STC14479-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14479-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00175-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 4 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Municipio de Buga, contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual n\u00ba 2015-00025. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito introductor y los anexos que, las se\u00f1oras Adriana Ram\u00edrez Cruz y Alcira Cruz de Ram\u00edrez, promovieron contra \u00abColombia Telecomunicaciones S.A. ESP\u00bb demanda de responsabilidad civil extracontractual por las lesiones que sufrieron al caerse con una tapa (protectora de las redes de instalaci\u00f3n de dicha empresa) que evidenciaba falta de mantenimiento; el asunto lo avoc\u00f3 el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga (radicado n\u00ba 2015-00025). <\/p>\n
Dada la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del Municipio de Buga como \u00abllamado en garant\u00eda\u00bb por la demandada, se gener\u00f3 un conflicto negativo de competencia entre las jurisdicciones civil y administrativa, que dirimi\u00f3 el 15 de noviembre de 2018 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, definiendo que la causa se quedar\u00eda en la justicia civil. <\/p>\n
El 8 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal, al reasumir la actuaci\u00f3n, \u00abcambi\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Municipio de Buga de llamado en garant\u00eda a litisconsorte necesario\u00bb, y luego, descorri\u00f3 traslado de las excepciones propuestas, realiz\u00f3 el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso y fij\u00f3 fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento (6 de octubre de 2021). <\/p>\n
Sin embargo, el ente p\u00fablico present\u00f3 solicitud de nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n con el argumento que, al readecuarse su vinculaci\u00f3n al pleito como litisconsorte necesario, ya no como llamado en garant\u00eda, se constituy\u00f3 oficiosamente en parte de la litis, y en esa medida, \u00abla jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es la encargada de definir y proferir la sentencia de fondo y no la jurisdicci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n
El 11 de febrero de 2021 el juzgado neg\u00f3 la nulidad, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n el 12 de abril de 2021 y concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga con auto del 6 de agosto de 2021 confirm\u00f3 la providencia del a quo. <\/p>\n
La aqu\u00ed demandante esencialmente cuestion\u00f3 que, las autoridades judiciales accionadas desconocieron precedentes jurisprudenciales pertinentes para el debate (cit\u00f3 el auto AC140-2020 de Sala de Casaci\u00f3n Civil) y que no motivaron acerca del porqu\u00e9 \u00abel fuero subjetivo y por consecuencia el fuero de atracci\u00f3n no debe primar sobre la perpetuatio jurisdictionis [\u2026]. Como tampoco explicaron los motivos por lo que no aplicaron el precedente del Consejo de Estado referentes al fuero de atracci\u00f3n [Consejo de Estado 29 de agosto de 2007 \u2013 exp. 1995-00670-01(15526)]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse deje sin efectos las actuaciones realizadas en el proceso de responsabilidad civil extracontractual [\u2026] [los autos, del 11 de febrero de 2021 del Juzgado Primero Civil Municipal de Buga y auto de 6 de agosto de 2021 del Primero Civil del Circuito de Buga] (\u2026) ordenar al Juzgado Primero Civil Municipal proferir un nuevo pronunciamiento en el que se interprete que el fuero subjetivo y por consecuencia el fuero de atracci\u00f3n priman sobre la perpetuatio jurisdictionis y se respete la jurisdicci\u00f3n natural (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Civil Municipal de Buga, relacion\u00f3 lo acontecido en la causa e indic\u00f3 que, ciertamente, luego de que el Consejo Superior resolviera el conflicto de jurisdicci\u00f3n suscitado, convoc\u00f3 al municipio aqu\u00ed accionante al tr\u00e1mite ordinario en calidad de litisconsorte necesario, \u00abdecisi\u00f3n que bien pudo haber sido impugnada por cualquiera de los medios establecidos para ello, lo que no sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, la entidad actora contin\u00faa desatendiendo lo precisado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria al dirimir el referido conflicto, que le asign\u00f3 la competencia \u00aby no pod\u00edamos desconocer tal decisi\u00f3n puesto que se manten\u00eda su tesis de que \u201ces una situaci\u00f3n jur\u00eddica surgida dentro de la din\u00e1mica del proceso y la misma no hace que cambien las reglas de competencia\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. La Jueza Primera Civil del Circuito de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que, le correspondi\u00f3 la alzada formulada contra la determinaci\u00f3n de primer grado que neg\u00f3 la nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n que plante\u00f3 el Municipio de Buga, decidiendo confirmarla en su integridad al advertirla \u00abbien fundamentada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar razonable las providencias atacadas. Adicionalmente, precis\u00f3 que la demanda no satisface el requisito de la subsidiariedad dado que, \u00ab(\u2026) si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que la inconformidad radica en el hecho de hab\u00e9rsele vinculado al proceso como litisconsorte, tampoco estar\u00eda llamado a prosperar la acci\u00f3n de tutela, habida cuenta que, contra dicha providencia, dictada el 8 de octubre de 2019, la entidad accionante \u2013que ya interven\u00eda en el asunto bajo la figura del llamamiento en garant\u00eda-, no interpuso ning\u00fan recurso, circunstancia que, como es sabido, cierra la puerta al juez constitucional para intervenir\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado judicial de la entidad querellante reiterando los argumentos del escrito inicial, y refut\u00f3 el fallo constitucional del tribunal a quo por cuanto \u00abno realiz\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis sobre el desconocimiento de precedentes judiciales por parte de los accionados. La sentencia que se impugna solo se limita a indicar que la providencia emitida de segunda instancia en el proceso civil est\u00e1 debidamente fundamentada en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso, sin justificar las razones por las que el fuero subjetivo y el fuero de atracci\u00f3n no debe primar sobre la perpetuatio jurisdictionis\u00bb; y a\u00f1adi\u00f3 que, por \u00abel hecho de no interponer ning\u00fan recurso en el tr\u00e1mite del proceso civil no significa que por esa err\u00f3nea interpretaci\u00f3n se evite la jurisdicci\u00f3n natural para las entidades p\u00fablicas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los juzgados convocados, vulneraron las prerrogativas invocadas por el ente territorial accionante al denegar la solicitud de nulidad planteada por falta de jurisdicci\u00f3n y competencia (autos de 11 de febrero y 6 de agosto de 2021) incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00edas de hecho por \u00abindebida motivaci\u00f3n\u00bb y \u00abdesconocimiento de precedentes\u00bb que explican que el fuero de atracci\u00f3n y el factor subjetivo prima sobre la perpetuatio jurisdictionis al momento de fijar la competencia de un asunto. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo expuesto en la demanda inicial se dirigi\u00f3 contra las determinaciones de ambas instancias que denegaron la nulidad presentada por el Municipio de Buga, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 6 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al ad quem accionado para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
Preliminarmente, para resolver la controversia planteada en el recurso de \u00abalzada\u00bb, en torno a la falta de jurisdicci\u00f3n de la especialidad civil para adelantar el juicio de responsabilidad civil extracontractual a partir de la vinculaci\u00f3n de la entidad p\u00fablica como litisconsorte, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n confutada encuentra sustento legal en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso que establece que, \u00abla competencia no variar\u00e1 por la intervenci\u00f3n sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resalt\u00f3 que, la apelante no fundament\u00f3 la petici\u00f3n en ninguna de las causales contempladas en el art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo, por lo que proced\u00eda su rechazo de plano; as\u00ed mismo, reproch\u00f3 que, la discusi\u00f3n debi\u00f3 ser agotada a trav\u00e9s de los recursos procedentes contra la determinaci\u00f3n que vari\u00f3 su calidad de parte en el juicio, y como no fue as\u00ed, la supuesta irregularidad se tuvo por subsanada seg\u00fan lo prev\u00e9 el par\u00e1grafo del canon precitado. <\/p>\n
En todo caso, auscult\u00f3 las alegaciones de la apelante, que manifest\u00f3 soportar la solicitud en la vulneraci\u00f3n del debido proceso; empero, el juzgado recalc\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 27 del estatuto procesal, ya transcrito, es claro frente a la improrrogabilidad de la competencia, con lo que resulta palmario que la variaci\u00f3n del Municipio de Guadalajara de Buga como parte dentro de este proceso no es suficiente para trasladar la competencia del a quo, lo que evidencia que la decisi\u00f3n adoptada por el juez de instancia no obedece a un capricho, sino precisamente al estudio y aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas que regulan el tema. <\/p>\n
Adicionalmente, no debe olvidarse que el concepto de parte ha variado en la nueva legislaci\u00f3n procesal, pues se trata de un concepto mucho m\u00e1s amplio, basta verificar que el cap\u00edtulo II, del t\u00edtulo \u00fanico PARTES Y TERCEROS APODERADOS que titula \u201clitisconsorcio y otras partes define all\u00ed no solo el concepto de litisconsorcio sino tambi\u00e9n el llamamiento en garant\u00eda, luego, puede interpretarse que tanto los litisconsortes como el llamado en garant\u00eda tiene la calidad de parte dentro del proceso civil, m\u00e1xime cuando seguidamente la misma normativa destina el cap\u00edtulo III del mismo t\u00edtulo y lo denomina terceros, para definir o incluir all\u00ed la coadyuvancia. Si ello es as\u00ed, ninguna injerencia dentro de la competencia tiene que el municipio de Guadalajara de Buga haya cambiado de ser llamado en garant\u00eda a litisconsorte, pues en una y otra posici\u00f3n es parte\u00bb. <\/p>\n
Y, seguidamente, rese\u00f1\u00f3 el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria al momento de dirimir el conflicto de competencia de jurisdicciones inicialmente provocado, en la que esa corporaci\u00f3n aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sobre la vinculaci\u00f3n en llamamiento en garant\u00eda al Municipio de Guadalajara de Buga y a Mapfre Seguros Generales (que debieron vincularse como litis consortes necesarios seg\u00fan lo solicitado por la parte demandante en su momento procesal) para responder por una eventual sentencia en contra del demandado, debe decirse que es una situaci\u00f3n jur\u00eddica surgida dentro de la din\u00e1mica del proceso y la misma no hace que cambien las reglas de competencia\u00bb, a lo que agreg\u00f3 el juzgado que, \u00ab(\u2026) con lo que no cabe la menor duda que, as\u00ed cambie de denominaci\u00f3n, es decir, de llamado en garant\u00eda a litisconsorte necesario, la competencia la conserva el Juzgado Primero Civil Municipal tal como ser resolvi\u00f3 en la providencia en comento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 que la Corte proh\u00edje o no los fundamentos en los que la autoridad judicial acusada respald\u00f3 la providencia recriminada, lo cierto es que, no se le puede atribuir defecto alguno que configure v\u00eda de hecho, pues no revela arbitrariedad o capricho en el entendido que fue fruto de una hermen\u00e9utica respetable de la normativa aplicable, labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los jueces. <\/p>\n
Sobre el tema ha dicho esta Corporaci\u00f3n que, con abstracci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada en STC17618-2015, 18 dic. 2015, rad. 00184-01). <\/p>\n
Queda claro entonces que lo pretendido por la entidad territorial accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, fue anteponer su propio criterio al de la funcionaria accionada y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
Al respecto, en precedencia esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. rad. 00696-00). <\/p>\n
En tal sentido, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional. La incuria. <\/p>\n
No obstante lo anterior, como lo coligi\u00f3 el tribunal a quo, el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar al evidenciarse el incumplimiento de uno de los principios esenciales que orienta esta senda excepcional como lo es el de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Efectivamente, como lo puso de presente la autoridad accionada \u2013 Juzgado Primero Civil Municipal de Buga \u2013, frente al interlocutorio que, luego de zanjado el conflicto de jurisdicciones, dispuso la vinculaci\u00f3n al juicio del municipio accionante en calidad de litisconsorte necesario \u2013 8 de octubre de 2019 \u2013 ning\u00fan recurso se formul\u00f3 por parte de aqu\u00e9l, permitiendo con su inercia que la decisi\u00f3n cobrara ejecutoria, para luego, pretender remediar esa desidia procesal con la posterior solicitud de nulidad cuya resoluci\u00f3n ahora discute. <\/p>\n
Por lo tanto, los puntuales reparos que la entidad accionante expone por esta v\u00eda excepcional, debieron ser objeto de oportuna invocaci\u00f3n en el escenario ordinario a trav\u00e9s del mecanismo de refutaci\u00f3n que proced\u00eda frente a esa providencia. <\/p>\n
Esa circunstancia, analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, pues como lo ha puntualizado esta Sala en diversas ocasiones en sede de tutela, que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado porque: <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
6.2. El municipio tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir el prove\u00eddo que lo vincul\u00f3 en calidad de litisconsorte a la causa en cuesti\u00f3n, desperdiciando la posibilidad de exponer all\u00ed las alegaciones que por este instrumento constitucional propone. <\/p>\n
1.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC14479-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14479-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00175-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}