STC14720-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14720-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00596-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de octubre de 2021 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Elcy Patricia Gonz\u00e1lez Cardales le instaur\u00f3 a los Juzgados Tercero Civil Municipal, Noveno Civil del Circuito y a la Alcald\u00eda Distrital, todos de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00682-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad, trabajo, debido proceso y confianza leg\u00edtima, para que, en consecuencia, se \u00abrevise la decisi\u00f3n de ese despacho (estrado del circuito), de radicaci\u00f3n 13001-40-03-003-2021-00510-01 de fecha primero (01) de septiembre de 2021 (\u2026) y se orden\u00e9 a las entidades accionadas garantizar su trabajo como vendedora informal e incluirla en la base de datos para poder m\u00e1s adelante ser sujeto a una formalizaci\u00f3n de la econom\u00eda y poder abandonar el espacio p\u00fablico con el debido proceso establecido en el acuerdo 040 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En sustento sostuvo que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena declar\u00f3 improcedente la s\u00faplica constitucional que interpuso contra la Alcald\u00eda Distrital de esa localidad en la que solicit\u00f3 la custodia de las mismas prerrogativas aqu\u00ed invocadas por cuanto el ente territorial cre\u00f3 un Registr\u00f3 \u00danico de Vendedores Informales (RUV) y, para ello, implement\u00f3 una base de datos de verificaciones y visitas, actuaciones que no le fueron realizadas, a pesar de tener una licencia de vendedora estacionaria, limitando su acceso al \u00abtrabajo\u00bb (28 jul. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el superior aval\u00f3 esa determinaci\u00f3n, al estimar que \u00abno se observan elementos de prueba que demuestren que se ha hecho alg\u00fan tipo de solicitud de ingreso al Registro \u00danico de Vendedores Informales RUV y tampoco acciones perturbadoras que indiquen la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga necesario la intervenci\u00f3n inmediata del juez de tutela\u00bb (01 Sep. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que acudi\u00f3 al presente ruego, porque en su sentir, los despachos acusados no tuvieron en cuenta \u00ablos documentos y copia de vendedores organizados trabajador de venta de artesan\u00edas en mi puesto estacionario DROGAS LA REBAJA en la avenida san Martin de Bocagrande y llevo 15 a\u00f1os ininterrumpidos trabajando como vendedor estacionario y pertenezco honorable y respetado juez desde hace 15 a\u00f1os a la asociaci\u00f3n de vendedores de Bocagrande ASOVENBOCA\u00bb, lo cual la perjudic\u00f3 pues no fue reconocida la \u00abconfianza leg\u00edtima adquirida\u00bb. En todo caso, aduj\u00f3 que los veredictos cuestionados \u00abno refleja la realidad jur\u00eddica que es darle soluci\u00f3n a un conflicto sobre una persona informal que quiere tener sus documentos en regla para seguir con la actividad y poderse ganar su sustento de su familia\u00bb. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Noveno Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de Cartagena defendieron la legalidad de sus decisiones y destacaron la inviabilidad del resguardo, por tratarse de \u201ctutela contra tutela\u201d y no cumplirse ninguno de los requisitos excepcionales para su prosperidad. <\/p>\n
Espacio P\u00fablico y Movilidad de Cartagena se opuso al auxilio porque la promotora \u00abno goza de confianza leg\u00edtima\u00bb y, por consiguiente, no existe vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales aducidas. <\/p>\n
La Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues las pretensiones de la actora van dirigidas contra los juzgados querellados. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Cartagena declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb la salvaguarda, ya que est\u00e1 encaminada contra providencias de \u00abtutela\u00bb y resalt\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no constituye una tercera instancia, mucho menos un mecanismo de control de las actuaciones de los jueces constitucionales, salvo, en circunstancias espec\u00edficas que no est\u00e1n dadas en el caso, lo que conlleva a que el amparo se torne improcedente\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 la impulsora esgrimiendo similares argumentos a los del escrito genitor. Adicionalmente, requiri\u00f3 compulsar copias para que el proceso sea revisado por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Red de Veedur\u00edas y la Auditoria General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del anhelo superlativo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del pronunciamiento de primer grado, por lo que a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
1.1.- En lo que concierne con los fallos expedidos por los Juzgados Tercero Civil Municipal y Noveno Civil del Circuito, ambos de Cartagena, en la guarda n\u00ba 2021-00510-00, vislumbra la Sala que el an\u00e1lisis de fondo de la queja se torna impr\u00f3spero, porque la \u00abtutela contra tutela es improcedente\u00bb, salvo cuando en el procedimiento seguido se desconozca de manera flagrante la \u00abgarant\u00eda al debido proceso\u00bb, esto es, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021). <\/p>\n
En el sub judice lo controvertido por Gonz\u00e1lez Cardales, no es ninguno de tales aspectos, sino, el sentido mismo de las sentencias emitidas en dicho tr\u00e1mite, las que atac\u00f3 de incurrir en v\u00eda de hecho porque \u00abno reflejan la realidad jur\u00eddica que es darle soluci\u00f3n a un conflicto sobre una persona informal que quiere tener sus documentos en regla para seguir con la actividad y poderse ganar su sustento de su familia\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Adicionalmente, la sedicente tiene a su alcance un mecanismo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para auscultar los \u201cfallos de tutela\u201d, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que cierra la posibilidad de examinar por este medio una directriz tomada por otro juez \u201cconstitucional\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, nada impide que, en caso de no ser seleccionado el paginario, haga uso de la facultad de insistencia, herramienta de la que esta Colegiatura ha predicado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021. <\/p>\n
2.- Finalmente, frente a la rogativa elevada en la impugnaci\u00f3n, de compulsar copias ante Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Red de Veedur\u00edas y la Auditoria General de la Naci\u00f3n, es pertinente precisar que incumbe a la petente poner en conocimiento de tales autoridades las conductas o comportamientos que en su criterio daban ser investigados, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las secuelas que se derivan de ella. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s preciso indicar, que, si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito (\u2026)\u00bb. (STC 11 nov. 2011. Reitera en 14 mar. 2013) <\/p>\n
3.- Ergo, se ratificar\u00e1 lo prove\u00eddo en la primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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