STC14691-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14691-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03843-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por William Yecid Morales Vagas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y los Juzgados Cuarto Penal del Circuito Especializado y Veintiocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de aquella ciudad, tr\u00e1mite extensivo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso penal en que result\u00f3 condenado por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso heterog\u00e9neo con hurto calificado y agravado y extorsi\u00f3n agravada en grado de tentativa, radicado No. 2007-00339-00. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, \u00abse [l]e conceda la rebaja por reparaci\u00f3n de conformidad al art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal respecto a los delitos de hurto calificado y agravado y extorsi\u00f3n agravada tentada, o en su defecto se conceda en esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que est\u00e1 recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta, Mediana y M\u00ednima Seguridad de Bogot\u00e1, Patio ERE-1, cumpliendo la condena que dentro del precitado asunto le impuso en primera instancia el 16 de junio de 2008 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, y en sede de apelaci\u00f3n el 30 de enero de 2009 la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, decisi\u00f3n que atac\u00f3 mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, inadmitido el 15 de septiembre de 2010 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que posteriormente recurri\u00f3 en revisi\u00f3n, pero el mecanismo extraordinario fue tambi\u00e9n inadmitido por la misma Corporaci\u00f3n el 20 de agosto de 2020. <\/p>\n
Sostiene que el 6 de noviembre de 2015, el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, que vigilaba su condena en el a\u00f1o 2015, le neg\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena que le elev\u00f3 en aplicaci\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n 37438 del 1\u00ba de octubre de 2014, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 4 de abril de 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, motivo por el cual interpuso el mentado recurso extraordinario de revisi\u00f3n, a la postre inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Finalmente explica que es procedente la reconsideraci\u00f3n del quantum de su pena en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 269 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, porque las v\u00edctimas del delito renunciaron a su reparaci\u00f3n integral, tal como se decidi\u00f3 en la casaci\u00f3n oficiosa verificada en el caso de Juan Carlos Baquero Granada, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 20 de octubre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte corrobor\u00f3 que se manifest\u00f3 sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de revisi\u00f3n presentado por el aqu\u00ed accionante contra la sentencia condenatoria emitida dentro del asunto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, cuya demanda se inadmiti\u00f3 por defectos formales, pero esa Sala, \u00abinterpretando el querer del actor al invocar la causal 7\u00aa del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, concibi\u00f3 que el fin de su pretensi\u00f3n era la aplicaci\u00f3n de la variaci\u00f3n favorable de la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, incorporada mediante el fallo de casaci\u00f3n 35.767, en aras de que le fuera otorgado el descuento punitivo previsto en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, dispositivo en el que se establece que el juez disminuir\u00e1 las penas se\u00f1aladas de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o \u00fanica instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. No obstante, se pudo establecer que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o no se materializ\u00f3 antes de que el juzgador de primer grado profiriera su sentencia, esto es, el 16 de junio de 2008\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, a trav\u00e9s de otro de sus Magistrados, la Sala Hom\u00f3loga Penal inform\u00f3 que el 15 de septiembre de 2010 inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por el gestor contra la aludida decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abpor no reunir los requisitos formales m\u00ednimos y esenciales para provocar una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como tras constatar la regularidad del tr\u00e1mite cumplido en orden a la declaraci\u00f3n de responsabilidad penal y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales que en ese contexto intervinieron\u00bb. <\/p>\n
b). La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 30 de enero de 2009 dict\u00f3 sentencia dentro del juicio criticado, con que absolvi\u00f3 a \u00e9ste por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de defensa personal y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, confirmando la condena por el il\u00edcito de secuestro extorsivo agravado en concurso heterog\u00e9neo con hurto calificado y agravado y extorsi\u00f3n agravada en grado de tentativa, lo que conllev\u00f3 a una rebaja de la pena impuesta de 660 a 572 meses y 6 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n
c). La titular del Juzgado Veintiocho de Ejecuci\u00f3n de Penal y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del decurso criticado, manifest\u00f3 que no se dirigi\u00f3 ning\u00fan reparo contra el proceder que ha desplegado en la vigilancia de la condena impuesta al inconforme, ya que, si bien \u00e9ste afirma que su hom\u00f3logo Diecis\u00e9is de la misma ciudad neg\u00f3 el 6 de noviembre de 2015 la redosificaci\u00f3n de la pena a \u00e9l impuesta, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 4 de abril de 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de la ciudad, esa actuaci\u00f3n realmente se surti\u00f3 respecto del condenado Rafael Orlando Huertas Castro, \u00abcompa\u00f1ero de causa del accionante\u00bb, ya que al aqu\u00ed inconforme se le neg\u00f3 la misma solicitud, pero con auto del 6 de octubre de 2016, decisi\u00f3n contra la cual no se interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
d). Un Oficial Mayor del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3 que all\u00ed se dict\u00f3 sentencia contra el inconforme el 16 de junio de 2008. <\/p>\n
e). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano William Yecid Morales Vargas reclama a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, redosificar la condena que le impuso en segunda instancia el 30 de enero de 2009, con que modific\u00f3 la decisi\u00f3n en su disfavor dictada el 16 de junio de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, ello, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan su criterio, cumple con los requisitos para que se disminuya su pena, en aplicaci\u00f3n del precedente establecido en la \u00absentencia de casaci\u00f3n 37438 del 1\u00ba de octubre de 2014\u00bb. <\/p>\n
3. No obstante, al revisar la intervenci\u00f3n realizada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte se extrae que por el mismo motivo que funda la solicitud de amparo, el gestor interpuso ante esa Corporaci\u00f3n el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la precitada sentencia de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, mecanismo cuya demanda fue inadmitida el 5 de agosto de 2020, con fundamento en que \u00aben este caso se torna palmaria la falencia argumentativa que contiene la pretensi\u00f3n formulada por el accionante, la cual se circunscribe a la aplicaci\u00f3n de los principios de favorabilidad e igualdad en aras de que sea concedido a su prohijado el beneficio que la Sala otorgara, de manera oficiosa, a otro de los implicados en la comisi\u00f3n de los hechos, sin presentar tesis jur\u00eddicas sobre las cuales la Corporaci\u00f3n advierta la necesidad de abrir el sendero de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En resumidas cuentas, el actor no llev\u00f3 acabo el an\u00e1lisis comparativo y demostrativo que le correspond\u00eda realizar en comienzo, esto es, evidenciar que el quantum de la pena impuesta a WILLIAM YESID MORALES VARGAS (de la cual pretende su reducci\u00f3n), se fund\u00f3 en un criterio jur\u00eddico dictado por la Corte y que ese fue variado favorablemente por la misma Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con todo, consider\u00f3 en seguida que, \u00aben gracia de discusi\u00f3n, interpretando el querer del actor al invocar la causal 7\u00aa del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, es dado comprender que su pretensi\u00f3n se direcciona hacia la aplicaci\u00f3n de la variaci\u00f3n favorable de la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, incorporada mediante el fallo de casaci\u00f3n 35.767, siendo el fin buscado por aquel, en \u00faltimas, que a su procurado le sea otorgado el descuento punitivo previsto en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, dispositivo en el que se establece que el juez disminuir\u00e1 las penas se\u00f1aladas de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o \u00fanica instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. <\/p>\n
No obstante, con la informaci\u00f3n aportada por aquel tampoco se habr\u00eda acreditado que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o, efectuada por el coacusado Juan Carlos Baquero Granada, se hubiere materializado antes de que el juzgador de primer grado profiriera sentencia en contra de WILLIAM YESID MORALES VARGAS, esto es, el 16 de junio de 2008. <\/p>\n
Si bien en uno de los apartes de la providencia en la que se reconoci\u00f3 el derecho a Baquero Granada se expres\u00f3 que, en curso de la audiencia de verificaci\u00f3n del preacuerdo presentado el 21 de mayo de 20091, las v\u00edctimas informaron que hab\u00edan sido indemnizadas, ello no permite acreditar que la reparaci\u00f3n hubiese ocurrido antes del momento en que se emiti\u00f3 el fallo de primera instancia en desfavor de MORALES VARGAS. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el demandante no alleg\u00f3, y ni siquiera enunci\u00f3, alg\u00fan otro medio de convicci\u00f3n que permitiera vislumbrar que el resarcimiento de los perjuicios se perfeccion\u00f3 dentro del lapso establecido por el legislador. En conclusi\u00f3n, no bastaba con demostrar, \u00fanicamente, que a otro de los procesados le fue aplicada la aludida diminuente, para que el abogado, fundado en los principios de favorabilidad e igualdad, solicitara a trav\u00e9s de esta v\u00eda que a su asistido le fuera reconocida aquella. <\/p>\n
En consecuencia, como el escrito con el que se promueve la acci\u00f3n de revisi\u00f3n no cumple con las exigencias que la ley ha impuesto para el efecto, se inadmitir\u00e1 la presente demanda de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, al quedar constatado que lo reclamado por el gestor en este escenario fue objeto de an\u00e1lisis y decisi\u00f3n en el precitado prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, dicha determinaci\u00f3n data del 5 de agosto de 2020; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 5 de octubre de 20212, es decir, transcurrido un (1) a\u00f1o y dos (2) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo y torna en intangible para el juez constitucional, lo determinado por el juez natural del asunto sobre la tem\u00e1tica tra\u00edda a este escenario. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reclamar la redosificaci\u00f3n de la condena penal en su contra, porque considera que le es aplicable un pronunciamiento emitido al respecto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, al ya haber reclamado lo mismo a la precitada autoridad, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la decisi\u00f3n con que no se accedi\u00f3 a su pedimento, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquel haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El procesamiento en contra de Juan Carlos Baquero Granada fue tramitado ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Cuando se hizo el reparto inicial de la tutela a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que mediante prove\u00eddo ATP1558-2021 decidi\u00f3 remitirla a esta Sala, tras considerarse vinculada al tr\u00e1mite como sujeto pasivo del contradictorio. <\/p>\n
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