STC14707-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14707-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03852-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo y Javier Arias L\u00f3pez, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, los promotores reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas en el decurso de imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito, iniciado por los actores y Marta Luc\u00eda Acevedo Nore\u00f1a contra Helio Fabio Rend\u00f3n Mej\u00eda, radicado bajo el n\u00famero 63001-31-03-001-2012-00149. <\/p>\n
Solicitan, concretamente, ordenarles a los funcionarios querellados, dejar \u00absin efectos [sus] providencias, y prof[erir] decisiones en las que no se incurra en los defectos sustanciales, procesales y f\u00e1cticos\u00bb cometidos. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aducen, que el libelo en el caso criticado se present\u00f3 para lograr que se decretara una servidumbre de paso en favor de tres bienes, denominados \u00abLA ELIANA, LA MARTICA y LAS PALMAS de propiedad de los demandantes, y en contra del predio EL PORVENIR de propiedad del demandado\u00bb; no obstante, en sentencia de primer grado, emitida el 27 de junio de 2019, se denegaron sus pretensiones, determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo, recurso no concedido inicialmente por el a quo; empero, tras la formulaci\u00f3n de otro amparo, se dio paso al mismo y, de igual modo, el Tribunal acusado imparti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente a la alzada adhesiva formulada por Javier Arias L\u00f3pez. <\/p>\n
Tras agotarse la etapa de \u00absustentaci\u00f3n\u00bb ante el ad quem, \u00e9ste emiti\u00f3 fallo escrito el 8 de marzo de 2021, ratificando la providencia recurrida, determinaci\u00f3n que los accionantes pidieron se adicionara al no definirse \u00abtodos los reparos y sustentaci\u00f3n propuestos\u00bb; sin embargo, dicha complementaci\u00f3n fue rechazada por improcedente el 23 de abril posterior. <\/p>\n
Sostienen que las determinaciones adoptadas por los falladores involucrados \u00abson arbitrarias, constitutivas de v\u00eda de hecho que contienen defectos f\u00e1cticos, procesales y sustanciales que permiten la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, pues (i) se desconoci\u00f3 la naturaleza de la garant\u00eda reclamada, dado que la servidumbre \u00aboperaba de pleno derecho\u00bb como lo ha expresado la jurisprudencia citada de esta Sala, por cuanto se comprob\u00f3 que los predios \u00abLA ELIANA y LA MARTICA se desprendieron del predio denominado LAS PALMAS\u00bb y \u00e9ste \u00abgozaba de un camino que lo comunicaba con v\u00eda p\u00fablica a trav\u00e9s del predio EL PORVENIR\u00bb, por lo cual aqu\u00e9llos ten\u00edan derecho al uso y disfrute de la servidumbre legal preexistente, faltando \u00ab\u00fanicamente la decisi\u00f3n judicial para que fuera legalizada la servidumbre ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Armenia\u00bb; (ii) se confundi\u00f3 la situaci\u00f3n de los predios de los demandantes, as\u00ed como las pretensiones de \u00e9stos, por lo cual se concluy\u00f3, erradamente, que el bien de Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo ten\u00eda salida hacia la carretera llamada La Esperanza, cuando ello no es cierto; (iii) se acept\u00f3 \u00absin prueba alguna\u00bb que en los dos trayectos estudiados en el peritaje para la salida de los predios exist\u00eda \u00abafectaci\u00f3n ambiental de iguales proporciones\u00bb, cuando el paso que tiene m\u00e1s de treinta (30) a\u00f1os no genera tal afectaci\u00f3n; y, (iv) se releg\u00f3 el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que se omiti\u00f3 integrar en debida forma el contradictorio, pues si de la pericia valorada se concluy\u00f3 que la salida para el bien de Javier Arias L\u00f3pez requer\u00eda de la anuencia de las propietarias del predio Las Palmas, debi\u00f3 llam\u00e1rseles a \u00e9stas y no desconocerse \u00abla prevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u00bb. <\/p>\n
En torno a los defectos f\u00e1cticos, aseguraron que la irregularidad se halla en haberse omitido la valoraci\u00f3n de un dictamen pericial que no fue rebatido por su contraparte y que, si bien se present\u00f3 antes de la nulidad procesal decretada otrora por el Tribunal, conservaba plena validez; por tanto, si se hubiera apreciado, se habr\u00eda concluido que \u00ablos valores relacionados con los costos de las servidumbres por los dos trazados que se han propuesto en el proceso, SON SIMILARES y no exageradamente diferentes como los plasm\u00f3 el dictamen\u00bb aceptado por los acusados; y, acogerse plenamente las conclusiones de la pericia decretada de oficio, comoquiera que debi\u00f3 nombrarse a un experto y no a alguien de la lista de auxiliares de la justicia, dado que esos profesionales figuran \u00absolo [para] los casos de secuestres, partidores, liquidadores, s\u00edndicos, int\u00e9rpretes y traductores\u00bb, igualmente, acotaron, que el designado incumpli\u00f3 \u00abdeberes legales\u00bb, pues se le pidi\u00f3 conceptuar sobre el \u00ab[t]razado de dos v\u00edas posibles de constituci\u00f3n de servidumbres\u00bb y el \u00abvalor de cada trazado\u00bb y lo hizo; no obstante para ello deb\u00eda ser ingeniero de v\u00edas y transporte y no s\u00f3lo civil; adem\u00e1s, a\u00f1aden, nada pod\u00eda advertir sobre las supuestas afectaciones al medio ambiente que, seg\u00fan los tutelantes, s\u00ed se presentan en el camino propuesto, m\u00e1s no en el preexistente usado treinta (30) a\u00f1os atr\u00e1s. Resaltaron que tal experticia \u00abno debi\u00f3 haber sido considerada por la falta de idoneidad del profesional que lo emiti\u00f3 y por falta de diversos requisitos legales en su elaboraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aseveraron que el Colegiado querellado lesion\u00f3 su derecho a la defensa porque no resolvi\u00f3 todos los reparos propuestos por Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo, aun cuando se reclam\u00f3 la adici\u00f3n de la sentencia de segundo grado con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 26 de septiembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado involucrado se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto su decisi\u00f3n \u00abfue producto de la valoraci\u00f3n de los insumos que obraban en el plenario, junto con la interpretaci\u00f3n de las normas que era dable aplicar al caso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b. El Tribunal enjuiciado asegur\u00f3 no haber cometido irregularidad alguna en las providencias criticadas; adem\u00e1s, indic\u00f3 que el reparo incumpl\u00eda el presupuesto de inmediatez, dado que dichas determinaciones se adoptaron hace m\u00e1s de seis (6) meses. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, los accionantes censuran la actuaci\u00f3n de las autoridades querelladas dentro del tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de servidumbre por ellos propuesto frente a Helio Fabio Rend\u00f3n Mej\u00eda, pues, aseveran, se lesionaron sus derechos al fallarse de manera contraria a sus intereses, incurri\u00e9ndose en errores de orden procedimental, sustancial y f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Para resolver la queja propuesta, surge necesario memorar, conforme a las pruebas aqu\u00ed adosadas y para lo que aqu\u00ed interesa, los siguientes antecedentes: <\/p>\n
3.1. El libelo fue incoado por los tutelantes y Martha Luc\u00eda Acevedo Nore\u00f1a para que se impusiera en favor de los predios de \u00e9stos, llamados La Eliana, La Martica y Las Palmas, una servidumbre de tr\u00e1nsito a cargo del inmueble llamado El Porvenir, todos ubicados en el corregimiento \u00abPueblo Tapao\u00bb del municipio de Montenegro -Quind\u00edo-, pues, se adujo, los terrenos de los demandantes, que antes hac\u00edan parte de Las Palmas, contaron con paso autorizado del fallecido V\u00edctor Rend\u00f3n, otrora due\u00f1o de El Porvenir y padre del demandado. <\/p>\n
3.2. El 17 de enero de 2014, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa aducida respecto de Martha Luc\u00eda Acevedo Nore\u00f1a, quien no prob\u00f3 ser heredera de Virgelina Nore\u00f1a de Acevedo (q.e.p.d.), due\u00f1a del bien Las Palmas y, por ello el asunto culmin\u00f3 respecto de aqu\u00e9lla, continu\u00e1ndose s\u00f3lo en relaci\u00f3n con las pretensiones de los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
3.4. El 7 de febrero de 2019 se posesion\u00f3 al perito designado de la lista de auxiliares de la justicia, ingeniero civil Jorge Alfonso Vanegas Quint\u00edn, allegando el dictamen respectivo el 28 de ese mes y a\u00f1o el cual se puso en conocimiento de las partes, oportunidad donde el abogado de los aqu\u00ed censores expres\u00f3 su desacuerdo con algunas conclusiones y reiter\u00f3 las dificultades de sus mandatarios para sacar sus productos de la finca. <\/p>\n
3.5. El 27 de marzo de 2019 se llev\u00f3 a cabo la inspecci\u00f3n judicial ordenada, en la cual se hicieron presentes, entre otros, los tutelantes, el demandado y el perito; en esa oportunidad se orden\u00f3 la adici\u00f3n del dictamen de este \u00faltimo para que se indicara el valor de la obra propuesta y un \u00aban\u00e1lisis del detrimento ambiental\u00bb. <\/p>\n
3.6. Corrido el traslado correspondiente de tal complementaci\u00f3n, el abogado de los querellantes insisti\u00f3 en sus anteriores manifestaciones, adujo que los precios aducidos por el perito para las dos opciones de salida resultaban excesivos y asegur\u00f3 que existir\u00eda un deterioro al medio ambiente dado un \u00absimple an\u00e1lisis y mediana l\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
3.7. Clausuradas las etapas respectivas, el Jugado querellado emiti\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones el 27 de junio de 2019. <\/p>\n
3.8. La apelaci\u00f3n impetrada por Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo frente a la anterior decisi\u00f3n, fue admitida por el Tribunal denunciado, en sede de queja, el 12 de diciembre de 2019 y la alzada adhesiva formulada por Javier Arias L\u00f3pez se admiti\u00f3 el 1\u00b0 de junio de 2020. <\/p>\n
3.9. Los apelantes, en tiempo, sustentaron por escrito sus recursos con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.10. En fallo de 8 de marzo de 2021, el Colegiado querellado ratific\u00f3 la providencia del a quo en el sentido de negar las reclamaciones de los solicitantes. <\/p>\n
Para adoptar esa determinaci\u00f3n, tras exponer los antecedentes del litigio, lo considerado en primera instancia y la sustentaci\u00f3n de los apelantes, esgrimi\u00f3 que \u00aben el folio inmobiliario 280-47273 (fls. 6 y 7, tomo 1 cdno juzgado), que corresponde a la finca \u201cLa Eliana\u201d, se establece que solo figura como propietario Javier Arias L\u00f3pez; adem\u00e1s, que en relaci\u00f3n con el inmueble \u201cLa Martica\u201d, se evidencia que Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo es su exclusiva propietaria, seg\u00fan la matr\u00edcula 280-156087 (fls. 2 y 3, tomo 1), y, por \u00faltimo, respecto del fundo \u201cEl Porvenir\u201d, se comprueba que el \u00fanico titular de esta propiedad es Helio Fabio Rend\u00f3n Mej\u00eda, de acuerdo con el folio 280-80555 (fls. 4 y 5, tomo 1); certificados que se aportaron con el escrito genitor, con lo que se descarta que sea procedente la forzosa citaci\u00f3n al proceso de otras personas interesadas, porque tuviesen derechos reales principales sobre los aludidos bienes\u00bb y, enseguida, reliev\u00f3 que los recurrentes no hab\u00edan identificado a los terceros que, a su juicio, deb\u00edan ser convocados, \u00abpues solo indicaron que la a quo en la inspecci\u00f3n judicial llevada a cabo el 27 de marzo de 2019, advirti\u00f3 que para la prosperidad de lo pretendido por Javier Arias L\u00f3pez, propietario del predio \u201cLa Eliana\u201d, correspond\u00eda vincular a los propietarios de la finca \u201cLas Palmas\u201d e incluso a la due\u00f1a del fundo \u201cLa Martica\u201d, para lo cual en el fallo impugnado se estim\u00f3 que estos ya estaban formalmente vinculados y han comparecido al proceso, con salvedad de que en su contra nunca se ha reclamado la servidumbre de tr\u00e1nsito. <\/p>\n
Por lo anterior, para la Colegiatura es evidente que los recurrentes lo que en realidad gestionan es que se ordene \u201cla vinculaci\u00f3n de terceros\u201d que, seg\u00fan ellos, puedan resultar afectados con la imposici\u00f3n de la servidumbre deprecada en el escrito genitor, pero que jam\u00e1s fueron citados como parte pasiva de la acci\u00f3n, con la finalidad de que se estime procedente modificar el trazado del camino por el predio \u201cEl Porvenir\u201d, a trav\u00e9s del cual tengan acceso a la carretera veredal \u201cLa Esperanza\u201d, lo que resulta improcedente, porque respecto de ellos no se configura un litisconsorcio necesario, ya que es posible resolver el litigio sin su comparecencia\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los accionantes promovieron la demanda \u00fanicamente contra Helio Fabio Rend\u00f3n Mej\u00eda, con la finalidad de que se impusiera una servidumbre de tr\u00e1nsito sobre su predio denominado \u201cEl Porvenir\u201d, y a favor de aquellos inmuebles distinguidos con el nombre \u201cLa Eliana\u201d y \u201cLa Martica\u201d, por tanto, era en este escenario litigioso y en relaci\u00f3n con aspecto que el juzgado de primer nivel deb\u00eda efectuar el estudio de la demanda, como en efecto lo hizo, incluso, porque contra esa concreta reclamaci\u00f3n fue que se defendi\u00f3 el demandado, pues de lo contrario hubiere vulnerado flagrantemente el postulado de la congruencia de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, resalt\u00f3 que para proveer sobre los argumentos de los apelantes, deb\u00eda verificar, concretamente, si en el caso era \u00abprocedente imponer al predio \u201cEl Porvenir\u201d la servidumbre de tr\u00e1nsito que reclaman los demandantes Javier Arias L\u00f3pez y Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo, en condici\u00f3n de due\u00f1os de las fincas \u201cLa Eliana\u201d y \u201cLa Martica\u201d, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
Luego, se refiri\u00f3 a lo consignado en el art\u00edculo 905 del C\u00f3digo Civil, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional -C-544 de 2007- y a la de esta Sala – G.J., T.XLIV, p\u00e1g. 139, de 2 de septiembre de 1936-, para precisar que como presupuestos para la imposici\u00f3n de una servidumbre de tr\u00e1nsito, se requer\u00eda: \u00aba. El predio de quien solicita la servidumbre debe encontrarse incomunicado con el camino p\u00fablico; b. Que la servidumbre solicitada fuere indispensable para el uso y beneficio del predio reclamante [y;] c. Que el titular del predio demandante pague el terreno que se requiere para la servidumbre de paso e indemnice los perjuicios generados por la imposici\u00f3n del gravamen\u00bb. <\/p>\n
A la luz de lo expresado y de acuerdo con las pruebas, el Colegiado censurado concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a acceder a la servidumbre pretendida, comoquiera que \u00abse demostr\u00f3 que existe acceso a la carretera veredal \u201cLa Esperanza\u201d, a trav\u00e9s de la finca \u201cLas Palmas\u201d, que es de propiedad de los herederos de Virgelina Nore\u00f1a de Acevedo; por consiguiente, se considera que en absoluto est\u00e1n incomunicados para extraer y comercializar los productos agr\u00edcolas en el mercado, ya que por esa salida los demandantes pueden atender las necesidades de explotaci\u00f3n de sus predios rurales. (\u2026) Ello es as\u00ed, porque de conformidad con la peritaci\u00f3n elaborada por el ingeniero y avaluador Jorge Alfonso Vanegas Quint\u00edn, que fue decretado de oficio por el juzgado de conocimiento y rendido en la audiencia de tr\u00e1mite y juzgamiento que inici\u00f3 el 27 de marzo de 2019, se estableci\u00f3 que para acceder a los inmuebles de los demandantes era factible mejorar y realizar una v\u00eda de acceso a la carretera principal que no involucrara el predio \u201cEl Porvenir\u201d u otros, ya que era posible la realizaci\u00f3n de un sendero que solo vadear\u00eda la finca \u201cLas Palmas\u201d y, por ende, dadas las condiciones especiales de los terrenos en conflicto, este trayecto resultaba m\u00e1s favorable a los intereses de los accionantes, pues conllevar\u00eda una menor distancia que la pretendida, porque solo requiere 209 metros cuadrados, mientras que la v\u00eda por el fundo del demandado hasta la carretera \u201cLa Esperanza\u201d, exige la apertura de un camino de 878 metros cuadrados, lo que indudablemente causar\u00eda m\u00e1s gastos para los peticionarios (\u2026). Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la realizaci\u00f3n de la carretera que pasar\u00eda por la finca \u201cLas Palmas\u201d solo requerir\u00eda ejecutar movimiento de tierras y cruzar una peque\u00f1a corriente de agua, con una pendiente aceptable, con facilidades de explanaci\u00f3n y conservando la plantaci\u00f3n de guadua, sin mayores dificultades ni problemas de erosi\u00f3n por las buenas calidades de los suelos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la complementaci\u00f3n del peritazgo, refiri\u00f3 que en la misma se consign\u00f3 que \u00abel presupuesto de la obra para llevar a cabo la carretera por la finca \u201cEl Porvenir\u201d, tendr\u00eda un costo de $109\u2019830.000,00, mientras que por \u201cLas Palmas\u201d, solo era de $39\u2019623.820,08; diferencia que obedec\u00eda a que el trazado de la carretera por el \u00faltimo inmueble era m\u00e1s corto y no requer\u00eda la destrucci\u00f3n de cultivos, ni compra terrenos\u00bb y, en cuanto a la afectaci\u00f3n ambiental, explic\u00f3 que \u00e9sta no se causar\u00eda por dicho sector \u00abporque el dise\u00f1o de la carretera se hab\u00eda elaborado sin afectar los guaduales, ni el peque\u00f1o afluente de agua que por all\u00ed pasaba, pues, por el tama\u00f1o las obras requer\u00edan la construcci\u00f3n de un \u201cBox Culvert\u201d o colocar unas tuber\u00edas para que el camino no interfiera el cauce de las aguas, que constitu\u00edan un conjunto de acciones de atenuaci\u00f3n de eventuales perjuicios en el medio ambiente\u00bb. <\/p>\n
Por lo discurrido, el Tribunal querellado advirti\u00f3 que los argumentos de los apelantes resultaban infundados, debi\u00e9ndose acoger como definitiva la pericia analizada, pues el experto Jorge Alfonso Vanegas Quint\u00edn, \u00abcon gran fluidez explic\u00f3 los motivos por los cuales era impracticable el trazado de la servidumbre por la finca \u201cEl Porvenir\u201d y m\u00e1s beneficiosa la que atravesara el predio \u201cLas Palmas\u201d, raz\u00f3n por la cual su experticia es clara, precisa y detallada, como lo exige el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, porque se sustent\u00f3 en las investigaciones realizadas para su elaboraci\u00f3n, lo mismo que en los fundamentos t\u00e9cnicos necesarios a tener en cuenta de conformidad con la normativa aplicable\u00bb; adem\u00e1s, ning\u00fan aspecto evidenci\u00f3 falta de seriedad o eficiencia en el dictamen para descartarlo, a\u00fan m\u00e1s si se observaba, agreg\u00f3 el Colegiado, que en el proceso no se inform\u00f3 \u00abacerca de la necesidad y obligatoriedad de que el gravamen solo deba imponerse sobre el bien del demandado, el cual en la actualidad no proporciona el paso requerido, pues se demostr\u00f3 que a trav\u00e9s del predio \u201cLas Palmas\u201d los demandantes acceden a la carretera \u201cLa Esperanza\u201d, por tratarse de un recorrido directo y en menor distancia, que es importante para la extracci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de los productos agr\u00edcolas en el mercado\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la pericia no objetada que, seg\u00fan los accionantes, fue inobservada, el Tribunal expres\u00f3: \u00ab[E]s evidente que el dictamen del perito Fabio Arango Posada de ning\u00fan modo podr\u00eda acogerse (fls. 297 a 309 y 316, archivo 02, exp. digital), pues aunque manifest\u00f3 que el trazado de la v\u00eda pod\u00eda ejecutarse atravesando el predio \u201cEl Porvenir\u201d o \u201cLas Palmas\u201d, lo cierto es que de ninguna manera concluy\u00f3 cu\u00e1l de las dos v\u00edas mencionadas a construir era las m\u00e1s favorable para los demandantes, teni\u00e9ndose en cuenta las caracter\u00edsticas de los terrenos involucrados y tampoco nada explic\u00f3 acerca de la manera como se llevar\u00eda a cabo la ejecuci\u00f3n de la carretera y el posible impacto ambiental que la obra generar\u00eda en la zona afectada o la soluci\u00f3n a presentar para mitigar o reducir el da\u00f1o derivado de contaminaci\u00f3n, como si lo hizo el experto Vanegas Quint\u00edn al sustentar su experticia Adem\u00e1s, la Sala aprecia que el auxiliar Arango Posada alleg\u00f3 planos a mano alzada, es decir, sin requerimientos t\u00e9cnicos y especificaciones exigidas para esta clase de litigios, a diferencia del elaborado por Vanegas Quint\u00edn, que se fundament\u00f3 en aerofotograf\u00edas, datos por coordenadas e ilustraciones del geo portal del IGAC, que dan precisi\u00f3n y certidumbre sobre la situaci\u00f3n de cada uno de los inmuebles y su comunicaci\u00f3n con la v\u00eda p\u00fablica, inclusive, si se tiene en cuenta que manifest\u00f3 haber utilizado como m\u00e9todo levantamiento plan\u00edmetro, con las medidas encontradas en los mencionados portales y plataformas \u201cGoogle Eart y Google Maps\u201d, correspondientes al sector donde se ubican los predios. <\/p>\n
Lo anterior, lleva a establecer la idoneidad del perito Vanegas Quint\u00edn, sobre todo porque fue claro en se\u00f1alar que su peritaje obedeci\u00f3 a su experiencia de ingeniero por m\u00e1s de 30 a\u00f1os en el sector de la construcci\u00f3n de todo tipo de obras p\u00fablicas Igualmente, se aprecia que el mencionado ingeniero se encuentra inscrito en la \u201cCorporaci\u00f3n Autorregulador Nacional de Avaluadores -ANA\u201d, para las categor\u00edas de inmuebles urbanos, rurales, obras de infraestructura e inmuebles especiales, entre otros, por lo que de ninguna manera se puede predicar el incumplimiento de sus deberes como profesional id\u00f3neo y mucho menos se considere la ineficacia del dictamen que present\u00f3 y sustent\u00f3, pues aunque el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo General del Proceso establece que cuando el juez decrete una prueba de oficio, para designar el perito deber\u00e1 acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas p\u00fablicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad, se evidencia que esta elecci\u00f3n es potestativa del juzgador y, por ende, se encuentra ajustada a derecho la designaci\u00f3n del perito de la lista de auxiliares de la justicia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en cuanto al predio La Martica, que si bien \u00e9ste colinda en uno de sus extremos con la finca El Porvenir, ello no significaba que deb\u00eda imponerse la servidumbre, pues el perito Vanegas Quint\u00edn fue claro al se\u00f1alar que \u00abla salida de aqu\u00e9l bien la aludida carretera veredal era a trav\u00e9s de \u201cLas Palmas\u201d, que resultaba m\u00e1s corta y econ\u00f3mica para su due\u00f1a, lo cual es cierto, pues cabe recordar que de este \u00faltimo inmueble fue segregado el citado fundo La Martica\u201d, por venta que la se\u00f1ora Virgelina Nore\u00f1a de Acevedo realiz\u00f3 a Bertha Luc\u00eda Castro Caicedo, mediante escritura p\u00fablica 678 suscrita el 15 de marzo de 2002, en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Armenia y, por consiguiente, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 908 del C\u00f3digo Civil, le correspond\u00eda a la vendedora conceder una servidumbre de tr\u00e1nsito, lo cual no hizo, a pesar de que su bien est\u00e1 sobre la v\u00eda p\u00fablica. <\/p>\n
Por lo anterior, de ninguna manera se considera que la a quo hubiere interpretado inadecuadamente las pretensiones del libelo en lo que respecta al lote \u201cLa Martica\u201d, pues la decisi\u00f3n adoptada obedeci\u00f3 al an\u00e1lisis probatorio de los medios de prueba recopilados, que indudablemente conllevaban a las conclusiones adoptadas por la juzgadora de primer grado\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, estim\u00f3 desvirtuados los fundamentos de los apelantes y el fracaso de sus pretensiones y, por tanto, confirm\u00f3 el fallo recurrido. <\/p>\n
3.11. Los querellantes demandaron la complementaci\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n porque, en su criterio, el Tribunal hab\u00eda omitido estudiar y resolver \u00abel PRIMER REPARO sobre indebida interpretaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda, QUINTO REPARO sobre equivocadas interpretaciones sustanciales sobre el tema de la servidumbre, SEXTO REPARO sobre consideraciones sin acreditaci\u00f3n alguna y S\u00c9PTIMO REPARO relacionado con una nulidad por indebida notificaci\u00f3n y falta de integraci\u00f3n del contradictorio, ni siquiera fueron mencionados en el fallo de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3.12. En providencia de 23 de abril de 2021 se rechaz\u00f3 tal reclamaci\u00f3n, por cuanto la Corporaci\u00f3n denunciada, conforme expuso, \u00ababord\u00f3 el examen de la alzada con arreglo a la tem\u00e1tica que delimitaron los recurrentes, pronunci\u00e1ndose de manera expl\u00edcita sobre cada uno de los puntos de apelaci\u00f3n, pues aunque la sentencia de segunda instancia no fue delineada como ellos lo requer\u00edan, esto es, haci\u00e9ndose menci\u00f3n expresa al listado repetitivo que se elabor\u00f3 por cada uno de los reparos formulados contra el fallo de primer grado, a su an\u00e1lisis se aprecia el estudio completo del disenso. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque en el ac\u00e1pite de validez procesal la Colegiatura analiz\u00f3 la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n y falta de integraci\u00f3n del contradictorio, y lo reclamado entorno a la indebida interpretaci\u00f3n de las pretensiones del libelo, que constitu\u00edan el reparo primero y s\u00e9ptimo, por lo que resultaba improcedente considerar un litisconsorcio necesario, ya que era posible resolver el litigio sin la comparecencia de otras personas no titulares de derechos reales principales sobre los predios dominante y sirviente. <\/p>\n
Ahora, como en la petici\u00f3n de estudio tambi\u00e9n se reprocha que nada se manifest\u00f3 en relaci\u00f3n con los reparos quinto y sexto, es evidente que esta apreciaci\u00f3n resulta equivocada, pues ese an\u00e1lisis fue evacuado dentro de un an\u00e1lisis conjunto, ya que se hab\u00eda planteado el mismo eje argumentativo y valoraci\u00f3n probatoria, examen minucioso contenido en los dem\u00e1s apartes de la estructura de la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia, en tanto que la impugnaci\u00f3n se orient\u00f3 a establecer si era procedente la imposici\u00f3n de la servidumbre de tr\u00e1nsito solicitada en el libelo y el tema de da\u00f1o ambiental que ocasionar\u00eda el trazado propuesto por la a quo, aspectos sobre los cuales se emiti\u00f3 una respuesta efectiva y a plenitud, al valorarse la prueba pericial presentada por el experto Jorge Alfonso Vanegas Quint\u00edn\u00bb. <\/p>\n
4. Expuesto el anterior panorama, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional impetrada, toda vez que el Tribunal querellado, con suficiencia y de manera amplia, atendi\u00f3 a los argumentos de las alzadas y concluy\u00f3, razonadamente, la improcedencia de las pretensiones de los reclamantes y, en consecuencia, la viabilidad de ratificar la sentencia controvertida, determinaci\u00f3n que no se muestra arbitraria si en cuenta se tiene que se apoy\u00f3 en el caudal demostrativo, del cual se explicit\u00f3 su idoneidad, pertinencia y eficacia, y en la normatividad aplicable, concluy\u00e9ndose que los predios de propiedad de los aqu\u00ed tutelantes, antes pertenecientes al inmueble Las Palmas, contaban con la posibilidad de salir a una v\u00eda principal a trav\u00e9s de este \u00faltimo y no s\u00f3lo atravesando El Porvenir, de propiedad del demandado, dictamin\u00e1ndose adem\u00e1s, que en caso de permitirse lo exigido, se requerir\u00eda una mayor extensi\u00f3n de territorio para lograr tal paso, valores elevados y afectaciones superiores, a\u00fan m\u00e1s si en el tr\u00e1nsito preexistente que, seg\u00fan los petentes, ten\u00eda m\u00e1s de treinta (30) a\u00f1os, para la \u00e9poca de la pericia discutida y la inspecci\u00f3n, se hallaban viviendas, debi\u00e9ndose incurrir en m\u00e1s gastos y desavenencias para sus ocupantes que si se optaba por cruzar la finca Las Palmas. <\/p>\n
6. Sobre la idoneidad del perito Jorge Alfonso Vanegas Quint\u00edn y la inobservancia de la pericia aportada por los censores, baste decir que tampoco se halla desafuero, pues adem\u00e1s de no constatarse que en el tr\u00e1mite los promotores reprocharan las credenciales de aqu\u00e9l, bien hizo el Tribunal al indicar que la normatividad no proh\u00edbe elegir un auxiliar de la justicia del listado disponible y, menos a\u00fan, pod\u00eda restarse credibilidad al experto, como en el caso, cuando \u00e9ste ha participado en m\u00faltiples procesos de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas y, en el asunto, efectu\u00f3 un peritaje s\u00f3lido y suficiente sobre las v\u00edas de acceso de los predios demandantes y la obligaci\u00f3n y cargas del demandado en caso de accederse a lo solicitado; adem\u00e1s, si bien existi\u00f3 alusi\u00f3n a los da\u00f1os ambientales, en el caso criticado no se adoptaron decisiones sobre el particular. Por tanto, no puede reprocharse que se hubiese acogido este \u00faltimo dictamen respecto del adosado por los reclamantes, m\u00e1xime si se expusieron de manera razonada los argumentos para ello, pues la simple discrepancia con la valoraci\u00f3n probatoria de los funcionarios accionados, no permite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir tal apreciaci\u00f3n, toda vez que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
7. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14707-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC14707-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03852-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Bertha Luc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59163","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59163"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59163\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}