STC14714-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14714-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02172-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 13 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexandra Hoyos Cuartas, Julio Mart\u00edn Ot\u00e1lora Cano y Luz Constanza Prado Rentovich contra el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso acumulado de responsabilidad civil extracontractual con radicado n.\u00b0 2003-00712-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderados1, los accionantes reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Afirman que, en 2003 y 2005, respectivamente, demandaron de forma separada, a la Corporaci\u00f3n Club El Nogal ante diferentes estrados de Bogot\u00e12, con el prop\u00f3sito obtener la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de esa sociedad, por los \u00abactos terroristas que [all\u00ed] fueron perpetrados (\u2026) el 7 de febrero de 2003\u00bb. <\/p>\n
Refieren que los procesos se tramitaron de manera lenta y trasegaron por otros despachos de la capital hasta ser acumulados en el 2010. <\/p>\n
Afirman que, tras ello, el expediente volvi\u00f3 a pasar de un juzgado a otro y, finalmente, fue remitido, de manera de definitiva, al estrado del circuito confutado el 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Destacan que han pasado dieciocho (18) y diecis\u00e9is (16) a\u00f1os sin dictarse sentencia en primera instancia y, por tal motivo, solicitaron al despacho acusado fallar el litigio, sin recibir respuesta alguna. <\/p>\n
3. Solicitan, proferir decisi\u00f3n de fondo en el procedimiento controvertido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El despacho del circuito recriminado se\u00f1al\u00f3 que los procesos acumulados materia de disenso se iniciaron en vigencia del sistema escritural y, por es raz\u00f3n, se enviaron a los juzgados de descongesti\u00f3n encargados de resolverlos. Asimismo, indic\u00f3 que, dada la terminaci\u00f3n de las funciones de esos estrados, el expediente y muchos otros, regresaron. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la pandemia, se hizo necesaria la digitalizaci\u00f3n de cada uno de ellos y, si bien esa labor le correspondi\u00f3 los contratistas designados por la Rama Judicial y, mientras la informaci\u00f3n se ubicaba en las plataformas dise\u00f1adas para tal efecto, con recursos propios adquiri\u00f3 discos duros de gran capacidad para copiar los archivos escaneados y as\u00ed poder impulsar las actuaciones de cada proceso. <\/p>\n
En cuanto al caso objeto de debate, manifest\u00f3 que \u00abel expediente referido (\u2026) ya se encuentra virtualizado y organizado conforme el protocolo y, por ello, ha sido ingresado al despacho para avocar el conocimiento y disponer el tr\u00e1mite respectivo, enlist\u00e1ndolo para sentencia, actuaci\u00f3n a la que se le dar\u00e1 prioridad antes de los que ya se encuentran incluidos en dicha lista\u00bb <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio, al advertir que, aun cuando exist\u00eda mora en resolver el proceso objeto de disenso, la dilaci\u00f3n endilgada no era atribuible a la autoridad demandada, pues \u00abel retardo (\u2026) obedec[\u00eda] a la complejidad del asunto, la acumulaci\u00f3n de varios procesos y la continua movilidad de los expedientes entre distintos juzgados de la ciudad\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, recalc\u00f3 que la sede judicial cuestionada hab\u00eda adoptado medidas para definir la contienda porque \u00abinform\u00f3 que ya enlist\u00f3 el proceso para sentencia y le dar[le] prioridad al mismo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La instauraron Julio Mart\u00edn Ot\u00e1lora Cano y Luz Constanza Prado Rentovich criticando que han trascurrido casi dos (2) d\u00e9cadas sin emitirse sentencia en primera instancia, sin ser admisibles las excusas alegadas por el estrado atacado, adem\u00e1s, ellos eran los perjudicados por la tardanza recriminada. En adici\u00f3n, se\u00f1alaron que \u00abla tutela no se interp[uso] contra la persona f\u00edsica de la se\u00f1ora Juez, sino contra la mora en que ese Despacho y sus antecesores [manejaron el] caso que ya va a ajustar veinte a\u00f1os sin resoluci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Finalmente, refirieron que, sobre la responsabilidad civil deprecada en el proceso acumulado, esta Sala en sentencia SC4427-2020 de 23 de noviembre de 2020, fij\u00f3 un precedente relacionado con lo ocurrido en 2003 en la Corporaci\u00f3n Club El Nogal y, por tanto, carec\u00eda de justificaci\u00f3n la tardanza en la resoluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el estrado del circuito encausado vulner\u00f3 las garant\u00edas de los accionantes, al no definir el proceso de responsabilidad civil extracontractual acumulado que recibi\u00f3 el 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998) <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
De esta forma, una vez revisado este asunto, la Corte advierte que la inobservancia de los t\u00e9rminos para la resoluci\u00f3n del proceso acumulado de responsabilidad civil extracontractual, fundado en los actos terroristas que (\u2026) fueron perpetrados (\u2026) el 7 de febrero de 2003\u00bb, no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad del juzgado del circuito demandado, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, la autoridad convocada en el informe que ados\u00f3 a esta salvaguarda, el cual se entiende rendido bajo la gravedad de juramento3, indic\u00f3 que los decursos respectivos se iniciaron en vigencia del sistema escritural previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, para su definici\u00f3n, los juzgados que originalmente los tramitaron, los remitieron a despachos de descongesti\u00f3n para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, explic\u00f3 que estando acumulados los procesos en cuesti\u00f3n, las actividades transitorias de esos estrados culminaron y, el litigio recriminado, as\u00ed como otros tr\u00e1mites, se le devolvieron para desatarlos. <\/p>\n
Ahora, dado que las diligencias se allegaron en f\u00edsico, as\u00ed como otras tantas, con ocasi\u00f3n de la pandemia debieron adoptarse medidas de digitalizaci\u00f3n, situaci\u00f3n que, seg\u00fan lo rese\u00f1\u00f3 el despacho enjuiciado, no ha estado exenta de vicisitudes, pues, como lo mencion\u00f3 esa autoridad \u00abdesde septiembre 2020, se ha comenzado con el proceso de escaneo de todos los expedientes que se tienen a cargo, actuaciones que demandan tiempo dada las restricciones de aforo y horarios, adem\u00e1s de las (\u2026) deficientes herramientas tecnol\u00f3gicas con las que se cuenta\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, refiri\u00f3 que aun cuando la Rama Judicial desde el mes de junio del presente a\u00f1o, a trav\u00e9s de sus contratistas asumieron tal labor, \u00abesa informaci\u00f3n digitalizada ser\u00e1 migrada a la nueva plataforma, herramienta o modulo ambiente web que servir\u00e1 como repositorio para el manejo de toda la informaci\u00f3n de los procesos y, (\u2026)hasta ahora se est\u00e1n comenzando a dar las primeras capacitaciones del manejo de la plataforma, sin que est\u00e1 a\u00fan se encuentre totalmente habilitada con todas sus funcionalidades; circunstancias que han tomado un tiempo de ejecuci\u00f3n que no depende directamente del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, rese\u00f1\u00f3 que \u00aben aras de poder seguir brindando tr\u00e1mite a los expedientes que se tienen a cargo y dadas las conocidas demoras en la habilitaci\u00f3n y uso de la mencionada herramienta; (\u2026) ha optado por adquirir, con recursos propios, discos duros extra\u00edbles de gran capacidad para que, con el apoyo de los contratistas se nos comparta de alguna manera la informaci\u00f3n que ha sido digitalizada y poder darle alg\u00fan tr\u00e1mite a los expedientes, mientras se solucionan los inconvenientes de la nueva plataforma\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que \u00ab[pod\u00eda] observarse que el Juzgado en la medida de las posibilidades y con las limitaciones tecnol\u00f3gicas que se tienen y que a nivel nacional son de p\u00fablico conocimiento, ha adelantado las tareas necesarias en aras de poder darle el tr\u00e1mite a cada uno de los expedientes que se tienen a cargo\u00bb y, en cuanto al proceso acumulado de responsabilidad civil extracontractual materia de disenso, resalt\u00f3 que \u00abel expediente (\u2026) ya se encuentra virtualizado y organizado conforme el protocolo y, por ello, ha sido ingresado al despacho para avocar el conocimiento y disponer el tr\u00e1mite respectivo, enlist\u00e1ndolo para sentencia, actuaci\u00f3n a la que se le dar\u00e1 prioridad antes de los que ya se encuentran incluidos en dicha lista\u00bb. <\/p>\n
La Corte observa que el juzgado demandado no ha sido indiferente a las dificultades que se han presentado en torno a la digitalizaci\u00f3n de los expedientes, pues, incluso, el aqu\u00ed reprochado, ya fue escaneado, conducta ajena a la desidia o al abandono de sus deberes. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, que a pesar del largo tiempo transcurrido sin definirse el proceso, al mismo se le ha dado prelaci\u00f3n para fallarlo, lo cual revela un inter\u00e9s en conjurar una mora que, si bien no lo es atribuible al estrado reprochado, tampoco la ignora. <\/p>\n
Ahora, la complejidad del proceso de responsabilidad civil extracontractual no se diluye con la invocaci\u00f3n de un precedente de esta Sala, pues, cada caso merece un an\u00e1lisis completo para verificar si procede o no la acci\u00f3n invocada e, incluso, si resulta aplicable la jurisprudencia aludida por los actores en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. De manera que, prohijando lo sentado por el a quo constitucional, no podr\u00eda en este caso se\u00f1alarse un comportamiento flagrantemente omisivo del juzgado tutelado, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
Por lo tanto, no toda \u00abtardanza\u00bb dentro de un proceso judicial es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales, m\u00e1xime si, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por la desidia del estrado del circuito confutado. <\/p>\n
De suerte que, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del juzgado accionado, teniendo en cuenta que los tutelantes no acreditaron los componentes que, en forma excepcional, permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los jueces ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n v\u00e1lida la definici\u00f3n de los procesos. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, por cuanto del an\u00e1lisis de la mora judicial cuestionada, as\u00ed como del informe rendido por el estrado del circuito acusado, no se deriva una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como se advirti\u00f3 en estas diligencias, la tardanza denunciada se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular del caso materia de debate, sumado a la complejidad del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El mandatario de Alexandra Hoyos Cuartas es distinto al designado por los dem\u00e1s reclamantes. <\/p>\n
2\u0002 Alexandra Hoyos Cuartas en el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con radicado 2003-00712-00, Julio Mart\u00edn Ot\u00e1lora Cano en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa urbe con radicado 2005-00082-00 y, Luz Constanza Prado Rentovich en el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esa ciudad con radicado 2005-00176-00 <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Decreto 2591 de 1991 (\u2026). Art\u00edculo 19. Informes. El juez podr\u00e1 requerir informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto. La omisi\u00f3n injustificada de enviar esas pruebas al juez acarrear\u00e1 responsabilidad (\u2026). El plazo para informar ser\u00e1 de uno a tres d\u00edas, y se fijar\u00e1 seg\u00fan sea la \u00edndole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicaci\u00f3n (\u2026). Los informes se considerar\u00e1n rendidos bajo juramento (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
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