 1999 -que declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n contenida en el literal f) de la Ley 31 de 1992 seg\u00fan la cual, el Banco de la Rep\u00fablica deb\u00eda fijar la metodolog\u00eda de c\u00e1lculo de la UPAC, \u00abprocurando que \u00e9sta tambi\u00e9n refleje los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda\u00bb- no es nueva. Ha sentado esta Corte que los efectos de ambas providencias no se extienden a las situaciones ejecutadas y consolidadas durante la vigencia de tales preceptos, como para a verse a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Respecto de los pagos efectuados bajo el imperio de la metodolog\u00eda adoptada por la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica, dijo la Sala que: <\/p>\n
\u00abLos referentes existentes sobre el particular anidan en sus propias decisiones, las que, por cierto, son nutridas y, en algunos casos, en diferentes sentidos, pues buen n\u00famero de ellas consideran que los fallos anulatorios de los actos de la administraci\u00f3n, deben tener efectos desde el mismo momento en que fueron expedidos, como si nunca hubiesen existido (efectos ex tunc); otros, sin embargo, invocando aspectos de seguridad jur\u00eddica niegan tales consecuencias, por lo que las decisiones proferidas s\u00f3lo surten efectos a partir de la fecha de emisi\u00f3n o notificaci\u00f3n del pertinente fallo; otras, contrariamente, constituy\u00e9ndose en la doctrina vigente, consideran que es procedente que tales decisiones afecten las actuaciones o reclamaciones ya formuladas o que puedan llegar a formularse, empero, aquellas que fueron agotadas o cumplidas bajo la vigencia del acto anulado, deben permanecer inc\u00f3lumes, resultan intangibles\u00bb12. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ello, sostuvo que las \u00ab(\u2026) cuotas o sumas canceladas antes de la sentencia de constitucionalidad (mayo de 1999), conservaban total validez; se manten\u00edan intangibles y, solamente, resultaban afectadas las \u2018nuevas\u2019 cuotas, tanto de los cr\u00e9ditos anteriores como de los futuros\u201d. Luego, \u201c(\u2026) no es procedente pretender restituci\u00f3n alguna que derive de los aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos valorados en esa determinaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que <\/p>\n
\u00abPor \u00faltimo, cumple precisar que validar la tesis del casacionista es tanto como sostener que la resoluci\u00f3n No. 18 de 1995, goza de unos efectos retroactivos (ex tunc), y, por esa raz\u00f3n, su nulidad afectar\u00eda plenamente los cr\u00e9ditos antiguos; mientras que la ley sobre la cual se expidi\u00f3 (31 de 1992, art. 16), no los tiene, pues, al ser declarada inexequible, la Corte Constitucional, expresamente, le restringi\u00f3 sus efectos retroactivos y s\u00f3lo hac\u00eda el futuro son percibidas sus consecuencias. De contera, tendr\u00eda m\u00e1s efectos el acto derivado (la resoluci\u00f3n), que su g\u00e9nesis normativa (la Ley 31 de 1992), proceder que atentar\u00eda contra la m\u00e1s elemental l\u00f3gica. <\/p>\n
vi) Agr\u00e9guese, por \u00faltimo, que las operaciones concernientes con la intermediaci\u00f3n bancaria o, en general, la participaci\u00f3n en el mercado de las entidades financieras autorizadas para tales efectos, relativas a cualquiera de sus modalidades, esto es, activas, pasivas o neutras, describen de manera n\u00edtida tres elementos intervinientes. Por un lado, quien acude a tales organismos para colocar sus ahorros en manos de la entidad; por otro, quien los recibe, o sea, el intermediario o el ente financiero y, en el otro extremo, el prestatario. <\/p>\n
Esa descripci\u00f3n b\u00e1sica evidencia una regla inescindible en la circulaci\u00f3n de la riqueza, o sea, que lo que afecta a los deudores se extiende a los acreedores. Y no es para menos, pues los dineros a los que acceden los prestatarios son aquellos que los ahorradores han colocado en manos del intermediario. En esa l\u00ednea, las captaciones de dinero, incluidas, por supuesto, la modalidad de las extintas Unidades de Poder Adquisitivo, as\u00ed como las colocaciones en la misma forma, imponen, en l\u00ednea de principio, que los rendimientos sean correlativos, esto es, si al ahorrador se le reconocen algunos beneficios por las tasas, ajustes, valorizaci\u00f3n, etc., adoptando como referente para tales prop\u00f3sitos, por ejemplo, el IPC, la DTF, o alguna otra modalidad de correcci\u00f3n, el deudor, por las mismas razones, est\u00e1 sometido a operaciones similares. Por consiguiente, restituir a los deudores algunos dineros cobrados bajo determinadas circunstancias que reflejan cobros en exceso, implicar\u00eda, concurrentemente, que a los ahorradores, tambi\u00e9n, se les reclame la devoluci\u00f3n de las sumas pagadas atendiendo esos criterios, asunto que desbordar\u00eda cualquier par\u00e1metro econ\u00f3mico y, precisamente, de ah\u00ed surge, en l\u00ednea de principio, que las decisiones de los jueces no tengan, autom\u00e1ticamente, efecto retroactivo, salvo en los casos expresos en que la ley lo dispone o autoriza al funcionario para que as\u00ed proceda\u00bb. <\/p>\n
Por ende, no es posible la aludida aplicaci\u00f3n de los efectos de la declaratoria de nulidad de la Resoluci\u00f3n No. 18 proferida por la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica a cuotas pagadas con anterioridad a mayo del 1999, comoquiera que la sentencia dictada por el Consejo de Estado no tiene efectos retroactivos. <\/p>\n
Tal postura tiene a\u00fan mayor sustento si se tiene en cuenta que <\/p>\n
\u00abla nulidad se produjo no porque fuera ilegal la DTF, pues al fin de cuentas la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica, ajust\u00f3 su comportamiento a los designios del legislador, entre otras cosas impuestos como \u201cun deber legal\u201d, el cual no le era dable \u201cdesobedecer\u201d , sino porque en la metodolog\u00eda empleada para calcular la UPAC, las \u201c(\u2026) tasas de inter\u00e9s son un elemento de menor relevancia, pr\u00e1cticamente ni siquiera obligatorio, pues la ley no lo impone, sino que recomienda que se \u2018procure\u2019 su inclusi\u00f3n en el proceso de c\u00e1lculo (\u2026). Por lo mismo, resulta claro que el componente principal y pr\u00e1cticamente \u00fanico de dicho c\u00e1lculo no pod\u00eda ser otro que el se\u00f1alado por el antes citado art\u00edculo 134 del Decreto 663 de 1993, esto es, el IPC (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La tesis sostenida por la Sala acerca de los efectos ex nunc de la sentencia de nulidad en cuesti\u00f3n, igualmente la explica lo anterior, porque en ella no se hizo ning\u00fan juicio de valor sobre los pagos realizados bajo el imperio de la metodolog\u00eda fijada por el emisor. La misma Corte Constitucional, en el fallo SU-846 de 2000, se\u00f1al\u00f3 que como los \u201cefectos retroactivos\u201d de la providencia del Consejo de Estado, deb\u00edan entenderse \u201cen el sentido que dej\u00f3 sin efectos la resoluci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica desde el mismo d\u00eda en que \u00e9sta fue expedida, hac\u00eda necesario que ese organismo (\u2026) actuase de forma inmediata para dar plena eficacia a aqu\u00e9llos. As\u00ed, en sesi\u00f3n extraordinaria del primero (1\u00ba) de junio de 1999, la Junta Directiva del Banco, expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n en la que se estableci\u00f3 el nuevo valor del UPAC\u201d\u00bb (SC6907-2014, exp. 2004-00218). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, al considerarse v\u00e1lidos los pagos de cr\u00e9ditos hipotecarios l\u00ednea constructor, otorgados bajo el sistema UPAC, es claro que las acciones judiciales impetradas a efectos de obtener la revisi\u00f3n de las liquidaciones y las restituciones o compensaciones a que haya lugar, bien por pagos ilegales, ya por la indebida o por la falta de imputaciones, no pueden derivarse de hechos pret\u00e9ritos -y ligados a la declaraci\u00f3n de nulidad de la Resoluci\u00f3n Externa 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica y a la inexequibilidad de la DTF y del UPAC-. <\/p>\n
3.3 En consonancia con lo expuesto, esta Corte estima que el cargo tampoco puede prosperar respecto de las cuotas generadas desde mayo de 1999 hasta el 16 de mayo del 2013. Ello debido a que en el escrito inicial no se aludi\u00f3 a ninguna falla en la cuenta definitiva, pues, en general, toda la cr\u00edtica se enarbola alrededor de la declaraci\u00f3n de nulidad del citado acto administrativo y de las sentencias de inexequibilidad mencionadas. <\/p>\n
3.4. Ahora, en la hip\u00f3tesis de una sentencia sustitutiva la Corte no puede dejar de advertir los defectos de la experticia que acompa\u00f1a la demanda, que se sintetizan as\u00ed: i) La idoneidad del perito: la persona que rinde el instrumento no es profesional en \u00e1reas financieras y contables (fls 12 c 3). ii) La conclusi\u00f3n a la que arriba no responde a las premisas del dictamen ya que no est\u00e1 demostrado cu\u00e1l fue el valor cobrado en exceso (fls 37 a 40 c 3). Y iii) el marco legal equivocado pues se estudiaron normas propias de cr\u00e9ditos de financiaci\u00f3n destinados a vivienda a largo plazo (fls. 51 c 3). <\/p>\n
3.5. Finalmente, conviene recordar -como ha reiterado la Corte-, que la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial puede denunciarse en casaci\u00f3n por las v\u00edas directa o indirecta, contempladas en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, en ambos eventos el cuestionamiento debe ser trascendente, vale decir, conducir a la invalidaci\u00f3n de la sentencia reprochada por quedar demostrado que el desatino del juzgador llev\u00f3 a una decisi\u00f3n distinta de la que debi\u00f3 haberse emitido frente a la contienda, de tal forma que de no haber incurrido en el traspi\u00e9, otra debi\u00f3 haber sido la soluci\u00f3n para el caso13. De lo contrario, es irrelevante para el censor mostrar la infracci\u00f3n de la ley por falta de aplicaci\u00f3n, o en cualquiera de sus modalidades, si a la postre la resoluci\u00f3n ser\u00e1 igual. En tal sentido, el precepto 349 del citado estatuto manda que la Corte \u00abno casar\u00e1 la sentencia por el solo hecho de hallarse err\u00f3neamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero har\u00e1 la correspondiente rectificaci\u00f3n doctrinaria\u00bb. <\/p>\n
4. En definitiva, los cargos no se abren paso. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de abril de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso declarativo que instaur\u00f3 frente a la sociedad BCSC S.A. (antes Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Colmena- Banco Colmena). <\/p>\n
Puesto que la parte opositora replic\u00f3 en tiempo la demanda se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la correspondiente liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Fls 94 a 99 Salvamento de Voto. <\/p>\n
2\u0002 Folio 14 Cuaderno de la Corte. <\/p>\n
3\u0002 Folio 16 Cdrn Corte <\/p>\n
4\u0002 Folio 17 Cdrn Corte <\/p>\n
5\u0002 Expedida, como lo indica su encabezado, \u00abCon el fin de aclarar algunas dudas que se han presentado a ra\u00edz de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999 y sus decretos reglamentarios…\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 \u00abPor la cual se se\u00f1ala la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s remuneratoria de los cr\u00e9ditos destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda a largo plazo y de proyectos de construcci\u00f3n de vivienda\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 \u201cPor la cual se se\u00f1ala la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s remuneratorio de los cr\u00e9ditos destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo, de proyectos de construcci\u00f3n de vivienda, y de vivienda de inter\u00e9s social, as\u00ed como de los contratos y operaciones de leasing habitacional destinados a vivienda familiar\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Formato contenido en la Circular externa No 07 de enero de 2000 de la Superintendencia Bancaria y cuyo objetivo es \u201ctener disposici\u00f3n de la Superintendencia Bancaria la informaci\u00f3n relacionada con las reliquidaciones de cr\u00e9ditos\u201d, aplicado \u00fanicamente a cr\u00e9ditos de vivienda. <\/p>\n
9\u0002 Citada en : CSJ SC de 19 de sept. de 2009, Rad. 2003-00318-01. <\/p>\n
10\u0002 En el mismo sentido pueden consultarse entre otras: CSJ SC de 14 de oct. de 1993, Exp. 3794, CSJ SC de 19 de sept. de 2009, Rad. 2003-00318-01 y SC1905-2019. <\/p>\n
12\u0002 Sentencia de 24 de enero de 2011, expediente 00457. <\/p>\n
13\u0002 Sobre la trascendencia en las v\u00edas directa e indirecta, pueden verse, entre otras sentencias: SC-30-05-2006 (Exp. 23001-31-03-002-1996-00076-01) y SC-28-05-2008 (Exp. 25151-3103-001-2003-00100-01). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC5159-2021 (2012-00953-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC5159-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-03-015-2012-00953-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}