STC14700-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14700-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03834-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido con los autos (de primera y segunda instancia) de 31 de mayo y 22 de junio de 2021, mediante los cuales los juzgadores encartados resolvieron el tr\u00e1mite de objeciones a los inventarios y aval\u00faos del referido juicio sucesoral, seg\u00fan ellos, con base en un dictamen pericial indebidamente sustentado y en contrav\u00eda con los elementos de juicio que obraban en el expediente. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se dejen sin efecto dichos prove\u00eddos y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil de Familia de Manizales hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite que incumbe a esta salvaguarda y remiti\u00f3 las copias de las piezas procesales que estim\u00f3 pertinentes. <\/p>\n
2. La magistratura accionada dijo atenerse al contenido de la providencia objeto censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura encartada trasgredi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales invocadas en el libelo introductor, al confirmar lo decidido por el juez a quo en cuanto a las objeciones presentadas a los inventarios y aval\u00faos del juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual se resolvi\u00f3, en segunda instancia, el tr\u00e1mite de objeciones presentado frente a los inventarios y aval\u00faos practicados en la sucesi\u00f3n que ac\u00e1 interesa, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal indic\u00f3 inicialmente que \u00abconforme a las reglas de los art\u00edculos 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, que el Juez de la segunda instancia debe examinar la cuesti\u00f3n decidida de cara a los argumentos expuestos por la parte apelante, que, para el caso concreto fue el apoderado judicial de la se\u00f1ora Ludivia Agudelo de Arias y Andr\u00e9s Arias Agudelo, quien, como fundamento de su descontento, refiere que el testimonio del perito presentado por la parte contraria incurri\u00f3 en imprecisiones que le restan valor probatorio, toda vez que err\u00f3 en la ubicaci\u00f3n de los inmuebles, adem\u00e1s de que habl\u00f3 de una construcci\u00f3n en un lote equivocado, cuando seg\u00fan \u00e9l est\u00e1 en otro lote, no tuvo en cuenta la divisibilidad de los suelos, y solo se sustent\u00f3 en el componente agrologico en comparaci\u00f3n con un lote que no est\u00e1 en el departamento del Quind\u00edo, tambi\u00e9n refiri\u00f3 que tampoco se le brind\u00f3 al perito convocado por \u00e9l, el t\u00e9rmino para justificar su inasistencia a la audiencia, lo que implica vulneraci\u00f3n al debido proceso y defensa\u00bb. <\/p>\n
A partir de esas inconformidades, anot\u00f3 que, \u00abde todo el material que obra en el expediente, se puede establecer que se dio cumplimiento a las exigencias contenidas en el art\u00edculo 226 del c\u00f3digo general del proceso en relaci\u00f3n al tasador Jos\u00e9 \u00d3scar Tamayo Rivera, quien se\u00f1al\u00f3 de una manera muy clara la forma como debe elaborarse el dictamen, acompa\u00f1ando el mismo con los documentos que acreditan su idoneidad y experiencia los cuales obran en el expediente digital; adem\u00e1s de los fundamentos t\u00e9cnicos de sus conclusiones, el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado que contempla la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, expedida por el IGAC utilizado por \u00e9l al momento de evaluar los predios objeto de disputa. Adem\u00e1s, se observa que el despacho de primera instancia solicit\u00f3 la comparecencia de los expertos a la audiencia de conformidad con el art\u00edculo 228 ib\u00eddem, con el fin de que tanto el juez como las partes pudieran interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen, pudiendo la contraparte de quien haya aportado el dictamen formular preguntas asertivas e insinuantes. De la lectura del canon 228, ya mencionado, se infiere que es dicha audiencia el momento oportuno para que, quien pretenda rebatir o contradecir la experticia, formule al experto los interrogantes que ahora- de manera extempor\u00e1nea, est\u00e1 se\u00f1alando; es decir, debi\u00f3 en aquella ocasi\u00f3n, cuestionar al perito cu\u00e1les eran las imprecisiones de su dictamen y exigirle las aclaraciones que considerara necesarias; revisada la intervenci\u00f3n del vocero judicial de la se\u00f1ora Ludivia Agudelo de Arias y Andr\u00e9s Arias Agudelo, se constata que si bien hizo uso del derecho a interrogar, en momento alguno hizo los cuestionamientos sobre los cuales hoy se lamenta, perdiendo as\u00ed la oportunidad de contradecir las supuestas imprecisiones\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi bien el avaluador present\u00f3 excusa lo que permitir\u00eda practicar la prueba en segunda instancia como lo autoriza en inciso tercero de la norma en cuesti\u00f3n, tambi\u00e9n es cierto que la justificaci\u00f3n no fue admitida por la juez a quo, en tanto y por cuanto, no constitu\u00eda fuerza mayor o caso fortuito, pues, como acertadamente lo expuso la operadora judicial de primera instancia, la diligencia a la que asisti\u00f3 estaba programada con la debida antelaci\u00f3n1 lo que le permitir\u00eda presentar la excusa de que trata el inciso 2 del mismo canon y no la disculpa de que trata el inciso 3. En la presente controversia la parte interesada en momento alguno aprovech\u00f3 la oportunidad para rebatir las apreciaciones del experto, y la justificaci\u00f3n expuesta no fue en el momento oportuno como ya se indic\u00f3; ergo, las razones de su censura est\u00e1n fatalmente condenadas al fracaso; lo que conlleva la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 a la autoridad judicial encartada. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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