SC5185-2021 (2013-00038-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC5185-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54405-31-03-001-2013-00038-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que los demandantes JAIME HUMBERTO, JOHANA MARGARITA y CARLOS EDUARDO ALVARADO SERRANO interpusieron frente a la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Civil – Familia, en el proceso ordinario que ellos adelantaron contra AUTO STOK S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo con el que se dio inicio al proceso, obrante en los folios 49 a 55 del cuaderno principal, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
1.1. Declarar, de un lado, la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre los actores y la accionada, respecto del \u201cinmueble ubicado sobre la margen derecha de la Autopista Internacional que de C\u00facuta conduce a la poblaci\u00f3n venezolana de San Antonio, Estado T\u00e1chira, identificado con la c\u00e9dula catastral N\u00b0 010207120006000 y la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 260-146870 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta\u201d; y, de otro, su incumplimiento por parte de Auto Stok S.A. <\/p>\n
1.2. Condenar a la demandada a pagar a los gestores del litigio las cantidades de $600.000.000.oo, \u201ca t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por lucro cesante correspondiente a los c\u00e1nones de arrendamiento\u201d dejados de percibir \u201cdurante el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n pactado\u201d, y de $100.000.000.oo, por concepto de \u201cda\u00f1o emergente que est\u00e1 representado en la cl\u00e1usula penal\u201d estipulada. <\/p>\n
2. En respaldo de dichas s\u00faplicas, se relataron los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. En su condici\u00f3n de propietarios del predio sobre el que vers\u00f3 la controversia, los hermanos Alvarado Serrano recibieron \u201cuna oferta\u201d del representante legal de la accionada, para que le arrendaran a dicha sociedad tal inmueble, con el prop\u00f3sito de \u201cconstruir un lugar para la exhibici\u00f3n y venta de autom\u00f3viles nuevos, la prestaci\u00f3n del servicio t\u00e9cnico de reparaci\u00f3n, mantenimiento y venta de autopartes y accesorios, y en general todo lo que implicara el desarrollo de su objeto social\u201d. <\/p>\n
2.2. Como en ese momento el terreno estaba arrendado al se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Mora Sayago y se adelantaba en su contra un proceso de restituci\u00f3n, lo que era de conocimiento de la aqu\u00ed convocada, \u201cante la premura, insistencia y seriedad\u201d que ella le imprimi\u00f3 a su propuesta, los promotores de este asunto optaron por \u201cllegar a un acuerdo transaccional\u201d con el nombrado, en desarrollo del cual le pagaron la suma de $89.240.000.oo como indemnizaci\u00f3n, para que entregara inmediatamente el predio, lo que en efecto \u00e9l hizo. <\/p>\n
2.3. Auto Stok S.A. contrat\u00f3 \u201cla elaboraci\u00f3n de los dise\u00f1os arquitect\u00f3nicos del local-taller\u201d que iba a construir en el predio al se\u00f1or Hugo Alberto R\u00edos Saffi, quien los realiz\u00f3 y present\u00f3, actividad que revisti\u00f3 de certeza la pretendida negociaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Recuperado el inmueble, las partes de este litigio acordaron su arrendamiento a partir del 16 de noviembre de 2012, por un lapso se diez (10) a\u00f1os y un canon mensual de $5.000.000.oo, reajustable a\u00f1o a a\u00f1o. Pactaron, adem\u00e1s, una cl\u00e1usula penal por la suma de $100.000.000.oo, a cargo de la parte que incumpliera el contrato, \u201csin perjuicio de la eventual indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d. <\/p>\n
2.5. El d\u00eda anterior, 15 de noviembre, se efectu\u00f3 la entrega material de inmueble, diligencia que se hizo constar en acta, en la que, adicionalmente, se dej\u00f3 nota expresa de que el representante legal de la demandada recibi\u00f3 el contrato escrito de arrendamiento \u201cen dos (2) ejemplares debidamente firmado[s] por los arrendadores\u201d para su correspondiente suscripci\u00f3n, sin que luego los devolviera diligenciados. <\/p>\n
2.6. A partir de ese momento, la accionada ocup\u00f3 el predio y contrat\u00f3 vigilancia privada para el mismo. <\/p>\n
2.7. Unos d\u00edas despu\u00e9s, \u201cel se\u00f1or ALIRIO ALARC\u00d3N CEPEDA inform\u00f3 al se\u00f1or CARLOS EDUARDO ALVARADO SERRANO verbalmente que no cumplir\u00eda las estipulaciones contractuales, debido a unas supuestas amenazas que recibieron los guardas de seguridad de la firma que les prestaba el servicio de vigilancia\u201d, de modo que la arrendataria no efectu\u00f3 \u201cel pag\u00f3 de ninguna de las mensualidades correspondientes\u201d al canon pactado. <\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander, mediante auto del 7 de marzo de 2013, admiti\u00f3 la demanda (fl. 56, cd. 1), prove\u00eddo que notific\u00f3 personalmente al representante legal de la convocada en diligencia verificada el 21 siguiente (fl. 64 ib.). <\/p>\n
4. La accionada, por intermedio de apoderado judicial, contest\u00f3 el libelo introductorio, escrito en el que se opuso al acogimiento de las s\u00faplicas de los actores, neg\u00f3 los hechos fundantes de las mismas y propuso, con el car\u00e1cter de meritorias, las excepciones que denomin\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA\u201d, \u201cINEXIGIBILIDAD DE LA CL\u00c1USULA PENAL Y LOS PERJUICIOS\u201d, \u201cREDUCCI\u00d3N DE LA CL\u00c1USULA PENAL RECLAMADA POR LOS DEMANDANTES\u201d, \u201cIMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACI\u00d3N DE PERJUICIOS\u201d, \u201cCULPA EXCLUSIVA DE TERCEROS, CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y BUENA FE DE LA DEMANDADA\u201d y \u201cMALA FE DE LOS DEMANDANTES\u201d (fls. 72 a 82, cd. 1). <\/p>\n
Por separado, plate\u00f3 las excepciones previas de \u201cFALTA DE COMPETENCIA\u201d y \u201cAUSENCIA TOTAL DE PODER PARA DEMANDAR LA DECLARACI\u00d3N DE EXISTENCIA DEL CONTRATO Y LA RESTITUCI\u00d3N DEL INMUEBLE ARRENDADO\u201d (fls. 1 y 2, cd. 2), que el juzgado del conocimiento declar\u00f3 no probadas por auto en firme del 21 de junio de 2013 (fls. 10 y 11 ib.). <\/p>\n
5. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, la mencionada oficina judicial le puso fin con sentencia del 6 de agosto de 2014, en la que desestim\u00f3 las excepciones formuladas; declar\u00f3 la existencia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes; estim\u00f3 incumplido el mismo por la demandada; conden\u00f3 a \u00e9sta a pagar a los actores la suma de $600.000.000.oo, \u201ca t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, correspondiente a los c\u00e1nones de arrendamiento dejados de percibir\u201d, junto con \u201cintereses comerciales\u201d; neg\u00f3 el reconocimiento de la cl\u00e1usula penal; e impuso las costas a la convocada (fls. 210 a 237, cd. 1). <\/p>\n
6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil – Familia, al desatar la apelaci\u00f3n que contra dicho prove\u00eddo interpuso la sociedad accionada, lo revoc\u00f3, mediante providencia del 29 de octubre de 2014. En defecto del mismo, \u201cNEG[\u00d3] LAS PRETENSIONES invocadas\u201d y conden\u00f3 en costas a los promotores del litigio (fls. 24 a 44, cd. 5). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n
Luego de historiar lo acontecido en la tramitaci\u00f3n y de referirse en abstracto, tanto al contrato de arrendamiento, en general, como respecto del de naturaleza comercial, el Tribunal, en sustento de las decisiones que adopt\u00f3, expuso los razonamientos que pasan a compendiarse: <\/p>\n
1. En ninguna parte de la demanda con la que se dio inicio al proceso se determin\u00f3, de un lado, la naturaleza del contrato de arrendamiento cuya declaratoria de existencia se solicit\u00f3, \u201csi civil o comercial\u201d, en procura de establecer la normatividad aplicable; y, de otro, cu\u00e1l de las partes era la arrendadora y cu\u00e1l la arrendataria. <\/p>\n
2. Ese escrito dio cuenta de una oferta, mas no de la \u201ccelebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento en s\u00ed, debi\u00e9ndose aclarar que una cosa es la oferta, otra la aceptaci\u00f3n y otra la celebraci\u00f3n del contrato, que nada tiene que ver con la elaboraci\u00f3n de un documento, pues para [l]a viabilidad del documento, debe haberse celebrado el contrato\u201d. <\/p>\n
3. Pese a las anteriores anomal\u00edas, el sentenciador de segunda instancia estim\u00f3 que correspond\u00eda resolverse en el fondo la controversia planteada, en virtud de lo cual, luego de invocar el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se ocup\u00f3 de escudri\u00f1ar si los demandantes comprobaron la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento sobre el que versaron sus peticiones, tem\u00e1tica sobre la que observ\u00f3: <\/p>\n
3.1. El documento contentivo de dicho acuerdo de voluntades carece de validez, toda vez que no aparece suscrito por los contratantes. <\/p>\n
3.2. La escritura p\u00fablica concerniente con el dominio \u201cde algunos bienes\u201d de los actores, entre ellos, el que es materia del litigio, \u201cno reviste m\u00e9rito probatorio alguno, pues no est\u00e1 en discusi\u00f3n la propiedad de la cosa presuntamente arrendada\u201d. <\/p>\n
3.3. La factura fechada el 22 de noviembre de 2012, correspondiente a seis c\u00e1nones de arrendamiento, a raz\u00f3n de $5.000.000.oo cada uno, para un total de $30.000.000.oo, elaborada por Transportes Alvarado Serrano, \u201cno prueba absolutamente nada respecto del contrato de arrendamiento a que se refiere [l]a demanda, pues es apenas indiscutible, innegable que dicha empresa no es parte del proceso, como tampoco se relaciona dentro del contrato de arrendamiento presuntamente celebrado entre las partes; es decir, no existe ninguna relaci\u00f3n entre dicha sociedad y las pa[r]tes del proceso\u201d, menos cuando \u201cen los hechos de la demanda nada se refi[ri\u00f3] sobre el pacto de un pago prematuro o adelantado de seis meses de arrendamiento por parte de la sociedad demandada\u201d. <\/p>\n
3.4. Los \u201ccorreos electr\u00f3nicos\u201d aportados, cuya autenticidad aval\u00f3 uno de los testigos, \u201cno prueban la existencia de un contrato de arrendamiento, especialmente el visto a folio 19, pues es un correo enviado por PAOLA MORA al se\u00f1or ORLANDO ROA, que son, al parecer, pues no se prob\u00f3, empleados de la sociedad demandada, donde le env\u00eda un contrato de arrendamiento, pero no refiere el documento a qu\u00e9 contrato se refiere(\u2026), por lo tanto, se repite, no es prueba de la existencia del contrato. Los dem\u00e1s correos aportados no prueban absolutamente nada sobre la existencia del contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
3.5. El \u201cacta de entrega de un inmueble\u201d carece de la \u201cidentificaci\u00f3n plena\u201d del predio sobre el que trat\u00f3, toda vez que contiene una alusi\u00f3n muy general al mismo, por lo que \u201cno es prueba\u201d de que ese hecho se haya verificado y que hubiere reca\u00eddo sobre el terreno \u201cobjeto de esta acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.6. Igual acontece con \u201cla audiencia de conciliaci\u00f3n extraprocesal\u201d invocada por los actores. <\/p>\n
3.7. Los documentos aportados por el representante legal de la empresa convocada, \u201cest\u00e1n relacionad[o]s con una empresa Transportes Alvarado\u201d y, por lo mismo, \u201cno pueden tenerse como pruebas\u201d. <\/p>\n
3.8. Las declaraciones rendidas por los se\u00f1ores Jaime Ricardo Marthey Tello, Jorge Humberto Maldonado Pe\u00f1a y Hugo R\u00edos Saffi, \u201cno aportan nada al proceso en lo que refiere a la existencia del contrato de arrendamiento, pues nunca estuvieron presentes en la celebraci\u00f3n del mismo y toda su narrativa respecto del contrato la hacen en virtud de lo(\u2026) que el demandante CARLOS ALVARADO les coment\u00f3, pero no tiene[n] conocimiento de la existencia o no del contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
3.9. La se\u00f1ora Fanny Inmaculada G\u00f3mez Sandoval, cuya versi\u00f3n el ad quem reprodujo en parte, \u201ctampoco fue testigo directo de los hechos de la demanda\u201d, como quiera que \u201ctodo lo que sabe respecto del presunto contrato y que hizo la elaboraci\u00f3n del documento referido fue indicaciones del se\u00f1or CARLOS ALVARADO, pero jam\u00e1s estuvo reunida con los demandantes ni con la [s]ociedad demandada. (\u2026). Esta es otra testigo de o\u00eddas, como tal su testimonio no tiene ninguna validez y mucho menos, cuando sopesado con los otros testigos mencionados atr\u00e1s, todos fueron de o\u00eddas\u201d. <\/p>\n
Se suma a lo anterior, que la deponente incurri\u00f3 en imprecisiones sobre el incremento del valor del arrendamiento y la identificaci\u00f3n del predio; que ella ten\u00eda \u201cinter\u00e9s (\u2026) en las resultas del proceso, pues como bien lo exp[uso] en su testimonio, [era] asesora jur\u00eddica de los demandantes y pese a la tacha extempor\u00e1nea del apoderado de la [s]ociedad demandada, se pone en tela de juicio su credibilidad, situaci\u00f3n que deb[i\u00f3] tener en cuenta la [j]ueza a la hora de valorar el testimonio\u201d; y que tuvo acceso al expediente, antes de la diligencia en la que se recepcion\u00f3 la prueba. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los correos electr\u00f3nicos que, reducidos a escrito, aport\u00f3 la declarante, el Tribunal reiter\u00f3 que ellos dejan en claro su vinculaci\u00f3n con el extremo demandante y su \u201cinter\u00e9s directo en el proceso\u201d. <\/p>\n
3.10. En lo tocante con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, se limit\u00f3 a destacar que \u201cneg\u00f3 la existencia de cualquier contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
3.11. Para terminar, el sentenciador de segunda instancia se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo con lo narrado en la demanda y por los testigos, quien realiz\u00f3 \u201ctodas las diligencias precontractuales y celebr\u00f3 el presunto contrato de arrendamiento fue CARLOS ALVARADO SERRANO; sin embargo, en el documento contentivo del contrato de arrendamiento sin firma y de la demanda, los presuntos arrendatarios (sic) son CARLOS, JAIME y JOHANA ALVARADO SERRANO, pero no se demostr\u00f3 la existencia de un mandato o poder de JAIME y JOHANA a su hermano CARLOS, que lo habilitara para contratar a nombre de ellos y suscribir el presunto contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
4. Como corolario de lo precedentemente expuesto, el Tribunal coligi\u00f3 que \u201cno se prob\u00f3 la existencia de la relaci\u00f3n contractual reclamada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n\u201d y que, \u201cpor lo tanto, deber\u00e1 revocarse la sentencia recurrida y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, condenando en costas de primera y segunda instancia a la parte demandante\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, por sustracci\u00f3n de materia, no era necesario estudiar las excepciones meritorias planteadas por la accionada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene dos cargos, que se resolver\u00e1n conjuntamente, por las razones que en su momento habr\u00e1n de indicarse. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal inicial de casaci\u00f3n, contemplada en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denunci\u00f3 la sentencia impugnada por ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 822, 824, 864, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; y 200, 1602, 1613, 1614, 1616, 1973, 1978 y 2003 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los \u201cerrores de hecho\u201d en que incurri\u00f3 el Tribunal al apreciar las pruebas que adelante se relacionan, las cuales \u201cdemuestran que entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento en el cual se pact\u00f3 tanto el valor de la renta (cinco millones de pesos mensuales) como su t\u00e9rmino de duraci\u00f3n (diez a\u00f1os)\u201d. <\/p>\n
1. Tras enunciar los elementos de convicci\u00f3n sobre los que versa el cargo, su proponente explic\u00f3 que pese a que el ad quem s\u00ed se refiri\u00f3 a ellos, es lo cierto que con \u201cargumentos carentes absolutamente de justificaci\u00f3n o de razonabilidad, [los] excluy\u00f3 (\u2026) para concluir que no existi\u00f3 contrato de arrendamiento\u201d y que, por lo mismo, \u201cno apreci\u00f3 de manera integral [su] contenido (\u2026)\u201d, desatino que estim\u00f3 constitutivo de yerro f\u00e1ctico, postura que sustent\u00f3 con la transcripci\u00f3n parcial de un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, el impugnante pas\u00f3 a formular los espec\u00edficos reparos que atribuy\u00f3 al sentenciador de segunda instancia, como a continuaci\u00f3n se rese\u00f1an: <\/p>\n
2.1. Empez\u00f3 por los correos electr\u00f3nicos que la demandante aport\u00f3 con el escrito introductorio de la litis, en particular, el remitido por Paola Andrea Mora, asesora jur\u00eddica de la accionada, al demandante Carlos Eduardo Alvarado Serrano y al se\u00f1or Eduardo Cadavid, gerente de Auto Stok S.A. en C\u00facuta, remisorio del \u201ccontrato de arrendamiento para diligenciar firmas\u201d. <\/p>\n
En torno de esas comunicaciones, reprodujo a espacio el concepto t\u00e9cnico que, a solicitud del apoderado judicial de los actores, elabor\u00f3 el ingeniero Juan Manuel Arenas G\u00e1lvis, en el que asever\u00f3 su autenticidad. Igualmente aludi\u00f3 a la declaraci\u00f3n que aqu\u00e9l rindi\u00f3 en el curso de proceso. <\/p>\n
Memor\u00f3 que el Tribunal no concedi\u00f3 merito demostrativo a esos medios de convicci\u00f3n, porque en el proceso no se demostr\u00f3 que los nombrados \u201cfueran empleados de la demandada\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, puso de presente que, en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la mencionada sociedad, que reprodujo en lo pertinente, \u00e9ste admiti\u00f3 ese hecho, la elaboraci\u00f3n del contrato y el recibo del mismo por su parte, en la diligencia de entrega del predio. <\/p>\n
2.2. Se ocup\u00f3 enseguida del \u201cACTA DE ENTREGA DE UN INMUEBLE\u201d, que transcribi\u00f3 completamente, sobre la que acot\u00f3 que la deficitaria identificaci\u00f3n del bien ra\u00edz a que ella se refiere, esgrimida por el ad quem, es \u201cuna excusa para negarle valor probatorio\u201d, pues la ponderaci\u00f3n del documento \u201cimplicaba considerar que las partes que lo suscribieron declararon tener la condici\u00f3n de [a]rrendadora y de [a]rrendataria; que identificaron el predio de manera general y suficiente para establecer que el mismo era el (\u2026) del contrato; que manifestaron que el objeto era \u2018hacer entrega real y material del inmueble arrendado\u2019; [y] que agregaron que el arrendador procede \u2018a entregar formalmente el inmueble arrendado\u2019\u201d. <\/p>\n
De lo expuesto, infiri\u00f3 que el comentado elemento de juicio s\u00ed era demostrativo de \u201cque la entrega del inmueble arrendado efectivamente se cumpli\u00f3\u201d y que, conforme la nota puesta en el mismo, el representante legal de la demandada \u201crecibi\u00f3 dos copias de un documento que conten\u00eda el texto escrito del contrato ya firmado por los demandados (sic), para su firma\u201d. <\/p>\n
2.3. En tercer lugar, delat\u00f3 la preterici\u00f3n de la \u201cpetici\u00f3n de conciliaci\u00f3n formulada por la [s]ociedad demandada\u201d, de la que copi\u00f3 los hechos en los que ella, de un lado, reconoci\u00f3 la entrega del inmueble y el recibo por su parte de dos copias del contrato de arrendamiento para su estudio y firma; y, de otro, identific\u00f3 el predio objeto de esa negociaci\u00f3n, que corresponde al que fue objeto del negocio jur\u00eddico materia de este asunto litigioso. <\/p>\n
2.4. Prosigui\u00f3 con la contestaci\u00f3n de la demanda, en relaci\u00f3n con la cual puso de presente la respuesta que en ella se dio a los hechos cuarto, noveno, doce y diecinueve del libelo, manifestaciones de las que el recurrente coligi\u00f3 que \u201cla parte demandada no neg\u00f3 haber recibido el inmueble objeto del contrato y haber firmado el acta correspondiente: pretendi\u00f3 alegar que no exist\u00eda contrato se\u00f1alando que \u2018una persona jur\u00eddica\u2019 no puede celebrar contratos verbales\u201d. <\/p>\n
2.5. Pas\u00f3 luego a las declaraciones de parte rendidas por el representante legal de la accionada, sobre las que apunt\u00f3 que \u00e9ste \u201cadmiti\u00f3 que firm\u00f3 el acta de entrega y que ese d\u00eda recibi\u00f3 las copias de los contratos; que en esa fecha recibi\u00f3 una factura de los arrendadores por seis meses la cual se registr\u00f3 ante la DIAN para justificar el gasto, pero que se decidi\u00f3 (\u2026) restituir el inmueble y la sociedad demandante (sic) ofreci\u00f3 pagar solo la suma de $5\u2019000.000 correspondiente al valor de la renta durante un mes, y luego se revers\u00f3 la operaci\u00f3n ante la DIAN\u201d, habiendo allegado a la diligencia documentos que comprueban lo anterior. <\/p>\n
El censor, en refuerzo de esos reproches, reprodujo con amplitud las manifestaciones del declarante. <\/p>\n
2.6. Lleg\u00f3 a los interrogatorios de parte absueltos por el demandante Carlos Eduardo Alvarado Serrano, tanto en la audiencia practicada a la luz del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como en la fase probatoria, que transcribi\u00f3. <\/p>\n
3. Con tales fundamentos asever\u00f3 que, si el Tribunal hubiese apreciado correctamente esas pruebas, habr\u00eda concluido que \u201cs\u00ed existi\u00f3 el contrato\u201d que \u201cse solicit\u00f3 declarar en las pretensiones de la demanda\u201d, pues ellas acreditan: <\/p>\n
– Que las partes acordaron todos los elementos constitutivos del contrato de arrendamiento y que, el documento en el que se plasm\u00f3 dicho acuerdo, luego de ser revisado por la asesora jur\u00eddica de la sociedad demandada, doctora PAOLA MORA, fue remitido mediante correo electr\u00f3nico a los demandantes. <\/p>\n
– Que dicho texto fue impreso, firmado y autenticado en dos copias por los demandantes, las cuales fueron puestas en las manos del representante legal de la sociedad demandada el d\u00eda en que se llev\u00f3 a cabo la entrega material del inmueble objeto del contrato, fecha en la cual las dos partes suscribieron un documento de \u2018acta de entrega del inmueble arrendado\u2019 en el cual dejaron constancia de lo anterior. <\/p>\n
– Que el d\u00eda de la entrega, el representante legal de la demandada acept\u00f3 pagar anticipadamente cinco meses de arriendo por lo cual la sociedad (sic) demandante le remiti\u00f3 factura, la cual fue registrada en la contabilidad de la demandada; y, <\/p>\n
– Que la sociedad demandada, transcurridos m\u00e1s de veinte d\u00edas de ocupado el inmueble, le comunic\u00f3 a la demandante su intenci\u00f3n de desistir del contrato por haber recibido amenazas, no obstante lo cual adquiri\u00f3 un inmueble a menos de cien metros del predio arrendado para destinarlo al mismo prop\u00f3sito. <\/p>\n
4. Para terminar, la impugnante reiter\u00f3 la precedente conclusi\u00f3n y explic\u00f3 el quebranto de varias de las normas sustanciales que invoc\u00f3 al inicio del ataque. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se endilg\u00f3 al ad quem el quebranto indirecto de las mismas normas sustanciales se\u00f1aladas en la acusaci\u00f3n anterior, esta vez como consecuencia de los \u201cerrores de derecho derivados de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 92, 95, 174, 177, 187, 194, 195, 198, 200, 219, 249 y 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 2\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba y 10\u00ba de la ley 527 de 1999, al valorar las pruebas obrantes en el expediente\u201d. <\/p>\n
En pro de la censura, su autora, en resumen, adujo: <\/p>\n
1. El Tribunal apreci\u00f3 los medios de convicci\u00f3n \u201cde manera aislada, sin aplicar las reglas de la sana cr\u00edtica y sin exponer razonadamente los motivos por los cuales les rest\u00f3 m\u00e9rito\u201d a aquellos con los que se comprob\u00f3 \u201cla existencia del contrato\u201d, comportamiento decisorio con el que desconoci\u00f3 los deberes que le impon\u00edan los preceptos de linaje probatorio atr\u00e1s indicados, en particular, el 187 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
2. Una vez la impugnante memor\u00f3 las conclusiones f\u00e1cticas a que arrib\u00f3 la citada Corporaci\u00f3n, precis\u00f3 que la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas que enumer\u00f3, conduc\u00eda a inferencias completamente diferentes, como son las que se transcribieron al cierre del cargo anterior. <\/p>\n
3. Estim\u00f3 que el an\u00e1lisis panor\u00e1mico de las pruebas a que estaba obligado el sentenciador de segunda instancia, \u201cdeb\u00eda comenzar por verificar cu\u00e1l fue la posici\u00f3n de la sociedad demandada\u201d, conforme lo que expuso en la contestaci\u00f3n y en la solicitud de conciliaci\u00f3n que elev\u00f3 ante la C\u00e1mara de Comercio. <\/p>\n
De la r\u00e9plica, reprodujo las respuestas dadas a los hechos 4\u00ba, 9\u00ba, 12 y 19; y de la referida petici\u00f3n, los cuatro primeros fundamentos f\u00e1cticos en que se sustent\u00f3 y el octavo, manifestaciones que permitieron al casacionista afirmar que en la primera de esas actuaciones se negaron hechos comprobados con la segunda y con el acta de entrega del inmueble arrendado, actitud que, a voces del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, era constitutiva de indicio grave en contra de la accionada. <\/p>\n
4. A\u00f1adi\u00f3 que la ponderaci\u00f3n conjunta de la referida solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial, del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Auto Stok S.A., que reprodujo en lo pertinente, y del acta de entrega del inmueble arrendado, que transcribi\u00f3 en integridad, permit\u00eda concluir la plena comprobaci\u00f3n de este hecho, se precisa, el de la entrega, pues fue la propia demandada quien, en esas actuaciones, reconoci\u00f3 su efectiva ocurrencia, por lo que no hab\u00eda lugar a que el sentenciador de segunda instancia lo desconociera, so pretexto de que la identificaci\u00f3n del predio objeto de la misma, consignada en el \u00faltimo de esos documentos, fue deficitaria. <\/p>\n
5. En cuanto hace al interrogatorio de parte absuelto por la demandada a trav\u00e9s de quien la representaba legalmente, la impugnante reproch\u00f3 que su valoraci\u00f3n no se hizo conforme las reglas de la sana cr\u00edtica, toda vez que el ad quem solamente vio que el absolvente neg\u00f3 la existencia del contrato de arrendamiento materia de la litis, sin notar que confes\u00f3 hechos que, contrariamente, dejaban en claro la celebraci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el argumento de que el arrendamiento fue provisional, corresponde a un hecho distinto cuya comprobaci\u00f3n corr\u00eda a cargo de ese extremo procesal, deber que no atendi\u00f3. <\/p>\n
En suma, coligi\u00f3 que la correcta ponderaci\u00f3n de este medio de convicci\u00f3n y su apreciaci\u00f3n conjunta con las restantes pruebas recaudadas, permit\u00eda reconocer que la accionada \u201cconfes\u00f3 la existencia del contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
6. Fijada su atenci\u00f3n en los correos electr\u00f3nicos que se cruzaron las partes y que fueron allegados con la demanda, en el dictamen sobre su autenticidad rendido por un experto, en el documento sin firmas contentivo del contrato de arrendamiento, en la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Fanny G\u00f3mez Sandoval y en el acta de entrega, la impugnante, en primer lugar, combati\u00f3 las razones que el Tribunal adujo para restar m\u00e9rito demostrativo al testimonio de la citada persona, pues consider\u00f3 que ni su condici\u00f3n de asesora jur\u00eddica de los actores, ni el conocimiento que tuvo del presente proceso, eran factores que imped\u00edan apreciar su dicho. Al respecto, memor\u00f3 que de acuerdo con las previsiones del art\u00edculo 218 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los testimonios sospechosos s\u00ed deben apreciarse por el juez, pero con mayor severidad. En tal orden de ideas, puso de presente que, como lo expuesto por la mencionada deponente armoniza con las restantes pruebas del proceso, su versi\u00f3n debi\u00f3 ser atendida. <\/p>\n
Finalmente asever\u00f3 que si bien es verdad, el contrato escrito sin firmas allegado no probaba, por s\u00ed solo, el arrendamiento, apreciado en conjunto con los otros medios de convicci\u00f3n, especialmente, con el correo electr\u00f3nico mediante el cual la asesora jur\u00eddica de la demandada lo remiti\u00f3 a los arrendadores, s\u00ed dej\u00f3 en claro que las partes \u201cse pusieron de acuerdo en las estipulaciones del contrato; y, particularmente, que la parte demandada s\u00ed expres\u00f3 su consentimiento para la celebraci\u00f3n del contrato en tales condiciones\u201d. <\/p>\n
7. Para abundar en razones, la recurrente precis\u00f3 que los errores de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal, consistieron: <\/p>\n
7.1. En \u201cnegarle valor a las pruebas con fundamento en excusas que atentan contra la l\u00f3gica y la raz\u00f3n, como ocurre cuando estim[\u00f3] que el acta de entrega o la petici\u00f3n de conciliaci\u00f3n no prueban la existencia del contrato porque el inmueble no se determin\u00f3 por sus linderos y cuando le n[eg\u00f3] el valor al dicho de un testigo porque \u00e9ste, en su declaraci\u00f3n, tampoco identific[\u00f3] el inmueble de ese modo. En ese sentido, se viol[\u00f3] la regla del art\u00edculo 187 del C. de P.C. seg\u00fan el cual el [j]uez debe apreciar las pruebas conforme con las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d. <\/p>\n
7.2. En limitarse a \u201canalizar las pruebas aisladamente, lo que no permit[i\u00f3] otorgarle[s] el valor que ellas tienen en conjunto, desconociendo la obligaci\u00f3n legal prevista tambi\u00e9n en el art\u00edculo 187 del C. de P.C. conforme el cual \u2018las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto\u2019, lo que ocurre particularmente cuando se examina el texto del contrato remitido v\u00eda correo electr\u00f3nico de manera aislada del acta de entrega, la petici\u00f3n de conciliaci\u00f3n, el interrogatorio de parte del demandado y el testimonio de la asesora jur\u00eddica de los demandantes\u201d. <\/p>\n
7.3. En \u201cconsiderar que con las pruebas aportadas por los demandantes, estos \u00faltimos no cumplieron con la (\u2026) carga de acreditar la existencia del contrato\u201d, puesto que se le dio \u201cun alcance equivocado a la regla del art\u00edculo 177 del C. de P.C., conforme el cual \u2018incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u2019 y sobre todo no se t[uvo] en cuenta que dicha regla debe aplicarse junto con la dispuesta en el art\u00edculo 249 del C. de P.C. de acuerdo con el cual el [j]uez \u2018podr\u00e1 deducir indicios de las conducta procesales de las partes\u2019\u201d. <\/p>\n
8. En lo restante, la recurrente ampli\u00f3 las explicaciones sustentantes de cada uno de esos defectos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
I. Acumulaci\u00f3n de cargos. <\/p>\n
1. Para no andar con rodeos, debe precisarse desde ya, que al concluir que los demandantes no demostraron la existencia del contrato de arrendamiento sobre el que vers\u00f3 la acci\u00f3n por ellos intentada, argumento que constituye el sustento cardinal de la decisi\u00f3n impugnada, el Tribunal incurri\u00f3 en tres clases de errores, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante, espec\u00edficamente en los siguientes: <\/p>\n
– Pretiri\u00f3 algunas de las pruebas militantes en el proceso. <\/p>\n
– Al evaluar individualmente las que ponder\u00f3, cercen\u00f3 su contenido y, como consecuencia de ello, alter\u00f3 significativamente su sentido objetivo. <\/p>\n
– Y no efectu\u00f3 la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En l\u00edneas generales, las dos deficiencias advertidas delanteramente, aparecen denunciadas en el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n; y la \u00faltima, en el segundo. <\/p>\n
3. Ello explica la conjunci\u00f3n de las acusaciones, pese a que, en la inicial, se denunciaron yerros f\u00e1cticos y en la otra, errores de derecho. <\/p>\n
II. R\u00e9gimen legal aplicable. <\/p>\n
1. Es del caso dejar en claro que, pese a que el C\u00f3digo General del Proceso empez\u00f3 a regir en todo el territorio nacional el 1\u00ba de enero de 2016, la impugnaci\u00f3n extraordinaria que se desata, est\u00e1 sometida a las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, habida cuenta la fecha de su interposici\u00f3n. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del primero de tales estatutos, en el que se regul\u00f3 el tr\u00e1nsito entre esas dos legislaciones, \u201clos recursos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u201d. <\/p>\n
3. De suyo, entonces, si el recurso de casaci\u00f3n en cuesti\u00f3n data del 10 de noviembre de 2014 (fl. 46, cd. 5), propio es colegir, como ya se anunci\u00f3, que la normatividad imperante entonces era la del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y que, por ende, ella disciplina la censura que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
III. La formaci\u00f3n de los contratos. Incidencia en su demostraci\u00f3n. <\/p>\n
1. Indispensable es recordar que los contratos, en pluralidad de ocasiones, no se dan de un momento a otro, sino que son el resultado de un, en veces, largo proceso negocial, materializado en di\u00e1logos, comunicaciones, encuentros, acuerdos parciales y, si se quiere, desacuerdos, de quienes buscan su celebraci\u00f3n, actividades que les permiten definir sus t\u00e9rminos y, de este modo, convenir en sus elementos esenciales. <\/p>\n
2. Se trata, pues, de \u201cuna fase preparatoria en desarrollo de la cual los interesados progresivamente definen los t\u00e9rminos -principales y accesorios- del contrato mismo que se pretende celebrar, en aras de explicitar su voluntad de cara al respectivo negocio. S\u00f3lo en el evento de que la intentio de los participantes sea positiva y coincidente respecto de las bases por ellos proyectadas, se estar\u00e1 en presencia de un acuerdo de voluntades que, en el caso de los contratos consensuales, determina su celebraci\u00f3n o, trat\u00e1ndose de los contratos solemnes, exigir\u00e1 para su cabal perfeccionamiento, la satisfacci\u00f3n de las correspondientes formalidades legales. Si la voluntad de los interesados, o de alguno de ellos, es negativa, o dis\u00edmil en alg\u00fan punto -determinante- materia del negocio, no tendr\u00e1 lugar el surgimiento o floraci\u00f3n plena del contrato en el cosmos jur\u00eddico\u201d (CSJ, SC del 19 de diciembre de 2006, Ref. n.\u00b0 1998-10363-01; se subraya). <\/p>\n
3. Dicha etapa, como se clarific\u00f3 en el precitado fallo, puede circunscribirse a meros tratos preliminares o tratativas, entendidos como \u201cel conjunto -o plexo- de actividades realizadas por quienes persiguen la celebraci\u00f3n de un contrato en orden a concretar los posibles t\u00e9rminos del mismo (reuniones, intercambio de opiniones, precisiones varias, etc.)\u201d sin que, por lo tanto, comporte necesariamente la formulaci\u00f3n de una oferta comercial, propiamente dicha, ni su aceptaci\u00f3n o rechazo. <\/p>\n
4. Ahora bien, en los casos en que la formaci\u00f3n del acuerdo de voluntades se derive del agotamiento de la comentada fase, es innegable su importancia en punto de establecer la celebraci\u00f3n del contrato y sus precisos t\u00e9rminos. <\/p>\n
Tales antecedentes, sobre todo, trat\u00e1ndose de convenciones consensuales que, por ser tales, no se reducen a escrito, ostentan gran val\u00eda en punto de poder determinar su concreci\u00f3n y su alcance. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea de pensamiento, la Sala, con anterioridad, hab\u00eda puntualizado, en cuanto hace a la \u201crec\u00edproca intensi\u00f3n de las partes\u201d, que para \u201creconstruirla, precisarla e indagarla\u201d es forzoso apreciar, entre muchos otros factores, el \u201centorno cultural, social, econ\u00f3mico, pol\u00edtico, geogr\u00e1fico y temporal en una perspectiva retrospectiva y prospectiva, esto es, considerando adem\u00e1s de la celebraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y conducta pr\u00e1ctica negocial, la fase prodr\u00f3mica, de gestaci\u00f3n o formaci\u00f3n teniendo en cuenta que \u2018\u2026los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producci\u00f3n de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de \u00e9l, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intenci\u00f3n de las partes, cristalizada en las cl\u00e1usulas del contrato\u2019 (cas. civ. junio 28\/1989)\u201d (CSJ, SC del 7 de febrero de 2008, Rad. n.\u00b0 2001-06915-01; se subraya). <\/p>\n
5. Por consiguiente, cuando lo que se averigua es si un contrato, del que no qued\u00f3 memoria escrita, se celebr\u00f3 y los t\u00e9rminos del mismo, el desenvolvimiento negocial que lo precedi\u00f3 se erige en el par\u00e1metro orientador de la soluci\u00f3n, toda vez que s\u00f3lo en la medida que pueda establecerse cu\u00e1l fue el camino recorrido por las partes, podr\u00e1 definirse si el mismo culmin\u00f3 satisfactoriamente y, en ese supuesto, los puntos consentidos por ellas, de forma rec\u00edproca y coincidente. <\/p>\n
IV. El contrato de arrendamiento. Generalidades. <\/p>\n
1. A voces del art\u00edculo 1973 del C\u00f3digo Civil, el \u201carrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan rec\u00edprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado\u201d. <\/p>\n
2. En trat\u00e1ndose de cosas, son susceptibles de arrendarse \u201ctodas las (\u2026) corporales o incorporales, que pueden usarse sin consumirse\u201d, incluso las ajenas, caso en el cual el arrendatario de buena fe, tiene \u201cacci\u00f3n de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicci\u00f3n\u201d (art. 1974 ib.); el precio puede consistir \u201cen dinero\u201d o en los \u201cfrutos naturales de la cosa arrendada\u201d, totales o parciales, y cuando su pago es peri\u00f3dico, se llama \u201crenta\u201d (art. 1975 ib.); son partes el arrendador, que es quien \u201cda el goce\u201d de la cosa, y el arrendatario, que es quien paga el precio (art. 1977 ib.). <\/p>\n
3. Las principales obligaciones del primero, son \u201centregar (\u2026) la cosa arrendada\u201d, \u201cmantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada\u201d y \u201clibrar\u201d al otro contratante \u201cde toda perturbaci\u00f3n o embarazo en el goce de la cosa arrendada\u201d (art. 1982 ib.). <\/p>\n
Y del segundo, \u201cusar de la cosa seg\u00fan los t\u00e9rminos o el esp\u00edritu del contrato\u201d (art. 1996 ib.), pagar el precio o renta (art. 2000 ib.) y \u201crestituir la cosa al fin del arrendamiento\u201d (art. 2005 ib.). <\/p>\n
En cuanto hace al referido pago, se advierte que debe realizarse \u201cen los per\u00edodos estipulados, o a falta de estipulaci\u00f3n, conforme a la costumbre del pa\u00eds, y no habiendo estipulaci\u00f3n ni costumbre fija, seg\u00fan las reglas que siguen: La renta de predios urbanos se pagar\u00e1 por meses, la de predios r\u00fasticos por a\u00f1os (\u2026)\u201d (art. 2002 ib.). <\/p>\n
4. Las rec\u00edprocas obligaciones que surgen para las partes, particularmente la de conceder el goce de la cosa y la de pagar, a cambio, un precio, descubren la naturaleza bilateral de dicha convenci\u00f3n. <\/p>\n
5. A\u00f1\u00e1dese que no habiendo previsto el legislador solemnidad especial alguna para el contrato de arrendamiento, el mismo es meramente consensual, de donde su perfeccionamiento acaece cuando quienes lo celebran, convienen en el objeto y el precio, que son sus elementos esenciales. <\/p>\n
6. La Corte, de vieja data, tiene precisado que \u201c[c]aracter\u00edstica del contrato de arrendamiento, entre otras, es la de ser consensual y bilateral; la primera lo except\u00faa de solemnidad alguna para su celebraci\u00f3n, la segunda le tutela al contratante cumplido pretensi\u00f3n para pedir la resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento del otro, junto con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d (CSJ, SC del 11 de febrero de 1992, ordinario de \u00c1NGEL MAR\u00cdA CAMACHO RAM\u00cdREZ frente a la SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA y CRUZ ROJA COLOMBIANA -SECCIONAL META). <\/p>\n
V. El contrato de arrendamiento de naturaleza comercial. <\/p>\n
1. En el \u00e1mbito mercantil, por virtud de las previsiones del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, son aplicables al contrato de arrendamiento las mismas reglas atr\u00e1s comentadas, habida cuenta que esa especial legislaci\u00f3n no previ\u00f3 una regulaci\u00f3n propia para este tipo de negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Las normas que sobre el particular contiene el precitado ordenamiento jur\u00eddico, est\u00e1n referidas a aspectos puntuales, como son: el derecho a la renovaci\u00f3n, cuando un empresario ha ocupado por no menos de dos a\u00f1os consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio (arts. 518 a 522); al subarriendo, destinaci\u00f3n y cesi\u00f3n (art. 523); al arrendamiento de naves (arts. 1678 a 1687); y al de aeronaves (art. 1890 a 1892). <\/p>\n
3. Cabe agregar que el car\u00e1cter consensual del arrendamiento se acent\u00faa, habida cuenta el mandato del art\u00edculo 824 del C\u00f3digo de Comercio, que reza: <\/p>\n
Los comerciantes podr\u00e1n expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequ\u00edvoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jur\u00eddico, \u00e9ste no se formar\u00e1 mientras no se llene tal solemnidad. <\/p>\n
VI. El caso concreto. Los errores de Tribunal. <\/p>\n
1. El comienzo de las negociaciones. <\/p>\n
1.1. Ninguna duda existe sobre el hecho de que, entre las partes, se adelantaron conversaciones en procura de celebrar un contrato de arrendamiento y\/o de compraventa del lote de terreno propiedad de los actores, identificado en la forma precisada en la demanda. <\/p>\n
1.2. Sobre el particular, son suficientes las manifestaciones que los litigantes hicieron en el libelo introductorio, en la respuesta al mismo y en los interrogatorios de parte que absolvieron, expresiones que, por significar el surgimiento para cada uno de ellos de obligaciones a su cargo, constituyen prueba de confesi\u00f3n. <\/p>\n
1.2.1. En el escrito con que se dio apertura a la controversia, los demandantes adujeron que en su calidad de due\u00f1os del referido inmueble, \u201crecibieron de los representantes de la firma AUTO STOK S.A. en la ciudad de C\u00facuta, una oferta para que se les diera en arrendamiento dicho lote\u201d (hecho segundo); que debido a la \u201cpremura, insistencia y seriedad\u201d de tal propuesta, obtuvieron mediante el pago de una indemnizaci\u00f3n, la desocupaci\u00f3n del predio por parte de quien detentaba su tenencia en ese momento (hecho s\u00e9ptimo); que recuperado el terreno, convinieron con la accionada el arrendamiento del mismo a partir del 16 de noviembre de 2012, por el t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os, a cambio del pago de un canon mensual de $5.000.000.oo, reajustable anualmente, y con una cl\u00e1usula penal por valor de $100.000.000.oo para quien incumpliera (hechos octavo a d\u00e9cimo); y que esos t\u00e9rminos, junto con los dem\u00e1s acordados, se consignaron en un documento que en dos ejemplares, suscritos y autenticados por los arrendadores, fue recibido por el representante legal de la arrendataria para su firma y legalizaci\u00f3n el d\u00eda anterior, 15 de noviembre, en el que se verific\u00f3 la entrega del inmueble, como consta en acta de esa fecha (hechos 12 y 13). <\/p>\n
1.2.2. En el interrogatorio de parte absuelto en la audiencia realizada con fundamento en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil el 23 de octubre de 2013, el demandante Carlos Eduardo Alvarado Serrano relat\u00f3 que \u201cm\u00e1s o menos a mediados de octubre, estuvimos en conversaciones (\u2026)[,] se acerc[\u00f3] el se\u00f1or [E]duardo [C]adavid, me contact[\u00f3] para saber si nosotros est[\u00e1bamos] vendiendo o arrendando el lote que est\u00e1 ubicado en la autopista v\u00eda a [S]an Antonio [di]agonal al peaje, al margen derecho v\u00eda [S]an Antonio, con el se\u00f1or llegamos a un acuerdo de que arrend\u00e1bamos el lote, le pedimos una cuant\u00eda de $10.000.000.00 (\u2026) y llegamos a un acuerdo de $5.000.000.00 (\u2026) porque ellos iban a durar [ah\u00ed] 10 a\u00f1os y aparte iban a hacer una estructura de venta taller, para sus veh\u00edculos Renault, es decir iban a hacer una inversi\u00f3n grande para justificar el arriendo al que llegamos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.2.3. La accionada, si bien es verdad, a lo largo de la contestaci\u00f3n de la demanda, neg\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento referido, precis\u00f3 al responder el hecho noveno, que \u201cefectivamente hubo conversaciones\u201d y que \u201cse trat[\u00f3] de instalar en el predio, sin embargo dadas las amenazas de terceros no lo hizo y obviamente desisti\u00f3 de celebrar el contrato\u201d. M\u00e1s adelante, en sustento de las excepciones que propuso, el apoderado que la represent\u00f3, admiti\u00f3 que \u201centre ellos se inici\u00f3 una negociaci\u00f3n precontractual para efectos de llegar con posterioridad a la celebraci\u00f3n de un contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
1.2.4. En la declaraci\u00f3n de parte que rindi\u00f3 su representante legal en la misma audiencia atr\u00e1s identificada, especific\u00f3 que \u201cnunca hubo c[o]ntrato de arrendamiento ya que nos encontr\u00e1bamos en una negociaci\u00f3n incluso de la venta del lote[,] que era nuestra propuesta [ya] que necesit[\u00e1ba]mos hacer un(\u2026) traslado(\u2026) de uso [de los] talleres de carrocer\u00eda, de latoner\u00eda y pintura, que est[aban] en el centro de la ciudad y ten[\u00edamos] problemas con el medio ambiente y adem\u00e1s guardar nuestro inventario de veh\u00edculos, mientras compr\u00e1bamos ya fuera ese u otro lote\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u201cla entrega parcial del [lote] se hizo sin ning\u00fan compromiso, el due\u00f1o del local donde guard\u00e1bamos nuestro inventario necesitaba el local donde gu[ar]d\u00e1bamos los veh\u00edculos y necesit\u00e1bamos trasladarnos de af\u00e1n y durante estos primero[s] 20 d\u00edas fue que aparecieron unas personas a quemar los veh\u00edculos, donde intervino la polic\u00eda, para que esto no pasa[ra], por lo cual tuvimos que sacar nuestros veh\u00edculos ya que no los ten\u00edamos asegurados y nadie nos garantizaba(\u2026) que esos carros no (\u2026) los quemaran y el se\u00f1or EDUARDO CADAVID le hab\u00eda solicitado al se\u00f1or CARLOS ALVARADO y \u00e9l dijo que ya no ten\u00eda problemas con ese lote, y al ser provisional la entrega del lote nos toc[\u00f3] sacar inmediatamente los veh\u00edculos del lote, hablamos con [\u00e9]l y vi[m]os su deshonestidad al no comentar[n]os el problema que ten\u00eda ese lote\u201d. <\/p>\n
Al ser preguntado sobre las condiciones iniciales que acordaron, expres\u00f3 que \u201cpor la urgencia que ten\u00edamos de guardar [l]os veh\u00edculos [\u00e9]l nos hizo entrega provisional del local o lote, mientras lleg[\u00e1bamos] a un[a] negociaci\u00f3n definitiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A su turno, en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 en audiencia del 28 de enero de 2014, admiti\u00f3 conocer al se\u00f1or Carlos Alvarado Serrano, \u201cya que no lo recomendaron (\u2026) [porque] est\u00e1bamos buscando un lote para dep\u00f3sito de nuestros veh\u00edculos nuevo[s] y hacer un centro de carrocer\u00edas y [\u00e9]l fue un d\u00eda al concesionario y nos lo ofreci\u00f3, pero el local era para comprarlo[,] para desarrollar unas in[stala]ciones para el concesionario, y fue cuando hablamos con \u00e9l, e[l] [l]ote que est\u00e1bamos b[us]cando era porque donde los ten\u00edamos depositados el due\u00f1o lo n[ec]esita[b]a de manera urgente por lo que necesit\u00e1bamos el bodegaje de manera urgente\u201d (fls. 12 a 16, cd. 3). <\/p>\n
1.3. Traduce lo expuesto, que ambas partes, por igual, admitieron que, entre ellas, se adelantaron negociaciones dirigidas a la celebraci\u00f3n de un contrato de arrendamiento, seg\u00fan el se\u00f1or Alvarado Serrano, y\/o de compraventa, conforme lo expuesto por el apoderado de la accionada y su representante legal, al contestar la demanda y absolver los interrogatorios que se le formularon, respectivamente. <\/p>\n
1.4. Siendo ello as\u00ed, es igualmente ostensible que el Tribunal, de un lado, pretiri\u00f3 la ponderaci\u00f3n de los comentados escritos y del interrogatorio de parte absuelto por el demandante Carlos Eduardo Alvarado Serrano; y, de otro, cercen\u00f3 el contenido de los interrogatorios de parte absueltos por el representante legal de la demandada, toda vez que en torno de los mismos \u00fanica y exclusivamente apreci\u00f3 que \u00e9l neg\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato sobre el que vers\u00f3 la acci\u00f3n, sin percatarse, como viene de resaltarse, que pese a ello, admiti\u00f3 que entre las partes s\u00ed hubo conversaciones dirigidas a la celebraci\u00f3n de una convenci\u00f3n, errores que el impugnante denunci\u00f3 en la primera de las acusaciones auscultadas. <\/p>\n
2. Avance de las tratativas. La celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento. <\/p>\n
2.1. Es tambi\u00e9n innegable que esas negociones evolucionaron satisfactoriamente, al punto de haberse llegado a un acuerdo entre las partes, relativo al arrendamiento de un lote de terreno, independientemente de las particularidades o los alcances del mismo, que m\u00e1s adelante se identificar\u00e1n. <\/p>\n
2.1.1. As\u00ed se deduce de las manifestaciones de los extremos procesales, pues es lo cierto que los accionantes, en la demanda y en las declaraciones de parte que rindi\u00f3 el se\u00f1or Carlos Alvarado Serrano, como ya se rese\u00f1\u00f3, predicaron la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento con la demandada; y que \u00e9sta, en los interrogatorios de parte que absolvi\u00f3 por intermedio de su representante legal, como igualmente ya se consign\u00f3, admiti\u00f3 haber llegado a ese convenio, pero con car\u00e1cter provisional. <\/p>\n
2.1.2. Al respecto, es del caso a\u00f1adir que en el interrogatorio del 28 de enero de 2014, el se\u00f1or Alirio de Jes\u00fas Alarc\u00f3n Cepeda, tras la manifestaci\u00f3n de que \u201csobre el lote en cuesti\u00f3n se lleg[\u00f3] a un arrendamiento provisional y que hubo adem\u00e1s una entrega provisional del lote\u201d, ante la solicitud de explicar \u201cesta condici\u00f3n de ser arrendamiento provisional y de proceder a una entrega provisional\u201d, respondi\u00f3: \u201c[P]rovisional es porque nosotros [es]t\u00e1bamos comprando un lote, para poder desarrollar nuestra operaci\u00f3n de concesionario ya que ten\u00edamos un problema con nuestro taller donde est[\u00e1b]amos por contaminaci\u00f3n ambiental, por ser un taller de pintura y nos obliga[ba] al traslado urgente de ese taller, y para poder guardar nuestro (\u2026)sto[ck] de autos, la propuesta nuestra era comprarle el lote a don C[AR]LOS ALVARADO o buscar uno en la zona, mientras tanto, o lleg\u00e1bamos a un acuerdo definitivo[,] nos entreg\u00f3 el local para usarlo y hacer el estudio para ver si la compa\u00f1\u00eda le conven\u00eda estar [ah\u00ed] o definitivamente comprar en otro sitio, llevando 20 d\u00edas nos lleg[\u00f3] la amenaza de la quema por lo que ya la junta directiva tom\u00f3 la decisi\u00f3n de no comprar ni arrendar en ese [sit]io, y don CARLOS ALVARADO , estaba m\u00e1s interesado en arrendar que en vender, por lo que nos llev[\u00f3] a tomar la decisi\u00f3n de comprar en otro lugar, que queda(\u2026) relativamente (\u2026) cerca ya que est[\u00e1] a cien metros de ese lugar\u201d. <\/p>\n
A la pregunta que enseguida se le hizo, de indicar \u201cen qu\u00e9 forma se pactaron entonces las condiciones de ese arrendamiento o entrega provisional y si ese acuerdo se document[\u00f3] de alguna manera\u201d, respondi\u00f3 que \u201cese acuerdo no se document[\u00f3] en nada[,] solamente f[u]e verbal, y don CARLOS quer\u00eda inicialmente fuera por 6 meses, mientras tom\u00e1bamos una decisi\u00f3n por compra de otro local para trasladar nuestros veh\u00edculos, hay una cuenta de cobro por $30.000.000.00 que [\u00e9]l pas[\u00f3] por supuestamente esos 6 meses de arriendo (anexo esta constancia de la cuenta contable de la compa\u00f1\u00eda de auto stok y anexo la reversi\u00f3n de la misma cu[e]nta contable de la compa\u00f1\u00eda dej\u00e1ndole abonado la suma [d]e $5.000.000.oo (\u2026) que la junta directiva decidi\u00f3 dejarle como pago por los 20 d\u00edas que estuvieron nuestros veh\u00edculos en ese lugar (2 folios), al no tener contrato de arrendamiento corr\u00edamos el riesgo de que la DIAN nos multara por no tener contrato o soporte de este gasto, se hizo la devoluci[\u00f3]n justificando ante la DIAN para que no t[uvi\u00e9ramos] problemas ninguna de las partes, tambi\u00e9n se reportan los impuestos\u201d. <\/p>\n
2.1.3. A lo anterior se suma que con la demanda se aport\u00f3 el \u201cACTA DE ENTREGA DE UN INMUEBLE\u201d, que data del 15 de noviembre de 2012, en la que se hizo constar, de un lado, la \u201centrega real y material\u201d que Carlos Eduardo Alvarado Serrano, en condici\u00f3n de \u201cARRENDADOR\u201d, hizo a \u201cALIRIO ALARC\u00d3N CEPEDA, (\u2026), en su condici\u00f3n de [r]epresentante [l]egal de la sociedad AUTO STOK S.A., y en calidad de ARRENDATARIO\u201d, del \u201cinmueble arrendado mediante documento suscrito en el d\u00eda de hoy\u201d correspondiente a un predio \u201csin construcciones y\/o edificaciones, salvo el encerramiento con maya met\u00e1lica sobre el lado frontal que da hacia la Autopista Internacional, el cual presenta, adem\u00e1s, las siguientes caracter\u00edsticas generales: 1) Lote totalmente plano \u2013 [n]ivelado. 2) Cuenta con servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica. 3) Se anexan fotos del estado actual\u201d; y, de otro, que el \u201cARRENDATARIO, por su parte, acepta (\u2026) las condiciones en que se entrega (\u2026), e igualmente declara recibirlo a satisfacci\u00f3n para el ejercicio de su tenencia, conforme a lo pactado\u201d (folio 33, cd. 1) <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho documento, debe ponerse de presente, en primer lugar, que en el hecho doce de la demanda se expres\u00f3: \u201cEl d\u00eda quince (15) de noviembre de 2012 se hizo entrega real y material del lote arrendado, raz\u00f3n por la cual se elabor\u00f3 y suscribi\u00f3 por parte de los se\u00f1ores CARLOS EDUARDO ALVARADO SERRANO y ALIRIO ALARC\u00d3N CEPEDA, el documento que denominaron \u2018ACTA DE ENTREGA DE UN INMUEBLE\u2019, a partir de lo cual se perfeccion\u00f3 el contrato de arrendamiento\u201d; y, en segundo t\u00e9rmino, que en el aludido interrogatorio de parte del 28 de enero de 2014, se le puso de presente al absolvente dicho documento (aunque se err\u00f3 al citarse el folio donde se encontraba, pues se mencion\u00f3 como tal el 133), quien reconoci\u00f3 como suya la firma que en \u00e9l aparece y, sobre su contenido, observ\u00f3: \u201c[S\u00ed] el documento de rece[pc]i\u00f3n del inmueble se h[izo] ese d\u00eda porque yo estaba en la ciudad de C\u00facuta, mientras se elaboraba el contrato de arrendamiento y se ac[o]rdar\u00eda el tiempo y el valor y lo revisar\u00edan los abogados de nuestra compa\u00f1\u00eda y pasar\u00eda para evaluaci\u00f3n de la junta directiva, fue cuando nos entregaron el lote mientras se hac\u00edan todos los procedimientos siguientes para llegar a un acuerdo y firmar el respectivo contrato\u201d. <\/p>\n
Significa lo anterior que ese documento, en relaci\u00f3n con las dos partes, es aut\u00e9ntico, como quiera que en lo que hace a la demandante, oper\u00f3 el reconocimiento impl\u00edcito de que trataba el art\u00edculo 276 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a que alud\u00eda el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 252 ib\u00eddem; y en lo que ata\u00f1e con la demandada, porque fue reconocido expl\u00edcitamente ante el juez del conocimiento (numeral 1\u00ba de la \u00faltima de las disposiciones citadas). <\/p>\n
Ahora bien, ninguna duda existe de que ese documento vers\u00f3 sobre la entrega del lote de terreno materia de la presente acci\u00f3n, pues como viene de se\u00f1alarse, as\u00ed lo aceptaron expresamente las dos partes, manifestaciones que quitaron toda importancia al hecho de que en el acta no se hiciera una identificaci\u00f3n completa o pormenorizada del predio a que la misma se refer\u00eda, que fue la raz\u00f3n para que el Tribunal no apreciara dicha prueba. <\/p>\n
2.2. De lo hasta aqu\u00ed analizado, se saca en claro que contrato de arrendamiento s\u00ed hubo; que fue arrendador Carlos Eduardo Alvarado Serrano, al margen de si esa condici\u00f3n la ostentaron tambi\u00e9n sus hermanos, los otros demandantes; que la arrendataria fue la sociedad Auto Stok S.A., representada legalmente por el se\u00f1or Alirio de Jes\u00fas Alarc\u00f3n Cepeda; que inici\u00f3 el 16 de noviembre de 2012; y que vers\u00f3 sobre el lote de terreno materia de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por la respuesta que el representante legal de la demandada dio al interrogante dirigido a que precisara las condiciones del arrendamiento provisional admitido por \u00e9l, atr\u00e1s reproducida, pudiera pensarse, en principio, que el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del mismo fue de seis (6) meses y que el precio del arrendamiento o renta fue la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) mensuales. <\/p>\n
2.4. Innegable es, entonces, que el Tribunal, cuando afirm\u00f3 tajantemente la carencia de demostraci\u00f3n del contrato de arrendamiento cuyo reconocimiento se solicit\u00f3 en la demanda con la que se dio inicio a este asunto litigioso, cercen\u00f3 dicho escrito, la contestaci\u00f3n del mismo, los interrogatorios de las partes y el acta de entrega. <\/p>\n
3. La concreci\u00f3n del negocio. Los t\u00e9rminos definitivos del mismo. <\/p>\n
3.1. Empero las negociaciones siguieron avanzando, hasta cuando las partes se pusieron de acuerdo sobre la totalidad de los elementos, esenciales y accidentales, del contrato de arrendamiento objeto de las tratativas y optaron por reducir a escrito dicha convenci\u00f3n de forma fidedigna a la voluntad por ellos expresada, como pasa a verse. <\/p>\n
3.2. Al respecto, es muy diciente la declaraci\u00f3n rendida por la abogada Fanny Inmaculada G\u00f3mez Sandoval, asesora jur\u00eddica de los actores, seg\u00fan ella misma lo se\u00f1al\u00f3, quien precis\u00f3 que, una vez los extremos litigiosos llegaron a ese punto, recibi\u00f3 de parte del se\u00f1or Carlos Alvarado Serrano \u201cinstrucciones para proceder a redactar el documento seg\u00fan lo convenido por las partes\u201d, lo que en efecto hizo, especificando que \u201cla duraci\u00f3n del contrato\u201d fue \u201cpor 10 a\u00f1os, teniendo en cu[e]nta la magnitud del proyecto que la sociedad [A]uto Stok desarrollar[\u00ed]a en el predio\u201d; que el canon era la suma de \u201c5 millones de pesos mensuales\u201d, con \u201cun reajuste anual del IPC m\u00e1s 3 puntos porcentuales\u201d; que se pact\u00f3 una \u201ccl\u00e1usula penal por incumplimiento de cualquiera de las partes en 100 millones de pesos\u201d; que se concedi\u00f3 \u201cautorizaci\u00f3n de mejoras\u201d a la arrendataria, a efecto de que pudiera realizar las obras que requer\u00eda para el \u201cdesarrollo de sus actividades\u201d; y que \u201cla fecha de iniciaci\u00f3n era o fue el 15 de noviembre del a\u00f1o 2012, hasta noviembre 14 del (\u2026) a\u00f1o 2022\u201d. <\/p>\n
Observ\u00f3, de un lado, que una vez redact\u00f3 el referido documento, lo remiti\u00f3, \u201cv\u00eda email[,] a la sociedad [A]uto Stok, a trav\u00e9s del correo de la se\u00f1orita Paola Mora, quien e[ra] la jefe jur\u00eddica\u201d de la misma, con miras a que se verificara su revisi\u00f3n; y que, cumplido lo anterior, mediante un correo dirigido al se\u00f1or Carlos Alvarado Serrano, indicaron \u201cque ya se hab\u00eda revisado el contrato y lo adjunta[ro]n nuevamente para su correspondiente firma, sin realizar ninguna observaci\u00f3n o cambio al contenido del documento\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que luego imprimi\u00f3 el contrato, el cual los arrendadores firmaron y autenticaron en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de C\u00facuta; y esper\u00f3 el d\u00eda de la entrega, fecha en la que \u201cel se\u00f1or Ali[r]io Alarc\u00f3n efectivamente se hizo presente en el lote en compa\u00f1\u00eda del se\u00f1or Cadavid, all\u00ed mismo llegamos los se\u00f1or[es] Carlos Eduardo Alvarado, el arquitecto Hugo [R]\u00edos y yo, ese mismo d\u00eda, tal y como se plasm[\u00f3] en el contrato de arrendamiento[,] deb\u00eda suscribirse adem\u00e1s del contrato un acta de entrega, la cual tambi\u00e9n redact[\u00e9] y llev[\u00e9] en 2 ejemplares con unos espacios para ser llenado[s,] en caso de que fuese necesari[a] alguna observaci\u00f3n adicional, respecto del estado del inmueble\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelante manifest\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) al momento de la entrega se verific[\u00f3] el estado del inmueble, de mi pu\u00f1o y letra escrib[\u00ed] algunas observaciones de las cuales[,] de manera conjunta con el se\u00f1or [A]lirio Alarc\u00f3n fueron verificadas, y as\u00ed mismo consign[\u00e9] en el acta de entrega que hago entrega f\u00edsica de 2 ejemplares del contrato de arrendamiento al se\u00f1or [A]lirio Alarc\u00f3n, [\u00e9]l me menciona que se lleva los contratos[,] ya que son pr\u00e1cticamente las 6 de la tarde, [que] no alcanza[ba] a acudir a la notar\u00eda y [que] ten\u00eda que viajar esa misma tarde a la ciudad de Bogot\u00e1, que se los llevar\u00eda, y posteriormente nos los [h]ar\u00eda llegar con su firma, en ese mismo momento de la entrega se toman unas fotos donde est[\u00e1n] los se\u00f1ores Cadavid, Hugo R[\u00ed]os, Ali[r]io Alarc\u00f3n y el se\u00f1or Carlos Alvarado, seguidamente se hacen presentes los se\u00f1ores de la empresa de seguridad que la sociedad [A]uto Stok contrat[\u00f3] para la vigilancia del predio, los vigilantes del se\u00f1or Carlos Alvarado[,] que estaban en ese momento en el predio[,] le hacen tambi\u00e9n entrega formal a los vigilantes que la sociedad trajo en ese momento, de esa manera queda formalmente entregado el lote, y concretado el contrato de arrendamiento, el se\u00f1or Ali[r]io Alarc\u00f3n [n]os indic[\u00f3] que le hagamos llegar a la oficina de Auto Stok ubicada en [l]a calle 13, la factura o cuenta de cobro para cancelar los 6 primero[s] meses de[l] contrato de manera anticipada (\u2026) <\/p>\n
Tras reiterar que la elaboraci\u00f3n del contrato estuvo a su cargo, la deponente, a la pregunta de si acepta el documento obrante en los folios 10 a 13 del cuaderno principal como el que \u201cmanifiest[\u00f3] haber redactado\u201d, respondi\u00f3: \u201c[S\u00ed] se\u00f1or efectivamente el contrato exhibido corresponde al firmado, redactado y entregado al salir Ali[r]io Alarc\u00f3n\u201d. De igual modo, reconoci\u00f3 el acta de entrega militante en el folio 33 del mismo cuaderno e inform\u00f3 que su correo electr\u00f3nico era \u201cfanyta239@g[mal].com\u201d. <\/p>\n
Sea del caso precisar que la condici\u00f3n de haber sido, o ser, la deponente asesora jur\u00eddica de los actores, como ella misma lo admiti\u00f3, no es una circunstancia que, sin m\u00e1s, permitiera al Tribunal restar todo el valor demostrativo que tiene su declaraci\u00f3n, pues as\u00ed se infiriera de ese nexo alg\u00fan grado de sospecha de su dicho, se impon\u00eda ponderarlo, conforme las previsiones del inciso final del art\u00edculo 218 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que dispone \u201c[e]l juez apreciar\u00e1 los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso\u201d, aunque con mayor rigor, como de forma constante lo ha doctrinado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
En esa materia, la Corte ha sostenido que <\/p>\n
\u2018(\u2026) no puede considerarse que un testigo, ligado por v\u00ednculos de consanguinidad con una de las partes, \u2018va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaraci\u00f3n si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana cr\u00edtica, puede merecer plena credibilidad y con tanta mayor raz\u00f3n si los hechos que relata est\u00e1n respaldados con otras pruebas o al menos con indicios que la hacen veros\u00edmil\u2019; que si las personas allegadas a un litigante pueden tener inter\u00e9s en favorecerlo con sus dichos, no puede olvidarse que \u2018suelen presentarse a menudo conflictos judiciales en los que sus hechos determinantes apenas si son conocidos por las personas vinculadas con los querellantes y por eso son solamente ellos los que naturalmente se encuentran en capacidad de trasmitirlos a los administradores de justicia\u2019 (\u2026) (CSJ SC de 31 ago. 2010, rad. 2001-00224-01) (CSJ, SC 10809 del 13 de agosto de 2015, Rad. n.\u00b0 2009-00139-01). <\/p>\n
En \u00edntima relaci\u00f3n con lo precedentemente expuesto, cabe se\u00f1alar, as\u00ed mismo, que ese v\u00ednculo tampoco era suficiente para inferir la existencia en la deponente de un \u201cinter\u00e9s\u201d de faltar a la verdad con el prop\u00f3sito de favorecer indebidamente a los gestores del proceso, aserto del Tribunal que, en tanto condujo a negarle efectos probatorios a la declaraci\u00f3n de que ahora se trata, constituy\u00f3 otro desatino de su parte efectivamente reprochado en la segunda censura analizada. <\/p>\n
Tampoco habilitaba la descalificaci\u00f3n predicada por el ad quem, la condici\u00f3n de ser la doctora G\u00f3mez Sandoval una testigo de o\u00eddas, pues como se establece de la simple lectura de su declaraci\u00f3n, su objetivo no fue relatar hechos llegados a su conocimiento en forma indirecta sino, por el contrario, acontecimientos que la deponente presenci\u00f3 y en los que intervino de forma protag\u00f3nica, como fueron la elaboraci\u00f3n del contrato de arrendamiento ajustado entre las partes y del acta de entrega, y la realizaci\u00f3n de esta diligencia, en la que particip\u00f3. <\/p>\n
Por consiguiente, es ostensible el desafuero del Tribunal al enarbolar esas razones, para quitarle a la declaraci\u00f3n que se comenta toda significaci\u00f3n probatoria, tal y como se denunci\u00f3 en la referida acusaci\u00f3n examinada, am\u00e9n que, como en ese mismo cargo se reproch\u00f3, esa Corporaci\u00f3n, adicionalmente, omiti\u00f3 apreciarla en conjunto con las dem\u00e1s pruebas del proceso, an\u00e1lisis que le hubiese permitido vislumbrar su correspondencia con ellas. <\/p>\n
3.3. Por expreso mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (\u2026)\u201d, previsi\u00f3n actualmente recogida en el canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La Corte, en reciente pronunciamiento, destac\u00f3 que: <\/p>\n
La apreciaci\u00f3n en conjunto de los medios demostrativos guarda relaci\u00f3n con el denominado principio de unidad de la prueba, que impone un examen concentrado de todos ellos con independencia de su naturaleza y del inter\u00e9s del sujeto que los aport\u00f3, en palabras de Devis Echand\u00eda, \u00abSignifica este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme\u00bb. <\/p>\n
Esta exigencia se relaciona tambi\u00e9n con el principio de adquisici\u00f3n o comunidad de la prueba, por virtud del cual, \u00e9sta no pertenece a quien la aporta, sino que una vez practicada e introducida legalmente es del proceso y, por lo tanto, \u00abdebe ten\u00e9rsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla. Como el fin del proceso es la realizaci\u00f3n del derecho mediante la aplicaci\u00f3n de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quien las haya pedido o aportado\u00bb. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el sistema de la sana cr\u00edtica adoptado por nuestro ordenamiento procesal civil, la apreciaci\u00f3n probatoria es una operaci\u00f3n de car\u00e1cter cr\u00edtico y racional que no puede cumplirse de manera fragmentada o aislada, sino en conjunto, con base en las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia, que, necesariamente, comprende el cotejo o comparaci\u00f3n de todos los medios suasorios allegados al proceso, con el fin de establecer sus puntos de convergencia o de divergencia. A partir de ese labor\u00edo, el Juez, en cumplimiento de esta exclusiva actividad procesal, le asigna m\u00e9rito a las pruebas de acuerdo al grado de convencimiento que le generen y emite su veredicto acerca de los hechos que, siendo objeto de discusi\u00f3n, quedaron demostrados en el juicio (CSJ, SC 3249 del 7 de septiembre de 2020, Rad. n.\u00b0 2011-00622-02; se subraya). <\/p>\n
En el caso sub lite, el Tribunal no acat\u00f3 ese deber con el prop\u00f3sito, de un lado, seg\u00fan ya se dijo, de determinar el m\u00e9rito demostrativo de la declaraci\u00f3n de la abogada Fanny G\u00f3mez Sandoval, por la eventual sospecha que pod\u00eda cernirse sobre ella, habida cuenta el nexo profesional que la ataba con los actores; y, de otro, de fijar el verdadero alcance de las pruebas, en general, esto es, como principio rector de valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3.3.1. Sobre lo primero, la correspondencia de la declaraci\u00f3n mencionada con los dem\u00e1s medios suasorios, se tiene: <\/p>\n
a) En el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada el 28 de enero de 2014, \u00e9ste reconoci\u00f3 que \u201cel se\u00f1or EDUARDO CADAVID, es nuestro gerente comercial en la ciudad de C\u00facuta\u201d y que \u201cla se\u00f1orita PAOLA MORA es nuestra asistente jur\u00eddica en Bogot\u00e1\u201d, manifestaciones que el Tribunal cercen\u00f3 cuando, para negar m\u00e9rito a los correos electr\u00f3nicos aportados con la demanda, afirm\u00f3 que en el proceso no estaba demostrado que los nombrados estuvieren vinculados con la demandada, como se reproch\u00f3 en el cargo inicial. <\/p>\n
El nexo laboral de los nombrados con la demandada, particularmente, de la segunda, concede veracidad al relato de la doctora G\u00f3mez Sandoval, en cuanto a que una vez elabor\u00f3 el documento contentivo del contrato de arrendamiento, lo remiti\u00f3, para su revisi\u00f3n por parte de Auto Stok S.A., \u201ca trav\u00e9s del correo de la se\u00f1orita Paola Mora, quien e[ra] la jefe jur\u00eddica de la sociedad [A]uto Stok\u201d. <\/p>\n
b) Del mismo modo, se infiere coherencia del testimonio analizado, con el correo electr\u00f3nico del 13 de noviembre de 2012, remitido por la prenombrada persona a Eduardo Cadavid y a Carlos Eduardo Alvarado Serrano, mediante el cual aqu\u00e9lla devolvi\u00f3 el \u201ccontrato de arrendamiento para diligenciar firmas\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicha comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica, se aport\u00f3, al descorrerse el traslado de las excepciones meritorias propuestas por la accionada, concepto t\u00e9cnico sobre su autenticidad por parte del experto Juan Manuel Arenas Galvis, quien refrend\u00f3 dicha conclusi\u00f3n bajo juramento en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el 14 de febrero de 2014, ocasi\u00f3n en la que precis\u00f3 que \u201c[E]ntre los correos de ambas partes, se puede analizar y determinar lo siguiente, 1) las direcciones de correo electr\u00f3nico fueron creadas en [ser]vidores de correos privados y p\u00fablicos dond[e] cada uno de los usuarios, pertenece a los d[i]ferentes dominios asociados a sus servidores de corre[o.] 2) todos los correos que cruzaron informaci\u00f3n fueron analizados a tr[a]v[\u00e9z] de la herramienta en l\u00ednea www.verifyemail.adesrdss.org determinando que todas las cuentas de correo son leg[\u00ed]timas, aut[\u00e9]nticas y se encuentran en funcionamiento. 3) otro m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n se realiz[\u00f3] con los comandos y herramientas de consola que vienen con los sistemas operativos (MS_DOS), 4) al realizar el an\u00e1lisis con el anterior enlace web www.verifyemail.adesrdss.org [se obtuvo] como resultado que las direcciones IP asociadas a cada uno de los servidores de correo pertenece a sus respectivas cuentas\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, indispensable es memorar que, de conformidad con la Ley 527 de 1999, \u201c[l]os mensajes de datos ser\u00e1n admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo XIII, Secci\u00f3n Tercera, Libro Segundo del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. (\u2026). En toda actuaci\u00f3n administrativa o judicial, no se negar\u00e1 eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de informaci\u00f3n en forma de un mensaje de datos, por el s\u00f3lo hecho que se trate de un mensaje de datos o en raz\u00f3n de no haber sido presentado en su forma original\u201d (art. 10\u00ba; se subraya); y que \u201c[p]ara la valoraci\u00f3n de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendr\u00e1n en cuenta las reglas de la sana cr\u00edtica y dem\u00e1s criterios reconocidos legalmente para la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Por consiguiente[,] habr\u00e1n de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la informaci\u00f3n, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente\u201d (art. 11). <\/p>\n
La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad, entre otras normas, de las atr\u00e1s reproducidas, precis\u00f3: <\/p>\n
El proyecto de ley establece que los mensajes de datos se deben considerar como medios de prueba, equiparando los mensajes de datos a los otros medios de prueba originalmente escritos en papel. (\u2026) <\/p>\n
Al hacer referencia a la definici\u00f3n de documentos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, le otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar el sistema telem\u00e1tico con el sistema manual o documentario, encontr\u00e1ndose en igualdad de condiciones en un litigio o discusi\u00f3n jur\u00eddica, teniendo en cuenta para su valoraci\u00f3n algunos criterios como: confiabilidad, integridad de la informaci\u00f3n e identificaci\u00f3n del autor. <\/p>\n
Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habr\u00e1 de tener presente la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la informaci\u00f3n, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente (art\u00edculo 11) (Corte Constitucional, C-622 del 8 de junio de 2000). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas en precedencia relacionadas, de forma rec\u00edproca, torna cre\u00edble, por una parte, lo expuesto por la doctora G\u00f3mez Sandoval sobre que, una vez la demandada efectu\u00f3 la revisi\u00f3n del contrato escrito, la se\u00f1orita Paola Mora, como asistente de la oficina jur\u00eddica, lo devolvi\u00f3 por correo electr\u00f3nico al se\u00f1or Carlos Eduardo Alvarado Serrano, para que \u00e9ste y los otros arrendadores procedieran a firmarlo y autenticarlo; y coadyuva, por otra, la autenticidad del referido mensaje de datos, de modo que confirma que la remitente del mismo, fue la nombrada funcionaria de la accionada y su destinatario, el citado actor. <\/p>\n
c) Se suma a lo expresado que, como ya qued\u00f3 consignado, el acta de entrega del predio sobre el que vers\u00f3 el litigio a la demandada, es documento aut\u00e9ntico en relaci\u00f3n con las dos partes, como quiera que fue aportado por los promotores de la controversia, sin tacha alguna, y que el representante legal de Auto Stok S.A., la reconoci\u00f3 expresamente. <\/p>\n
Dentro de su contenido, se aprecian las siguientes anotaciones manuscritas: <\/p>\n
En primer lugar: \u201c1) Lote totalmente plano \u2013 Nivelado. 2) Cuenta con servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica. 3) Se anexan fotos del estado actual\u201d. Al final, bajo el subt\u00edtulo \u201cOBSERVACIONES\u201d, \u00e9stas otras: \u201cNota: Al se\u00f1or Alirio Alarc[\u00f3]n se le hace entrega del contrato en dos (2) ejemplares debidamente firmado por los [a]rrendadores para su correspondiente firma\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, no queda duda de que en el curso de la entrega, la doctora Fanny G\u00f3mez Sandoval, como lo testimoni\u00f3, consign\u00f3 unas iniciales anotaciones sobre el estado del predio objeto de la diligencia y, al cierre, la constancia de haberle entregado al se\u00f1or Alirio de Jes\u00fas Alarc\u00f3n Cepeda, en su condici\u00f3n de representante legal de la demandada, el contrato escrito de arrendamiento, en dos ejemplares, firmados y autenticados por los arrendadores, habida cuenta que por lo avanzado de la hora y la necesidad que aqu\u00e9l manifest\u00f3 de regresar ese mismo d\u00eda a esta capital, no alcanz\u00f3 a suscribirlo y autenticarlo, quedando comprometido a devolverlo debidamente legalizado posteriormente. <\/p>\n
3.3.2. Desde la perspectiva m\u00e1s amplia que supone el principio de la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de prueba, como ya se explic\u00f3, forzoso es colegir que el examen panor\u00e1mico de los medios de convicci\u00f3n recaudados en el proceso, espec\u00edficamente, aquellos sobre los que vers\u00f3 el cargo segundo, permit\u00eda colegir, en definitiva, la plena comprobaci\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado, de un lado, por los actores, como arrendadores, y la sociedad demandada, como arrendataria, respecto del predio sobre el que recay\u00f3 la acci\u00f3n, en los t\u00e9rminos especificados en la demanda, comprobados suficientemente con la declaraci\u00f3n rendida por la doctora Fanny G\u00f3mez Sandoval, cuya credibilidad deriva de su coincidencia con las restantes pruebas igualmente examinadas. <\/p>\n
V. Conclusiones. <\/p>\n
1. Evidente fue que el Tribunal, de un lado, pretiri\u00f3 la demanda, la contestaci\u00f3n de la misma y la declaraci\u00f3n de parte rendida por el accionante Carlos Eduardo Alvarado Serrano; y, de otro, cercen\u00f3 los interrogatorios absueltos por el representante legal de la sociedad convocada, desatinos probatorios que le impidieron ver y admitir que, entre los litigantes, desde octubre de 2012, se adelantaron negociaciones en procura del arrendamiento del predio sobre el que vers\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. Igualmente qued\u00f3 constatado que los yerros f\u00e1cticos atr\u00e1s precisados sumados al desconocimiento en que incurri\u00f3 el ad quem del \u201cACTA DE ENTREGA DE UN INMUEBLE\u201d, que milita en el folio 33 del cuaderno principal, lo condujeron a soslayar que las referidas tratativas continuaron avanzando, hasta la concreci\u00f3n definitiva del contrato de arrendamiento ajustado entre las partes. <\/p>\n
3. Adicionalmente se estableci\u00f3 que el sentenciador de segunda instancia, sin justificaci\u00f3n atendible, rest\u00f3 todo m\u00e9rito demostrativo al testimonio suministrado por la asesora jur\u00eddica de los demandantes, doctora Fanny G\u00f3mez Sandoval, como quiera que, en primer lugar, la eventual sospecha del mismo, derivada del nexo profesional atr\u00e1s registrado, qued\u00f3 desvirtuada en virtud de que los hechos por ella relatados aparecen acreditados en otros medios de convicci\u00f3n; en segundo t\u00e9rmino, porque no se estableci\u00f3 ning\u00fan inter\u00e9s de la nombrada en desfigurar la verdad para favorecer a los accionantes; y, finalmente, porque la declaraci\u00f3n no vers\u00f3 sobre hechos cuyo conocimiento hubiese llegado a la deponente de forma indirecta sino sobre acontecimiento en los que particip\u00f3 de forma protag\u00f3nica. <\/p>\n
De haber reconocido el valor probatorio que ten\u00eda la comentada declaraci\u00f3n, el Tribunal habr\u00eda admitido que el contrato de arrendamiento celebrado por los litigantes se redujo a escrito, en los t\u00e9rminos de que da cuenta el visible en los folios 10 a 13 del cuaderno No. 1; que dicho documento fue remitido a la demandada para su revisi\u00f3n, mediante correo electr\u00f3nico enviado por la doctora G\u00f3mez Sandoval a la se\u00f1orita Paola Mora, en su condici\u00f3n de asistente de la oficina jur\u00eddica de Auto Stok S.A.; que una vez fue aprobado por esta \u00faltima, sin modificaciones, la precitada funcionaria de la demandada lo devolvi\u00f3 por la misma v\u00eda -correo electr\u00f3nico- al se\u00f1or Carlos Eduardo Alvarado Serrano; que posteriormente \u00e9ste y sus hermanos, los otros demandantes, lo firmaron y autenticaron en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de C\u00facuta; y que el d\u00eda de la entrega del inmueble materia del arrendamiento, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2012, la cual se hizo constar en acta de esa fecha igualmente elaborada por la ya varias veces mencionada declarante, los dos ejemplares del contrato escrito suscritos y legalizados por los arrendadores, fueron dejados en poder del se\u00f1or Alirio de Jes\u00fas Alarc\u00f3n Cepeda, representante legal de la accionada, para su suscripci\u00f3n, autenticaci\u00f3n y devoluci\u00f3n a los demandantes, sin que ello hubiere tenido efectiva ocurrencia. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, la precitada Corporaci\u00f3n desatendi\u00f3 el deber que ten\u00eda de valorar la pruebas en conjunto, omisi\u00f3n que le obstaculiz\u00f3 percatarse, por una parte, de la veracidad del testimonio arriba comentado, en tanto que, como ya se anot\u00f3, se abstuvo de verificar que los hechos se\u00f1alados en esa probanza, aparec\u00edan refrendados en otros elementos de juicio; y, por otra, que las negociaciones agotadas por los extremos litigiosos dio frutos, como quiera ellos s\u00ed convinieron el contrato de arrendamiento sobre el que trat\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
VI. La decisi\u00f3n a adoptar. <\/p>\n
Comprobados, como fueron, los yerros probatorios cometidos por el Tribunal y siendo notoria su transcendencia, como quiera que la incursi\u00f3n en ellos fue la que provoc\u00f3 que esa autoridad coligiera la falta de demostraci\u00f3n del contrato que vincul\u00f3 a las partes, habr\u00e1 de casarse el fallo confutado, el cual, por tanto, se derrumba completamente. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Para los fines del fallo de reemplazo, se tienen por reproducidos los antecedentes consignados como proleg\u00f3meno de la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
EL FALLO DEL A QUO <\/p>\n
1. Como se sabe, el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, al que le correspondi\u00f3 conocer del proceso, dict\u00f3 sentencia el 6 de agosto de 2014, en la que neg\u00f3 las excepciones alegadas por la demandada; declar\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento sobre el que vers\u00f3 la acci\u00f3n; estim\u00f3 que el mismo fue incumplido por Auto Stok S.A.; conden\u00f3 a \u00e9sta a pagar a los actores la suma de $600.000.000.oo, \u201ca t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, correspondiente a los c\u00e1nones de arrendamiento dejados de percibir\u201d, junto con intereses comerciales; se abstuvo de ordenar el pago de la cl\u00e1usula penal; e impuso las costas a la accionada. <\/p>\n
2. En sustento de esas determinaciones, la juzgadora adujo los fundamentos que pasan a sintetizarse: <\/p>\n
2.1. Descart\u00f3 la presencia de irregularidades que pudieran ocasionar la invalidaci\u00f3n de lo actuado y afirm\u00f3 la concurrencia de los presupuestos procesales. <\/p>\n
2.2. Tras referirse al contrato de arrendamiento, en general, y al de naturaleza comercial, con apoyo en los art\u00edculos 1495 y 1973 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como en el 2\u00ba de la Ley 56 de 1985, se ocup\u00f3 de las reglas concernientes con la \u201ccarga de la prueba\u201d, en pro de lo cual trajo a colaci\u00f3n algunos pronunciamientos, uno de la Corte Constitucional y otro de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En tal orden de ideas, descendi\u00f3 al caso sometido a su composici\u00f3n y precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico del mismo, consisti\u00f3 en establecer \u201csi efectivamente entre las partes se celebr\u00f3 [el] contrato de arrendamiento\u201d referido en la demanda. <\/p>\n
2.4. Tras enumerar la totalidad de las pruebas recaudadas, se\u00f1al\u00f3 que de ellas se concluye: <\/p>\n
2.4.1. La demandada, en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 su represente legal acept\u00f3 que \u201cse trataba de un bodegaje\u201d y acredit\u00f3 el registro ante la DIAN del negocio celebrado y de la posterior reversi\u00f3n de esa operaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4.2. Los correos electr\u00f3nicos cruzados entre las partes, allegados con la demanda y aportados por algunos testigos, fueron incorporados como prueba dentro del proceso, sin haber sido \u201ctachados, ni impugnados\u201d, am\u00e9n que el testigo t\u00e9cnico Juan Manuel Arenas Galvis certific\u00f3 que \u201cson v[\u00e1]lidos y aut\u00e9nticos\u201d, razones por las cuales, de conformidad con las previsiones de la Ley 527 de 1999, en particular, sus art\u00edculos 10\u00ba y 11, se reconoce que hacen \u201cplena prueba del contenido de los mismos\u201d. <\/p>\n
2.4.3. Los testigos Fanny G\u00f3mez Sandoval, Jorge Orlando G\u00f3mez y Hugo Alberto R\u00edos Saffi, informaron de la celebraci\u00f3n de un contrato de arrendamiento entre las partes, precisando que \u201cfue consensual y verbal, no escrito, en el que se acord\u00f3, que al lote de que da cuenta este tr\u00e1mite judicial hab\u00eda que hacerle unas inversiones, por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS (5\u2019000.000), con un incremento anual del IPC y un 3%, con una duraci\u00f3n de 10 a\u00f1os, con una [c]l\u00e1usula [p]enal de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000), con fecha de iniciaci\u00f3n el 15 de noviembre de 2012 hasta noviembre 14 de 2022\u201d. <\/p>\n
2.4.4. Ese predio, con anterioridad, estaba arrendado a un tercero, a quien, mediante proceso de restituci\u00f3n, se le solicit\u00f3 su entrega, convini\u00e9ndose con \u00e9l una suma de dinero como reconocimiento a las mejoras que realiz\u00f3, todo con conocimiento de la aqu\u00ed demandada. <\/p>\n
2.4.5. El se\u00f1or Eduardo Cadavid Mej\u00eda afirm\u00f3 que \u201cel lote se tom\u00f3 en arrendamiento por 6 meses y que en raz\u00f3n a una situaci\u00f3n de seguridad, por cuanto se les amenaz\u00f3 con incendiar los veh\u00edculos, y que seg\u00fan informe se hab\u00eda incendiado en dicho bien unos carros, por lo que se orden\u00f3 sacar los carros y el se\u00f1o[r] Julio Casas recomend\u00f3 sacar los veh\u00edculos porque el estudio de seguridad arroj[\u00f3] que ten\u00eda antecedentes, l[o] cual no nos manifest\u00f3 la persona que nos la arrend\u00f3, y se pact[\u00f3] un canon de arrendamiento de $5\u2019000.000\u201d. <\/p>\n
2.4.6. Que, en raz\u00f3n de dicha amenaza, la demandada desocup\u00f3 el inmueble. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el a quo tuvo por demostrada \u201cla existencia del contrato de arrendamiento entre las partes\u201d y, como consecuencia de ello, prosigui\u00f3 al estudio de \u201cla responsabilidad e indemnizaciones a que diere lugar el incumplimiento del mismo\u201d. <\/p>\n
3.1. En desarrollo de ello, con reproducci\u00f3n de distintos fallos proferidos por esta Corporaci\u00f3n, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, se refiri\u00f3 a la responsabilidad civil contractual, sus elementos y la deferencia que mantiene con la responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
3.2. Con apoyo en esas pautas generales, \u201clas pruebas obrantes\u201d y la circunstancia de no haberse acreditado en el proceso la mala fe de los actores, el sentenciador de primera instancia coligi\u00f3 que \u201cse debe ACCEDER A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA\u201d y conceder como indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados, a t\u00edtulo de \u201clucro cesante\u201d, el pago de \u201clas sumas pactadas y no canceladas\u201d, conforme lo convenido en el contrato, condena que impide el reconocimiento de la cl\u00e1usula penal, en torno de la cual memor\u00f3 el contenido del art\u00edculo 1592 del C\u00f3digo Civil y una sentencia de esta Sala de la Corte, que reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente, puesto que no cabe ordenarse simult\u00e1neamente la referida indemnizaci\u00f3n y el pago de esa previsi\u00f3n contractual, aserto en pro del cual trajo a colaci\u00f3n la opini\u00f3n de un autorizado tratadista nacional. <\/p>\n
4. Fruto del precedente an\u00e1lisis, adopt\u00f3 las decisiones que ya se dejaron especificadas. <\/p>\n
LA APELACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con dicho fallo, la demandada lo apel\u00f3, fincada en los siguientes argumentos: <\/p>\n
1.1. La falta de motivaci\u00f3n del prove\u00eddo cuestionado, toda vez que sus fundamentos se redujeron a la reproducci\u00f3n de m\u00faltiples fallos, sin que contenga un an\u00e1lisis serio tanto de la acci\u00f3n, como de las excepciones propuestas. <\/p>\n
1.2. El examen que se hizo del material probatorio fue \u201csesgado, sin profundidad, mirando solo la presunta verdad expuesta por la parte demandante\u201d, como quiera que los \u201ccorreos\u201d remitidos por \u00e9sta a sus apoderados \u201cno tienen ning\u00fan valor\u201d contra la accionada y porque los se\u00f1ores G\u00f3mez Sandoval, cuyos testimonios fueron escuchados en el proceso, son los verdaderos apoderados de los demandantes, quienes se abstuvieron de firmar la demanda para poder actuar como tal. <\/p>\n
1.3. No se prob\u00f3 la existencia del contrato base de la acci\u00f3n, pues las declaraciones recibidas fueron ama\u00f1adas, provinieron de personas con inter\u00e9s en el proceso, como quiera que eran los abogados de los gestores de la controversia, y no fueron ponderadas con el rigor que esa circunstancia exig\u00eda. <\/p>\n
1.4. Las excepciones propuestas no fueron estudiadas. <\/p>\n
1.5. El a quo opt\u00f3 por \u201cla pena m\u00e1s alta\u201d, como quiera que impuso el pago del lucro cesante y no de la cl\u00e1usula penal, cuyo valor era menor, que era a la que debi\u00f3 condenarse, porque \u201cpara eso fue pactada\u201d, sin que se hubiere fundamentado debidamente esa espec\u00edfica determinaci\u00f3n. <\/p>\n
1.6. No se sabe de d\u00f3nde extrajo el juzgado del conocimiento la condena por la suma de $600.000.000.oo, cuando se trata de un contrato de arrendamiento de tracto sucesivo, con un canon mensual de $5.000.000.oo, de modo que si \u201chubiese continuado, seg\u00fan la sentencia, a partir del mes de noviembre de 2012, solo llevar\u00eda 21 meses entonces c[\u00f3]mo orden[\u00f3] pagar un monto tan alto y olvid[\u00f3] la existencia de un cl\u00e1usula penal y menos cuando los demandantes tiene la posesi\u00f3n del inmueble desde noviembre de 2012\u201d. <\/p>\n
2. Al sustentar la alzada ante el superior (fls. 8 a 16, cd. 5), el apoderado de la accionada, en resumen, expuso: <\/p>\n
2.1. Con base en el art\u00edculo 1973 del C\u00f3digo Civil, identific\u00f3 los elementos esenciales del contrato de arrendamiento y a\u00f1adi\u00f3 que su plena demostraci\u00f3n correspond\u00eda a los actores, seg\u00fan las previsiones del canon 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, carga que no satisficieron, como quiera que: <\/p>\n
2.1.1. El documento que presentaron como contentivo del acuerdo, no aparece firmado por las partes. <\/p>\n
2.1.2. Los testigos no se refirieron a la celebraci\u00f3n del convenio de manera \u201cclara, precisa y determinante\u201d, habida cuenta que los se\u00f1ores G\u00f3mez Sandoval, debido a ser abogados de los demandantes, ten\u00edan inter\u00e9s directo en el proceso; los deponentes Jaime Ricardo Marthey Tello y Jorge Humberto Maldonado Mora, no tuvieron un conocimiento directo de los hechos, sino que eran testigos de o\u00eddas; el se\u00f1or Hugo R\u00edos Saffi, no \u201centreg[\u00f3] detalle alguno sobre la existencia del contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
2.1.3. Reiter\u00f3 con amplitud las cr\u00edticas de las declaraciones rendidas por los abogados Orlando y Fanny G\u00f3mez Sandoval, en cuanto a que corresponden a los verdaderos apoderados de los demandantes, a su inter\u00e9s en las resultas del litigio, a la vaguedad de sus manifestaciones en torno de la celebraci\u00f3n del contrato, a su conocimiento de las condiciones de ese presunto acuerdo de voluntades, por la informaci\u00f3n que les suministr\u00f3 el se\u00f1or Carlos Eduardo Alvarado Serrano y a la impertinencia de los documentos que presentaron. <\/p>\n
2.1.4. Ninguno de los medios de convicci\u00f3n contiene la plena y correcta identificaci\u00f3n del inmueble objeto del presunto arrendamiento. <\/p>\n
2.2. En contraste con lo anterior, afirm\u00f3 que los testimonios recibidos a solicitud de la parte demandada, que no identific\u00f3, acreditaron que, \u201cefectivamente[,] se iniciaron conversaciones para la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa\u201d con el se\u00f1or Carlos Alvarado y de sus hermanos, presuntamente representados por \u00e9ste; que en desarrollo de esa negociaci\u00f3n, tuvo lugar la entrega provisional del predio objeto de la misma; que debido a las amenazas que recibi\u00f3, aquella \u201csimplemente desisti\u00f3 de su intenci\u00f3n de comprar y decidi\u00f3 hacer entrega nuevamente del predio\u201d; y que las se\u00f1aladas amenazas, fueron \u201cciertas y probadas\u201d, debi\u00e9ndose tener en cuenta, adem\u00e1s, que con anterioridad ya \u201chab\u00eda ocurri\u00f3 un caso similar\u201d. <\/p>\n
2.3. Por aparte, reproch\u00f3 que \u201cno aparece prueba alguna del poder otorgado por los se\u00f1ores JAIME HUMBERTO y JOHANA MARGARITA ALVARADO al se\u00f1or CARLOS EDUARDO ALVARADO\u201d para la celebraci\u00f3n del presunto contrato de arrendamiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El absoluto derrumbamiento de la sentencia de segunda instancia dictada en este asunto, por efecto de la prosperidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria que los actores interpusieron contra ella, impone a la Corte el deber de desatar la apelaci\u00f3n que contra el fallo del a quo plante\u00f3 la parte demandada. <\/p>\n
2. Ning\u00fan obst\u00e1culo se encuentra para la resoluci\u00f3n de fondo de dicho recurso y, por ende, del litigio, toda vez que, como lo expres\u00f3 el juzgado del conocimiento, no se avizora la presencia de defectos que pudieran ocasionar la invalidaci\u00f3n de lo actuado y, por otra parte, se constata la concurrencia de los presupuestos procesales. <\/p>\n
3. Seg\u00fan se extracta del compendi\u00f3 que se hizo de los argumentos sustentantes de la alzada, el principal fundamento de dicho cuestionamiento fue que, en el proceso, no se demostr\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento sobre el que gir\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Tal planteamiento del censor, como es obvio entenderlo, qued\u00f3 completamente desvirtuado con el an\u00e1lisis efectuado por la Corte al desatar los dos cargos que se propusieron en casaci\u00f3n, toda vez que como resultado de ello se coligi\u00f3 la plena comprobaci\u00f3n de la referida convenci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, basta memorar: <\/p>\n
– Las partes, en la demanda y en la contestaci\u00f3n, as\u00ed como en los interrogatorios que absolvieron, admitieron que entre ellas se adelant\u00f3 una negociaci\u00f3n dirigida, en principio, al arrendamiento y\/o a la compraventa del predio identificado en el libelo introductorio. <\/p>\n
– Esos mismos medios de convicci\u00f3n, apreciados en conjunto con el \u201cACTA DE ENTREGA DE UN IMUEBLE\u201d, vista en el folio 33 del cuaderno No. 1, acreditan que el referido trato precontractual continu\u00f3, hasta la materializaci\u00f3n del arrendamiento investigado. <\/p>\n
– En procura de establecer los t\u00e9rminos definitivos de dicho acuerdo de voluntades, es muy significativa la declaraci\u00f3n rendida por la abogada Fanny G\u00f3mez Sandoval, asesora jur\u00eddica de los accionantes, la cual merece toda credibilidad, puesto que no obstante la existencia del indicado nexo profesional entre ella y los gestores del proceso, no resulta sospechosa, ni determinada por alg\u00fan inter\u00e9s indebido de la deponente, ni vers\u00f3 sobre hechos cuyo conocimiento hubiese legado a la testigo de forma indirecta sino sobre acontecimientos en los cuales intervino activamente, principalmente, la elaboraci\u00f3n del contrato de arrendamiento escrito, su remisi\u00f3n a la demandada, la aprobaci\u00f3n y devoluci\u00f3n del mismo por parte de \u00e9sta, la suscripci\u00f3n y autenticaci\u00f3n del documento por la totalidad de los aqu\u00ed accionantes, en calidad de arrendadores, la entrega del mismo ya diligenciado al representante legal de Auto Stok S.A. en la diligencia de entrega, con el compromiso de retornarlo a aqu\u00e9llos una vez lo hubiera firmado y autenticado, lo que luego no hizo, y la entrega del predio a la arrendataria el d\u00eda 15 de noviembre de 2012. <\/p>\n
– La declaraci\u00f3n en precedencia comentada guarda armon\u00eda con otros elementos de juicio, particularmente, el interrogatorio de parte absuelto por el repres\u00e9ntate legal de la convocada, en el que admiti\u00f3 expresamente que Eduardo Cadavid era el gerente comercial de la empresa en la ciudad de C\u00facuta y la se\u00f1orita Paola Mora la asistente jur\u00eddica en esta capital; el documento sin firmas que aparece en los folios 10 a 13 del cuaderno principal, el cual, si bien es verdad, no es prueba del contrato de arrendamiento, como tal, si es demostrativo de los t\u00e9rminos del acuerdo al que llegaron las partes en relaci\u00f3n con el mismo; los correos electr\u00f3icos de env\u00edo a la demandada de dicho escrito y de devoluci\u00f3n por parte de \u00e9sta del mismo, una vez aprob\u00f3 su contenido; el dictamen y el testimonio rendidos por el experto Juan Manuel Arenas Galvis, quien certific\u00f3 la veracidad y autenticidad de tales mensajes de datos; y el acta contentiva de la diligencia de entrega. <\/p>\n
– La ponderaci\u00f3n conjunta de las pruebas que se dejan relacionadas, igualmente acredita la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento de que se trata en los t\u00e9rminos indicados en la demanda. <\/p>\n
3.2. En punto de la correspondencia de la declaraci\u00f3n rendida por la abogada G\u00f3mez Sandoval con otros elementos de juicio, debe complementarse que obra en el proceso el testimonio del arquitecto Hugo Alberto R\u00edos Saffi (fls. 58 a 60, cd. 3), el cual no fue analizado en desarrollo del recurso de casaci\u00f3n, como quiera que no estuvo comprendido por las censuras. <\/p>\n
El nombrado manifest\u00f3 haber asistido, por invitaci\u00f3n que le hizo el se\u00f1or Carlos Eduardo Alvarado Serrano, a varias reuniones de \u00e9ste con Eduardo Cadavid, en las que se trat\u00f3 el tema del contrato de arrendamiento por ellos pretendido, raz\u00f3n por la que se enter\u00f3 del mismo. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que el precitado se\u00f1or le solicit\u00f3 hacer una \u201cpropuesta arquitect\u00f3nica para construir [una] sala de ventas y [un] taller en el lote que estaban negociando en la v\u00eda a [S]an [A]ntonio frente al bun[k]er\u201d, lo que en efecto hizo, remitiendo, en atenci\u00f3n a la petici\u00f3n de aqu\u00e9l, el proyecto al se\u00f1or Alirio de Jes\u00fas Alarc\u00f3n Cepeda, v\u00eda internet, que corresponde al que figura en los folios 29 a 32 del cuaderno principal. <\/p>\n
Asever\u00f3 haber asistido a la entrega del predio al precitado representante legal de la demandada y que, en desarrollo de esa diligencia, se firm\u00f3 el acta donde se dej\u00f3 constancia de su realizaci\u00f3n y \u201cse le entreg\u00f3 el cont[rato] al se\u00f1or [A]lirio Alarc\u00f3n firmado por la familia Alvarado y [\u00e9]l manifest\u00f3 que le permitieran llevarse el contrato para firmarlo m\u00e1s [a]dela[n]t[e] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.3. Por otra parte, es del caso poner de presente que se recibi\u00f3 testimonio al abogado Jorge Orlando G\u00f3mez Sandoval (fls. 52 a 58, cd. 3), quien desde el relato espont\u00e1neo que al inicio hizo, dej\u00f3 en claro que \u201clo que se y me consta de manera directa, [e]s que en los meses de [sep]t[ie]mbre y octubre del a\u00f1o 2012, se iniciaron unas negociaciones entre los hermanos Alvarado Serrano, representados para ese negocio por el se\u00f1or Carlos Eduardo, con la sociedad [A]uto [S]tok, en procura de arrendarle un lote que queda ubicado en la autopista internacional a San Antonio del T\u00e1chira a la margen derecha, y detr\u00e1s queda como referencia la urbanizaci\u00f3n [S]ierra [N]evada y al frente el concesionario de la Toyota, lo que me consta es que se realizaron unas negociaciones como en todo negocio, en las que yo particip[\u00e9] de manera directa, conoc\u00ed al se\u00f1or Eduardo Cad[av]id, que es el gerente comercial de [A]uto [S]tok, esto lo digo porque acompa\u00f1[\u00e9] al se\u00f1or Carlos Alvarado Serrano a habla[r] con \u00e9l en por lo menos 2 oportunidades\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en esas conversaciones se evalu\u00f3 \u201cla posibilidad de venta o arrendamiento, valga la verdad, del lote al cual acabo de referirme frente a la sociedad [A]uto [S]tok\u201d. Tras identificar el lugar donde tuvieron ocurrencia las reuniones, el deponente especific\u00f3 que cuando se tom\u00f3 la decisi\u00f3n del arrendamiento, en el mes de octubre, el se\u00f1or Cadavid hizo contacto telef\u00f3nico con el se\u00f1or Alirio de Jes\u00fas Alarc\u00f3n Cepeda y se discuti\u00f3 el valor del canon y de su reajuste, acord\u00e1ndose al final que el incremento anual ser\u00eda del IPC m\u00e1s 3 puntos y que al lote hab\u00eda que hacerle adecuaciones importantes con maquinaria pesada, encerrarlo y construir mejoras. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u201cse habl\u00f3 tambi\u00e9n ese d\u00eda[,] de la necesidad de construir una [s]ede que (\u2026) fuera representativ[a] para la[s] marcas de los veh\u00edculos de ellos y que les permitiera[,] por la gran inversi\u00f3n que iban a realizar[,] un tiempo realmente considerable por eso se discuti\u00f3 y se acord\u00f3 que deb\u00eda ser por lo menos 10 a\u00f1os para el retorno de la inversi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adelante ratific\u00f3 el conocimiento de los hechos por \u00e9l relatados, habida cuenta que \u201cparticip[\u00e9] y tuve conocimiento de todo el negocio o formalizaci\u00f3n del contrato entre comillas, en virtud a que fui durante varios a\u00f1os abogado asesor (\u2026) de las empresas del grupo [A]l[v]ar[a]do [S]errano y despu\u00e9s que me retir[\u00e9] de esa co[n]dici[\u00f3]n [h]e mant[en]i[d]o un contacto directo y permanente y se consultan a[\u00fa]n algunas decisiones y se com[uni]can algunas otras, por temas que yo llamar[\u00ed]a de confianza y de conveniencia comercial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Preguntado sobre las espec\u00edficas condiciones del contrato acordadas, se\u00f1al\u00f3 que el arrendamiento fue \u201cpara montar all\u00ed un negocio correspondiente a un concesionario, para la ve[n]ta de veh\u00edculos automotores (\u2026) y para actividades con[ex]as que ellos realizaban, en cuanto a la duraci\u00f3n se acord\u00f3[,] como ya lo dije anteriormente[,] 10 a\u00f1os como tiempo de duraci\u00f3n del contrato[,] iniciaba e inici[\u00f3] en el [m]es de noviembre del a\u00f1o 2012, si no estoy mal para el 15 d[e] noviembre s[e] pact[\u00f3] la fecha de inicio y se pact[\u00f3] para culminar para el mes de noviembre del 2022, en cuanto al canon fijaron[,] se concret[\u00f3] entre las partes[,] seg\u00fan me consta de manera directa[,] [l]a suma de 5 mil[l]ones de pesos mensuales, en cuanto a un reajuste [l]e confirmo lo que en la \u00e9poca prec[o]ntractual se trat[\u00f3] de manera directa en conversaci\u00f3n e[n] l[a] que particip[\u00e9] entre los se\u00f1ores Eduardo [C]adavid, [A]lirio Alarc\u00f3n y Carlos Alvarado, es decir, el reajuste que se habl[\u00f3] ese d[\u00ed]a y en mi presencia fue del [I]PC m[\u00e1]s un 5 a 3%[,] se acordaron re[a]l[i]zar algunas obras o mejoras, par[a] poder ejercer [a]ll[\u00ed] la[s] actividades [del] arrendatario, cuya cuant\u00eda no se defini\u00f3, se dijo que era un[a] [o]bra de gran magnitud y por eso el t[\u00e9]rmino que ellos pidieron (…), esas mejoras recuerdo, quedar\u00edan a favor de los arrendadores al finalizar el contrato, a menos que se decidiera e[n] el curs[o] de la ejecuci\u00f3n d[e]l contrato alguna otra situaci\u00f3n entre las partes\u201d. <\/p>\n
Descart\u00f3 que tanto el arrendamiento como la entrega que se hizo del predio, hubiese sido \u201cprovisional\u201d; refiri\u00f3 que el inmueble se encontraba arrendado a un tercero y la forma c\u00f3mo se obtuvo la entrega del mismo por parte de \u00e9ste; y coment\u00f3 el antecedente consistente en el atentado que sufri\u00f3 dicho arrendatario, en relaci\u00f3n con el cual observ\u00f3 que el mismo no tuvo ninguna relaci\u00f3n con los hermanos Alvarado Serrano y que fue de p\u00fablico conocimiento. <\/p>\n
Como se ve, esta declaraci\u00f3n es igualmente demostrativa de la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento investigado y de sus condiciones, sin que el nexo admitido por el propio deponente, de haber sido asesor jur\u00eddico de los demandantes y, m\u00e1s exactamente, de sus empresas y de continuar manteniendo una gran cercan\u00eda con ellas, al punto de seguir prestando su concurso profesional en ciertos temas, impida reconocer veracidad a su dicho, toda vez que es notorio que los hechos por \u00e9l relatados, encuentran respaldo en las dem\u00e1s pruebas del proceso, conforme el an\u00e1lisis que ya se hizo al desatarse el recurso de casaci\u00f3n que los accionantes interpusieron contra la sentencia del ad quem, complementado, claro est\u00e1, con las apreciaciones precedentes. <\/p>\n
3.4. En definitiva, ninguna duda queda sobre la comprobaci\u00f3n en el plenario del acuerdo de voluntades base de la acci\u00f3n y de los t\u00e9rminos del mismo. <\/p>\n
4. Tampoco ofrece incertidumbre el tema del incumplimiento del contrato por parte de la demandada, toda vez que en los interrogatorios de parte absueltos por su representante legal, \u00e9ste dej\u00f3 en claro que Auto Stok S.A. no hizo pagos por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento; que si bien, en principio, se diligenci\u00f3 una factura por los seis primeros meses de arriendo, esa operaci\u00f3n fue reversada ante la DIAN; y que, al final, se realiz\u00f3 un abono por $5.000.000.oo, como reconocimiento de los d\u00edas que el predio fue ocupado por la accionada, pago que no se acredit\u00f3 y, mucho menos, con prueba proveniente de la parte actora. <\/p>\n
5. La inconformidad del apelante, relativa a que la sentencia de primera instancia carece de fundamentos, es inadmisible, puesto que como ya se registr\u00f3, al compendiarse su contenido, en ella se determin\u00f3 la inexistencia de nulidades y la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales; se establecieron los elementos esenciales del contrato de arrendamiento; se identificaron las pruebas practicadas; se ponderaron las que guiaron el juicio del juzgador; se coligi\u00f3 que con ellas se acredit\u00f3 la existencia de la convenci\u00f3n en la que se sustent\u00f3 la acci\u00f3n y su incumplimiento por parte de la demandada; se asever\u00f3 que en el proceso no se demostr\u00f3 la mala fe de los actores; se infiri\u00f3 el deber que surg\u00eda para aquella de reparar los perjuicios que ocasion\u00f3 a los accionantes; y se concluy\u00f3 que su indemnizaci\u00f3n deb\u00eda limitarse al lucro cesante, correspondiente al dinero que ellos dejaron de percibir por c\u00e1nones de arrendamiento lo que, al tiempo, la llev\u00f3 a descartar la procedencia de reconocer la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
6. Siguiendo con los reproches del censor, es del caso se\u00f1alar que el a quo neg\u00f3 la prosperidad de todas y cada una de las excepciones propuestas por la parte demandada, sin explicitar las razones en las que sustent\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se impone efectuar el estudio de los mecanismos defensivos aducidos, en procura de desentra\u00f1ar si, como lo resolvi\u00f3 el sentenciador de primera instancia, fue acertado disponer su fracaso o, por el contrario, alguno de ellos contrarresta, en todo o en parte, la acci\u00f3n. <\/p>\n
6.1. Viene de afirmarse la plena comprobaci\u00f3n del contrato de arrendamiento ajustado entre las partes base de la acci\u00f3n y de sus t\u00e9rminos. <\/p>\n
Esa inferencia de la Corte desvirt\u00faa, por s\u00ed sola, las excepciones de \u201cINEXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO\u201d y \u201cFALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA Y ACTIVA\u201d, en tanto que las dos, por igual, est\u00e1n soportadas en que esa convenci\u00f3n no se celebr\u00f3. <\/p>\n
6.2. El juzgador de primera instancia, frente a las solicitudes elevadas en la demandada dirigidas a que se condenara a la accionada a pagar a los actores tanto \u201c[l]a suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600\u2019000.000) a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por lucro cesante que corresponde a los c\u00e1nones de arrendamiento dejados de recibir\u201d, como la de \u201cCIEN MILLONES DE PESOS ($100\u2019000.000) correspondiente al da\u00f1o emergente que est\u00e1 representado en la cl\u00e1usula penal pecuniaria pactada contractualmente\u201d, opt\u00f3 por acceder a lo primero y negar lo segundo, como quiera que estim\u00f3 que ese inicial reconocimiento imped\u00eda imponer el otro concepto, estimaci\u00f3n que finc\u00f3 en un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Independiente de la validez de tal apreciaci\u00f3n jur\u00eddica, es lo cierto que los demandantes, \u00fanicos interesados en combatirlo, no expresaron ninguna inconformidad al respecto, raz\u00f3n por la cual forzoso es concluir que esa espec\u00edfica determinaci\u00f3n, es cuesti\u00f3n juzgada y firme en el proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta patente que, por sustracci\u00f3n de materia, no hay lugar a resolver las defensas concernientes con la \u201cINEXIGIBILIDAD\u201d y la \u201cREDUCCI\u00d3N DE LA CL\u00c1USULA PENAL\u201d puesto que, se reitera, el a quo neg\u00f3 el pago de la misma. <\/p>\n
6.3. Ning\u00fan acogimiento merece la excepci\u00f3n de \u201cINEXIGIBILIDAD DE (\u2026) LOS PERJUICIOS\u201d, fincada en la falta de constituci\u00f3n en mora de la demandada, seg\u00fan la previsi\u00f3n del art\u00edculo 1595 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Art. 1608.- El deudor est\u00e1 en mora: <\/p>\n
1\u00ba) Cuando no ha cumplido la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; <\/p>\n
2\u00ba) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; <\/p>\n
3\u00ba) En los dem\u00e1s casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. <\/p>\n
Se a\u00f1ade a lo anterior, la inaplicabilidad del art\u00edculo 1595 de la precitada obra a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, en tanto que dicha disposici\u00f3n se refiere \u00fanicamente a la \u201cpena\u201d. Establece el precepto: \u201cH\u00e1yase o no estipulado un t\u00e9rmino dentro del cual deba cumplirse la obligaci\u00f3n principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligaci\u00f3n es positiva. (\u2026). Si la obligaci\u00f3n es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse\u201d (se subraya). <\/p>\n
Rotundo es, por lo tanto, el fracaso de la analizada defensa. <\/p>\n
6.4. Adujo el excepcionante la \u201cIMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACI\u00d3N DE PERJUICIOS\u201d, habida cuenta su ilegalidad, derivada del hecho de que en el contrato se estipul\u00f3 una cl\u00e1usula penal, definida en el art\u00edculo 1592 del C\u00f3digo Civil, la cual ten\u00eda un doble fin, \u201cpor una parte ejerce una funci\u00f3n coercitiva: que el deudor tenga un \u00e1nimo para el cumplimiento exacto de aquella prestaci\u00f3n a la que viene obligado con car\u00e1cter principal y por otra parte, tiene una funci\u00f3n liquidatoria, sustitutiva de los da\u00f1os y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, que las partes han procedido a valorar anticipadamente\u201d, tesis que sustent\u00f3 con la reproducci\u00f3n de un segmento de un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan voces del art\u00edculo 1600 del C\u00f3digo Civil, \u201c[n]o podr\u00e1 pedirse a la vez la pena y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, a menos de haberse estipulado as\u00ed expresamente; pero siempre estar\u00e1 al arbitrio del acreedor pedir la indemnizaci\u00f3n o la pena\u201d (se subraya). <\/p>\n
Con otras palabras, incluso en el caso de que en el contrato se haya estipulado una cl\u00e1usula penal como estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios, el contratante cumplido siempre tiene la opci\u00f3n de pedir aquella o el resarcimiento de estos \u00faltimos efectivamente ocasionados, con la diferencia, claro est\u00e1, de que si escoge lo primero, no gravita sobre \u00e9l demostrar la causaci\u00f3n del da\u00f1o ni su cuant\u00eda, mientras que si reclama la reparaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n que ha sufrido, s\u00ed corre con la carga de acreditar su ocurrencia y su monto. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, seg\u00fan pasa a reproducirse: <\/p>\n
(\u2026) Tal funci\u00f3n indemnizatoria tiene hondo significado pr\u00e1ctico, pues, am\u00e9n de que presupone la existencia de tales perjuicios ante un eventual incumplimiento, dispensan al acreedor de la carga de demostrar su monto. <\/p>\n
Ahora bien, quien se beneficia de su aplicaci\u00f3n es el acreedor en contra del deudor incumplido, y justamente por ser as\u00ed no puede levantarse como barrera que, en vez de otorgarle provecho a aqu\u00e9l, conduzca a disminuir el derecho que le asiste en todos los casos a obtener la plena indemnizaci\u00f3n de perjuicios; de all\u00ed que si bien es cierto que el acreedor no puede pedir a la vez la indemnizaci\u00f3n compensatoria y la pena estipulada para satisfacer una indemnizaci\u00f3n de la misma \u00edndole, porque si as\u00ed fuera evidentemente se propiciar\u00eda un enriquecimiento indebido a su favor y en contra del deudor, no es menos verdad que \u2018siempre estar\u00e1 al arbitrio del acreedor pedir la indemnizaci\u00f3n o la pena\u2019, como dispone el art\u00edculo 1600 del C. Civil. <\/p>\n
(\u2026) Quiere decir lo anterior que, en casos como el presente, donde se haya pactado la cl\u00e1usula penal en funci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n compensatoria -la moratoria es compatible con la cl\u00e1usula penal, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 1594-, el acreedor puede optar por lo que mejor le convenga: si menos indemnizaci\u00f3n pero liberado de la carga de demostrar perjuicios y su monto, o m\u00e1s indemnizaci\u00f3n, con prescindencia de la cl\u00e1usula penal que contempla una menor, pero asumiendo esa carga probatoria; opci\u00f3n que concretada en la demanda respectiva no puede ser variada a instancia del deudor invoc\u00e1ndola en su favor, ni por el juez porque no solo debe cumplir con tal precepto que consagra esa opci\u00f3n, sino porque para proferir su fallo debe ce\u00f1irse a los hechos y pretensiones de la demanda, so pena de caer en incongruencia (CSJ, SC del 7 de junio de 2002, Rad. n.\u00b0 7320; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
Corolario de la previsi\u00f3n legal que se comenta, es que la consagraci\u00f3n de una cl\u00e1usula penal del advertido linaje, no torna improcedente y, mucho menos, ilegal la solicitud del acreedor de que se condene al deudor al pago de los perjuicios derivados del incumplimiento del \u00faltimo, como en desarrollo de la excepci\u00f3n analizada lo plante\u00f3 la demandada. Por consiguiente, la defensa esgrimida carece de raz\u00f3n. <\/p>\n
6.5. Con sustento en la amenaza proveniente de terceros, efectuada a los pocos d\u00edas de la entrega del predio arrendado, consistente en que quemar\u00edan los veh\u00edculos guardados y exhibidos all\u00ed, lo que ya le hab\u00eda ocurrido al anterior arrendatario, la accionada aleg\u00f3 \u201cCULPA EXCLUSIVA DE TERCEROS, CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y BUENA FE\u201d de su parte. <\/p>\n
El apoderado de la demandada, en suma, explic\u00f3 que \u201c[s]i hubo alg\u00fan incumplimiento de mi mandante y se llegar[e] a probar la existencia del contrato, que no fue as\u00ed, pues fueron charlas precontractuales, fue por culpa exclusiva de terceros, por caso fortuito y fuerza mayor, que los exime de cualquier sanci\u00f3n, pues nunca hubo intenci\u00f3n de no cumplir o no firmar, sino que simplemente se debi\u00f3 a las amenazas proferidas, que no son simples amenazas, teniendo en cuenta los antecedentes sufridos por otra empresa de id\u00e9nticas condiciones\u201d. <\/p>\n
Incluso, en el supuesto de dar por plenamente probado el hecho amenazante relatado por la accionada, resulta claro que dicha actividad de terceros no califica como fuerza mayor y caso fortuito, en tanto que no cumple los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad que caracterizan esa figura jur\u00eddica. <\/p>\n
Es que, como lo inform\u00f3 la propia excepcionante, un hecho m\u00e1s grave todav\u00eda ya hab\u00eda tenido ocurrencia, como fue la quema de varios automotores al anterior arrendatario, acontecimiento precedente que torn\u00f3 en previsible que algo similar pudiera volver a pasar, m\u00e1s en la \u00e9poca y lugar en que ello aconteci\u00f3, tiempo caracterizado por la frecuente realizaci\u00f3n de actividades por parte de organizaciones delincuenciales dirigidas a obtener de los comerciantes e industriales sumas peri\u00f3dicas de dinero a cambio de permitirles desarrollar sus actividades, estado de cosas que igualmente conduce a descartar que la amenaza sobrevenida tuviese el car\u00e1cter de imprevisible. <\/p>\n
Se a\u00f1ade a lo anterior que el comentado hecho tampoco luce como cuesti\u00f3n irresistible, en tanto que con la adopci\u00f3n de medidas especiales de seguridad y el efectivo concurso de las autoridades, hubiese sido posible impedir que la amenaza se materializara. <\/p>\n
En un caso en el que el hecho alegado como constitutivo de fuerza mayor y caso fortuito fueron las maniobras que realiz\u00f3 el tercero para retirar de un almac\u00e9n de dep\u00f3sito la mercanc\u00eda que le hab\u00eda sido confiada por el depositante, que incluy\u00f3 la falsificaci\u00f3n de los documentos para la obtener la entrega de los productos, la Corte, como en el presente caso, neg\u00f3 que ese hecho il\u00edcito tuviera la condici\u00f3n de tal, ocasi\u00f3n en la que efectu\u00f3 el siguiente an\u00e1lisis: <\/p>\n
Como se dijo en antes, el episodio que transita por la Corte se reduce a esclarecer si la falsedad y el hurto cometidos por un tercero para sustraer las mercanc\u00edas depositadas en un almac\u00e9n general de dep\u00f3sito, son hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, pues a la luz del art\u00edculo 34 del Decreto 663 de 1993 esas son las \u00fanicas causales de exoneraci\u00f3n. La respuesta a dicho interrogante para el caso particular, es negativa, pues examinadas las aristas constitutivas del evento que juzga la Corte tales actos, la falsedad y el hurto, a m\u00e1s de previsibles y resistibles, en l\u00ednea de principio, no fracturan el nexo causal y por lo tanto no implican exoneraci\u00f3n de responsabilidad del depositario. <\/p>\n
En el pasado, y siempre con la mirada en cada episodio, dos elementos han sido analizados por la Corte para que un hecho pueda ser considerado como evento de \u2018fuerza mayor o caso fortuito -fen\u00f3menos sim\u00e9tricos en sus efectos-, es necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de s\u00fabito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto de determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, queda sometido irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora. Imprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situaci\u00f3n invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categor\u00eda gen\u00e9rica de causa extra\u00f1a, puede ser considera como tal. En torno a tales requisitos, la Corte ha puntualizado que si \u2018el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por m\u00e1s s\u00fabito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor\u2026 (G. J. Tomos. LIV, p\u00e1gina, 377, y CLVIII, p\u00e1gina 63)\u2019, siendo necesario, claro est\u00e1, \u2018examinar cada situaci\u00f3n de manera espec\u00edfica y, por contera, individual\u2019, desde la perspectiva de los tres criterios que permiten, en concreto, establecer si el hecho es imprevisible, a saber: \u20181) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realizaci\u00f3n, y 3) El concerniente a su car\u00e1cter inopinado, excepcional y sorpresivo\u2019 (Sentencia de 23 de junio de 2000; exp.: 5475). Y en relaci\u00f3n con la irresistibilidad, ha predicado la Sala que un hecho es irresistible, \u2018en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente -sojuzgado por el suceso as\u00ed sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad m\u00e1s o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fen\u00f3meno liberatorio del que viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito’ (Sentencia de 26 de noviembre de 1999; exp.: 5220)\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 26 de julio de 2005, Exp. No. 06569-02). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo dicho, la Corte ha reiterado que los citados elementos del caso fortuito o la fuerza mayor deben concurrir en el hecho que invoca el deudor como eximente de la responsabilidad demandada, \u2018de forma que si se verifica uno de ellos, pero no los dos, no ser\u00e1 posible concederle eficacia alguna, ya que esta es bipolar\u2019 (Sent. Cas. Civ. 23 de junio de 2000, Exp. No. 5475). <\/p>\n
Frente a la responsabilidad contractual ha puntualizado la Corte los anteriores postulados, al decir que para que la fuerza mayor o el caso fortuito tengan la entidad suficiente para producir el efecto liberatorio esperado por el deudor, no s\u00f3lo hay que examinar la naturaleza misma del hecho sino \u2018indagar tambi\u00e9n si \u00e9ste re\u00fane, con respecto a la obligaci\u00f3n inejecutada, los siguientes caracteres: a) No ser imputable al deudor, b)No haber concurrido con una culpa de \u00e9ste, sin la cual no se habr\u00eda producido el perjuicio inherente al cumplimiento contractual; c) ser irresistible, en el sentido que no haya podido ser impedido y que haya colocado al deudor -dominado por el acontecimiento- en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligaci\u00f3n; d) Haber sido imprevisible, es decir que no haya sido suficientemente probable para que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra \u00e9l, aunque por lo dem\u00e1s haya habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda clase de acontecimiento, una posibilidad vaga de realizaci\u00f3n\u2019 (Cas. Civ. de 5 de julio de 1935)\u2019 (Sent. Cas. Civ. de 4 de julio de 2002, Exp. No. 6461). <\/p>\n
Fruto de los anteriores precedentes emerge la conclusi\u00f3n de que el contratante que alega el caso fortuito o la fuerza mayor como eximente de responsabilidad contractual, debe demostrar a m\u00e1s de los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, que no contribuy\u00f3 por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en la realizaci\u00f3n del hecho, pues si de lo que se trata es de fracturar la relaci\u00f3n entre la actuaci\u00f3n del deudor y el resultado contractual no deseado, la existencia de una conducta inapropiada de dicho deudor, permitir\u00eda mantener el lazo causal y le har\u00eda atribuible el resultado da\u00f1oso. <\/p>\n
Y analizadas las circunstancias que rodean este episodio a la luz de las anteriores premisas, juzga la Corte que la falsificaci\u00f3n de un documento y la utilizaci\u00f3n del mismo por un tercero para retirar irregularmente mercanc\u00eda de un Almac\u00e9n General de Dep\u00f3sito, en la forma como se present\u00f3 en este litigio, no constituye un evento de caso fortuito o fuerza mayor, pues tal fen\u00f3meno carece, en el contexto de los hechos, de los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad, y ausencia de intervenci\u00f3n del deudor, que deben acompa\u00f1ar los medios exonerativos aludidos. <\/p>\n
En cuanto a la imprevisibilidad e irresistibilidad, es claro que, de modo general, el hurto y la utilizaci\u00f3n de documentos falsos constituyen hechos de ordinaria ocurrencia, tan probable, que no originan sorpresa asombro o desconcierto a un deudor razonablemente precavido ante la inusitada frecuencia con que suelen presentarse; tambi\u00e9n es n\u00edtido que adoptadas las medidas adecuadas, se logran conjurar situaciones similares. La Corte ha expresado que cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerante de responsabilidad deber\u00e1 probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible, pues \u2018…en tanto sea posible prever la realizaci\u00f3n de un hecho susceptible de oponerse a la ejecuci\u00f3n de un contrato, y que este evento pueda evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Sin duda el deudor puede verse en la imposibilidad de ejecutar la prestaci\u00f3n que le corresponde, pero su deber de previsi\u00f3n le permitir\u00e1 evitar encontrarse en semejante situaci\u00f3n (\u2026) La presunci\u00f3n de culpa que acompa\u00f1a a quien no ha ejecutado el contrato, no se destruye por la simple demostraci\u00f3n de la causa del incumplimiento cuando el hecho as\u00ed se\u00f1alado es de los que el deudor est\u00e1 obligado a prever o impedir. Por ejemplo, el robo y el hurto son hechos que se pueden prever y evitar con s\u00f3lo tomar las precauciones que indique la naturaleza de las cosas\u2026’ (G.J.LXIX, pag. 555)\u2019 (Sent. Cas. Civ. de 19 de julio de 1996, Exp. No. 4469) (CSJ, SC del 21 de noviembre de 2005, Rad. n.\u00b0 1995-07113-01). <\/p>\n
De suyo, entonces, as\u00ed se admita que la amenaza referida tuvo ocurrencia en la forma como lo acredit\u00f3 la excepcionante, ese hecho, en s\u00ed mismo considerado, no es una fuerza mayor y caso fortuito y, por lo mismo, no configura un exonerante de la responsabilidad que le endilgaron los gestores de este asunto litigioso. <\/p>\n
6.6. Finalmente debe decirse que en relaci\u00f3n con \u201cMALA FE DE LOS DEMANDANTES\u201d el a quo asever\u00f3 su falta de demostraci\u00f3n, apreciaci\u00f3n esta que, pese a no ser m\u00e1s, es suficiente para descartar la excepci\u00f3n alegada, raz\u00f3n por la cual el cuestionamiento que respecto de este preciso tema cab\u00eda formularse debi\u00f3 estar dirigido a desvirtuar esa contundente conclusi\u00f3n f\u00e1ctica de sentenciador de primera instancia, labor\u00edo que brilla por su ausencia en la actividad impugnaticia de la apelante. <\/p>\n
6.7. Corolario de lo analizado, es que, pese a que el a quo no explicit\u00f3 las razones para ello, la decisi\u00f3n desestimatoria de las excepciones alegadas por la accionada fue correcta y, por lo tanto, debe ser confirmada. <\/p>\n
7. En cuanto ata\u00f1e a los motivos de la apelaci\u00f3n, queda por decir que, seg\u00fan ya se estudi\u00f3, el sentenciador de primera instancia no escogi\u00f3 por capricho suyo, el resarcimiento del perjuicio por lucro cesante como \u00fanico factor indemnizatorio sino que, obligado como estaba, a resolver la petici\u00f3n que en tal sentido elevaron los actores, coligi\u00f3 su pertinencia y, como consecuencia de ello, la improcedencia de reconocer la cl\u00e1usula penal, pedimento que tambi\u00e9n ten\u00eda que resolver, lo que en definitiva lo llev\u00f3 a conceder la primera de tales solicitudes y a negar la segunda. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la condena que impuso, dej\u00f3 en claro que ella correspond\u00eda a \u201clas sumas pactadas y no canceladas conforme a las cl\u00e1usulas convenidas dentro del contrato de arrendamiento\u201d, es decir, a las que dejaron de percibir los accionantes como consecuencia del incumplimiento contractual de la demandada. <\/p>\n
8. A nada conduce la \u00faltima queja de la apelaci\u00f3n, sustentada en la falta del poder de los hermanos Jaime Humberto y Johana Margarita Alvarado Serrano a Carlos Eduardo Alvarado Serrano para que los representara en la negociaciones que desembocaron en el contrato de arrendamiento base de la acci\u00f3n, puesto que si los dos primeros suscribieron y autenticaron el documento escrito en el que se recogi\u00f3 esa convenci\u00f3n, como se comprob\u00f3 en el proceso, ello significa que hicieron suyo el acuerdo de voluntades y que, independientemente, de si estuvieron ausentes o representados por el \u00faltimo en la fase precontractual, es lo cierto que adoptaron los t\u00e9rminos definitivos del acuerdo de voluntades y actuaron como arrendadores directos. <\/p>\n
9. No habi\u00e9ndose abierto camino la apelaci\u00f3n examinada, propio es colegir que habr\u00e1 de confirmarse la sentencia fustigada con esa impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 29 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Civil – Familia, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo; y actuando en sede de segunda instancia, CONFIRMA la que en ese mismo asunto dict\u00f3 el 6 de agosto de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander. Las costas en segunda instancia corren por cuenta de la apelante. Como agencias en derecho, se fija la suma de $6.000.000.oo. Por la Secretar\u00eda del ad quem pract\u00edquese oportunamente la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC5185-2021 (2013-00038-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC5185-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54405-31-03-001-2013-00038-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de octubre de dos mil veintiuno) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que los demandantes JAIME HUMBERTO, JOHANA MARGARITA y CARLOS EDUARDO ALVARADO SERRANO interpusieron […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}