STC14402-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14402-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03829-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Manrique Paredes contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la prescripci\u00f3n, la caducidad y la nulidad de las acciones ejecutivas incoadas\u2026 el 18 de julio de 2018 y otra posterior de fecha el 24 de julio de 2018, por la Caja Agraria en liquidaci\u00f3n en [su] contra\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Caja Agraria En Liquidaci\u00f3n promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Jairo Manrique Paredes, con la finalidad de obtener el pago de las costas al que este \u00faltimo fue condenado en un proceso declarativo, libr\u00e1ndose orden de pago el 24 de julio de 2018. <\/p>\n
2.2. Notificado el ejecutado, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n, que fue desestimada con sentencia del 18 de agosto de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo confirmada con providencia del 13 de abril de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que su antagonista, para el cobro de las anotadas costas, inici\u00f3 un primer tr\u00e1mite ejecutivo, en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago, pero que fue terminado por desistimiento t\u00e1cito; que la citada ejecuci\u00f3n fue \u00abreanudad[a] dentro de mismo proceso dos a\u00f1os despu\u00e9s, por las mismas costas ya liquidadas, sin advertir que esta nueva ejecuci\u00f3n se continua[ba] rigiendo por el mismo C\u00f3digo de [Procedimiento Civil]\u2026\u00bb; y que dicho asunto qued\u00f3 \u00absometid[o] a las contingencias previstas por el desistimiento t\u00e1cito declarado, que impone las sanciones previstas por el legislador respecto de la prescripci\u00f3n, caducidad, nulidades y dem\u00e1s efectos provenientes de la acci\u00f3n ejecutiva inicial\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el Tribunal criticado desconoci\u00f3 que la prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n objeto de la ejecuci\u00f3n censurada, comenz\u00f3 a correr desde qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia que impuso las costas materia de recaudo, por lo que, al notific\u00e1rsele el mandamiento de pago, el cr\u00e9dito estaba prescrito; y que tampoco se tuvo en cuenta que el juicio se inici\u00f3 por fuera de la oportunidad que consagraba el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que se debi\u00f3 declarar un segundo desistimiento t\u00e1cito \u00abal haber trascurrido dos\u2026 a\u00f1os[,] 4 meses y 21 d\u00edas, sin que [se] diera cumplimiento a lo ordenado, notificar al demandado, habiendo requiriendo el juzgado a la parte demandante el 29 [de junio de] 2016 para que dentro de un plazo de treinta\u2026 d\u00edas siguientes cumpliera la notificaci\u00f3n, sin que la Caja Agraria lo realizara\u00bb; y que el ad quem convocado permiti\u00f3 que se reviviera \u00abun proceso legalmente terminado\u2026 por desistimiento t\u00e1cito[,] seguido por m\u00e1s de dos\u2026 a\u00f1os consecutivos de inactividad y sin dar cumplimiento de lo ordenado, la notificaci\u00f3n del demandado, situaci\u00f3n sin la que no era posible la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. De otro lado, resalt\u00f3 que el Tribunal convocado desconoci\u00f3 los efectos del desistimiento t\u00e1cito declarado respecto de la primera ejecuci\u00f3n, espec\u00edficamente, al decidir sobre la prescripci\u00f3n alegada, pues \u00abconvalida\u2026 el segundo ejecutivo, para el cobro de costas, sin atender que este proceso ya se adelant\u00f3 y termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito definitivo, por el tiempo de inactividad trascurrido\u00bb; y que \u00abc\u00f3mo se trata de un nuevo proceso\u2026, se debi\u00f3 adelantar en demanda separada, sometida a reparto y no dentro del mismo proceso por estar precluida la instancia para proponerla dentro del mismo [litigio] iniciado\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Ra\u00fal Humberto Monroy Gallego, quien dijo obrar en \u00abcondici\u00f3n de apoderado de la Fiduciaria La Previsora SA, como vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representar a dicha persona jur\u00eddica en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 13 de abril de los corrientes, que confirm\u00f3 la dictada el 18 de agosto de 2020, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que no se configuraba la prescripci\u00f3n que aleg\u00f3 el all\u00ed ejecutado, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
De anta\u00f1o se ha considerado, que la prescripci\u00f3n extintiva como instituci\u00f3n jur\u00eddica, se define como la sanci\u00f3n que impone el ordenamiento jur\u00eddico al titular de un derecho sustancial, por su desidia a ejercitarlo durante un determinado lapso de tiempo, tal como as\u00ed se desprende de lo normado en el art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para el caso de las acciones ejecutivas el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 791 de 2002, establece el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de cinco a\u00f1os, a partir de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n conforme lo dispone el art. 2535 ib\u00eddem. <\/p>\n
El mismo estatuto civil determina que la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones puede interrumpirse natural o civilmente. Seg\u00fan el art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, se interrumpe naturalmente cuando el deudor reconoce expresa o t\u00e1citamente la obligaci\u00f3n y se interrumpe civilmente por la demanda judicial. <\/p>\n
No obstante lo anterior, ha se\u00f1alado la\u2026 Corte Suprema de Justicia, que para contabilizar nuevamente el t\u00e9rmino prescriptivo a partir de la ocurrencia de la interrupci\u00f3n como lo ordena el inciso final del art\u00edculo 2536 del C. Civil, resulta necesario estar frente a la figura de la \u00abinterrupci\u00f3n natural\u00bb, pues ella ocurre de forma inmediata; por el contrario ante la \u00abinterrupci\u00f3n civil\u00bb, los mentados efectos se mantienen hasta la terminaci\u00f3n del proceso objeto de debate en raz\u00f3n a que es esa v\u00eda judicial, mientras est\u00e9 en tr\u00e1mite, el objeto de ese fen\u00f3meno, lo que impide reiniciar el c\u00f3mputo estando en curso el mismo. <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso regula en detalle la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n. El aludido estatuto procesal, es aplicable al presente asunto, por cuando la acci\u00f3n se ejecutiva se instaur\u00f3 en vigencia de dicho estatuto procesal y en todo caso, en lo que interesa al proceso, guarda identidad con la redacci\u00f3n contenida en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En ese orden, el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo mencionado establece lo siguiente: (i) \u201cLa presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n siempre y cuando el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. (ii) Si la notificaci\u00f3n del auto admisorio o del mandamiento de pago no se realiza dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n solo se producir\u00e1 con la notificaci\u00f3n al demandado\u201d. <\/p>\n
En el caso bajo examen, sostiene la parte demandada que la obligaci\u00f3n de pagar las costas se encuentra prescrita, por haber transcurrido m\u00e1s de 5 a\u00f1os desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, hasta la fecha en que se notific\u00f3 el reconocimiento de la personer\u00eda para actual al apoderado de la parte convocada. <\/p>\n
Pues bien, resolver el problema jur\u00eddico, es menester determinar en primer lugar, cu\u00e1l es la fecha en que la obligaci\u00f3n de pagar las costas se hizo exigible. <\/p>\n
Para ello, recuerda la Sala que de conformidad con el inciso primero del art. 305 del C.G.P., \u201cpodr\u00e1 exigirse la ejecuci\u00f3n de las providencias ejecutoriadas o a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, seg\u00fan fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo.\u201d <\/p>\n
Comoquiera que, en el presente asunto, se pretende la ejecuci\u00f3n del monto fijado por concepto de costas, es claro que la providencia que presta m\u00e9rito ejecutivo es aquella por medio de la cual se aprueba la liquidaci\u00f3n de \u00e9stas, una vez se encuentre ejecutoriado dicho auto. <\/p>\n
Al respecto, el tratadista Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, en su obra \u201cC\u00f3digo General del Proceso\u201d, ha sostenido \u201cEjecutoriado el auto que aprueba la liquidaci\u00f3n de costas, para lograr su efectividad puede acudirse al proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n dentro el mismo proceso prevista en el art. 306 del C.G.P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, el art. 366 del Estatuto Procesal dispone: <\/p>\n
\u201cLas costas y agencias en derecho ser\u00e1n liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o \u00fanica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior (\u2026). <\/p>\n
La liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas. La apelaci\u00f3n se conceder\u00e1 en el efecto diferido, pero si no existiere actuaci\u00f3n pendiente, se conceder\u00e1 en el suspensivo.\u201d <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que el auto por medio del cual se aprueba la liquidaci\u00f3n de costas queda en firme, vencido el t\u00e9rmino de notificaci\u00f3n cuando contra \u00e9l no se interpone ning\u00fan recurso, o al d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n del auto que obedece lo dispuesto por el superior, de haberlo hecho. <\/p>\n
En el presente asunto, obra\u2026 la providencia de\u2026 6 de abril de 2016, por medio de la cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas realizada por la secretar\u00eda del juzgado. <\/p>\n
Seg\u00fan constancia secretarial\u2026, el auto qued\u00f3 en firme el d\u00eda 13 de abril de 2016, luego de que las partes guardaran silencio frente al auto que aprueba la liquidaci\u00f3n de costas. Quiere decir lo anterior, que es a partir de ese momento, que el auto cobr\u00f3 ejecutoria y, por tanto, debe contabilizarse el t\u00e9rmino prescriptivo de 5 a\u00f1os para hacer exigible la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida. <\/p>\n
No comparte la Sala el argumento expuesto por el recurrente, seg\u00fan el cual, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n inicia a correr desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, pues si bien es cierto, es en \u00e9sta en la que se fija el monto de las agencias en derecho, las mismas s\u00f3lo quedan en firme cuando son aprobadas por el Juez y controvertidas mediante los recursos ordinarios que establece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que\u2026 la solicitud de ejecuci\u00f3n fue presentada por el apoderado de la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n, el d\u00eda 17 de julio de 2018 y la providencia objeto de ejecuci\u00f3n qued\u00f3 en firme el 13 de abril de 2016, es claro que s\u00f3lo hab\u00edan transcurrido dos a\u00f1os y tres meses. <\/p>\n
Es del caso se\u00f1alar que si bien, la parte ejecutante solicit\u00f3 se librara mandamiento de pago el 22 de abril de 2016 y a ello se accedi\u00f3 mediante auto del 18 de mayo del mismo a\u00f1o, dichas diligencias fueron archivadas, tras decretarse el desistimiento t\u00e1cito del proceso, mediante prove\u00eddo del 5 de diciembre de 2017, por no cumplir con la carga procesal de notificar al demandado dentro del t\u00e9rmino. La circunstancia antes descrita, no imped\u00eda a la parte actora ejercer nuevamente la acci\u00f3n ejecutiva, pues frente a la figura del desistimiento t\u00e1cito s\u00f3lo operan las consecuencias previstas en el art. 317 del C.G.P., mismas que no eran aplicables el 17 de julio de 2018, fecha en que se solicit\u00f3 la orden de pago; motivo por el cual, no es posible concluir que exista fraude a resoluci\u00f3n judicial, o que se proceda contra providencia ejecutoriada, como lo sostiene el apelante. <\/p>\n
Ahora bien, para establecer si la prescripci\u00f3n fue interrumpida con la presentaci\u00f3n de la solicitud de ejecuci\u00f3n, es menester auscultar si el mandamiento de pago fue notificado dentro del a\u00f1o siguiente a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
En ese orden obra\u2026 auto de fecha 24 de julio de 2018, por medio del cual, se libra mandamiento ejecutivo en contra del demandado. <\/p>\n
En prove\u00eddo del 31 de octubre de 2019\u2026, el Juzgado de instancia, dispuso tener como notificado por conducta concluyente al demandado conforme lo establecido en el art. 301 del C.G.P., teniendo en cuenta que el d\u00eda 15 de octubre de 2019, \u00e9ste confiri\u00f3 poder al abogado\u2026 para que ejerciera su defensa y present\u00f3 escrito de excepciones. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que el mandamiento de pago no fue notificado a la parte ejecutada dentro del a\u00f1o siguiente, considera la Sala que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n solo se produjo con la notificaci\u00f3n al demandado a la luz de lo establecido en el art. 94 del C.G.P. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y como quiera que, al momento de efectuarse la notificaci\u00f3n del demandado, s\u00f3lo hab\u00edan transcurrido 3 a\u00f1os y 6 meses desde el momento en que cobr\u00f3 ejecutoria el auto por medio del cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n en costas, concluye esta Corporaci\u00f3n que la obligaci\u00f3n no se encontraba prescrita, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el juzgado de primera instancia. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia de primer grado, no sin antes precisarle al apelante que si bien el inciso 2 del art. 335 del C.P.C.1, establec\u00eda que la parte ejecutante ten\u00eda sesenta d\u00edas\u2026 para solicitar se librara mandamiento de pago, contados a partir del d\u00eda siguiente al del pronunciamiento de cumplirse lo resuelto por el superior; la consecuencia de no hacerlo dentro del t\u00e9rmino, no derivaba en la imposibilidad de incoar la acci\u00f3n ejecutiva a continuaci\u00f3n del proceso declarativo, sino en la forma de notificaci\u00f3n. En todo caso, ello debi\u00f3 ser alegado en la oportunidad debida por el recurrente y no al momento de sustentar el recurso, m\u00e1xime cuando ello no fue objeto de reparo al formular la alzada\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan la prescripci\u00f3n extintiva y su interrupci\u00f3n, concluyendo que no trascurri\u00f3 el tiempo suficiente para tener por prescrita la obligaci\u00f3n reclamada ejecutivamente por la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello en la medida en que, seg\u00fan la sede judicial acusada, dicho derecho s\u00f3lo se consolid\u00f3 al quedar ejecutoriado el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas reclamadas, lo que aconteci\u00f3 el 13 de abril de 2016, por lo que, al hacerse efectiva la notificaci\u00f3n del ejecutado de la orden de pago librada en el juicio criticado, el 31 de octubre de 2019 (fen\u00f3meno que interrumpi\u00f3 civilmente el t\u00e9rmino prescriptivo), no hab\u00edan trascurrido los cinco a\u00f1os necesarios para tener por prescrito el prenotado cr\u00e9dito. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 el Tribunal la extemporaneidad de los argumentos que elev\u00f3 el apelante, seg\u00fan los cuales la ejecuci\u00f3n se inco\u00f3 por fuera de la oportunidad prevista en el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que ello s\u00f3lo vino a alegarse al sustentar la apelaci\u00f3n del fallo en segunda instancia y, adem\u00e1s, porque tal circunstancia resultaba insuficiente para enervar el cobro coercitivo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no se verifica que el Tribunal criticado hubiese desconocido los efectos que sobre el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n establece el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo que, para decidir sobre la interrupci\u00f3n civil de dicho fen\u00f3meno, no tuvo en cuenta la presentaci\u00f3n de la primer demanda ejecutiva, tr\u00e1mite que, valga anotar, se declar\u00f3 terminado por desistimiento t\u00e1cito, por lo que no puede predicarse, como lo hace el tutelante, la existencia de dos procesos ejecutivos, pues lo cierto es que, el primero, se encuentra legalmente concluido (sin que las actuaciones que all\u00ed se realizaron sigan surtiendo efectos); mientras que, el segundo, fue decidido con la sentencia que ahora se cuestiona por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Finalmente, cabe a\u00f1adir que, si el gestor consider\u00f3 que se configuraban los presupuestos necesarios para terminar la ejecuci\u00f3n seguida en su contra por desistimiento t\u00e1cito, debi\u00f3 solicitar su declaraci\u00f3n en el proceso cuestionado, actuaci\u00f3n que, de los elementos de juicio aqu\u00ed recaudados, no parece haberse adelantado, lo que denota la inviabilidad del reclamo que, por v\u00eda constitucional, elev\u00f3. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el actor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abLa norma procesal vigente establece: Si la solicitud de la ejecuci\u00f3n se formula dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, seg\u00fan fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificar\u00e1 por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo al ejecutado deber\u00e1 real izarse personalmente\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14402-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14402-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03829-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Manrique Paredes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}