STC14686-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
I.STC14686-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03864-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Robayo de Molano contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1 y Promiscuo Municipal de Buenavista, as\u00ed como los intervinientes en la tutela n\u00ba 2021-00505. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relata que interpuso un resguardo constitucional contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Buenavista por una determinaci\u00f3n que profiri\u00f3 dentro de una pertenencia agraria (2021-00026). <\/p>\n
Refiere que el 6 de septiembre de 2021 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1 declar\u00f3 improcedente el amparo al constatar la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del abogado Edisson S\u00e1nchez Su\u00e1rez quien no est\u00e1 facultado para presentar la acci\u00f3n en nombre de la se\u00f1ora Rosa Robayo de Molano, ni prueba impedimento alguno en la mencionada se\u00f1ora que le impidan actuar a nombre propio [\u2026] el apoderado demandante no prueba el cumplimiento de las condiciones para el apoderamiento judicial en materia de tutela\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, con el mismo argumento, en fallo del 29 de septiembre de este a\u00f1o, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, al resolver la impugnaci\u00f3n ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda tutelar, esto es, \u00abpor ausencia de poder espec\u00edfico para actuar en tutela\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores providencias de tutela, en especial, la emitida por la colegiatura ad quem, la que acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo, f\u00e1ctico [\u2026] y transgresi\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb <\/p>\n
En tal sentido, explica que, \u00abla falta de poder en el escrito de tutela radicada [\u2026] no se ocasion\u00f3 en raz\u00f3n del desconocimiento de las exigencias procesales [\u2026] se ocasion\u00f3 porque el mismo no carg\u00f3 en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, sin embargo, esto no exime que no se deba dar paso al cumplimiento del art\u00edculo 17 del decreto 2591 de 1991\u00bb, es decir, sostiene que correspond\u00eda a los juzgadores otorgar un t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para corregir o subsanar lo faltante en la demanda. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, s\u00ed contaba con mandato para actuar en nombre de la se\u00f1ora Robayo de Molano, pues \u00absi dentro del proceso civil del cual fui apoderado se presenta una vulneraci\u00f3n al debido proceso, para desarrollar el cumplimiento de las gestiones encaminadas, me otorga la legitimaci\u00f3n por activa para llevar a cabo la solicitud de protecci\u00f3n de sus derechos sobre el bien inmueble objeto de controversia, evento que hace que tenga nuevamente legitimaci\u00f3n y que reconfirma, el buen actuar de la parte accionante en la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Sobre el fallo del tribunal, aduce que se presenta \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb ya que al confirmar la negativa del amparo con el mismo argumento del a quo, desconoci\u00f3 que las \u00abcausales de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela son taxativas en el art\u00edculo 6 del decreto 2591 de 1991 en el cual se establecen 5 numerales o causales [\u2026] sin embargo el tribunal de forma inconstitucional supone requisitos no existentes en la norma [\u2026] y menos cuando se da estos por fallas en la carga de la p\u00e1gina de la Rama Judicial lo cual permite establecer el defecto sustantivo y la acci\u00f3n contraria a la verdad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se revoque \u00abla sentencia n\u00ba 105 de fecha 29 de septiembre de 2021 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja Sala Civil Familia, 2021-0505 (\u2026) ordenar dar tr\u00e1mite y verificaci\u00f3n de los hechos demandados en la acci\u00f3n de tutela el d\u00eda 10 de agosto de 2021 la cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 02 Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Tribunal Superior de Tunja, Sala Civil Familia, sin pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda tutelar, adjunt\u00f3 el enlace virtual que contiene la totalidad del expediente constitucional cuestionado por la accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas dentro de la salvaguarda n\u00ba 2021-00505 que promovi\u00f3 Rosa Robayo de Molano (por intermedio de abogado) contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Buenavista, al incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho por desestimar la protecci\u00f3n, con el argumento de falta de poder especial para actuar, pese a que adjunt\u00f3 el mandato para actuar en su representaci\u00f3n en el juicio civil de pertenencia 2021-00026 y, porque dicho criterio no se encuentra previsto en el Decreto 2591 de 1991 como causal de improcedencia. <\/p>\n
2. La procedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la inviabilidad de la acci\u00f3n, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto que es objeto de estudio se advierte que la accionante pretende controvertir, mediante esta nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional (radicado n\u00ba 2021-00505) por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1 el 6 de septiembre de 2021 en primera instancia; y, el de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja del 29 del mismo mes y a\u00f1o, \u00e9ste \u00faltimo que confirm\u00f3 el del a quo en el sentido de declarar la improcedencia del amparo por falta de poder especial para actuar en el tr\u00e1mite constitucional del abogado que interpuso la demanda en representaci\u00f3n de la aqu\u00ed accionante Rosa Robayo de Molano, circunstancia a partir de la cual se deduce la inviabilidad del presente resguardo. <\/p>\n
En efecto, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, pero esa situaci\u00f3n no es la que aqu\u00ed se propone. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la Corte Constitucional en la providencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite, por cuanto no se probaron y, adem\u00e1s, la censura se circunscribi\u00f3 a discutir el soporte argumentativo a partir del cual los falladores resolvieron desestimar la s\u00faplica, con alegaciones similares a las que, en ese juicio de tutela, al impugnar el fallo de primer grado, formul\u00f3 la aqu\u00ed actora a trav\u00e9s de su mandatario. <\/p>\n
Es decir, sus planteamientos consisten en manifestaciones producto de la inconformidad con las referidas determinaciones, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan inferir la presencia de alg\u00fan posible fraude que, seg\u00fan la jurisprudencia en cita, habilitar\u00eda excepcionalmente el auxilio. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En todo caso, y como se precis\u00f3 inicialmente, cuando se atacan decisiones de esta especie igualmente debe cumplirse con este requisito de procedibilidad, el cual es inherente a esta acci\u00f3n, como lo indic\u00f3 esta Corte, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
Ahora, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. <\/p>\n
Finalmente, y sobre la idoneidad de esa senda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia de la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda resulta improcedente, toda vez que volver a tramitar una acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la que ya fue definida, sumado a que la actora cuenta con otro medio de defensa, comoquiera que el asunto reprochado no est\u00e1 agotado en sede de control directo y concreto de constitucionalidad, al establecerse que el expediente no ha sido excluido de la revisi\u00f3n, lo que descarta el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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