STC14709-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14709-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00243-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 20 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Luis Toro Sierra, quien dice actuar como apoderado judicial del se\u00f1or Jorge Luis Mej\u00eda Pedraza, contra el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte activa y los intervinientes del juicio ejecutivo de alimentos a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo en la calidad antedicha, reclama la protecci\u00f3n constitucional de la garant\u00eda esencial a la defensa de su prohijado, presuntamente quebrantada por la autoridad jurisdiccional convocada, con las medidas cautelares decretadas en el marco de la contienda ejecutiva de alimentos, que en su contra instaur\u00f3 la se\u00f1ora Shirly Mileth Rodr\u00edguez Fuentes, identificada con el consecutivo 2016-00407-00. <\/p>\n
Entonces, pide el abogado en lo cardinal, que \u00abse ordene la SUSPENSI\u00d3N EN FORMA DEFINITIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO Y SECUESTRO, que recayeron sobre el salario y prestaciones sociales que devenga el ejecutado en su condici\u00f3n de agente de la Polic\u00eda Nacional\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata el profesional del derecho, que en desarrollo de la memorada ejecuci\u00f3n, se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 30% del salario del se\u00f1or Jorge Luis, limit\u00e1ndose la medida a la suma de $26\u2019000.000; que as\u00ed las cosas, promovi\u00f3 un incidente de levantamiento de dichas cautelas, mismo que fue rechazado por el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, con fundamento en lo dispuesto \u00aben el numeral 8\u00b0 del canon 597 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, determinaci\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume en sede horizontal. <\/p>\n
Alega que dichas \u00f3rdenes son injustas y desproporcionadas, pues de manera continua el progenitor ha cumplido con el acuerdo que sobre los alimentos de su menor hijo celebr\u00f3 con su ex c\u00f3nyuge dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico; adem\u00e1s, que tal situaci\u00f3n, no s\u00f3lo afecta al ejecutado, sino a sus otros dos descendientes, quienes tambi\u00e9n dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l, lo cual justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a favor de Mej\u00eda Pedraza. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Primero de Familia de Valledupar puso de presente, que contrario a lo alegado por el accionante, la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual deneg\u00f3 el incidente de levantamiento de medidas cautelares no es caprichosa, y se encuentra sustentada en lo dispuesto en el art\u00edculo 602 del C\u00f3digo General del Proceso y no por el 597-8 invocado por \u00e9ste, adem\u00e1s que, con el fin de que pueda lograr tal cometido, decidi\u00f3 fijar el monto de la respectiva cauci\u00f3n, aun cuando tal pedimento no fue elevado, circunstancia que lo beneficia. Por lo anterior, solicita la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida. <\/p>\n
b.) Por su parte, la se\u00f1ora Shirly Mileth Rodr\u00edguez Fuentes, vinculada al tr\u00e1mite de la referencia en calidad de ejecutante, dijo oponerse a la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, comoquiera que la oficina judicial convocada lo \u00fanico que ha hecho es cumplir con los postulados procesales aplicables al asunto, sin que en ning\u00fan omento se hubieran desconocido las garant\u00edas primarias de su contraparte. <\/p>\n
c.) Finalmente, la Procuradora 29 Judicial II manifest\u00f3, que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, ya que el inconforme cuenta con otros mecanismos id\u00f3neos y eficaces para levantar el embargo del que se duele, a voces del precepto 602 ejusdem. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, advirtiendo, en suma, que \u00abrevisado el expediente digitalizado, [se] encuentra (\u2026) que, por auto del 10 de mayo de 2021, el juzgado accionado rechaz\u00f3 la solicitud de incidente de levantamiento de embargo y secuestro presentada por el ejecutado e impuso a la pasiva el pago de una cauci\u00f3n para lograr ese fin. Contra esa decisi\u00f3n, el actor interpuso \u00fanicamente el recurso de reposici\u00f3n, que fue resuelto negativamente por la c\u00e9lula judicial a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 23 de julio de 2021. <\/p>\n
Bajo el escenario planteado, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por el apoderado judicial gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
N\u00f3tese que el quejoso, aqu\u00ed tutelante, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de utilizar en la oportunidad procesal correspondiente uno de los mecanismos id\u00f3neos para exponer la particular tem\u00e1tica, si en cuenta se tiene que ha podido formular el recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n criticada, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, medio de impugnaci\u00f3n que le permit\u00eda que el Superior estudiara la tem\u00e1tica aqu\u00ed planteada. <\/p>\n
En ese sentido, no es posible atender la pretensi\u00f3n del accionante, en el sentido de dejar sin efectos la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 el incidente de levantamiento de medida cautelar y ordenar por esta v\u00eda lo que pretend\u00eda a trav\u00e9s del mismo, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan de forma adecuada los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, con sustento en similares reparos a los planteados con el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a examen de la Sala, el abogado Pedro Luis Toro Sierra, en su calidad de defensor del se\u00f1or Jorge Luis Mej\u00eda Pedraza, en el juicio ejecutivo de alimentos referenciado, cuestiona, puntualmente, la decisi\u00f3n del 10 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, dispuso no acceder a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n del salario de este \u00faltimo, pues en su particular criterio, dicha determinaci\u00f3n es incongruente. <\/p>\n
3. No obstante, advierte la Sala que habr\u00e1 de mantenerse la decisi\u00f3n constitucional de instancia, pero por las razones que seguidamente pasan a exponerse: <\/p>\n
Y sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado, que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C.C. T-878\/07). <\/p>\n
3.2. De conformidad con lo expuesto en precedencia, no cabe duda para la Sala que la demanda de amparo no puede ser estudiada de fondo, por ser evidente que el abogado Pedro Luis Toro Sierra carece de derecho de postulaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, en raz\u00f3n a que ser el apoderado judicial del se\u00f1or Mej\u00eda Pedraza al interior de la ejecuci\u00f3n criticada, no lo habilita per se, para cuestionar mediante este mecanismo extraordinario las actuaciones all\u00ed adelantadas, en raz\u00f3n a que s\u00f3lo el ejecutado es el titular de las garant\u00edas esenciales que aqu\u00ed se acusan de haber sido quebrantadas, y ese tipo de representaci\u00f3n no tiene la virtualidad de \u00abtransferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC8007-2021). <\/p>\n
3.3. Y ello es as\u00ed, porque cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, lo cual aqu\u00ed no ocurri\u00f3, pese a que as\u00ed se lo requiri\u00f3 esta Sala por auto del 20 de octubre de los corrientes, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa, lo que en el presente asunto tampoco se hizo, sin que adem\u00e1s, se aprecie cumplido el segundo requisito de procedencia de la citada figura, relativo a que el titular de los derechos fundamentales \u00abno est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, ya sea por circunstancias f\u00edsicas o mentales\u00bb1, pues ni siquiera esgrimi\u00f3 el motivo por el que el all\u00ed demandado no pod\u00eda asumir su propia defensa. <\/p>\n
3.4. En ese sentido esta Sala ha precisado, que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026) (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia, pero por las razones antes advertidas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Ver al respecto, C.C. T-04\/13, T-416\/17 y T-072\/19, entre otras. <\/p>\n
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