SC5250-2021 (2015-00687-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC5250-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-001-2015-00687-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante CORMUNDOS LTDA -Compa\u00f1\u00eda Real Mundial de Urbanismo, Parcelaci\u00f3n y Bien Ra\u00edz- frente a la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017 por la Sala Cuarta Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso de responsabilidad civil contractual que instaur\u00f3 frente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con la demanda (fls. 110 a 113, c. 1) y el escrito que la subsan\u00f3 (fls. 119 a 123), la actora pretende se declare que la demandada Seguros Generales Suramericana S.A. incumpli\u00f3 las obligaciones que se derivan del contrato contenido en las p\u00f3lizas de cumplimiento para particulares n\u00fameros 0766247-1 y 0215378-2 -expedidas por la aseguradora convocada-. Como consecuencia, solicit\u00f3 que se condene al pago de las indemnizaciones por el siniestro ocurrido en favor de CORMUNDOS LTDA, por las siguientes sumas de dinero: $565.000.000, \u00abcorrespondientes al anticipo no amortizado por el contratista\u00bb; y $290.000.000, \u00absuma con la cual se paga el amparo de cumplimiento atendiendo a que los perjuicios probados en la reclamaci\u00f3n de la p\u00f3liza\u00bb. Reclam\u00f3, asimismo, el pago de intereses moratorios conforme al art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, como -tambi\u00e9n- la indexaci\u00f3n de dichos rubros. <\/p>\n
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B. Causa petendi <\/p>\n
2.1. Adujo que Seguros Generales Suramericana SA. expidi\u00f3, por solicitud de Jos\u00e9 Fernando Ocampo G\u00f3mez \u2013 Contratista-, las p\u00f3lizas para particulares de cumplimiento n\u00fameros 0766247-1 y 0215378-2, en calidad de tomador y \u00abafianzado fechadas el 23 de Agosto de 2012 con vigencia entre el 23 de Agosto de 2012 y el 23 de Octubre de 2016 y el 23 de Agosto al 23 de Octubre de 2013\u00bb, respectivamente. Con ellas se amparaba a la sociedad (Cormundos Ltda.), en calidad de asegurada y beneficiaria, el cumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato de \u00abobra de urbanismo Etapa 2 de la Parcelaci\u00f3n San Luis Ciudadela Campestre, situada en la Loma del Escobero, en jurisdicci\u00f3n del Municipio de El Retiro Ant., por el sistema Llave en mano\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el aludido negocio jur\u00eddico de obra lo celebr\u00f3 con el se\u00f1or Jos\u00e9 Fernando Ocampo G\u00f3mez en escrito fechado el 24 de octubre del 2011. En tal documento, pactaron que el plazo de ejecuci\u00f3n ser\u00eda de catorce (14) meses, contados a partir del acta de inicio de obras, \u00abla cual data del 21 de octubre de 2011; es decir, finalizar\u00eda el 21 de diciembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
2.3. Asegur\u00f3 que Cormundos y \u00abel Contratista mediante documento suscribieron otros\u00ed al contrato inicial de obra fechado el 17 de Septiembre de 2012, en este, el contratista se oblig\u00f3 a aumentar el amparo del anticipo de la p\u00f3liza en un 50%, anticipo que se har\u00eda hasta por $1.200.000.000 (MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ML) y aumentaron la cobertura del amparo de cumplimiento hasta en un 20%\u00bb. En tal virtud, \u00abel 23 de Septiembre de 2012 la compa\u00f1\u00eda aseguradora expidi\u00f3 el anexo modificatorio n\u00famero 10660270 para incluir el amparo para buen manejo del anticipo $600.000.000 y para el cumplimiento $290.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el contratista abandon\u00f3 las obras, \u00abhecho que quedo consignado en escrito suscrito por este el 2 de Abril de 2013, ejecutando solo el 2% del valor de las obras seg\u00fan concepto del interventor de la obra, HUELLA ARQUITECTONICA\u00bb. En consecuencia, puso en conocimiento de la aseguradora la ocurrencia del siniestro el 23 de enero del 2013 (fl. 28) y activ\u00f3 la reclamaci\u00f3n de las garant\u00edas otorgadas en las respectivas p\u00f3lizas. <\/p>\n
2.5. El 18 de abril del 2013, la aseguradora objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. El d\u00eda 19 de abril del 2015, Cormundos Ltda. convoc\u00f3 a audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial. La diligencia fue suspendida a petici\u00f3n de la convocada, por lo cual se cit\u00f3 nuevamente para el 5 de mayo siguiente, fecha en la cual se declar\u00f3 fallida. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
Seguros Generales Suramericana S.A. se opuso oportunamente a las pretensiones (fls. 133 a 156, c.1). Propuso las excepciones de \u00abincumplimiento de las obligaciones del contratante \u2014 beneficiario\u00bb, \u00abinexistencia del da\u00f1o\u00bb, \u00abmodificaci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb, \u00abreticencia e inexactitud\u00bb, \u00abausencia de inter\u00e9s asegurable\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abl\u00edmite asegurado\u00bb, \u00abcl\u00e1usulas que rigen el contrato de seguro\u00bb. En s\u00edntesis, explic\u00f3 que \u00abno se considera afectado el amparo de buen manejo y correcta inversi\u00f3n del anticipo, ni el amparo de cumplimiento, en tanto el anticipo no existi\u00f3, dado que no es objeto del contrato de seguro los incumplimientos mutuos de las partes, (\u2026) pues si el contratante asegurado no obtuvo los permisos de la autoridad ambiental en tiempo, ni realiz\u00f3 el pago de las prestaciones y erogaciones a que estaba obligado al contratista, mal podr\u00e1 ahora pretender el cumplimiento de las obligaciones\u00bb. Reiter\u00f3 que el demandante incumpli\u00f3 sus obligaciones contractuales, particularmente en lo referente a las licencias ambientales a que estaba obligado para iniciar en tiempo la ejecuci\u00f3n de las obras. Tal circunstancia implic\u00f3 un retraso s\u00f3lo imputable a \u00e9l y no al contratista. <\/p>\n
La referida situaci\u00f3n f\u00e1ctica \u2013 el incumplimiento-, a su turno, lo llev\u00f3 a sostener que <\/p>\n
\u00abla ausencia del inter\u00e9s asegurable el contratante, asegurado y demandante, incumpli\u00f3, entre otras, la obligaci\u00f3n anteriormente referida, lo cual qued\u00f3 en evidencia ante las diferentes investigaciones adelantadas por Cornare, como autoridad ambiental de la zona delas obras, que generaron un nuevo plazo entre las partes, al no contar con las licencias requeridas, lo cual imped\u00eda la ejecuci\u00f3n de las obras en los t\u00e9rminos establecidos, esto es, estamos en frente del incumplimiento del contratante \u2014 beneficiario, desde luego, sin que este sea objeto de aseguramiento, lo que aqu\u00ed se ampara es el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, pero si el contratante no ha cumplido, no podr\u00e1 v\u00e1lidamente pretender declaraci\u00f3n de incumplimiento del contratista, obligaci\u00f3n y tr\u00e1mite de su cargo, sin el cual no es posible legalmente dar inicio a las obras objeto del contrato\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que se configur\u00f3 reticencia e inexactitud, en tanto que \u00aben este caso, el demandante \u2014 beneficiario \u2014 contratante, y el contratista, no fueron exactos en la identificaci\u00f3n del estado del riesgo, no s\u00f3lo por los retrasos que ya tra\u00eda la obra, por las dificultades en la obtenci\u00f3n de los permisos de la autoridad ambiental, sino por la forma imprecisa e indeterminada de pago de los honorarios del contratista, adem\u00e1s de la ejecuci\u00f3n del contrato con una retroactividad de diez (10) meses con respecto a la celebraci\u00f3n del contrato de seguro e inicio de su vigencia\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, denunci\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. Asegur\u00f3 que el plazo contractual para la satisfacci\u00f3n de las prestaciones hab\u00eda fenecido dos a\u00f1os antes de la presentaci\u00f3n de la demanda. Al respecto, sostuvo que \u00ablos hechos por los cuales se inicia la presente demanda, esto es, la imputaci\u00f3n de responsabilidad civil contractual por el incumplimiento del plazo acordado para la entrega de las obras, ocurri\u00f3 al vencimiento acordado, lo cual sucedi\u00f3 el d\u00eda 21 de diciembre de 2012, y m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s, esto es el 2 de junio de 2015, se presenta la demanda, acto que no tuvo la potencialidad de interrumpir la prescripci\u00f3n, en tanto esta ya se hab\u00eda configurado\u00bb. Despunt\u00f3 que la conciliaci\u00f3n prejudicial fue realizada el 6 de mayo de 2015, fecha para la cual ya se encontraba prescrita la acci\u00f3n, dado que los dos a\u00f1os establecidos por la norma, frente al plazo se\u00f1alado, \u00abse cumplieron el d\u00eda 22 de diciembre de 2014\u00bb. <\/p>\n
D. Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, la que, oportunamente apelada (fl 217-218, c.1), fue confirmada por el Tribunal, con exclusivo fundamento en la prescripci\u00f3n extintiva derivada del contrato de seguro. <\/p>\n
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por acreditar los presupuestos procesales para proferir sentencia de m\u00e9rito. Indic\u00f3 que el problema a resolver estribaba en determinar si se configur\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abincumplimiento de las obligaciones del contratante beneficiario\u00bb, como lo consider\u00f3 el a-quo. O si, por el contrario, se impon\u00eda condenar a la demandada al estar estructurada su responsabilidad. <\/p>\n
Seguidamente, abord\u00f3 la tem\u00e1tica del seguro de cumplimiento. Sostuvo que \u00abesta especie de contrato de da\u00f1os tiene por objeto servir de garant\u00eda a los acreedores de obligaciones que tienen venero en el contrato o en la ley acerca de su cumplimiento por parte del obligado (\u2026) por virtud -del seguro- se garantiza el cumplimiento de una obligaci\u00f3n de forma tal que en el evento de la ocurrencia del riesgo que consiste en el no cumplimiento el asegurador toma a su cargo hasta por el monto de la suma asegurada los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligaci\u00f3n amparada\u00bb (Min. 7:15). Posteriormente, indic\u00f3 que \u00abconsecuentemente con su naturaleza y con el fin que est\u00e1 llamado a cumplir en tal modalidad contractual el asegurado no puede ser otro que el acreedor de la obligaci\u00f3n pues \u00fanicamente en el radica un inter\u00e9s asegurable de contenido econ\u00f3mico que el riesgo que envuelve el convenio quede garantizado, el riesgo asegurado est\u00e1 constituido por eventualidad de un incumplimiento por parte del deudor. (\u2026) La obligaci\u00f3n del asegurador consiste en resarcir al acreedor el da\u00f1o o perjuicio que deriva del incumplimiento de deudor hasta concurrencia de la suma asegurada\u00bb (min. 8:02). Una vez hecha la explicaci\u00f3n te\u00f3rica referida pas\u00f3 a advertir que \u00abresulta preciso recordar que en el contrato de seguro documentado en la p\u00f3liza 0766247-1 (\u2026) se asegur\u00f3 \u00fanicamente el cumplimiento de la etapa II del proyecto urban\u00edstico denominado ciudadela San Luis y no la totalidad del referido desarrollo como parecen entenderlo las partes\u00bb. De ah\u00ed que \u00abel tribunal deba coincidir con el primero de los reparos del recurrente contrario a los sostenido por el a quo en la sentencia atacada para la fecha de iniciaci\u00f3n de la etapa si exist\u00edan los permisos de la autoridad ambiental\u00bb (min 9:26). <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que, revisadas las documentales \u00abp\u00f3liza y contrato de obra\u00bb, las actividades garantizadas fueron el buen manejo del anticipo y el cumplimiento del contrato. A rengl\u00f3n seguido sostuvo que el contrato de obra fue celebrado el 24 de octubre de 2011 (min 10:14). Aunado a lo anterior, observ\u00f3 que en el instrumento contractual del negocio de obra civil \u00abno se pactaron fechas espec\u00edficas de inicio y finalizaci\u00f3n de las etapas se\u00f1aladas en el mismo\u00bb (min 10:22). Se sirvi\u00f3 de las declaraciones de las partes para concluir que, a la fecha de expedici\u00f3n de las p\u00f3lizas, ya se encontraban los permisos de la autoridad ambiental para desarrollar la etapa II del contrato. De todo lo anterior, evidenci\u00f3 \u00abque para el especifico caso del desarrollo de la etapa II del proyecto ciudadela San Luis la parte actora si hab\u00eda cumplido con su obligaci\u00f3n de entregarle al contratista los permisos de urbanizaci\u00f3n y ambientales conforme a lo estipulado\u00bb (min 12:09). Encontr\u00f3 que no hubo incumplimiento del contratante beneficiario, como equivocadamente lo sostuvo el juez. <\/p>\n
A su turno, acometi\u00f3 el estudio de \u00abla defensa de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro\u00bb. Principi\u00f3 por considerar que \u00abel momento que debe tenerse como base para empezar a computar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinario de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro corresponde al d\u00eda 24 de diciembre de 2012 pues es aquella fecha seg\u00fan result\u00f3 probado en el proceso ocurri\u00f3 el vencimiento del periodo de duraci\u00f3n pactado para el cumplimento de las obras y obviamente para el adecuado manejo del anticipo, fecha en la cual tuvo conocimiento la beneficiaria del seguro del hecho que da lugar a exigir la pertinente indemnizaci\u00f3n\u00bb (min 20:10). Lo precedente le permiti\u00f3 al Tribunal definir que es el conocimiento de la materializaci\u00f3n del siniestro el que da p\u00e1bulo al inicio de la prescripci\u00f3n ordinaria, en tanto surge el derecho para el asegurado a exigir el cumplimiento de la prestaci\u00f3n indemnizatoria derivada del contrato (min 24: 50). <\/p>\n
Ahora bien, una vez expuestas las referidas consideraciones, su mirada la pos\u00f3 en el contrato de obra civil y en la p\u00f3liza de seguro, y estim\u00f3 que \u00abes claro que el par\u00e1metro para el inicio del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria deriva del contrato de seguro es el d\u00eda 24 de diciembre 2012, porque en dicha oportunidad la sociedad beneficiaria interesada tuvo conocimiento del suceso base de la demanda, el cual no es otro que incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y que fueron objeto de aseguramiento por parte de la compa\u00f1\u00eda demandada cumplimiento del contrato y buen manejo del anticipo. Lo anterior con apoyo en la cl\u00e1usula del plazo del acto jur\u00eddico, \u00abcuando al vencerse el plazo contractual se verific\u00f3 que el contratista no ejecut\u00f3 la totalidad de la obra contratada exterioriz\u00e1ndose igualmente el incorrecto manejo del anticipo y el definitivo incumplimiento del contrato\u00bb (min 27: 45). Discerni\u00f3 que no hubo modificaci\u00f3n del plazo contractual -contrario a lo arg\u00fcido por el demandante-. Para arribar a tal aserto, estim\u00f3 que de las documentales arrimadas no pod\u00eda \u00abtenerse en cuenta para este evento la presunta ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino del contrato de obra cuya etapa II fue asegurada por la demandada, ni la fecha de vigencia del contrato de seguro que amparaba el mismo, ni mucho menos la fecha de presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n efectuada por la beneficiaria, por dos razones, en primer lugar, porque estos criterios no son los determinantes del negocio jur\u00eddico como el que da base a la presente acci\u00f3n y, en segunda medida, debido a que la alegada modificaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino del contrato de obra nunca ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
convergieron en \u00abque nunca hubo modificaci\u00f3n de la fecha de duraci\u00f3n del acuerdo de obra celebrado y dijo luego del inicio de la etapa dos le quedaban al contratista cuatro o cinco meses para finalizar el objeto del mismo\u00bb (1:03:30 audio 2- plazo). Remat\u00f3 diciendo que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n inici\u00f3 un nuevo c\u00f3mputo producto de la reclamaci\u00f3n y su ulterior objeci\u00f3n. Lo anterior implic\u00f3 \u00abque para la fecha en que la aseguradora decidi\u00f3 la reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n en comento a trav\u00e9s de la objeci\u00f3n documentada en el escrito de fecha 18 de abril de 2013 -folios 23, 25- inicia un nuevo c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de las acciones ordinarias del contrato de seguro en raz\u00f3n de la interrupci\u00f3n sufrida por el periodo inicial concluy\u00e9ndose ahora que la fecha real de perfeccionamiento de tal fen\u00f3meno extintivo ser\u00eda el 17 de abril de 2015\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el pretensor interpuso la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concedida en prove\u00eddo de 22 de mayo de 2017 (fl.45, c. 2). <\/p>\n
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III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso -norma aplicable- se formul\u00f3 un (1) cargo por la v\u00eda indirecta por error de hecho. Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio por aplicaci\u00f3n indebida. Y de los c\u00e1nones 1077, 1079, 1080 del mismo estatuto, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. En su desarrollo, el recurrente sostuvo que es indiscutible que el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del contrato expiraba el 12 de julio de 2013. De forma tal que el ad quem err\u00f3 al declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro. En tal sentido, en lo que concierne a la premisa del Colegiado de segundo grado consistente en que \u00abla modificaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino del contrato de obra nunca ocurri\u00f3\u00bb, asever\u00f3 que \u00abel tribunal mencion\u00f3 que varias cl\u00e1usulas del contrato establec\u00edan que era indispensable la suscripci\u00f3n de un otros\u00ed para la validez de cualquier modificaci\u00f3n que se realizara al contrato, concretamente, el p\u00e1rrafo de la cl\u00e1usula primera, de la cl\u00e1usula segunda, los par\u00e1grafos 1 y 2 de la cl\u00e1usula tercera\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tras transcribir las estipulaciones contractuales mencionadas por el convocado en su sentencia, advirti\u00f3 que \u00abla lectura de las anteriores disposiciones contractuales permite apreciar que solo el par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula tercera y la cl\u00e1usula d\u00e9cima aluden a la ampliaci\u00f3n del plazo\u00bb. En ese orden, anot\u00f3 que ninguna de las disposiciones tra\u00eddas de presente \u00abse\u00f1ala que la validez de cualquier modificaci\u00f3n en general, o la ampliaci\u00f3n del plazo, en particular, estaba sujeta de manera insoslayable, a la suscripci\u00f3n de un otros\u00ed, como concluy\u00f3 aquel\u00bb. Al amparo de ese razonamiento, manifest\u00f3 que \u00abla cl\u00e1usula tercera se\u00f1al\u00f3 que las partes estaban habilitadas para extender la vigencia del contrato y al efecto utiliz\u00f3 el verbo podr\u00e1n. Es decir, como algo facultativo y no obligatorio para los contratantes; y a su turno, la cl\u00e1usula d\u00e9cima, menciona que si las partes decid\u00edan ampliar el t\u00e9rmino de vigencia del convenio deb\u00edan dejar constancia por escrito de tal hecho, pero en ninguna parte de la referida estipulaci\u00f3n o del contrato- ello es medular- se estableci\u00f3, que solo mediante la suscripci\u00f3n de un otros\u00ed u escrito, tendr\u00eda validez cualquier modificaci\u00f3n que acordaran los contratantes, como lo concluyo el ad quem\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, coment\u00f3 que \u00abel tribunal cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico al interpretar las cl\u00e1usulas del contrato, antes mencionadas, pues estim\u00f3 que como no hab\u00eda suscripci\u00f3n de un otro si -hecho que tambi\u00e9n es aseverado por los dos testigos que menciona- no hab\u00eda existido ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino de vigencia del contrato, conclusi\u00f3n est\u00e1 \u00faltima que no se encuentra ajustada a la realidad, pues es perfectamente posible- y en efecto aqu\u00ed sucedi\u00f3- que exista una ampliaci\u00f3n de la vigencia del contrato sin documento escrito de las partes, m\u00e1xime trat\u00e1ndose- como se trata- de un contrato consensual que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, advirti\u00f3 que \u00abel plazo s\u00ed fue modificado por las propias partes para iniciarlo en la fecha de emisi\u00f3n de la licencia ambiental de CORNARE, la que se dio el 11 de julio de 2012\u00bb. Como soporte de su afirmaci\u00f3n, trajo de presente la comunicaci\u00f3n fechada el 26 de diciembre del 2012 y el informe del ajustador contratado por la aseguradora para analizar la reclamaci\u00f3n presentada. Adicionalmente, asever\u00f3 que \u00abSuramericana acept\u00f3 y tuvo en cuenta la modificaci\u00f3n del plazo de ejecuci\u00f3n del contrato habida cuenta que el 23 de agosto de 2012 su p\u00f3liza de cumplimiento n\u00famero 0766247-1, con vigencia a partir de esa fecha y para el amparo de anticipo expidi\u00f3 el anexo modificatorio n\u00famero 10660270 el 21 de septiembre de 2012, con vigencia del 17 de septiembre de 2012 hasta el 23 de diciembre de 2013\u00bb. En cuanto a la trascendencia, apunt\u00f3 que \u00absi el tribunal no hubiere cometido los yerros f\u00e1cticos que vienen de denunciarse y acreditarse, ha debido concluir que como el contrato asegurado expiraba el 12 de julio de 2013, en esa fecha el beneficiario tuvo conocimiento de la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado y a la fecha en que se present\u00f3 el libelo inicial no hab\u00eda trascurrido el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026) no pod\u00eda abrirse paso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En atenci\u00f3n a que el casacionista se propone a demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en una apreciaci\u00f3n defectuosa de ciertas pruebas recaudadas en el proceso \u2013 contrato de obra asegurado, comunicaci\u00f3n del interventor del 26 de diciembre del 2012, informe del ajustador del 31 de enero del 2013 y varios testimonios-, y por esa v\u00eda, le endilga la violaci\u00f3n de normas sustanciales, es menester destacar que la tarea del impugnante debe estar dirigida a demostrar, si de error de hecho se trata, que el yerro que le enrostra al juzgador es notoria o evidente. En otras palabras, que hay una clara contrariedad entre la conclusi\u00f3n del Tribunal y lo que la prueba revela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es preciso destacar que, en el \u00e1mbito de la prueba y para los prop\u00f3sitos casacionales, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando exige que \u00e9ste sea \u201cmanifiesto\u201d (art\u00edculo 336, #2 CGP), excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. Por el contrario, estos han de quedar comprobados a simple vista en el expediente, distinci\u00f3n que, dicho esto de margen, caracteriza al recurso de casaci\u00f3n y lo diferencia de la instancia del proceso. As\u00ed lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, que de manera inveterada ha sostenido que \u00abNo sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2. En efecto, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal, sino que aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe poner de presente en forma clara y precisa, contundentemente, los errores f\u00e1cticos en que pudo haber incurrido el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso. Es a eso es lo que refiere el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso cuando exige que, si se alega violaci\u00f3n de norma sustancial como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba, \u00abel recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb. De ah\u00ed que \u00abPara que se produzca esa clase de error -c\u00f3mo lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso punto seguido la duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb2. <\/p>\n
Lo anterior equivale a decir que si se alega que la prueba espec\u00edficamente determinada fue mal apreciada, el censor debe, con un cotejo o comparaci\u00f3n, poner de presente qu\u00e9 fue lo que concluy\u00f3 el Tribunal de dicha prueba y qu\u00e9 es lo que emerge fluidamente de ella, esto es, sin esforzados razonamientos. Ello dada la discreta autonom\u00eda del juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio. Y la necesidad de que el yerro de hecho sea protuberante, manifiesto, que salte a la vista. <\/p>\n
3.- Del escrutinio al acervo documental, se advierte que para el Tribunal oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, comoquiera que la demanda se present\u00f3 transcurridos m\u00e1s de dos a\u00f1os desde que acaeci\u00f3 el siniestro, esto es, el 24 de diciembre de 2012, cuando se cumpli\u00f3 el plazo pactado por las partes para la entrega de la obra contratada sin que la referida prestaci\u00f3n se haya ejecutado. Adem\u00e1s de ello, dictamin\u00f3 que no se demostr\u00f3 la suscripci\u00f3n de una pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino de ejecuci\u00f3n del contrato y, en particular, en lo concerniente a la prestaci\u00f3n de entregar las obras. En otros t\u00e9rminos, se esperaba que el 24 de diciembre del 2012 se verificara el cumplimiento del objeto contractual. <\/p>\n
3.1.- Pues bien, a juicio de esta Sala, tales discernimientos emanan de los documentos que el recurrente tilda de haber sido equivocadamente apreciados por el ad quem. La Corte advierte que en ellos se indic\u00f3 que la modificaci\u00f3n del plazo contractual deb\u00eda efectuarse i) Con antelaci\u00f3n a la fecha de terminaci\u00f3n de la obra. Y ii) con la suscripci\u00f3n de un acta o contrato adicional. <\/p>\n
En efecto, para el ad quem, en el contrato de obra (fl. 29, c.1) suscrito entre la sociedad Cormundos Ltda. y Jos\u00e9 Fernando Ocampo G\u00f3mez se pact\u00f3, en su cl\u00e1usula tercera, que el plazo de duraci\u00f3n de la obra ser\u00eda de catorce (14) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio, de los cuales \u00abDOS (2) MESES para la ejecuci\u00f3n de las obras de plan de mitigaci\u00f3n ambiental y compensaci\u00f3n y DOCE (12) MESES, para la ejecuci\u00f3n de la totalidad de las obras descritas en la cl\u00e1usula primera\u00bb. El escrito fue suscrito entre las partes el 24 de octubre del 2011 y, su acta de inicio, el 21 de octubre anterior. De ello, el Tribunal concluy\u00f3 que la fecha de inicio del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria de la acci\u00f3n indemnizatoria derivada del contrato de seguro era el 24 de diciembre del 2012, pues en dicha calenda el beneficiario tuvo conocimiento del siniestro, que no es otro que el incumplimiento de las obligaciones objeto de aseguramiento (cumplimiento del objeto y buen manejo del anticipo). Ello en atenci\u00f3n a que tal era la fecha de vencimiento del plazo contractual, en la que se verific\u00f3 que el contratista \u00abno ejecut\u00f3 la totalidad de la obra contratada, exterioriz\u00e1ndose igualmente el incorrecto manejo del anticipo y el definitivo incumplimiento del contrato\u00bb. <\/p>\n
3.2.- En lo que toca con la modificaci\u00f3n de la vigencia de p\u00f3liza del contrato de seguro y su incidencia en el de obra, el Colegiado consider\u00f3 que ese instrumento no ten\u00eda la virtualidad para ampliar el plazo del contrato base de la acci\u00f3n. As\u00ed mismo, en cuanto al clausulado del contrato de obra, el Tribunal valor\u00f3 que no pod\u00eda tenerse en cuenta la presunta ampliaci\u00f3n del plazo, puesto que esta nunca se efectu\u00f3 al no obrar en el plenario escrito a trav\u00e9s del cual se modific\u00f3 el contrato en dicho aspecto. <\/p>\n
3.3. Sobre este aspecto de la interpretaci\u00f3n contractual vale la pena ahondar en breves l\u00edneas. <\/p>\n
3.3.1. Ha de memorarse que de vieja data esta corporaci\u00f3n ha venido se\u00f1alando que, en cuanto hace a la interpretaci\u00f3n del contrato, \u00ab[e]n el derecho positivo colombiano impera el principio seg\u00fan el cual las leyes que regulan los contratos son normas supletorias de la voluntad de los contratantes, cuando estos, al celebrar sus convenciones jur\u00eddicas, acatan todas las prescripciones legales requeridas para su formaci\u00f3n y respetan el orden p\u00fablico y las buenas costumbres. El postulado de la normatividad de los actos jur\u00eddicos (art 1602, C.C) se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones acordadas en \u00e9l\u00bb (CSJ Sala Civil, Tomo CLXXVI. 2415, p\u00e1g. 249- 257). <\/p>\n
En jurisprudencia reiterada, se ha resaltado que \u00abSi la misi\u00f3n del int\u00e9rprete es la de recrear la voluntad de los extremos de la relaci\u00f3n contractual, su labor\u00edo debe circunscribirse, \u00fanicamente, a la consecuci\u00f3n prudente y reflexiva del aludido logro, en orden a que su valoraci\u00f3n, de \u00edndole reconstructiva, no eclipse el querer de los convencionistas\u201d (cas. civ. 14 de agosto de 2000, exp. 5577). De all\u00ed que \u201cla operaci\u00f3n interpretativa del contrato parta necesariamente de un principio b\u00e1sico: la fidelidad a la voluntad, la intenci\u00f3n, a los m\u00f3viles de los contratantes. Obrar de otro modo es traicionar la personalidad del sujeto comprometida en el acto jur\u00eddico, o en otros t\u00e9rminos, adulterar o desvirtuar la voluntad plasmada en \u00e9l\u00bb (CCLV, 568) (CSJ, Sala Civil, 28 de febrero de 2005, Exp 7504). En el mismo <\/p>\n
sentido, se ha precisado que \u00abel contrato a los ojos de la ley y del Juez no es ni puede ser otro que el que resulta de los hechos, aunque los interesados por ignorancia o fines especiales quieran revestirlo de una calidad que no tiene\u00bb (CSJ. G.J. VII, p. 92, sentencia del 18 de febrero de 1892). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que \u00ab[e]s principio de derecho que en las obligaciones contractuales rige, casi soberanamente, el querer libre de las partes, o sea el principio de la libertad jur\u00eddica\u00bb (sentencia del 20 de noviembre de 1906, G.J. XVIII, p. 70). En efecto, el contrato es un todo l\u00f3gico \u2013\u201cun todo completo\u201d3-, una unidad que somete a los contratantes. \u00ab[N]o es pura expresi\u00f3n de una voluntad, sino un imperativo\u00bb4. Esto es, la voluntad com\u00fan de las partes ha de recibirse como la regla principal o estructural de la interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, las reglas interpretativas y decimon\u00f3nicas que figuran en el C\u00f3digo Civil han sido ya explicadas por esta Corporaci\u00f3n (Cfr. SC del 5 de julio de 1983, SC139-2002 de agosto 1\u00b0 2002, rad. n.\u00b0. 6907; SC127-2008 de dic 19 2008, rad. n.\u00b0. 11001-3103-012-2000-00075-01; SC038-2015, de feb 2 de 2015, rad. 1100131030192009002980l, entre otras). <\/p>\n
3.3.2. En relaci\u00f3n con la regla principal e imperativa de interpretaci\u00f3n, asentada en el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil -sigui\u00e9ndose las cl\u00e1sicas f\u00f3rmulas de Domat5 y Pothier6-, esta Corte ha sostenido lo que viene: <\/p>\n
\u00abAhora bien, el criterio basilar en esta materia \u2013m\u00e1s no el \u00fanico, \u00fatil es memorarlo- es, pues, el se\u00f1alado en el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u201cconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u201d, en cuya puesta en pr\u00e1ctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del art\u00edculo 1622 ib., a cuyo tenor las cl\u00e1usulas de un contrato se interpretar\u00e1n \u201cpor la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobaci\u00f3n de la otra\u00bb. <\/p>\n
Esa b\u00fasqueda \u2013o rastreo ex post- de la intenci\u00f3n com\u00fan, por lo dem\u00e1s, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisi\u00f3n, pues no hay que olvidar que si la voluntad com\u00fan de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse m\u00e1s que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionistas, ratio medular del labor\u00edo hermen\u00e9utico. No en vano, como bien lo se\u00f1ala la antigua m\u00e1xima, \u201cla letra mata, y el esp\u00edritu vivifica\u00bb. (CSJ, Sala Civil, 28 de febrero de 2005, Exp 7504) <\/p>\n
3.3.3. Al lado de esta regla principal e imperativa, se abre paso la siguiente subregla de interpretaci\u00f3n -en realidad una presunci\u00f3n7 de la regla principal-: es posible descubrir <\/p>\n
\u00abla presunta voluntad de las partes\u00bb (CSJ. G.J. XVIII, p. 70, sentencia del 20 de noviembre de 1906). En efecto, si el convenio consagra cl\u00e1usulas claras8, lo all\u00ed pactado se presume como la intenci\u00f3n com\u00fan de los contratantes. Esto es, \u00abla intenci\u00f3n de las partes al celebrar los contratos puede desentra\u00f1arse tomando en consideraci\u00f3n la naturaleza del contrato y las cl\u00e1usulas claras y admitidas del mismo\u00bb CSJ. G.J. LX, p. 661, sentencia del 3 de junio de 1946). Es decir, \u00ab[n]o hay necesidad de rastrear por sus antecedentes la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes, cuando ella aparece declarada expresamente en las cl\u00e1usulas del instrumento que otorgan\u00bb (CSJ. G.J. XXIV, p. 121, sentencia del 30 de mayo de 1914). <\/p>\n
En una palabra, el an\u00e1lisis de interpretaci\u00f3n ha de ocuparse de esta cuesti\u00f3n fundamental: \u00bflas disposiciones contractuales son claras? Desde luego, no podr\u00edan recibirse como claras aquellas estipulaciones que son contradictorias entre s\u00ed -que deslegitiman la veraz y com\u00fan intenci\u00f3n de las <\/p>\n
partes, por un lado- o ambiguas u obscuras -que desdicen de su orientaci\u00f3n o sentido, por otro-9. <\/p>\n
Como ya se ha explicado, \u00ab[s]olo cuando no es posible determinar con claridad la intenci\u00f3n de los contratantes es cuando el fallador debe acudir, con vista de las circunstancias de cada caso, las normas que estime conducentes de entre las establecidas en los arts. 1619 a 1624 del C.C.\u00bb (CSJ, sentencia del 14 de marzo de 1946, G.J.LX, p. 112). Esto es, \u00ablos jueces tienen la facultad para interpretar los contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribuci\u00f3n no los autoriza, so pretexto de interpretaci\u00f3n, a distorsionar ni a desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni mucho menos para quitarles o reducirles efectos legales\u00bb (CSJ, Sala Civil, 14 de agosto de 2000, Exp. 5577). <\/p>\n
3.4. En el caso sub examine se identifican dos cl\u00e1usulas claras -que no pueden recibirse ni como contradictorias, ni como ambiguas-. En primer lugar, en el par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula tercera se acord\u00f3 que \u00abel plazo podr\u00e1 prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelaci\u00f3n a la fecha de terminaci\u00f3n de la obra mediante la suscripci\u00f3n de un acta o contrato adicional en que deber\u00e1 constar el t\u00e9rmino de su ampliaci\u00f3n y el de sus garant\u00edas\u00bb. En segundo lugar, en la cl\u00e1usula d\u00e9cima se plasm\u00f3 que \u00absi las partes deciden ampliar el plazo establecido para la entrega de la obra, dejar\u00e1n constancia de lo anterior por escrito; las p\u00f3lizas se ampliar\u00e1n por el nuevo plazo acordado por las partes\u00bb (la negrilla no est\u00e1 en el texto original). <\/p>\n
3.4.1. En el caso concreto, se duele el gestor de la interpretaci\u00f3n del contrato de obra, en punto de tales estipulaciones, por cuanto, a su juicio, la cl\u00e1usula tercera \u00abse\u00f1al\u00f3 que las partes estaban habilitadas para extender la vigencia del contrato y al efecto utiliz\u00f3 el verbo \u201cpodr\u00e1n\u201d, es decir, como algo facultativo y no obligatorio para los contratantes\u00bb. <\/p>\n
3.4.2. Sin embargo, se observa que la censura recae es sobre la particular interpretaci\u00f3n que el pretensor otorga a la palabra \u201cpodr\u00e1n\u201d, en contraste con la lectura que sobre la cl\u00e1usula otorg\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
3.4.3. Ciertamente, lo que la oraci\u00f3n contenida en la cl\u00e1usula tercera indica es que los contratantes tienen la posibilidad -de com\u00fan acuerdo, previo al vencimiento del t\u00e9rmino y con la suscripci\u00f3n de un acta o contrato adicional- de ampliar el plazo pactado. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis gramatical y sem\u00e1ntico de \u00e9sta, se encuentra que el verbo \u201cpodr\u00e1n\u201d11 recae es sobre la \u201cposibilidad o facultad\u201d12 de las partes para prorrogar el t\u00e9rmino -mas no sobre la forma en que deben hacerlo-. De manera que lo ac\u00e1 acordado fue la posibilidad13 de cambiar los plazos de entrega de las obras. Y no la forma en que este cambio deb\u00eda ser instrumentado, el cual s\u00ed fue contemplado contractualmente -como se ha dicho- para que fuese efectuado de manera solemne. <\/p>\n
3.5. Por otro lado, en el \u00e1mbito del recurso de casaci\u00f3n, est\u00e1 averiguado que si del texto convencional se descubren varios sentidos razonables, incluso con la aplicaci\u00f3n de las reglas hermen\u00e9uticas anotadas, la elecci\u00f3n que de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser respetada y mantenida por la Corte.14 A menos, desde luego, que otras pruebas desmientan ese sentido escogido, para lo cual ha de empe\u00f1arse el impugnante en hacerlo ver con la denuncia de yerros probatorios trascendentes, presentes en la sentencia que combate. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que la interpretaci\u00f3n otorgada por el Tribunal no resulta arbitraria. Reit\u00e9rese que <\/p>\n
\u201cDebe tenerse presente que en virtud de la autonom\u00eda de que goza el fallo de instancia para efectuar la actividad apreciativa del acervo probatorio el yerro f\u00e1ctico para que tenga entidad en casaci\u00f3n y pueda por ende producir el quiebre de un fallo tiene que ser manifiesto o como lo pregona la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n ser tan grave y notorio que a simple vista se imponga la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio o en otros t\u00e9rminos de tal magnitud que resulte contrario a la evidencia del proceso no es por tanto error de un fallo aquel a cuya demostraci\u00f3n s\u00f3lo se llega mediante un esforzado racionamiento\u201d15 <\/p>\n
4. Valga aclarar, por lo dem\u00e1s, que no se cuestion\u00f3 el an\u00e1lisis probatorio -en el minuto 30:46 a 32:20- de los testimonios rendidos por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Vanegas Montoya y Carlos Alberto Molina Villegas, pese a que dichas declaraciones fueron relacionadas como \u00abprobanzas respecto de las cuales se cometi\u00f3 el yerro f\u00e1ctico\u00bb. Al respecto, v\u00e9ase que el numeral 2 del art\u00edculo 344, del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que \u00ablos fundamentos de cada acusaci\u00f3n, [deben plantearse] en forma clara, precisa y completa\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha explicado que: <\/p>\n
\u00ab(…) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. <\/p>\n
Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211-2017, 26 sep.). <\/p>\n
5. Un comentario equivalente se ofrece con respecto al an\u00e1lisis efectuado de la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino por la presentaci\u00f3n del requerimiento el 23 de enero del 2013. Que, como se sabe, conllev\u00f3 a que el lapso de prescripci\u00f3n volviera a contarse a partir del 18 de abril del 2013 -data en la cual aseguradora objet\u00f3 tal reclamaci\u00f3n-. Sobre el particular, se advierte que el Tribunal comput\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria del contrato de seguro a partir del conocimiento de objeci\u00f3n formulada, dada la vicisitud de la interrupci\u00f3n. Ciertamente, afirm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEs claro para esta Corporaci\u00f3n que dicho fen\u00f3meno existi\u00f3 fue interrumpido el d\u00eda 23 de enero de 2013 -folio 28- por la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n que efectu\u00f3 la beneficiaria del contrato de seguro antes se\u00f1alado ante la aseguradora aqu\u00ed demandada tal como da fe de ello el documento obrante a folio 28 del plenario donde se puso en conocimiento de Seguros Generales Suramericana SA la ocurrencia del siniestro amparado en la p\u00f3liza 0766247-1 y se le solicit\u00f3 ejecutar diligencias pertinentes para obtener la indemnizaci\u00f3n del caso. Lo anterior con fundamento en el art\u00edculo 94 del c\u00f3digo general del proceso plenamente aplicable al presidente asunto que expresamente se\u00f1ala \u201cel t\u00e9rmino precisi\u00f3n tambi\u00e9n se interrumpe por requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor\u201d y como se dej\u00f3 rese\u00f1ado el beneficiario del contrato de seguro acreedor efectuar requerimiento de pago de la indemnizaci\u00f3n a su aseguradora deudora de manera escrita y por ende hay lugar a la aplicaci\u00f3n de las consecuencias jur\u00eddicas previstas en la norma en cita pues no es otra que la interrupci\u00f3n del conteo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en curso. (\u2026) <\/p>\n
Lo anterior implica que para la fecha en que la aseguradora decidi\u00f3 la reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n en comento a trav\u00e9s de la objeci\u00f3n documentada en el escrito de fecha 18 de abril de 2013 -folios 23, 25- inicia un nuevo c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de las acciones ordinarias del contrato de seguro en raz\u00f3n de la interrupci\u00f3n sufrida por el periodo inicial concluy\u00e9ndose ahora que la fecha real de perfeccionamiento de tal fen\u00f3meno extintivo ser\u00eda el 17 de abril de 2015. Empero dicho t\u00e9rmino fue suspendido con la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho presentada el 9 de abril 2015 por la que demandante CORMUNDO limitada ante el colegio antioque\u00f1o de abogados CONALVOS -cuaderno dos- es decir 9 d\u00edas antes de la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria estudiada. En efecto la ley 640 2001 se\u00f1ala en su art\u00edculo 21 que (\u2026). Conforme lo anterior, la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho suspende el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n o caducidad seg\u00fan se trate hasta que se suelta una de las situaciones se\u00f1aladas en la norma que viene de citarse, que para el presente caso corresponde a la expedici\u00f3n de las constancias a que hace referencia el art\u00edculo dos de la misma ley, concretamente, la certificaci\u00f3n de haberse efectuado la audiencia de conciliaci\u00f3n sin que se haya logrado acuerdo alguno. Justamente el art\u00edculo dos de la ley 640 de 2001 establece que el conciliador expedir\u00e1 constancia del interesado en la que se indicar\u00e1 la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud y la fecha en que se celebr\u00f3 la audiencia o debi\u00f3 celebrarse y se expresar\u00e1 sucintamente el asunto objeto de conciliaci\u00f3n en cualquiera de los siguientes eventos: primero, cuando se efect\u00fae la audiencia de conciliaci\u00f3n y que se logre acuerdo; segundo, cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia en este evento deber\u00e1n indicarse expresamente las excusas presentadas por la inexistencia si las hubiere; tercero, cuando se presenten una solicitud para la celebraci\u00f3n de una audiencia de conciliaci\u00f3n y el asunto de que se trate no sea conciliable conformidad con la ley. <\/p>\n
En el sub-examine, se conoce que luego de presentada la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial, elevada por la hoy demandante el 9 de abril del 2015, se cit\u00f3 a audiencia de conciliaci\u00f3n del d\u00eda 6 de mayo de 2015, fecha en la cual se cumpli\u00f3 con uno de los eventos se\u00f1alados en el art\u00edculo 21 de la ley 640 de 2001, en tanto no hubo acuerdo conciliatorio entre las partes, situaci\u00f3n que marca el l\u00edmite final del periodo por el cual se suspendi\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro. Es as\u00ed como el d\u00eda 7 de mayo de 2015 se continuar\u00eda el c\u00f3mputo del periodo de prescripci\u00f3n se\u00f1alado en la ley sustancial respecto de la acci\u00f3n aqu\u00ed ejercida por lo que sumado a este los 9 d\u00edas restantes de dicho lapso de tiempo se concluye que tal fen\u00f3meno liberatorio se configur\u00f3 definitivamente el d\u00eda 15 de mayo 2015. Lo anterior significa ni m\u00e1s ni menos que para la fecha en que se present\u00f3 la demanda que dio inicio al presente juicio civil, 1 de junio de 2015, ya hab\u00eda operado el fen\u00f3meno prescriptivo en coment\u00f3 y ante la delegaci\u00f3n de la misma por la pasiva se entienden cumplidos los presupuestos legales que imponen su declaratoria por la jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De manera que la demostraci\u00f3n del yerro se qued\u00f3 a mitad de camino, comoquiera que ninguna cr\u00edtica se elev\u00f3 en contra del conteo del t\u00e9rmino efectuado a partir de la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n incoada por el actor ante la aseguradora. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se observa que no fueron atacados la totalidad de los argumentos expuestos por el Tribunal en torno a la ocurrencia de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. Aunado a ello, se advierte que las quejas elevadas contra la forma en que fueron interpretadas las cl\u00e1usulas del contrato de obra no son m\u00e1s que alegatos de instancia, sin sustento demostrativo, ni protuberancia para la demostraci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
7. En una palabra, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 09 de mayo de 2017 por la Sala Cuarta Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso de marras. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. Como quiera que la parte opositora replic\u00f3 en tiempo la demanda, con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la correspondiente liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
2\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
3\u0002 Capitant, Henri. De la cause des obligations. Dalloz, Par\u00eds, 1927, p\u00e1g. 103. <\/p>\n
4\u0002 D\u00edez-Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. T. I. Thomson-Civitas-Aranzadi, Pamplona, 2007, p\u00e1g. 496 <\/p>\n
5\u0002 \u201cLa intenci\u00f3n debe preferirse a la expresi\u00f3n.\u201d O con la f\u00f3rmula \u201cdebe seguirse m\u00e1s esta intenci\u00f3n que los t\u00e9rminos.\u201d Domat, Jean. Les Loix Civiles dans leur Ordre Naturel. Cluzier. Par\u00eds, 1967, pp. 69 y 73. Consultado en : gallica.bnf.fr (se conserva la ortograf\u00eda del t\u00edtulo). <\/p>\n
6\u0002 \u201cD\u00e9bese buscar en las convenciones cu\u00e1l ha sido la com\u00fan intenci\u00f3n de las partes contratantes, mejor que no el sentido gramatical de los t\u00e9rminos.\u201d Pothier, R.J. Tratado de las obligaciones. Atalaya, Buenos Aires, 1947, p\u00e1g. 60. <\/p>\n
F\u00f3rmulas extra\u00eddas de esta: \u201c[s]e ha admitido que en los convenios debe estarse m\u00e1s a la voluntad de los contratantes que a las palabras.\u201d (El Digesto de Justiniano: 50, 16, 219. T.III. D\u2019ors, Hern\u00e1ndez, Fuenteseca, Garc\u00eda y Burillo. Aranzadi, Pamplona, 1972, p\u00e1g. 865. <\/p>\n
Como se sabe, esta es la tesis francesa \u201cvoluntarista\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Esta subregla -seg\u00fan la doctrina-, no fue ignorada por Andr\u00e9s Bello. Se observa afincada en uno de sus n\u00fameros \u201cproyectos in\u00e9ditos del C\u00f3digo Civil.\u201d La f\u00f3rmula era la siguiente: \u201c[e]n los contratos, es de regla atenerse a la letra en lo que no pugna manifiestamente con la conocida intenci\u00f3n de las partes.\u201d En Barrientos, Javier. El C\u00f3digo Civil. Su Jurisprudencia e Historia. Thomson Reuters-La Ley. Santiago, 2016, p\u00e1g. 574. <\/p>\n
Como se ha precisado desde la doctrina, no se trata de \u201cllegar a los procesos ps\u00edquicos reales de la voluntad, sino solamente a la presunci\u00f3n jur\u00eddica de los mismos.\u201d Kelsen, Hans. Problemas Capitales de la Teor\u00eda Jur\u00eddica del Estado. Porr\u00faa, M\u00e9xico, 1987, p\u00e1g. 134. <\/p>\n
Incluso, en otras latitudes -con diferente intensidad-, tambi\u00e9n se ha hecho referencia a lo expresado de manera clara en el convenio -en sus \u201ccuatro esquinas\u201d-, como una \u201cprueba de lo discutido\u201d por los contratantes. Scott, Robert y Kraus, Jody. Contract Law and Theory. Carolina Academic Press. Durham, 2017, pp. 542 y ss. <\/p>\n
8\u0002 Esta labor auxiliar de la interpretaci\u00f3n -en t\u00e9rminos generales- fue alertada por Portalis en los siguientes t\u00e9rminos: \u201caplicaci\u00f3n inteligente de la norma borrosa.\u201d Fenet. Travaux pr\u00e9paratoires du Code Civil. T.VI. Ducessois. Par\u00eds, 1877, p.33. <\/p>\n
Tambi\u00e9n con a\u00f1ejo hontanar: \u201c[c]uando no hay ambig\u00fcedad en los t\u00e9rminos, no debe admitirse la cuesti\u00f3n de interpretar la voluntad\u201d (El Digesto de Justiniano: 32, 25. T.II. D\u2019ors, Hern\u00e1ndez, Fuenteseca, Garc\u00eda y Burillo. Aranzadi, Pamplona, 1972, p\u00e1g. 488. <\/p>\n
9\u0002 \u201cLa oscuridad contractual apunta a dos posibilidades: la ambig\u00fcedad o la contradicci\u00f3n.\u201d Malaurie, Philippe y Ayn\u00e8s, Laurent. Par\u00eds, Cujas, 1997, p\u00e1g. 359. <\/p>\n
10\u0002 CSJ, Sala Civil, 19 de diciembre de 2008, rad. n.\u00b0. 11001-3103-012-2000-00075-01. <\/p>\n
11\u0002 Poder: \u201cTener expedita la facultad o potencia de hacer algo.\u201d Diccionario de la lengua espa\u00f1ola. Real Academia Espa\u00f1ola. T.II. Espasa, Bogot\u00e1, 2014, p\u00e1g. 1743. <\/p>\n
12\u0002 Poder: \u201cFacultad o posibilidad (\u2026)\u201d. Le petit Robert, Robert, Par\u00eds, 1996, p\u00e1g. 1751 <\/p>\n
13\u0002 Esto es, la expresi\u00f3n \u201cpoder\u201d est\u00e1 relacionada con voces como \u201captitud, autoridad, capacidad, competencia, derecho, eficacia, eficiencia, empuje, facultad, fuerza, influencia, influjo, omnipotencia, peso, potencia, pujanza, virtud.\u201d Moliner, Mar\u00eda. Diccionario del uso del espa\u00f1ol. T. II. Madrid, Gredos, 1994, p\u00e1g. 788. <\/p>\n
14\u0002 En efecto, \u201cdonde hay duda no puede haber error manifiesto en la interpretaci\u00f3n\u201d (CSJ, sentencia del 11 de octubre de 1924, G.J. XXX, p. 148; sentencia del 16 de diciembre de 1933, G.J. XLI, p. 97; sentencia del 28 de marzo de 1935, G.J. XLI, p. 245). <\/p>\n
15\u0002 CSJ- Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
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SC5250-2021 (2015-00687-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC5250-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-001-2015-00687-01 Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante CORMUNDOS LTDA -Compa\u00f1\u00eda Real Mundial de Urbanismo, Parcelaci\u00f3n y Bien Ra\u00edz- frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}