STC14711-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14711-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03797-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Rugeles Urbina contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la misma localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite de tutela n\u00ba 2021-10023. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \u00aba la libertad, al debido proceso y al patrimonio\u00bb, los cuales estima trasgredidos con los autos de 30 de septiembre y 6 de octubre de 2021, mediante los cuales los juzgadores fustigados \u2013en primera instancia y despu\u00e9s en grado de consulta- lo sancionaron con multa y detenci\u00f3n domiciliaria, por considerar que desacat\u00f3 una sentencia de tutela. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que, mediante fallos de tutela de 20 de abril y 3 de junio de 2021, los aludidos juzgadores le ordenaron rectificar una publicaci\u00f3n efectuada en el portal web \u00abEl Expediente.Co\u00bb, del cual \u00e9l funge como director, por estimar que en ella se hab\u00eda trasgredido el derecho al buen nombre y a la presunci\u00f3n de inocencia de Nilson Castillo Carrillo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que aun cuando dicha publicaci\u00f3n fue eliminada desde el 5 de marzo de 2021, y adem\u00e1s rectificada mediante varias notas subidas al mismo portal donde se divulg\u00f3 inicialmente el cuestionado reportaje, los querellados decidieron sancionarlo tras considerar, infundadamente, que las precisiones efectuadas no satisfac\u00edan las exigencias de una verdadera rectificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se dejen sin efecto las providencias atacadas y que, en su lugar, se ordene desestimar el tr\u00e1mite incidental promovido en su contra. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura encartada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y de las providencias objeto de censura. Agreg\u00f3 que el incumplimiento del accionante se ha extendido incluso con posterioridad a la fecha en que se confirm\u00f3 \u2013en grado de consulta- las sanciones que le fueron impuestas por desacato. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta hizo un recuento pormenorizado del tr\u00e1mite que sigui\u00f3 el incidente de desacato objeto del auxilio; enumer\u00f3 las m\u00faltiples oportunidades que le fueron conferidas al accionante para que diera cabal cumplimiento a los fallos de tutela; enfatiz\u00f3 la reiterada renuencia del convocante a proceder conforme a esas providencias y censur\u00f3 el proceder que asumi\u00f3 una vez le fue impuesta la cuestionada sanci\u00f3n, puesto que ha pretendido mostrar que esas medidas correctivas son producto de una supuesta \u00abparcializaci\u00f3n\u00bb y \u00abla corrupci\u00f3n\u00bb de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal encartado lesion\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, por confirmar \u2013en sede de consulta- la sanci\u00f3n que en primera instancia se le impuso al accionante por desacatar las sentencias de tutela emitidas en la tramitaci\u00f3n constitucional n\u00b0 2021-10023. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de acciones de tutela contra disposiciones proferidas al interior de un tr\u00e1mite para el cumplimiento de un mandato constitucional, la Corte ha reiterado su improcedencia en la medida que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
(\u2026) reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras en STC1072-2017, 2 feb. 2017, rad. 00884-01). <\/p>\n
Pese a lo anterior, el precedente constitucional se\u00f1ala que las determinaciones adoptadas dentro de un incidente de esta naturaleza pueden ser atacadas por la misma v\u00eda tutelar en el que \u00e9ste tuvo origen, siempre y cuando se extraiga, con solvencia, la conculcaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). Por ende, solo es viable ceder al principio de la cosa juzgada, \u00abcuando se encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, aunque en esos excepcionales casos es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, si la providencia reviste algunas de las caracter\u00edsticas vulneradoras de derechos fundamentales, luego de que el afectado hubiera agotado la instancia para hacer ver el yerro y este persiste, el mecanismo excepcional tambi\u00e9n deviene procedente (STC de 8 de febrero de 2008, exp. 00344-01, reiterada el 3 de marzo de 2010, rad. 00082-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos contenidos en la decisi\u00f3n materia de censura, esto es, la dictada el 6 de octubre de 2021 que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al aqu\u00ed accionante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto dicha providencia no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
V\u00e9ase que, para resolver la consulta en ese sentido, la magistratura encartada inici\u00f3 recordando que \u00aba trav\u00e9s de fallo adiado 20 de abril de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, resolvi\u00f3: \u201cPRIMERO: TUTELAR el Derecho Fundamental de a la Honra y el Buen Nombre invocado por el se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO, en contra de los se\u00f1ores RUBEN PE\u00d1A NORIEGA y GUSTAVO RUGELES URBINA, este \u00faltimo Director de la Pagina period\u00edstica \u201cel expediente.co\u201d, por lo expuesto en la parte motiva del presente prove\u00eddo. SEGUNDO: ORDENAR, al periodista RUBEN PE\u00d1A NORIEGA y la pagina period\u00edstica EL EXPEDIENTE.CO representada por el se\u00f1or GUSTAVO RUGELES URBINA, que en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo se RETRACTEN de manera p\u00fablica a favor del se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO en la misma secci\u00f3n y blog informativo \u201cEL EXPEDIENTE.CO\u201d de la nota period\u00edstica \u201cradiograf\u00eda de los pachencas y el clan del golfo en el magdalena\u201d del d\u00eda 13 de Enero de 2021, indicando que las afirmaciones o se\u00f1alamientos contra el se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO no corresponden a la realidad. Conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente prove\u00eddo. (\u2026)\u201d. M\u00e1s tarde, esta Sala en prove\u00eddo del 03 de junio de 2021, orden\u00f3: \u201cPRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021), proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE SANTA MARTA-MAGDALENA, dentro de la Acci\u00f3n de Tutela impetrada por NILSON CASTILLO CARRILLO contra RUB\u00c9N PE\u00d1A NORIEGA y EL EXPEDIENTE p\u00e1gina period\u00edstica representada por el se\u00f1or GUSTAVO RUGELES URBINA, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: \u201cSEGUNDO: ORDENAR al periodista RUBEN PE\u00d1A NORIEGA y la p\u00e1gina period\u00edstica EL EXPEDIENTE.CO representada por el se\u00f1or GUSTAVO R\u00daGELES URBINA, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo RECTIFIQUEN la noticia del 13 de enero de 2021 titulada \u201cRadiograf\u00eda de Los Pachencas y el Clan del Golfo en el Magdalena\u201d en la misma secci\u00f3n y blog informativo EL EXPEDIENTE.CO y CONFIRMAR los dem\u00e1s aspectos por lo bosquejado en la parte motiva (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que \u00abLa primera instancia, resolvi\u00f3 imponer sanciones al se\u00f1or GUSTAVO RUGELES URBINA, al considerar que no cumpli\u00f3 lo dispuesto en el fallo de tutela, pues si bien la p\u00e1gina realizaba una rectificaci\u00f3n sobre la noticia del 13 de enero de 2021, esta solo la hac\u00eda con relaci\u00f3n al se\u00f1or FREDY CASTILLO CARRILLO, quien no es parte del tr\u00e1mite incidental ni de la acci\u00f3n tutelar, y no procedi\u00f3 a rectificar con relaci\u00f3n al se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO, quien es el incidentante. Pues bien, al examinar el plenario, se evidencia que el link remitido por el incidentado en el que, en efecto, realiza una rectificaci\u00f3n de la publicaci\u00f3n realizada el 13 de enero de 2021, en favor de Fredy Castillo Carillo. Sin embargo, en sede de consulta remiti\u00f3 \u00e9ste nuevo link https:\/\/elexpediente.co\/rectificacion-a-favor-del-senor-nilson-castillo-carrillo-por-orden-de-un-juez-de-la-republica\/, en el que se vislumbra el siguiente comunicado: (\u2026) El pasado 13 de enero el periodista samario Rub\u00e9n Pe\u00f1a public\u00f3 en El Expediente su investigaci\u00f3n sobre las bandas criminales en Santa Marta y el Magdalena en una nota titulada \u00abRadiograf\u00eda de Los Pachencas y el Clan del Golfo en el Magdalena\u00bb. En esa investigaci\u00f3n se se\u00f1ala el nombre del se\u00f1or Nilson Castillo Carrillo como uno de los integrantes de esas bandas criminales. El se\u00f1or Nilson Castillo Carrillo present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela que un juez de la Rep\u00fablica fall\u00f3 a su favor y orden\u00f3 al periodista Rub\u00e9n Pe\u00f1a y al director de El Expediente realizar la respectiva rectificaci\u00f3n. Aunque el se\u00f1or Nilson Castillo Carrillo ha sido condenado por delitos como concierto para delinquir el se\u00f1or juez considera que se presume su buen nombre. Procedemos a rectificar. El Expediente rectifica los se\u00f1alamientos realizados contra el se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO en la rigurosa investigaci\u00f3n publicada por el periodista Rub\u00e9n Pe\u00f1a y El Expediente\u00bb (negrilla intencional). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el tribunal memor\u00f3 que \u00aben cuanto a la figura de la rectificaci\u00f3n, la M\u00e1xima Guardiana de la Constituci\u00f3n ha decantado que: \u201cEn el supuesto de que la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n falsa o parcializada derive en la violaci\u00f3n de alguno de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, la persona afectada tiene el derecho fundamental a obtener del medio de comunicaci\u00f3n, la rectificaci\u00f3n de aquello que es contrario a la veracidad o que resulta ser una exposici\u00f3n sesgada o parcializada de los hechos. Es importante mencionar que, por mandato del art\u00edculo 20 de la Carta, la rectificaci\u00f3n debe realizarse en condiciones de equidad, lo cual, se cumple cuando (i) la noticia y su rectificaci\u00f3n deben tener un despliegue informativo equivalente; (ii) el medio de comunicaci\u00f3n reconoce la equivocaci\u00f3n; (iii) se hace oportunamente y; (iv) siempre y cuando el medio no se limite a difundir lo que dice la persona o entidad que ha sido perjudicada con la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A partir de esas pautas, coligi\u00f3 que \u00abaun cuando fue tard\u00edamente, el se\u00f1or Gustavo Rugeles procedi\u00f3 a publicar por medio de su medio digital, El Expectador, la noticia de rectificaci\u00f3n de las afirmaciones realizadas el 13 de enero por el periodista Rub\u00e9n Pe\u00f1a y publicadas por ese mismo medio, respecto al se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO, titulada \u201cRadiograf\u00eda de Los Pachencas y el Clan del Golfo en el Magdalena\u201d, e hizo referencia que ello ten\u00eda lugar a la orden judicial emitida por v\u00eda de tutela, finalizando con la anotaci\u00f3n de que \u201crectifica los se\u00f1alamientos realizados contra el se\u00f1or NILSON CASTILLO CARRILLO en la rigurosa investigaci\u00f3n publicada por el periodista Rub\u00e9n Pe\u00f1a y El Expediente\u201d; esto no cumple con las exigencias establecidas en el precedente en cita. En efecto, de la lectura de la nota, se observa que el medio de comunicaci\u00f3n no reconoce la equivocaci\u00f3n, por el contrario, cuestiona la orden impartida en la acci\u00f3n constitucional cuando se\u00f1ala que a pesar de haber sido condenado por delitos como concierto para delinquir, el Juez considera que se le vulnera el buen nombre. Visto lo que precede, los hechos que motivaron el mecanismo constitucional, a\u00fan persisten, atendiendo que el se\u00f1or Gustavo Rugeles se ha sustra\u00eddo del deber de cumplir las disposiciones dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esta ciudad, y de esta Sala de Decisi\u00f3n, comoquiera que, se limit\u00f3 a efectuar una rectificaci\u00f3n a favor del actor sin el lleno de las exigencias establecidas por la Corte Constitucional para el restablecimiento de las garant\u00edas amparadas. Mem\u00f3rese que, la finalidad de esta actuaci\u00f3n se circunscribe a lograr la eficacia de la orden impartida por el juez constitucional para el restablecimiento pleno de los derechos conculcados, y dicho proceder se encuentra alejado del cumplimiento del mandato. De ah\u00ed que, al no vislumbrarse el obedecimiento \u00edntegro de la sentencia, se mantiene indemne la violaci\u00f3n de la prerrogativa resguardada por el juez constitucional, situaci\u00f3n que denota la pasividad para procurar el restablecimiento definitivo de la garant\u00eda conculcada, sin que demostrara dificultad grave para cumplirla\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Sala que la fustigada providencia conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente de que la Corte la proh\u00edje, no puede calificarla de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y del otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda resulta improcedente porque se cuestiona lo resuelto al interior de un incidente de desacato y, en todo caso, la providencia reprochada no constituye un desafuero susceptible de corregirse por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14711-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14711-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03797-00 (Aprobado en Sala de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Rugeles Urbina […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}