SC5226-2021 (2008-00204-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC5226-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-008-2008-00204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario seguido por Bertha Solano Gonz\u00e1lez contra el recurrente y \u00c9dgar Eparquio Gonz\u00e1lez P\u00e1ez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con demanda repartida al Juzgado 8\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la demandante pretende que se declaren absolutamente simulados los contratos de compraventa celebrados por Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya -como vendedor- y Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez P\u00e1ez -como comprador-, contenidos en las escrituras p\u00fablicas 4364 y 4365, otorgadas el 18 de octubre de 2005 en la notar\u00eda 54 de Bogot\u00e1. Referidas, la primera, a dos inmuebles situados en Bogot\u00e1, identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00b0 50C-1455403 (apartamento) y 50C-1455404 (parqueadero). Y la segunda, a un lote de terreno situado en el municipio de Apulo con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 166-0056244. <\/p>\n
Que, en consecuencia, se cancelen las escrituras y sus registros, se decrete la nulidad absoluta de esos actos y se cancelen todos aquellos actos posteriores a la demanda. <\/p>\n
Asimismo, que como secuela de la simulaci\u00f3n, se aplique la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil por el ocultamiento de bienes inmuebles, realizado con el prop\u00f3sito de defraudar a la sociedad patrimonial de la demandante con Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya. <\/p>\n
B. Causa petendi <\/p>\n
La actora relata que entre Tiberio Gonz\u00e1lez y Bertha Solano se inici\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, desde el 10 de noviembre de 1995 hasta el 14 de octubre de 2005. El Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, con sentencia del 7 de mayo de 2007, declar\u00f3 que esa uni\u00f3n marital existi\u00f3 desde la primera fecha y hasta el 12 de junio de 2005. Esa decisi\u00f3n fue apelada. <\/p>\n
En vigencia de la aludida uni\u00f3n marital, Tiberio adquiri\u00f3 dos lotes en el municipio de Apulo, los cuales fueron englobados, y en los que los compa\u00f1eros construyeron una casa de habitaci\u00f3n con todos los servicios. Asimismo, adquirieron los inmuebles situados en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Todos estos bienes fueron vendidos en forma inconsulta y de mala fe por Tiberio Gonz\u00e1lez a Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez P\u00e1ez, con las escrituras indicadas en precedencia, con la finalidad de no dejar ning\u00fan bien a su excompa\u00f1era permanente. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de los demandados y tr\u00e1mite en primera instancia <\/p>\n
1. En tiempo, Tiberio Gonz\u00e1lez se opuso a las pretensiones. Aleg\u00f3 que la demandante carec\u00eda de inter\u00e9s para promover la acci\u00f3n en vista de que la referida sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d. Rechaz\u00f3 la mayor parte de los hechos y formul\u00f3 como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3 \u201cinexistencia de simulaci\u00f3n\u201d, por tratarse de actos jur\u00eddicos reales; \u201cfalta de personer\u00eda para incoar como tercero la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u201d, por cuanto Tiberio Gonz\u00e1lez adquiri\u00f3 los referidos inmuebles con recursos propios y con cr\u00e9ditos de entidades financieras; \u201cimprocedencia de la cancelaci\u00f3n del registro y de las escrituras\u201d; \u201cimprocedencia de la solicitud de ineficacia de actos posteriores\u201d e \u201cindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d, en vista de que en la pretensi\u00f3n s\u00e9ptima se alude a la nulidad absoluta sin indicar la causal. Finalmente, se formul\u00f3 \u201cinexistencia de causa o presupuestos para dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil\u201d, porque Tiberio Gonz\u00e1lez no tiene relaci\u00f3n patrimonial con la demandante. <\/p>\n
2. Dej\u00f3 constancia el juzgado de que el demandado Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez fue notificado del auto admisorio de la demanda (f. 80, c. 1), a la vez que dio en traslado las referidas excepciones propuestas por Tiberio. <\/p>\n
Frente a \u00e9stas, la actora, entre otras cosas, aport\u00f3 copia de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que estableci\u00f3 que la uni\u00f3n marital termin\u00f3 el 1\u00b0 de agosto de 2005, declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y, consecuencialmente, declar\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial entre Bertha Solano Gonz\u00e1lez y Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya -desde el 10 de noviembre de 1995 hasta el 1\u00b0de agosto de 2005-. Aclar\u00f3 la demandante, no obstante, que dicha sentencia fue impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
El 17 de febrero de 2010 se celebr\u00f3 la audiencia de conciliaci\u00f3n, infructuosa por cuanto el demandado Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez P\u00e1ez no asisti\u00f3 (f. 111, c. 1). Con providencia del 6 de agosto de 2010, el juzgado de conocimiento, entre otras decisiones, dej\u00f3 consignado como indicio grave la conducta de Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez (f. 126, c.1). <\/p>\n
Sin embargo, apersonado de la causa y propuesta por este demandado la nulidad de todo lo actuado, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 as\u00ed lo decret\u00f3 (f. 27, c. 2). Por esta raz\u00f3n, se tuvo por oportunamente contestada la demanda. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite propio de la instancia, incluida su renovaci\u00f3n en lo pertinente por causa de la nulidad decretada, el aludido juzgado de descongesti\u00f3n la culmin\u00f3 con sentencia del 25 de mayo de 2015, en la cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, en atenci\u00f3n a que \u00abni aun haciendo uso de la prueba indiciaria, se encuentra acreditado el concierto simulatorio\u00bb (f. 358, c. 1), porque si bien se demostr\u00f3 la relaci\u00f3n parental (affectio) entre Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya y Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez P\u00e1ez, la causa simulandi no estaba demostrada con ning\u00fan medio probatorio -ni siquiera de manera indirecta-. Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que no qued\u00f3 acreditada la falta de capacidad econ\u00f3mica del comprador, ni que el precio para la \u00e9poca de los negocios no correspondiera a su valor real, todo lo cual, arguy\u00f3 el juzgado, hac\u00eda dif\u00edcil la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n favorable. <\/p>\n
4. El Tribunal, con la sentencia objeto de este recurso extraordinario, desat\u00f3 la alzada propuesta por la parte actora, con sentencia revocatoria de aquella del juzgado y estimatoria de las pretensiones, toda vez que declar\u00f3 absolutamente simulados los contratos referidos, orden\u00f3 las anotaciones de rigor e impuso a Tiberio Gonz\u00e1lez la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil respecto de los inmuebles identificados en l\u00edneas precedentes. Deneg\u00f3 por improcedente la pretensi\u00f3n de nulidad de los actos cuestionados. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Como quiera que la apelante adujo nulidad por falta de competencia e indebida integraci\u00f3n del contradictorio y resalt\u00f3 elementos de juicio que consideraba indiciarios, el Tribunal, en primer lugar, se aplica a descartar esas irregularidades, porque si alguna hubiese acaecido, habr\u00eda quedado saneada -pues no fue oportunamente alegada-. Y si la actuaci\u00f3n se hubiese visto comprometida por no haberse citado a los actuales propietarios, esas personas no fueron parte en los contratos de compraventa impugnados. As\u00ed las cosas, respecto de ellos no se configura un litisconsorcio necesario. <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n del art\u00edculo 115 de la Ley 1395 de 2010, que permite no sujetarse al turno de los negocios cuando existen claros precedentes judiciales sobre hechos similares, de entrada, la Sala anuncia la revocatoria del fallo y el acogimiento de las pretensiones con base en las siguientes razones: <\/p>\n
1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, recuerda el ad quem que la Sala de Familia del Tribunal, con sentencia de segunda instancia del 12 de diciembre de 2008, declar\u00f3 que entre Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya y Bertha Solano Gonz\u00e1lez existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre el 10 de noviembre de 1995 y el 1\u00b0 de agosto de 2005, \u00e9poca en que el primero adquiri\u00f3 los inmuebles materia de las compraventas disputadas, a la par que reconoce la existencia de la sociedad patrimonial durante ese periodo. <\/p>\n
Con transcripci\u00f3n del precedente judicial (sentencia del 27 de agosto de 2002, expediente 6926) indica que el inter\u00e9s del compa\u00f1ero permanente en demandar la simulaci\u00f3n se concreta cuando se conforma la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal tendiente a obtener la declaraci\u00f3n de la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
2. En lo tocante a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n simulatoria, el Tribunal advierte que los contratos materia del litigio fueron suscritos el 18 de octubre de 2005, \u00ablo que significa que ni siquiera para la \u00e9poca en que los demandados se notificaron del auto admisorio de la demanda (31 de julio de 2008 el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Amaya y 28 de febrero de 2012 el se\u00f1or Gonz\u00e1lez P\u00e1ez) hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino extintivo que contempla el art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil\u00bb (f. 38, c. 4). <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n con cita de precedentes referidos a hechos indiciarios de simulaci\u00f3n (parentesco, ausencia de recursos en el adquirente, falta de necesidad de enajenar, persistencia del enajenante en la tenencia o posesi\u00f3n de la cosa, m\u00f3vil para simular, tiempo sospechoso, ausencia de movimientos en las cuentas bancarias, precio no entregado, lugar sospechoso del negocio, documentaci\u00f3n y precauciones sospechosas, no justificaci\u00f3n del precio recibido, falta de examen previo del comprador sobre el objeto adquirido), encuentra la Corporaci\u00f3n de segundo grado que se configura: <\/p>\n
a) El tiempo sospechoso, pues ambas escrituras se otorgaron el 18 de octubre de 2005 -apenas dos meses despu\u00e9s de la fecha de finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho-, situaci\u00f3n que por lo dem\u00e1s califica de m\u00f3vil de la simulaci\u00f3n, pues esa v\u00eda se muestra id\u00f3nea para sustraer los inmuebles de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
b) El parentesco entre los contratantes (el se\u00f1or Gonz\u00e1lez P\u00e1ez contrajo matrimonio con la hija de Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya). <\/p>\n
c) La conducta clandestina y el ocultamiento de la negociaci\u00f3n a la se\u00f1ora Solano Gonz\u00e1lez, a pesar de que para esa \u00e9poca deb\u00eda ser evidente, sobre todo para los parientes cercanos, que la uni\u00f3n marital de hecho de casi 10 a\u00f1os hab\u00eda llegado a su fin. <\/p>\n
d) La falta de prueba sobre el desembolso del precio, pues no hay recibos de pagos, constancias o comprobantes de movimientos bancarios, indicio grave a la luz del art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, adem\u00e1s robustecido por las contradicciones que los litigantes tuvieron entre s\u00ed, pues al paso que Edgar Gonz\u00e1lez manifest\u00f3 que s\u00ed exist\u00edan dichos recibos de los abonos que \u00e9l efectu\u00f3, Tiberio Gonz\u00e1lez se\u00f1al\u00f3 que llevaban una agenda personalizada en la que anotaba los montos entregados o pagados en su respectiva fecha. En el mismo sentido, mientras Gonz\u00e1lez P\u00e1ez afirm\u00f3 haber ajustado un contrato de promesa, Gonz\u00e1lez Amaya lo neg\u00f3. <\/p>\n
e) La falta de prueba de la solvencia econ\u00f3mica del adquirente, pues si bien Gonz\u00e1lez P\u00e1ez alleg\u00f3 en copia simple -lo que impedir\u00eda su valoraci\u00f3n, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil- constancia de una cooperativa y declaraciones de impuesto de renta de \u00e9l y su esposa, tales documentos no demuestran que para la \u00e9poca comprendida entre los a\u00f1os 2004 y 2005 estuviera en capacidad de asumir, en menos de 12 meses, el valor total de los inmuebles, esto es, $114.000.000,oo. En efecto, agrega el Tribunal que la certificaci\u00f3n de la Cooperativa alude a movimientos bancarios entre enero y julio por valor total de $19.446.429 y las declaraciones tributarias corresponden a anualidades posteriores. Pero lo cierto es, a\u00f1ade la corporaci\u00f3n, que a\u00fan con poder adquisitivo ello nada probar\u00eda en cuanto a la seriedad de la negociaci\u00f3n pues los demandantes no acreditaron que esa capacidad econ\u00f3mica se hubiese destinado efectivamente a sufragar el precio. <\/p>\n
f) La falta de demostraci\u00f3n acerca de la necesidad del vendedor de enajenar los predios, pues al contestar la demanda, Gonz\u00e1lez Amaya indic\u00f3 que para la \u00e9poca de las compraventas ya estaba percibiendo pensi\u00f3n de vejez. Y si bien adujo que deb\u00eda venderlos para no seguir pagando intereses de cr\u00e9ditos con Financiar, Fondo de Empleados de la Universidad Distrital, deudas con Arnoldo Franco, Ernesto Gonz\u00e1lez, Isabel Gonz\u00e1lez y Alberto Becerra, ninguna prueba alleg\u00f3 de los pr\u00e9stamos con estos \u00faltimos. En relaci\u00f3n con las deudas con el Fondo de Empleados, el certificado emitido por esa entidad es posterior a enero de 2007, esto es, cuando ya se hab\u00edan ajustado los contratos. Y en cuanto a la obligaci\u00f3n con Financiar (de cuant\u00eda de $10.000.000,oo), corresponde a un cr\u00e9dito otorgado un a\u00f1o despu\u00e9s de la \u00e9poca en que el vendedor decidi\u00f3 enajenar sus inmuebles. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, para el ad quem es inveros\u00edmil que Gonz\u00e1lez Amaya se deshiciera de unos activos de valor de m\u00e1s de $110.000.000 para cubrir una deuda que ten\u00eda con su hermano, del orden de los $10.000.000,oo, si se repara en que percib\u00eda una pensi\u00f3n de $10.000.000.oo. <\/p>\n
g) El vendedor continu\u00f3 habitando los inmuebles, seg\u00fan reconocieron ambos demandados, hecho que quisieron justificar en que el aparente comprador hab\u00eda entregado en arrendamiento la tenencia del inmueble al se\u00f1or Gonz\u00e1lez desde cuando se materializaron los contratos. Empero, para el Tribunal, ese contrato de locaci\u00f3n no est\u00e1 demostrado pues los tres recibos de pago que se allegaron con ese prop\u00f3sito no pueden ser valorados ya que fueron aportados en copia simple y, adem\u00e1s, \u00absu autor\u00eda es atribuible precisa y exclusivamente a los aqu\u00ed demandados y bien sabido es que a nadie le es l\u00edcito fabricarse su propia prueba\u00bb. <\/p>\n
Concluye el Tribunal que, con estos indicios, apreciados en conjunto, se infiere que los contratos s\u00f3lo fueron aparentes y que el inter\u00e9s de Gonz\u00e1lez era anticiparse a los efectos de una posible liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que manten\u00eda con la demandante. Agrega, entonces, que la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n impone a su vez aplicar la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil pues, en \u00faltimas, esos contratos se ajustaron pocos meses despu\u00e9s de la fecha en que se disolvi\u00f3 la sociedad patrimonial. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de nulidad absoluta de los contratos de compraventa, recuerda el Tribunal que dicha figura es improcedente. Asimismo, se abstiene de extender los efectos de la simulaci\u00f3n a los titulares que figuran actualmente en los certificados de tradici\u00f3n, porque en el proceso no se lleg\u00f3 a decretar la inscripci\u00f3n de la demanda y no hay elementos probatorios de los que se pueda inferir que esos terceros ten\u00edan conocimiento del \u00e1nimo simulatorio con que Gonz\u00e1lez P\u00e1ez se hizo a la propiedad de esos bienes. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los dos cargos elevados contra el fallo impugnado ser\u00e1n despachados en conjunto, en raz\u00f3n a que comparten consideraciones, se basan en la misma causal, y denuncian la violaci\u00f3n de las mismas normas sustanciales. <\/p>\n
De otra parte, debe se\u00f1alarse de antemano que esta demanda de casaci\u00f3n se tramita y decide al amparo del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues era la normatividad vigente para cuando el recurso se interpuso, regla contemplada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A. PRIMER CARGO <\/p>\n
1. Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, y por falta de aplicaci\u00f3n, el canon 1\u00ba de la Ley 28 de 1932. <\/p>\n
2. En orden a sustentarlo, y luego de recordar que el Tribunal tuvo en cuenta precedentes judiciales sobre la legitimaci\u00f3n \u2013concreta y determinada- de las partes, en particular de uno de los compa\u00f1eros permanentes para demandar la simulaci\u00f3n de un acto del otro, arguye el impugnante que resulta equivocada la conclusi\u00f3n del juez de la alzada, seg\u00fan la cual la legitimaci\u00f3n en la causa se determina por la declaraci\u00f3n del periodo de existencia de la \u00absociedad conyugal (entre el 10 de noviembre de 1995 y el 1\u00ba de agosto de 2005)\u00bb, cuando lo cierto es que el inter\u00e9s en el caso de los compa\u00f1eros permanentes surge, no cuando se ha disuelto esa sociedad, \u00absino cuando se ha solicitado dicha disoluci\u00f3n mediante demanda y la misma se ha notificado a la contraparte\u00bb (f. 20, c. Corte)1. Por ello -se asever\u00f3-, alegar \u00fanicamente la condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente y entender trabada la litis once meses despu\u00e9s de cumplidas las enajenaciones pretensamente simuladas, no confiere un derecho concreto sobre los bienes adquiridos durante el tiempo de la uni\u00f3n marital, ni legitima para impugnar los actos celebrados por el otro compa\u00f1ero. <\/p>\n
3. Y ello es as\u00ed porque si no se ha disuelto la sociedad, los compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed como los c\u00f3nyuges, se tienen por separados de bienes y por tanto gozan de capacidad dispositiva con independencia del otro, a resultas de lo cual ninguno \u00abpuede obstaculizar el ejercicio de los derechos de propiedad del otro (art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 28 de 1932), salvo en el evento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb (f. 21, c. Corte). <\/p>\n
Empero, disuelta la sociedad, los compa\u00f1eros est\u00e1n legitimados para demandar la simulaci\u00f3n, porque es en ese momento cuando el inter\u00e9s jur\u00eddico se hace evidente y se actualiza el derecho de cada uno sobre los bienes sociales para la determinaci\u00f3n de los gananciales. <\/p>\n
4. De modo que, si la jurisdicci\u00f3n niega la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho, no puede el compa\u00f1ero que se sienta afectado por dicha determinaci\u00f3n, incoar el proceso simulatorio, sin que importe que una instancia ulterior luego revoque esa decisi\u00f3n \u00abpues el punto axial en este caso es la presentaci\u00f3n de la demanda de simulaci\u00f3n\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
1. En este cargo se acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil por aplicaci\u00f3n indebida, y el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, por falta de aplicaci\u00f3n y aplicable seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 54 de 1990, infracciones que fueron consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
En concreto, recrimina del Tribunal no haberse percatado de que, al momento de la celebraci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos, no se encontraba disuelta la uni\u00f3n marital, ni reconocida la sociedad patrimonial que se dice surgi\u00f3 entre Bertha Solano y Tiberio Gonz\u00e1lez. En adici\u00f3n, tampoco advirti\u00f3 que cuando la se\u00f1ora Solano present\u00f3 la demanda de simulaci\u00f3n, \u00abno se encontraba reconocida, o mejor, hab\u00eda sido judicialmente negada la sociedad patrimonial que se dice surgi\u00f3 entre\u00bb estos. <\/p>\n
2. Arguye que esa corporaci\u00f3n no verific\u00f3 la fecha en que se inici\u00f3 el proceso instaurado por Bertha Solano Gonz\u00e1lez contra Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya, que lo fue el 10 de agosto de 2006, ni se detuvo en la fecha en la que se trab\u00f3 la litis, que lo fue el 19 de septiembre de 2006, ni conjug\u00f3 tales fechas con las de los actos acusados -18 de octubre de 2005- lo que determina que los actos de enajenaci\u00f3n ocurrieron con no menos de 19 meses de diferencia a la fecha de notificaci\u00f3n de este proceso. <\/p>\n
3. Asimismo, discute el recurrente que tampoco prest\u00f3 atenci\u00f3n al hecho de que el 15 de abril de 2008, cuando se formaliz\u00f3 el reparto del proceso, lo que estaba establecido judicialmente entre Bertha y Tiberio, con sentencia del 7 de mayo de 2007, era que se hab\u00eda negado la pretensi\u00f3n de la primera encaminada a obtener la declaratoria de la sociedad patrimonial de hecho. Lo que significa que el fallador no advirti\u00f3 que al momento de incoar el proceso la demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Transcurrieron siete meses y tres semanas del proceso de simulaci\u00f3n para que la providencia que le neg\u00f3 a la demandante la pretensi\u00f3n de la sociedad patrimonial fuese revocada. El Tribunal -se asever\u00f3- no se dio cuenta de que la sentencia que revoc\u00f3 aquella -que a su vez neg\u00f3 la declaratoria de la sociedad patrimonial de hecho entre Bertha y Tiberio- era del 12 de diciembre de 2008. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
A. La legitimaci\u00f3n en la causa, recurrentemente descrita por la Corte -condici\u00f3n sine qua non para obtener sentencia favorable-, es una cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, en tanto que, por el lado activo, se identifica la persona del actor como la misma a la que la ley concede el derecho a reclamar lo pretendido, y por el lado pasivo, se identifica la persona del demandado como el sujeto llamado a satisfacer esa pretensi\u00f3n2. <\/p>\n
El Tribunal concluy\u00f3 que la demandante estaba legitimada para demandar la simulaci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos de los demandados, porque conforme a la jurisprudencia de esta Sala, esa calidad adviene desde cuando se instaura la litis en el proceso en que ella pudo haber pedido antes la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Desde luego, es cierto que el Tribunal pudo no constatar la fecha en que comenz\u00f3 el proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho. No obstante, al margen de ello, resulta evidente que para la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda de simulaci\u00f3n (15 de abril de 2008), ya estaba conformada la litiscontestatio en ese proceso de uni\u00f3n marital. Incluso, por lo dem\u00e1s, ya se hab\u00eda proferido sentencia de primera instancia, que, aun cuando adversa a sus pretensiones, la demandante aport\u00f3 a este proceso. Empero, una vez apelada y revocada en segunda instancia, se acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de Bertha Solano referida a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. As\u00ed las cosas, el Tribunal pudo constatar que la legitimaci\u00f3n de Bertha Solano a\u00fan subsist\u00eda. <\/p>\n
Ciertamente, dicha sentencia no es la raz\u00f3n para encontrar legitimada a esta actora, pues como ya se dijo, y de acuerdo con la jurisprudencia citada por Tribunal e impugnante, se estructura esa legitimaci\u00f3n activa con la previa formaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal en el proceso de uni\u00f3n marital. <\/p>\n
En una palabra -para terminar-, la legitimaci\u00f3n bien puede recibirse como un concepto pendular que consulta las circunstancias puntuales del caso concreto (en este sentido: CSJ SC, 20 de octubre de 1995, expediente n.\u00b0 4353; 30 de junio de 1995, expediente n.\u00b0 5557; 29 de noviembre de 2001, expediente n.\u00b0 6696 y 27 de agosto de 2002, expediente n.\u00b0 6926). Es, en consecuencia, intrascendente la primera acusaci\u00f3n del cargo primero. <\/p>\n
B. La otra acusaci\u00f3n est\u00e1 referida a que como la sentencia de primera instancia hab\u00eda negado la pretensi\u00f3n patrimonial de Bertha Solano en el proceso de uni\u00f3n marital, no estaba entonces legitimada. Sobre el particular -la falta de legitimaci\u00f3n de una persona-, el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (281 del CGP) establece que en la sentencia deba advertirlo el juez, \u00absiempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada\u00bb. No es el caso de este pleito pues sucedi\u00f3 exactamente lo contrario: se consolid\u00f3 su legitimaci\u00f3n con la sentencia del Tribunal que acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n -al principio denegada por el juzgado de primera instancia-. <\/p>\n
En definitiva, las anteriores consideraciones sirven para descartar los errores f\u00e1cticos que el recurrente le atribuye al Tribunal en cuanto a no haber advertido que para cuando se hizo el reparto de la demanda de simulaci\u00f3n el juzgado hab\u00eda proferido sentencia denegatoria de las pretensiones de declaratoria de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
C. Queda por dilucidar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al no constatar que para la \u00e9poca en que los demandados celebraron los actos cuestionados, Tiberio Gonz\u00e1lez pod\u00eda disponer de los bienes a su nombre, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo primero de la ley 28 de 1932. <\/p>\n
En efecto, basta recordar que cuando se solicita de la jurisdicci\u00f3n una simple declaraci\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica existente, la sentencia que as\u00ed lo establece con certeza, es meramente declarativa. No se impone all\u00ed la producci\u00f3n de una situaci\u00f3n nueva. En este caso, el Tribunal, con sentencia de segunda instancia del 12 de diciembre de 2008, dej\u00f3 subsistente la declaraci\u00f3n del juzgado de instancia en cuanto a la uni\u00f3n marital de hecho, pero modific\u00f3 la \u00e9poca de dicha relaci\u00f3n y adem\u00e1s declar\u00f3 \u00abla existencia de la sociedad patrimonial entre los se\u00f1ores Bertha Solano Gonz\u00e1lez y Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya, desde el 10 de noviembre de 1995 hasta el primero de agosto de 2005\u00bb (f. 95, c. 1). <\/p>\n
Empero, debe aclararse, para la fecha en que termin\u00f3 la relaci\u00f3n marital de hecho, se disolvi\u00f3 la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes. As\u00ed las cosas, desde all\u00ed entonces los efectos de dicha disoluci\u00f3n comenzaron a producirse. Por consiguiente, al margen de si las ventas de Tiberio Gonz\u00e1lez a Edgar Eparquio Gonz\u00e1lez, tildadas de simuladas, las celebraron en octubre de 2005, cuando no se hab\u00eda declarado la disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de \u00e9ste con Bertha Solano, lo cierto es que, con sentencia judicial, se estableci\u00f3 que tal ruptura acaeci\u00f3 en fecha anterior. <\/p>\n
En consecuencia, los cargos no prosperan. <\/p>\n
Costas de la casaci\u00f3n a cargo del impugnante. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-008-2008-00204-01 <\/p>\n
Con el debido respeto para toda la Sala de la que formo parte es del caso presentar aclaraci\u00f3n de voto a la decisi\u00f3n mayoritaria, frente a un punto de derecho contenido en el fallo, relacionado con la legitimaci\u00f3n para demandar la simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos durante la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, espec\u00edficamente con el hito u oportunidad temporal para demandarla. A continuaci\u00f3n, expondr\u00e9 las razones de mi aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
El petitum y causa petendi <\/p>\n
1.1. Se demanda la simulaci\u00f3n absoluta de unas promesas de compraventa referente a dos inmuebles y su consecuente nulidad absoluta. Como secuela del referido acto solicitan la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Como causa petendi la actora adujo que en vigencia de la uni\u00f3n marital se adquirieron diversos inmuebles, los cuales fueron vendidos con el prop\u00f3sito de defraudar a la sociedad patrimonial. <\/p>\n
1.2. El fallo de primer grado. El 25 de mayo de 2015, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta Ciudad neg\u00f3 las s\u00faplicas, al no encontrar acreditada la simulaci\u00f3n ni demostrada la falta de capacidad econ\u00f3mica del comprador. La decisi\u00f3n de segundo grado revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, y en su lugar, declar\u00f3 absolutamente simulados los contratos referidos e impuso la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. Deneg\u00f3 por improcedente la pretensi\u00f3n de nulidad de los actos cuestionados. <\/p>\n
1.3. Surtido el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n y hall\u00e1ndose para el fallo respectivo, la Corte se abstuvo de casar la decisi\u00f3n. Comparto la decisi\u00f3n de fondo y su resolutiva. <\/p>\n
No obstante, al resolver los cargos en punto de la legitimaci\u00f3n de los interesados para demandar la simulaci\u00f3n o los efectos de la regla 1824 del C\u00f3digo Civil, en lo tocante con el hito o momento desde el cual surge el inter\u00e9s para demandar, para efectos del \u00e9xito de la pretensi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cCiertamente, dicha sentencia [en referencia a la sentencia que declar\u00f3 la sociedad patrimonial entre Bertha Gonz\u00e1lez y Tiberio Gonz\u00e1lez] no es la raz\u00f3n para encontrar legitimada a esta actora, pues como ya se dijo, y de acuerdo con la jurisprudencia citada por el Tribunal e impugnante, se estructura esa legitimaci\u00f3n activa con la previa formaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal en el proceso de uni\u00f3n marital. <\/p>\n
En una palabra -para terminar-, la legitimaci\u00f3n bien puede recibirse como un concepto pendular que consulta las circunstancias puntuales del caso concreto (en este sentido: CSJ SC, 20 de octubre de 1995, expediente n. 557; 29 de noviembre de 2001, expediente n. 6696 y 27 de agosto de 2002, expediente n. 6926). Es, en consecuencia, intrascendente la primera acusaci\u00f3n del cargo primero\u201d. <\/p>\n
2. Razones y motivos de mi aclaraci\u00f3n con relaci\u00f3n al segmento de la sentencia citado: <\/p>\n
Aun cuando comparto la decisi\u00f3n de fondo debo aclarar mi criterio frente a la ratio decidendi atr\u00e1s transcrita con relaci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n activa para demandar acciones de esta naturaleza en la medida que a mi juicio no puede concebirse \u201ccomo un concepto pendular\u201d, por cuanto siendo Corte de Casaci\u00f3n cuya tarea es fijar las l\u00edneas jurisprudenciales o la doctrina a imperar en la soluci\u00f3n de estos litigios, debi\u00f3 defenderse la tesis que durante todo mi per\u00edodo de ejercicio del cargo de integrante de esta Sala, he expuesto en repetidos salvamentos o aclaraciones de voto, o en algunas decisiones de mayor\u00eda. <\/p>\n
El hito u oportunidad para formular acciones simulatorias o las relacionadas con la aplicaci\u00f3n del art. 1824 del C.C., debi\u00f3 dejarse claro, por parte de la Sala, surge desde la fecha de celebraci\u00f3n del acto jur\u00eddico del matrimonio mismo, o, desde la iniciaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros. <\/p>\n
La mera circunstancia de que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 28 de 1932 prescriba que \u00abdurante el matrimonio cada uno de los c\u00f3nyuges tiene la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a \u00e9l, como de los dem\u00e1s que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera (\u2026)\u00bb, no significa que el otro consorte carezca, en definitiva, de inter\u00e9s y, desde luego, de legitimaci\u00f3n para promover particularmente la actio simulandi en torno de un negocio jur\u00eddico celebrado por el otro, sobre bienes adquiridos en vigencia del v\u00ednculo matrimonial, sencillamente porque la admitida libertad para administrar y disponer, sumado al hecho de que la sociedad conyugal se haga tangible al disolverse, no da para entender, simple y llanamente como lo hace la jurisprudencia y el fallo que aclaro, que antes de tal momento no exista dicha sociedad de bienes, pues ello no es lo que expresa, ni permite entender el citado precepto. <\/p>\n
Para empezar, porque el conferir a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros libertad para administrar y\/o disponer del patrimonio propio y del que cada uno adquiriere en vigencia del v\u00ednculo marital, ello, no obstaculiza ni proh\u00edbe que por el ejercicio de esa facultad no se forme desde la fecha del matrimonio sociedad conyugal o sociedad patrimonial; y en sana l\u00f3gica, ante la claridad meridiana del tenor literal de tal expresi\u00f3n legislativa (art. 27, C. C.), el int\u00e9rprete no puede deducir, a partir de tal prebenda, una sociedad meramente simb\u00f3lica, como se viene haciendo. <\/p>\n
De igual modo, porque la parte restante del se\u00f1alado art\u00edculo, al disponer que \u00ab(\u2026) a la disoluci\u00f3n del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al C\u00f3digo Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio (\u2026)\u00bb, no hace cosa distinta a reconocer c\u00f3mo la comentada sociedad patrimonial o conyugal en realidad surge tangible desde el mismo momento en que hay contrato matrimonial (art. 113, C. C.), determinaci\u00f3n esa del legislador que en verdad no pod\u00eda ser de otro modo si no se pierde de vista que por \u00ab(\u2026) el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del t\u00edtulo 22, libro IV, del C\u00f3digo Civil\u00bb (art. 180, ib\u00eddem). <\/p>\n
Si no fuera as\u00ed, si la aludida sociedad se patentizara apenas al disolverse el v\u00ednculo marital o ella misma, \u00bfc\u00f3mo podr\u00edan los c\u00f3nyuges asumir de modo pac\u00edfico, entre otras obligaciones, \u00ab[l]os gastos de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos (\u2026)\u00bb, si respecto de tales gastos la ley dice \u00ab(\u2026) pertenecen a la sociedad conyugal\u00bb? (art. 257 ib.). Es claro que de ning\u00fan modo, porque al no existir, bajo la idea del fallo que aclaro, haber social, si no solo al disolverse, con cargo a la comentada sociedad conyugal en el entretanto ninguno de los socios podr\u00eda asumir tales gastos, \u00bfpor qu\u00e9?, \u00bfcon qu\u00e9? <\/p>\n
Por tanto, si en t\u00e9rminos de la ley, la afamada sociedad de bienes nace a la vida jur\u00eddica y se materializa desde el instante en el cual se gesta el v\u00ednculo marital, con independencia de que deba o tenga que disolverse; por el mero hecho de la gestaci\u00f3n y vigencia de la sociedad conyugal al consorte no negociante o no celebrante del acto tachado de simulado o defraudatorio, le asiste pleno inter\u00e9s y, por supuesto, legitimaci\u00f3n para intentar la acci\u00f3n de prevalencia de cara al convenio celebrado por el otro cuando crea que se trata de un acto aparente. <\/p>\n
Es claro, entonces, que en v\u00eda de hacer objetiva la sociedad durante la uni\u00f3n no es menester la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo marital y mucho menos liquidarlo, pues en cuanto la norma estima \u00ab(\u2026) que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio (\u2026)\u00bb, ineludible deviene admitir que ella, al margen de la comentada libertad administrativa y dispositiva, a lo largo de la uni\u00f3n marital no es una mera abstracci\u00f3n, algo ininteligible o abstracto, sino realidad pura; situaci\u00f3n que, per se, radica inter\u00e9s en el socio no negociante para demandar, desde el nacimiento mismo de la relaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n de apariencia del acto bilateral celebrado por el otro sobre bienes que har\u00edan parte del haber social seg\u00fan los dictados de la ley. <\/p>\n
De ese modo, mientras el precepto, sin tapujo alguno, considera \u00ab(\u2026) que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio (\u2026)\u00bb, es decir, ella siempre estuvo, est\u00e1 y estar\u00e1 latente, con desprecio de tan elocuente contenido normativo la Sala viene estimando que el inter\u00e9s del consorte no contratante nace apenas cuando notifica al otro la acci\u00f3n con la cual busca disolver el lazo conyugal o marital, bajo la errada creencia de que antes no lo tiene solo porque el art\u00edculo otorga la preanotada libertad. Es evidente, tal disposici\u00f3n, y ninguna otra, nada se\u00f1alan acerca de que, por la independencia en la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de sus respectivos bienes, la sociedad conyugal o patrimonial no se forme desde el inicio y que a ra\u00edz de ello el socio no contratante carezca de legitimaci\u00f3n para provocar la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n del acto que involucre cosas habidas en forma onerosa en la \u00e9poca del matrimonio. <\/p>\n
En este orden, el hito y su fijaci\u00f3n, as\u00ed concebidos por la Corte, son hartamente caprichosos: \u00bfde d\u00f3nde, \u00bfc\u00f3mo o por qu\u00e9, con base en o a partir de qu\u00e9 precepto positivo juzga la Corporaci\u00f3n necesario presentar primero una demanda que conduzca a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal y que la legitimaci\u00f3n se adquiera a partir de la fecha en la cual el auto que la admita se notifique al otro c\u00f3nyuge? El mero hecho de esa presentaci\u00f3n o notificaci\u00f3n no es elemento indicativo ni denota por s\u00ed solo, la disoluci\u00f3n o la materializaci\u00f3n de la sociedad marital, pues promover el caso judicial y noticiar al opositor no conlleva, indefectiblemente, a lo uno o a lo otro, no solo porque, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n puede ser adversa a lo deprecado, sino tambi\u00e9n porque circunstancias de diversa \u00edndole pueden frustrar la prosecuci\u00f3n del tr\u00e1mite natural, haciendo, en uno y otro evento, apenas imaginaria la disoluci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, si por voluntad propia el consorte o compa\u00f1ero no contratante, no quiere deshacer o disolver el v\u00ednculo, la Sala, sin embargo, con aquel planteamiento est\u00e1 compeliendo a ello, quebrantando rectamente los art\u00edculos 13 y 333 de la Constituci\u00f3n Nacional, seg\u00fan los cuales todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, siendo que la actividad econ\u00f3mica y la iniciativa privada son libres. Con esa posici\u00f3n le coarta su derecho a decidir libremente, en tanto lo apremia, sin base normativa alguna, a promover una acci\u00f3n, en la cual, a lo mejor, no est\u00e1 interesado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la posici\u00f3n hoy reiterada por la Sala, motivadora de esta aclaraci\u00f3n de voto, en \u00e9poca donde la dignidad humana ha adquirido su m\u00e1s amplio, uniforme y universal reconocimiento por los diversos pa\u00edses del mundo, da la espalda a los m\u00e1s caros valores y principios profesados por el Constituyente de 1991. <\/p>\n
El pueblo de Colombia decret\u00f3, sancion\u00f3 y promulg\u00f3 la Carta Pol\u00edtica de 1991, entre otros, \u00ab(\u2026) con el fin de fortalecer la unidad de la Naci\u00f3n y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jur\u00eddico, democr\u00e1tico y participativo que garantice un orden pol\u00edtico, econ\u00f3mico y social justo (\u2026)\u00bb; y dispuso que la Rep\u00fablica unitaria, en la cual organiza el Estado colombiano, se funda \u00ab(\u2026) en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter\u00e9s general\u00bb (art. 1\u00b0). Los aspectos envueltos en esta transcripci\u00f3n no son caracteres del Estado colombiano, sino de su propia naturaleza, de su ontolog\u00eda. <\/p>\n
En ese contexto, determin\u00f3 como fines esenciales del Estado: \u201c(\u2026) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n; facilitar la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ\u00f3mica, pol\u00edtica, administrativa y cultural de la naci\u00f3n; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo\u201d; y se\u00f1al\u00f3: \u00abLas autoridades de la Rep\u00fablica \u2013la Corte lo es, desde luego\u2013 est\u00e1n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dem\u00e1s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares\u00bb (art.2\u00b0 ib.). <\/p>\n
Si uno de los prop\u00f3sitos esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n y asegurar la vigencia de un orden justo, en la providencia objeto de esta aclaraci\u00f3n la Corte toma un rumbo que en modo alguno converge o realiza dichos prop\u00f3sitos, pues al impedir al compa\u00f1ero o c\u00f3nyuge, que no han promovido o notificado acci\u00f3n que conlleve a la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo marital o de la sociedad conyugal, demandar la simulaci\u00f3n de los actos a trav\u00e9s de los cuales su pareja enajen\u00f3 bienes sociales, no solo lo discrimina, quebrantando con inocultable elocuencia los dictados del art\u00edculo 13 de la Carta Fundamental, sino que deja de lado principios esenciales como los de igualdad, justicia y dignidad humana contenidos en los mandatos superiores, sin ninguna explicaci\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
Si por imperio de la ley la sociedad conyugal surge, ipso jure, con el matrimonio, no es justo que la Corporaci\u00f3n les imponga a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros la carga de demostrar que promovieron el pertinente proceso de familia para decirles que, con la notificaci\u00f3n al opositor del mismo, y solo a partir de ese instante, tienen o pueden tener legitimaci\u00f3n en causa simulandi. <\/p>\n
Como desde el comienzo lo defini\u00f3 la jurisprudencia constitucional, los \u00ab(\u2026) principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretaci\u00f3n ineludible por la simple raz\u00f3n de que son parte de la Constituci\u00f3n misma y est\u00e1n dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el art\u00edculo cuarto del texto fundamental (\u2026). En s\u00edntesis, un principio constitucional jam\u00e1s puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente se\u00f1alado en la Constituci\u00f3n, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisi\u00f3n judicial\u00bb3. <\/p>\n
Con la comentada exigencia la Corte se olvida que, cual autoridad de la Rep\u00fablica, est\u00e1 especialmente instituida con el cardinal deber de proteger tambi\u00e9n a ese pu\u00f1ado de sujetos de derecho, en sus bienes, derechos y libertades, mucho m\u00e1s, si no se pierde de vista que el Estado tiene la primordial obligaci\u00f3n de reconocer, \u00ab(\u2026) sin discriminaci\u00f3n alguna, la primac\u00eda de los derechos inalienables de la persona y amparar a la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad\u00bb (art. 5\u00b0, C. P.); en tanto \u00ab[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley (\u2026)\u00bb. Si todas han de recibir, por lo menos en principio, \u00ab(\u2026) la misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades (\u2026)\u00bb, para materializar la igualdad real y efectiva, han de gozar \u00ab(\u2026) de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (ib. 13). <\/p>\n
De modo que cuando sin sustento legal se les coarta a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros (as) el derecho a promover la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, por el mero hecho de no haber iniciado proceso de familia para disolver el v\u00ednculo o la sociedad conyugal o marital, la Corte toma una posici\u00f3n del todo discriminatoria, violando por ese camino los preceptos superiores puestos de presente. Como la \u00ab(\u2026) familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad (\u2026)\u00bb, la Constituci\u00f3n Nacional le impone al Estado el deber de garantizar su \u00ab(\u2026) protecci\u00f3n integral (\u2026)\u00bb (art. 42); resguardo que la Corporaci\u00f3n se sustrae de ofrecer, como si pudiera sustraerse de la observancia de los mandatos superiores. <\/p>\n
Ninguna seguridad se le da a la familia, instituci\u00f3n b\u00e1sica de las distintas comunidades del mundo, cuando se le niega a uno de los integrantes de la pareja la legitimaci\u00f3n para promover la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n de negocios jur\u00eddicos reca\u00eddos sobre bienes que en t\u00e9rminos del propio art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 28 de 1932 hacen parte del patrimonio de la sociedad familiar. Esa requisitoria no es legal y el ordenamiento tampoco da margen para por v\u00eda de doctrina jurisprudencial crear o mantener campos vedados al principio de lealtad y de transparencia en la administraci\u00f3n y manejo de los negocios de la econom\u00eda familiar; se trata, en verdad, de una concepci\u00f3n caprichosa que no es producto de la raz\u00f3n ni de la l\u00f3gica. En el fondo se desprotege, no al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero que acude a la acci\u00f3n simulatoria, sino a la familia, en tanto le cierra a \u00e9sta, tal vez, el \u00fanico camino que tendr\u00eda para lograr que un bien social retorne al acervo familiar. <\/p>\n
Si las \u00ab(…) relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja (\u2026)\u00bb (art. 42, ib), lo pregonado en el fallo, impide respecto del integrante no negociante la activaci\u00f3n de la igualdad de derechos para establecer la realidad en torno al contrato celebrado por el otro. <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n por la que abogo es coherente adem\u00e1s con las antiguas y nuevas tendencias legislativas en otros escenarios del derecho de familia. <\/p>\n
As\u00ed, el art\u00edculo 532 del C\u00f3digo Civil, derogado, como se sabe, por la Ley 1306 de 2009, y luego \u00e9sta normativa por la 1996 de 2019, preve\u00eda que \u00ab(\u2026) el juicio de interdicci\u00f3n [por disipaci\u00f3n] pod[r\u00eda] ser provocado por el c\u00f3nyuge no divorciado del supuesto disipador (\u2026)\u00bb. Conforme al art\u00edculo 32 de la extinta, Ley 1306 de 2009 las \u00ab(\u2026) personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio podr\u00e1n ser inhabilitadas para celebrar algunos negocios jur\u00eddicos, a petici\u00f3n de su c\u00f3nyuge, el compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como se advierte, en tales escenarios de la relaci\u00f3n familiar, el legislador conced\u00eda legitimaci\u00f3n a un integrante de la pareja para promover el proceso de la derogada interdicci\u00f3n del otro por disipaci\u00f3n, sin exigir, como presupuesto, la disoluci\u00f3n del respectivo v\u00ednculo o de la correspondiente sociedad conyugal o patrimonial de hecho, con todo y que con ello solo buscaba poner a buen resguardo el patrimonio propio del presunto discapacitado. <\/p>\n
Si con tal instituci\u00f3n se conced\u00eda inter\u00e9s a ese c\u00f3nyuge para buscar la declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n por despilfarro, \u00bfc\u00f3mo no va a tener legitimaci\u00f3n para demandar la simulaci\u00f3n de un acto bilateral celebrado por el otro sobre cosas que corresponden a la sociedad conyugal?. La legitimaci\u00f3n existe, porque por \u00ab(\u2026) el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del t\u00edtulo 22, libro IV, del C\u00f3digo Civil\u00bb (art. 180. C. C.), mayormente si no se pierde de vista que el \u00ab(\u2026) matrimonio es un contrato (\u2026) por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos (\u2026) y de auxiliarse mutuamente\u00bb (ib., 113). <\/p>\n
El art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 294 de 1996, en desarrollo del precepto 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica contiene normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. La Regla 2\u00aa de la Ley 575 de 2000, lo modific\u00f3 y complement\u00f3, adoptando una medida de protecci\u00f3n contra todo el c\u00famulo de desprop\u00f3sitos y pr\u00e1cticas que atentan contra la paz intrafamiliar. En forma contundente impone: \u00ab[p]rohibir, al agresor la realizaci\u00f3n de cualquier acto de enajenaci\u00f3n o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente\u00bb, caso en el cual la autoridad judicial con atribuciones \u00ab(\u2026) oficiar\u00e1 a las autoridades competentes\u00bb (literal l). La medida de igual modo, la podr\u00e1 decretar no solo el juez de familia en los procesos de divorcio o de separaci\u00f3n de cuerpos por causal de maltrato (par\u00e1grafo primero), tambi\u00e9n, y en forma provisional e inmediata, la autoridad jurisdiccional que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia al interior de la comunidad dom\u00e9stica (par\u00e1grafo primero). <\/p>\n
Como se observa, con la advertencia de que se tenga sociedad conyugal o patrimonial vigente, el ordenamiento estatuye como medida en los casos de violencia en la convivencia familiar, la rotunda prohibici\u00f3n al agresor para que enajene o grave bienes de su propiedad. \u00bfSer\u00e1 que el consorte no enajenante tiene inter\u00e9s por intentar la simulaci\u00f3n de bienes sociales traditados aparentemente por el otro consocio? Sin duda que s\u00ed. No es coherente que el legislador expresamente impida al agresor desprenderse o gravar bienes sociales que est\u00e9n en su cabeza, y el juez le niegue al c\u00f3nyuge actor vocaci\u00f3n para provocar la simulaci\u00f3n, si en ambos casos se busca es, sencillamente, impedir que por medio de mecanismos indebidos o irreales los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial se distraigan en perjuicio del bienestar familiar y\/o del otro c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Acorde con la Ley 258 de 1996, reformada por la Ley 854 de 2003, se entiende afectado a vivienda familiar el inmueble adquirido por uno o ambos c\u00f3nyuges, antes o despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del matrimonio destinado a la habitaci\u00f3n de la familia. Seg\u00fan su art\u00edculo 2\u00b0, dicha afectaci\u00f3n surte efectos por ministerio de la ley respecto de las viviendas adquiridas con posterioridad a la vigencia de ese estatuto. Una vez configurada por voluntad de la ley o constituida por los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, solo podr\u00e1 enajenarse o constituirse gravamen u otro derecho real sobre los bienes as\u00ed comprometidos con el consentimiento de ambos c\u00f3nyuges (art\u00edculo 3\u00b0). El notario debe indagar al comprador del bien destinado a vivienda, si tiene sociedad conyugal vigente, matrimonio o uni\u00f3n marital de hecho y si posee otro inmueble afectado a vivienda familiar. Si no existe el fedatario dejar\u00e1 constancia expresa de la constituci\u00f3n por ministerio de la ley (art\u00edculo 6\u00b0). <\/p>\n
Cual se aprecia, en este otro escenario el legislador, en bien de la seguridad y bienestar de la familia, impone el gravamen sobre el inmueble destinado a vivienda, aun contra la voluntad de los c\u00f3nyuges. Si de igual modo la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n ejercida por el consorte no negociante propende porque la cosa aparentemente enajenada jur\u00eddicamente se mantenga dentro de la sociedad conyugal, tambi\u00e9n para seguridad y bienestar de la familia, no existe entonces, motivo leg\u00edtimo que al c\u00f3nyuge afectado le impida activar dicho recurso judicial y obtener decisi\u00f3n de fondo al respecto. <\/p>\n
El soporte argumentativo del fallo resulta tambi\u00e9n inaceptable si se lo analiza bajo la teor\u00eda de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
La simulaci\u00f3n no tiene por objeto afianzar la posici\u00f3n de quienes hayan adquirido del supuesto comprador; s\u00f3lo se propone constatar la veracidad de la declaraci\u00f3n de voluntad frente a un acto aparente, no querido por las partes. Esa labor de confirmaci\u00f3n no tiene ni siquiera virtualidad creadora o destructora de alg\u00fan v\u00ednculo contractual; en sentido estricto verifica lo realmente sucedido, para que brille la verdad y la transparencia en los negocios familiares. <\/p>\n
La naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n, dentro de las reconocidas por el derecho, responde a una acci\u00f3n declarativa. Tan solo se circunscribe a constatar lo existente, a verificar el sentido de la voluntad real. <\/p>\n
Esa naturaleza meramente declarativa de esta acci\u00f3n ha sido reconocida por la Corte. Avanzando su pensamiento hacia la escuela italiana, en su momento puntualiz\u00f3: \u00ab[l]as acciones para demandar la nulidad y la simulaci\u00f3n tienen naturaleza y contenido distinto. La de nulidad es constitutiva y de condena: lo primero, porque destruye una situaci\u00f3n jur\u00eddica creada; lo \u00faltimo, porque seg\u00fan la ley, lleva a reivindicar la cosa, a\u00fan contra terceros de buena fe. En cambio, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es declarativa, porque con ella tan solo se busca descubrir el verdadero pacto, el oculto, d\u00e1ndole la prevalencia que le corresponde sobre el fingido. Pero esto no es \u00f3bice para que a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n se le considere como principal y puedan acumul\u00e1rsele otras, encaminadas a amparar derechos que tengan nexos con la situaci\u00f3n jur\u00eddica encubierta\u00bb4. <\/p>\n
Por consiguiente, en tanto su objeto se dirige a descubrir el contenido de la voluntad realmente concertada para hacer que produzca sus efectos normales, la doctrina5 y la jurisprudencia6 le confiere a la simulaci\u00f3n la caracter\u00edstica de \u00abunidad\u00bb 7. <\/p>\n
Consecuencia sine qua non de otorgarle esa naturaleza, lo es que en algunas \u00e9pocas la Corporaci\u00f3n ha reconocido legitimaci\u00f3n en la causa a todo el que tenga inter\u00e9s jur\u00eddico. Inicialmente hizo ver c\u00f3mo, al lado de las partes y de los herederos, \u00ab[t]ambi\u00e9n pueden ejercitar la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n todo el que tenga inter\u00e9s jur\u00eddico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible\u00bb8. <\/p>\n
Un poco m\u00e1s adelante, enfatiz\u00f3 que \u00ab[l]a acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es requisito indispensable la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico en el actor. Es la aparici\u00f3n de tal inter\u00e9s lo que determina la acci\u00f3n de prevalencia. Mientras \u00e9l no exista, la acci\u00f3n no es viable. (\u2026)\u00bb9. <\/p>\n
Por tanto, con el reconocimiento de la acci\u00f3n a todo el que tenga inter\u00e9s en que prevalezca la verdadera voluntad sobre la simplemente declarada, la jurisprudencia impl\u00edcitamente ha admitido su car\u00e1cter impersonal. De esta manera, la consideraci\u00f3n de que no todo derecho corresponde o debe corresponder a una determinada prestaci\u00f3n, ha de posibilitar la existencia de inter\u00e9s jur\u00eddico que merezca la protecci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos, como ejercicio l\u00edcito para ejercer la acci\u00f3n de prevalencia. <\/p>\n
Es titular de un real inter\u00e9s quien pretenda obtener la tutela jur\u00eddica para que sus derechos se desembaracen de todo obst\u00e1culo opuesto a su desarrollo y normal ejercicio. Trat\u00e1ndose del acto aparente, frecuentemente pueden resultar afectados los derechos de terceros por la forma jur\u00eddica usada, cuando se oculta el verdadero contenido negocial. Lo normal y cotidiano es que todo ejercicio de las prerrogativas se muestre de manera diamantina, en su extensi\u00f3n, naturaleza y l\u00edmites, de tal modo que ostente la verdad real; pero muchas veces los sujetos de derecho no act\u00faan as\u00ed, sino con el fin de perjudicar a quienes no han intervenido en el negocio, de tal forma que ocultan la verdad por v\u00eda de un acto de apariencia o de enga\u00f1o. En todas estas hip\u00f3tesis deviene necesario autorizar que tales actos sean impugnados por los reales o eventuales perjudicados. <\/p>\n
La Corte, de la mano de Francisco Ferrara ha sostenido: \u00ab\u201c(\u2026) Su acci\u00f3n se dirige a establecer la verdad, a poner en claro lo dudoso o equ\u00edvoco, a destruir la apariencia, y no tiene por qu\u00e9 apoyarse en la culpabilidad delictuosa del deudor. El \u00fanico requisito necesario para ejercer la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es la existencia de inter\u00e9s, determinado a veces por el elemento del da\u00f1o y cuya naturaleza y extensi\u00f3n son diversas. Porque (\u2026) en la de simulaci\u00f3n resulta el perjuicio de la incertidumbre y dificultad de hacer valer un derecho subjetivo y, por consiguiente, de la amenaza de su posible violaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el elemento del da\u00f1o en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n tiene un aspecto m\u00e1s amplio y multiforme, ya que no consiste solamente, en una disminuci\u00f3n de la garant\u00eda de los acreedores, sino en cierto peligro de perder un derecho o de no poder utilizar una facultad legal\u201d\u00bb 10. <\/p>\n
Es incontrovertible, por consiguiente, en materia de simulaci\u00f3n la doctrina, as\u00ed como la jurisprudencia deben reconocer que su ejercicio corresponde a quien tuviere un inter\u00e9s jur\u00eddico tutelable frente al desconocimiento o violaci\u00f3n de un derecho suyo, as\u00ed sea consumado o potencial. <\/p>\n
En consecuencia, si el integrante que no celebr\u00f3 el contrato es el socio conyugal o compa\u00f1ero, inclusive el concubino de quien s\u00ed lo hizo, si la sociedad econ\u00f3mica se forma a partir del v\u00ednculo meramente consensual o solemne, y si el negocio jur\u00eddico recay\u00f3 sobre cosa que en t\u00e9rminos del art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil est\u00e1 llamada a componer el haber de la correspondiente sociedad, ninguna duda hay acerca de que, al primero de los aludidos consortes o consorcios s\u00ed le asiste un inter\u00e9s jur\u00eddico tutelable, pues cual miembro de dicha sociedad patrimonial tiene todo el derecho para que se descubra la verdad alrededor de un acto semejante. <\/p>\n
Por tanto, la Corte se equivoca al perseverar en una posici\u00f3n carente de ra\u00edces normativas; con mayor raz\u00f3n, seg\u00fan su propias palabras, no conven\u00eda \u00ab(\u2026) pasar por alto el inter\u00e9s de orden social que hay en que la verdad brille y las ficciones y simulaciones no prosperen [y que n]o es dado al juzgador restringir en su interpretaci\u00f3n las palabras o preceptos legales en forma que de ello se derive el \u00e9xito de aquello (\u2026) que la ley abomina y que marca con el calificativo de nulo, de absolutamente nulo (\u2026)\u00bb11 \u2013simulado decimos hoy\u2013. <\/p>\n
Dicho pensamiento fue reafirmado al determinar expresamente que los terceros s\u00ed ten\u00edan acci\u00f3n de simulaci\u00f3n sobre la base de la naturaleza jur\u00eddica de la misma. En efecto, se\u00f1al\u00f3 la doctrina jurisprudencial, tienen acci\u00f3n \u00ab(\u2026) [l]as partes contratantes, sus causahabientes a t\u00edtulo universal o herederos y en general toda persona que tenga inter\u00e9s protegido por la ley en que prime el acto secreto sobre el p\u00fablico, (\u2026) todos ellos tienen la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n: que se reconozca y declare que el bien no ha sido realmente enajenado, y que por tanto permanece a\u00fan en el patrimonio del contratante (\u2026), que prime la verdad real sobre la expresi\u00f3n s\u00f3lo aparentemente declarada (\u2026)\u00bb12. <\/p>\n
Por consiguiente, una actitud distinta de la argumentada en las precedentes l\u00edneas de esta aclaraci\u00f3n de voto, como la asumida por la mayor\u00eda en la sentencia frente a la que hago aclaraci\u00f3n, es reduccionista de los principios y valores fundantes del Estado Social de Derecho. La legitimaci\u00f3n en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n entre c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros no puede surgir apenas desde cuando se presente demanda con fines disolutorios de la sociedad familiar correspondiente, sino desde el momento mismo de la iniciaci\u00f3n de la convivencia o desde la celebraci\u00f3n del acto jur\u00eddico del matrimonio. <\/p>\n
En suma, aquel enfoque doctrinal de la Corporaci\u00f3n, no solo es caprichoso y contrario a la estructura del actual ordenamiento jur\u00eddico, sino manifiestamente contrario a los principios y valores profesados por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En la demanda, como cita de pie de p\u00e1gina se indica que \u00abla demanda pidi\u00f3 que se declare la existencia de la sociedad marital fue admitida el 14 de agosto de 2006 y la litis se trab\u00f3 el 19 de septiembre de 2006; cuando la venta de los inmuebles data del 18 de octubre de 2005, es decir, la existencia de la sociedad marital fue notificada al demandado 11 meses y un d\u00eda despu\u00e9s de sucedidos los negocios jur\u00eddicos que se acusan simulados\u00bb (f. 20, c. Corte). <\/p>\n
2\u0002 \u201cEn numerosas ocasiones la Corte ha tenido oportunidad de clarificar y refrendar el concepto de legitimaci\u00f3n en la causa y distinguirlo del inter\u00e9s para obrar\u2026 En relaci\u00f3n con la primera, explic\u00f3 hace m\u00e1s de medio siglo, en procura de establecer con nitidez los denominados presupuestos procesales y \u201ccrear derecho positivo unificando la jurisprudencia nacional\u201d, que \u201ccuando el juez dicta sentencia de fondo adversa a la demanda, por carencia de legitimaci\u00f3n del actor o del demandado en la causa, niega la acci\u00f3n por defecto de titularidad en el sujeto activo o pasivo de la acci\u00f3n, bien porque el actor no tiene la calidad para instaurarla, o bien porque el demandado no tiene la calidad para responder de ella\u201d (SC del 19 de agosto de 1954, G.J. CXLV, p\u00e1g. 251). <\/p>\n
3\u0002 Sentencia T-406 de 5 de junio de 1992. <\/p>\n
4\u0002 G. J., t. LXXVII, p\u00e1gina 793. <\/p>\n
5\u0002 FERRARA, Francisco. La simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos, p\u00e1gina 53 a 55. <\/p>\n
6\u0002 G. J., ts. XLII, p\u00e1ginas 336-337, y LXXVII, p\u00e1ginas 792-795. <\/p>\n
7\u0002 FERRARA, Francisco. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 G. J., t. XLIII, p\u00e1gina 830. <\/p>\n
9\u0002 G. J., t. LXXIX, p\u00e1gina 526. <\/p>\n
10\u0002 G. J., t. LXXVII, p\u00e1ginas 793-794. <\/p>\n
11\u0002 G. J., t. XLII, p\u00e1gina 25. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC5226-2021 (2008-00204-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC5226-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-008-2008-00204-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Tiberio Gonz\u00e1lez Amaya […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}