STC14477-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14477-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01746-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 7 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ferney Andr\u00e9s Sierra Rodr\u00edguez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales \u00abal debido proceso-legalidad-favorabilidad\u2026 igualdad\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 en concordancia con el derecho constitucional a la libertad personal\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Por hechos ocurridos entre el 1\u00ba de abril y el 12 de mayo de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a Ferney Andr\u00e9s Sierra Rodr\u00edguez como autor responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y falsedad agravada en documento p\u00fablico, imponi\u00e9ndole unas penas de 24 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 6.666,667 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Actuaci\u00f3n por la que se encuentra privado de la libertad desde el 19 de febrero de 2007. <\/p>\n
2.2. La vigilancia de la sanci\u00f3n la ejerce el Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, despacho que mediante auto de 6 de noviembre de 2020 neg\u00f3 el subrogado de la libertad condicional solicitado por el actor. <\/p>\n
2.3. Contra tal determinaci\u00f3n Sierra Rodr\u00edguez interpuso recurso de apelaci\u00f3n, resuelto el pasado 30 de julio por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el sentido de confirmar lo resuelto por la c\u00e9lula judicial a quo. <\/p>\n
3. El quejoso funda su reclamo constitucional en lo que, en su sentir, son \u00abuna serie de imprecisiones\u00bb relativas a la escogencia de las disposiciones llamadas a gobernar el asunto, pues para la fecha de ocurrencia de los hechos no se encontraban vigentes ni la Ley 733 de 2002 ni la 1098 de 2006, de all\u00ed que los juzgadores deb\u00edan acudir a la redacci\u00f3n original del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal y abstenerse de aplicar las prohibiciones contenidas en aquellas normas, con lo que incurrieron en un \u00abdefecto procedimental [dado que] actuaron completamente al margen del procedimiento establecido [sic]\u00bb, adem\u00e1s de estructurarse los defectos \u00abmaterial o sustantivo [as\u00ed como] el desconocimiento del precedente judicial [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abdejar sin efectos la actuaci\u00f3n procesal surtida desde el auto del 06-11-2020 y la del 30-07-2021\u2026 a fin de que se emita nueva decisi\u00f3n bajo los lineamientos expuestos en precedencia, esto es, de acuerdo con los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 64 ley599\/2000 en su versi\u00f3n original, inclusive dejando a salvo las pruebas legalmente aportadas [sic] y disponer la libertad condicional de forma material e inmediata del suscrito [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La asistente jur\u00eddica del juzgado querellado dijo que las decisiones cuestionadas no desconocen las prerrogativas fundamentales del actor toda vez que se adoptaron con estricto apego a la normativa aplicable al caso concreto, sin que pueda pretenderse utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento, por lo que solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
2. Del fallo de primer grado se extracta la respuesta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la cual el magistrado ponente del auto de segunda instancia se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se comprometi\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental al accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo por cuanto \u00abla discusi\u00f3n se concreta m\u00e1s a una disparidad de criterios jur\u00eddicos que a la existencia de una de las causales espec\u00edficas\u2026 pues no puede perderse de vista que el funcionario judicial ostenta autonom\u00eda para interpretar la norma que m\u00e1s se ajuste al caso, al igual que para valorar las pruebas y adoptar la decisi\u00f3n con fundamento en las prescripciones legales y constitucionales pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que las decisiones objeto de censura no son contrarias al ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, no constituyen una v\u00eda de hecho que deba ser enmendada a trav\u00e9s de este resguardo excepcional, pues los juzgadores analizaron la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica y, con base en ellas, aplicando factores de favorabilidad, resolvieron no conceder el subrogado liberatorio deprecado dada la valoraci\u00f3n negativa de la conducta punible por la que fue condenado Sierra Rodr\u00edguez y no aplicando las prohibiciones legales de las Leyes 733 de 2002 ni la 1098 de 2006, como parece entenderlo. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n y, adem\u00e1s de reproducir el libelo inicial, insisti\u00f3 en que los falladores \u00abdeb[ieron] abstenerse de aplicar las prohibiciones previstas en el art. 11 de la ley 733\/2002, ni las modificaciones hechas pro la ley 906 del 2004, ni tampoco las hechas en el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 del 2014 ya que no es favorable para [sus] intereses\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Ferney Andr\u00e9s Sierra Rodr\u00edguez, al confirmar la negativa del subrogado de la libertad condicional realizando, supuestamente, una interpretaci\u00f3n inadecuada de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra los autos de 6 de noviembre de 2020 y 30 de julio de 2021 proferidos por los convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al de segunda instancia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto pues, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n <\/p>\n
En efecto, para que el juzgador ad quem confirmara la negativa del subrogado penal de la libertad condicional, se\u00f1al\u00f3 que: \u00ab(\u2026) con anterioridad, sobre el tema de la libertad condicional en el caso del reo\u2026 [se] realiz\u00f3 un amplio estudio en torno a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, frente a la prohibici\u00f3n especial contenida en el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 con relaci\u00f3n a las conductas punibles como el secuestro extorsivo por el que se conden\u00f3 al apelante (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, acudiendo a m\u00faltiples precedentes tanto de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, como de la Corte Constitucional en casos similares, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia, ratificada por esta Sala respecto de la negaci\u00f3n de la libertad condicional a Sierra Rodr\u00edguez, tuvo fundamento en la valoraci\u00f3n de la conducta punible, destacando que una de las v\u00edctimas del secuestro extorsivo hab\u00eda sido un menor de edad, posici\u00f3n que en la nueva decisi\u00f3n tomada y que es el fundamento de la reiterada negativa frente a id\u00e9ntico prop\u00f3sito del reo, lo est\u00e1 ratificando, derrumbando con ello la afirmaci\u00f3n del apelante en el sentido de que el juzgado de primera instancia lo hizo con fundamento en la aludida prohibici\u00f3n del art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002. <\/p>\n
Siguiendo los postulados en menci\u00f3n, desde el proferimiento de la decisi\u00f3n de segunda instancia (febrero 15 de 2021), hasta el momento, no existe un elemento de juicio nov\u00edsimo, salvo el transcurso del tiempo f\u00edsico para descuento de pena, sobre el cual fundamentar que acerca de la aludida valoraci\u00f3n de la conducta punible, haya lugar a pregonar la resocializaci\u00f3n del condenado y, por ende, sea viable entrar a analizar los restantes requisitos exigidos para la concesi\u00f3n del beneficio impetrado. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el tribunal accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues no denota ser irrazonable. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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