STC14728-202<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14728-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00864-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de septiembre de 2021, proferido por la Sala \u201cX\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cY\u201d dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, inter\u00e9s superior de los menores, \u00abel derecho de proteger a mi hija de trastornos en su comportamiento ps\u00edquico y social, da\u00f1os que podr\u00edan ser irremediables por la ausencia m\u00eda, su padre, en su vida\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que \u201cB\u201d y \u00e9l son los progenitores de \u201cC\u201d, menor de edad \u2013actualmente tiene seis a\u00f1os\u2013, de nacionalidad colombiana y [extranjera], quien se encuentra \u00abretenida il\u00edcitamente en [un pa\u00eds for\u00e1neo]\u00bb, producto de las irregularidades denunciadas en el resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que la controversia se origin\u00f3 con la demanda que la se\u00f1ora \u201cB\u201d present\u00f3 en su contra, en procura de obtener la autorizaci\u00f3n judicial para trasladar a su hija al [extranjero], aduciendo la necesidad de estudiar en el exterior, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d, quien, con auto de 15 de diciembre de 2017, decret\u00f3 como medida cautelar la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds de la menor. <\/p>\n
Sin embargo, con sentencia de 8 de agosto de 2018, se otorg\u00f3 el permiso para el enunciado viaje, del 22 del mismo mes y a\u00f1o, al 22 de diciembre de 2019, calenda desde la cual se restablecer\u00edan las visitas en la forma acordada en el acta de conciliaci\u00f3n suscrita ante la Comisar\u00eda de Familia de \u201cF\u201d, pues \u00abla menor ya no volver[\u00eda] a salir al exterior\u00bb. <\/p>\n
Pero, antes del vencimiento del plazo, ten\u00eda derecho a ver a su hija en Colombia, y como no fue regresada en la data prevista, solicit\u00f3 al despacho adoptar medidas pertinentes para dar cumplimiento al fallo, pese a lo cual, con auto de 2 de diciembre de 2019, se desestim\u00f3 lo deprecado con fundamento en la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Seguidamente, con prove\u00eddo de 14 de enero de 2020, se \u00ablevant[\u00f3] el impedimento de salida del pa\u00eds que reca[\u00eda] sobre la menor\u00bb, sin que se hubiere enterado de esa situaci\u00f3n oportunamente, sino cuando el estrado le respondi\u00f3 una petici\u00f3n en la que requiri\u00f3 informaci\u00f3n sobre la causa, esto es, el 9 de junio de 2021, luego de infructuosos correos electr\u00f3nicos que, en su criterio, no fueron atendidos. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que han acaecido m\u00faltiples desavenencias entre los progenitores en relaci\u00f3n con sus responsabilidades parentales, con lo cual se han afectado los derechos fundamentales de la menor. Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que formul\u00f3 denuncia penal contra la se\u00f1ora \u201cB\u201d por \u00abfalta a la lealtad procesal y ejercicio arbitrario de la custodia\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abDEJAR SIN EFECTOS el fallo que otorg\u00f3 el PERMISO DE SALIDA DEL PA\u00cdS- Proceso No. XXX del 8 de agosto de 2018 proferido por el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d y (\u2026) DECLA[AR] como un acto nulo (\u2026) el Oficio No. XXXX del 14 de enero de 2.020 del Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d que, amparado en este proceso, orden\u00f3 levantar el Impedimento de Salida del Pa\u00eds de \u201cC\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, solicit\u00f3 disponer el regreso de la ni\u00f1a al pa\u00eds, conceder la custodia \u00abtransitoria\u00bb y realizar el acompa\u00f1amiento con las entidades competentes \u00abal proceso de reencuentro de la menor con su padre, con el asesoramiento y ayuda psicol\u00f3gica que se requiera\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d relat\u00f3 las actuaciones del proceso y manifest\u00f3 que \u00abes evidente que al proceso se le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite procesal correspondiente; precisando que en su momento fueron resueltas una a una las diferentes peticiones elevadas por el demandado, a quien se reitera, se le indic\u00f3 que si la demandante no estaba dando cumplimiento al fallo, deb\u00eda iniciar con independencia de este proceso, las acciones legales correspondientes, acciones que fueron detalladas en la respuesta dada a su derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia en funciones ante el Tribunal Superior de \u201cY\u201d explic\u00f3 que \u00abno existe una conducta impropia del juez de conocimiento, si no en la b\u00fasqueda de lograr restablecer las condiciones y las medidas de rigor, imprimi\u00f3 la posibilidad de que la ni\u00f1a pudiera viajar a [un pa\u00eds for\u00e1neo] con su madre, quien efectivamente tiene la custodia sobre la menor; sin embargo es claro que la madre ha generado tropiezos en la posibilidad de que el padre tenga contacto con su hija cuyo derecho debe ser protegido efectivamente por la jurisdicci\u00f3n ordinaria por los medio establecidos , al cual debe acudir a fin de lograr que se restablezca una relaci\u00f3n parental propicia que contribuya a generar un desarrollo adecuado de las condiciones del menor\u00bb. <\/p>\n
3. El hom\u00f3logo \u201cG\u201d de Familia de \u201cY\u201d memor\u00f3 que, ante ese estrado, se adelant\u00f3 el proceso de regulaci\u00f3n de visitas, que culmin\u00f3 con sentencia de 10 de diciembre de 2019. Tambi\u00e9n recalc\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n con hechos similares, el accionante ya hab\u00eda interpuesto acci\u00f3n de tutela bajo el radicado No. XXX, la que fue negada y confirmada [en segunda instancia]\u00bb. <\/p>\n
4. Migraci\u00f3n Colombia expuso que \u00aba trav\u00e9s de radicado N\u00b0 XXX del 14\/01\/2020 el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de Oralidad de \u201cY\u201d, notifica a esta Unidad el levantamiento de la medida cautelar de Impedimento de salida de la menor \u201cC\u201d, identificada con pasaporte No. XXX\u00bb y que, finalmente, \u00aba trav\u00e9s de radicado N\u00b0 XXX de fecha 22\/01\/2020, el padre reitera la medida de impedimento de salida de la menor, la cual se encuentra vigente a la fecha\u00bb. <\/p>\n
5. El apoderado judicial de \u201cB\u201d precis\u00f3 que el gestor \u00abha venido incumpliendo con la cuota alimentaria al no pagarla oportunamente, est\u00e1 pagando a fines de cada mes, nunca ha pagado por la educaci\u00f3n de la ni\u00f1a, y le debe dinero desde 2017, adem\u00e1s las mudas de ropa del a\u00f1o 2021\u00bb, aunado a que \u00absiempre sugiere que se est\u00e1n violando sus derechos y que adem\u00e1s se debilita su relaci\u00f3n paterno filial con su hija \u201cC\u201d, omitiendo la transgresi\u00f3n a los derechos de su hija menor al no aportar los alimentos que ella necesita para su subsistencia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, dijo que el tutelante \u00abha iniciado varios procedimientos que representan temeridad ante la justicia, presentando acciones penales por el EJERCICIO ARBITRARIO DE LA CUSTODIA, como si la menor hubiera saludo del pa\u00eds ilegalmente y otras acciones de tutela con destinatario distinto, indicando los mismos argumentos que han sido falladas en su contra\u00bb. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda \u201cH\u201d Seccional de \u201cI\u201d \u2013 Unidad de Vida adjunt\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n penal, la cual se archiv\u00f3 el pasado 9 de agosto por \u00abatipicidad de la conducta denunciada\u00bb. As\u00ed mismo, aclar\u00f3 que, contrario al dicho del accionante, \u00abla Fiscal\u00eda NUNCA [h]a dicho al se\u00f1or \u201cA\u201d que la se\u00f1ora \u201cB\u201d aport\u00f3 informaci\u00f3n falsa al Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de la ciudad de \u201cY\u201d. Reitero: la compulsa de copias se ordena es porque el mismo se\u00f1or \u201cA\u201d est\u00e1 lanzando cargos criminales contra la madre de su hija y no solo lo hizo una vez, lo reiter\u00f3 en los diferentes correos que \u00e9l mismo envi\u00f3 a la Fiscal\u00eda solicitando resultados de la investigaci\u00f3n que por ejercicio arbitrario de la custodia de su menor hija adelanta la Fiscal\u00eda \u201cH\u201d Seccional\u00bb. <\/p>\n
7. La Defensora de Familia del Centro Zonal \u201cF\u201d del ICBF reliev\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derechos fundamentales adelant\u00e1ndose tramite PARD para el restablecimiento de estos, actualmente en el centro zonal \u201cF\u201d no se encuentra proceso abierto continu\u00e1ndose en la Comisaria de Familia de \u201cK\u201d. En cuanto a la petici\u00f3n realizada fue el JUZGADO \u201cZ\u201d DE FAMILIA DE \u201cY\u201d, quien llev\u00f3 el proceso de permiso de salida del pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
8. El Defensor del Pueblo \u2013 Regional \u201cL\u201d pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la causa, pues \u00abuna vez verificado nuestro sistema de informaci\u00f3n institucional, \u00fanico autorizado para el registro de solicitudes, peticiones y quejas, se constata que el se\u00f1or \u201cA\u201d, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. XXX, as\u00ed como de la menor \u201cC\u201d, identificada con NUIP XXX; sin embargo, no reporta que el accionante a nombre propio o de la menor haya solicitado los servicios de asesor\u00eda o acompa\u00f1amiento de nuestra Regional\u00bb. <\/p>\n
9. La Defensora de Familia asignada al Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d relat\u00f3 que \u00abno debe olvidarse que opera el derecho constitucional y jurisprudencial para que se garanticen los derechos que reporta vulnerados el accionante, de tal forma que las medidas que se despachen deber\u00e1n garantizar Justicia y que ponderados aquellos derechos se imparta lo que corresponde al bienestar de \u201cC\u201d para que, pueda seguir adelante en familia que deben asumir hoy muy bien aquellas RESPONSABILIADES PARENTALES, \u00ednstese a los dos progenitores para fortalecer su desarrollo educativo, moral, psicol\u00f3gico en toda la extensi\u00f3n de lo humanamente posible prodigando aquello, invita esta defensor\u00eda de tal forma que la administraci\u00f3n de justicia despliegue ahora su accionar eficiente y eficaz, prontamente, en los tiempos debidos para la realidad que tiene la beneficiaria\u00bb. <\/p>\n
10. El Personero Delegado para la Familia y Sujetos de Especial Protecci\u00f3n Constitucional \u00abse abstiene de pronunciarse de manera concreta sobre la observancia al debido proceso en las diligencias adelantadas por el JUZGADO \u201cZ\u201d DE FAMILIA DE \u201cY\u201d, debido a que carece de competencia funcional para fungir como agente del Ministerio P\u00fablico ante esa entidad, atribuci\u00f3n que corresponde a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque, frente a la sentencia del estrado de familia, se incumple el presupuesto de tempestividad, sumado a que \u00ablos reproches del accionante en relaci\u00f3n con la providencia emitida por el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d el 14 de enero de 2020, no est\u00e1n llamados a prosperar, obedece a una consecuencia natural y jur\u00eddica de la terminaci\u00f3n del proceso de permiso de salida del pa\u00eds adelantado ante esa autoridad, pues, una vez vencidas las fechas y autorizaciones de salida e ingreso al pa\u00eds establecidas mediante acuerdo de las partes, ninguna base jur\u00eddica ten\u00eda el juzgado para mantener la restricci\u00f3n impuesta en su oportunidad. Adicionalmente, por tratarse de una consecuencia de lo decidido en agosto de 2018, no proced\u00eda traslado de prueba alguna o la iniciaci\u00f3n de un nuevo proceso, como solicit\u00f3 en su escrito de tutela el accionante\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abfrente a las afirmaciones del accionante, seg\u00fan las cuales, desde enero de 2020 no puede compartir con su hija, es preciso se\u00f1alar que en la actualidad hay una regulaci\u00f3n de visitas proferida por el Juzgado \u201cG\u201d de Familia de \u201cY\u201d que se encuentra vigente, pues la ni\u00f1a a\u00fan est\u00e1 viviendo en [el extranjero] condici\u00f3n que se impuso a aquel r\u00e9gimen, y que ambos padres tienen la obligaci\u00f3n de acatar; sin embargo, el eventual incumplimiento del mismo por parte de la progenitora no es asunto que deba ser resuelto en este tr\u00e1mite constitucional, de naturaleza esencialmente residual, excepcional y subsidiario; su cumplimiento podr\u00e1 solicitarse ante el juez que conoci\u00f3 el proceso respectivo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00ab[e]l Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d no tuvo en cuenta el inter\u00e9s superior de la menor al omitir valorar pruebas y expedir con errores, de manera clara y arbitraria, el Oficio No. XXX de enero 14 de 2.020 [con el cual se dio cumplimiento al auto de la misma calenda] que levant\u00f3 el impedimento de salida del pa\u00eds de \u201cC\u201d para permitir que [su] hija saliera con su madre con destino a [un pa\u00eds for\u00e1neo]. [\u00c9l] ten\u00eda derecho a conocer las pruebas que present\u00f3 la madre de [su] hija al Juzgado \u201cZ\u201d de \u201cY\u201d para sacar[la] del pa\u00eds para poder controvertirlas, para ejercer el derecho a defender y, proteger los derechos de [la menor] y los [suyos]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite que se inici\u00f3 para la concesi\u00f3n del permiso de salida del pa\u00eds de la menor, hija del promotor, por dictar el prove\u00eddo de 14 de enero de 2020, mediante el cual levant\u00f3 la restricci\u00f3n decretada el 15 de diciembre de 2017, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
4. Sobre los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y el inter\u00e9s superior que les asiste. <\/p>\n
El art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que son derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u00abla vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n\u00bb, y que \u00ab(\u2026) gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb, de ah\u00ed que se reconozca la importancia de proteger sus bienes iusfundamentales y sea imperativa la necesidad de garantizar la prevalencia de sus prerrogativas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dicho precepto reconoce que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con esos postulados, varios instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos prev\u00e9n la protecci\u00f3n especial y reforzada de las garant\u00edas fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, v. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos2 y la Convenci\u00f3n de los Derechos de los Ni\u00f1os3, que se\u00f1alan la necesaria confluencia del Estado, la sociedad y la familia en procura de esas finalidades, as\u00ed como el deber de las autoridades de que \u00ab[e]n todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb (art. 3, n\u00fam. 3, \u00eddem). <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha relievado que \u00ablos ni\u00f1os tienen derecho a un desarrollo arm\u00f3nico e integral, el cual es responsabilidad, en primer lugar, de la familia. A fin de que ese desarrollo arm\u00f3nico sea efectivo, la familia del ni\u00f1o, y en su defecto el Estado y la sociedad, tienen la obligaci\u00f3n de cuidarlo, asistirlo y protegerlo desde el punto de vista f\u00edsico, psicol\u00f3gico, afectivo, intelectual, \u00e9tico, social y en el ejercicio pleno y goce efectivo de sus derechos\u00bb, por lo que \u00absi bien es cierto el desarrollo arm\u00f3nico e integral es un concepto complejo que comprende m\u00faltiples aspectos, la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia han reconocido el papel fundamental que cumple el cuidado y el amor de los padres del ni\u00f1o en ese desarrollo\u00bb (CC, sent. T-628 de 2011). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, se ha reconocido que: <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta a las relaciones parentales el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o desarrolla un papel de suma trascendencia, puesto que est\u00e1 llamado a orientar los derechos y responsabilidades de los padres en la crianza y educaci\u00f3n del hijo y el deber del Estado de garantizarlos y apoyarlos. Los derechos de los padres no son absolutos, sino que encuentran un l\u00edmite en los derechos de los ni\u00f1os, es decir por su inter\u00e9s superior, y por ello las facultades de orientaci\u00f3n y direcci\u00f3n de los hijos se limitan por el objetivo de la protecci\u00f3n y desarrollo de la autonom\u00eda del ni\u00f1o en el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El derecho fundamental de los ni\u00f1os al cuidado y amor, consagrado como novedoso en la Constituci\u00f3n de 1991, guarda armon\u00eda con distintos textos internacionales, como es el caso de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos cuyo art\u00edculo 25 numeral 2\u00ba prescribe que \u201cLa maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales\u201d; con la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que en su pre\u00e1mbulo establece que \u2018el ni\u00f1o, por su falta de madurez f\u00edsica y mental, necesita protecci\u00f3n y cuidado especiales, incluso la debida protecci\u00f3n legal, tanto antes como despu\u00e9s del nacimiento\u201d, por lo cual gozar\u00e1 de una \u201cprotecci\u00f3n especial y dispondr\u00e1n de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse f\u00edsica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, as\u00ed como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideraci\u00f3n fundamental a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o.\u201d4 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed pues, por parte de la comunidad internacional existe un especial inter\u00e9s en el cuidado y amor a que tienen derecho todos los ni\u00f1os del mundo, que para el caso colombiano se traduce, en sentir de la Corte, en \u201cun tratamiento jur\u00eddico proteccionista, respecto de sus derechos y de las garant\u00edas previstas para alcanzar su efectividad. As\u00ed, logran identificarse como seres reales, aut\u00f3nomos y en proceso de evoluci\u00f3n personal, titulares de un inter\u00e9s jur\u00eddico superior que irradia todo el ordenamiento jur\u00eddico\u20195. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre las responsabilidades parentales y la garant\u00eda del inter\u00e9s superior del menor, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[L]a obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n (\u2026) incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed mismo, el canon 23 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia estipula que \u00ablos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligaci\u00f3n de cuidado personal se extiende adem\u00e1s a quienes conviv\u00edan con ellos en los \u00e1mbitos familiar, social o institucional, o sus representantes legales\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Al respecto la Corte Constitucional, al analizar el inter\u00e9s del menor de tener una familia y la obligaci\u00f3n de los padres de brindar la orientaci\u00f3n y el amor requerido, pese a existir una separaci\u00f3n de los progenitores, ha precisado que: <\/p>\n
[L]os ni\u00f1os requieren para su crecimiento del cuidado, del amor y del apoyo de sus padres, o de lo contrario se crecer\u00e1 en un ambiente de soledad y desamor, que les impedir\u00e1 potenciar sus capacidades y su personalidad. En este contexto, \u201c[e]s inconcebible la vida de un ser humano, al que no se le brinda el m\u00e1s m\u00ednimo sentimiento o expresi\u00f3n de amor o cari\u00f1o. El amor se constituye en el presupuesto fundamental y esencial de la vida humana: no s\u00f3lo a la persona se le debe amar, sino que debe tener la oportunidad de expresar y manifestar su amor hacia quienes lo rodean\u201d. En efecto, procrear implica la obligaci\u00f3n, por parte de sus progenitores, de brindarle amor al ni\u00f1o para su formaci\u00f3n \u201c(\u2026) a\u00fan despu\u00e9s de la crisis, ruptura o separaci\u00f3n de la pareja\u201d. Sostuvo entonces la Corte que \u201c[e]n esos momentos de dificultad, de crisis, es cuando el ni\u00f1o requiere del mayor apoyo y amor de sus padres para evitar traumas en su desarrollo emocional (CC T-311\/17) (\u2026)\u00bb (CSJ, STC12085-2018, 18 sep., exp. 2018-00188-01). <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas, para que, en el ejercicio de sus funciones, tuvieran en cuenta, sobre cualquier otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de aquellos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que en su art\u00edculo 8 refiere que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, el canon 9 del citado compendio normativo prescribe que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00aben caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb (CSJ, STC12299-2019, 12 sep., rad. 2019-00136-01). <\/p>\n
5. Del caso concreto. <\/p>\n
5.1. Con observancia de las premisas que anteceden, de la revisi\u00f3n realizada al reclamo constitucional y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte precisa que habr\u00e1 de revocar la providencia desestimatoria de primer grado, para, en su lugar, otorgar la salvaguarda, comoquiera que, con la expedici\u00f3n del auto de 14 de enero de 2020, a trav\u00e9s del cual la autoridad convocada revoc\u00f3 la medida impeditiva de salida del pa\u00eds de la menor en el proceso de la referencia, se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, por no resolverse la controversia de forma integral y carecer esa determinaci\u00f3n de motivaci\u00f3n suficiente, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Asimismo, fij\u00f3 un r\u00e9gimen de visitas durante ese lapso, en el cual la ni\u00f1a regresar\u00eda al pa\u00eds y retornar\u00eda al Estado for\u00e1neo en varias ocasiones, seg\u00fan el cual \u00ab[la menor volver\u00eda] a Colombia el 12 de noviembre de 2019, siendo entregada por su abuela y\/o progenitora al padre el d\u00eda 14 de noviembre [de ese a\u00f1o] permanec[iendo] con el [tutelante] hasta el 28 de noviembre de 2019. Posterior a esa fecha, se restablecer[\u00edan] las visitas en la forma acordada en la conciliaci\u00f3n de 14 de septiembre de 2016, ante la Comisar\u00eda de Familia de \u201cF\u201d, comoquiera que la menor ya no volver\u00e1 a salir al exterior\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Sin embargo, como el reclamante ten\u00eda el derecho de recibir la visita de la menor en Colombia antes del vencimiento del l\u00edmite temporal se\u00f1alado, y dado que, en su decir, se incumpli\u00f3 esa prerrogativa, solicit\u00f3 al estrado hacer efectiva la mentada resoluci\u00f3n, pedimento desestimado el 2 de diciembre de 2019, toda vez que \u00ab(\u2026) el asunto se dio por terminado con el fallo que fuera proferido el d\u00eda 8 de agosto del a\u00f1o pasado; advirtiendo que si efectivamente se est\u00e1 presentando incumplimiento a lo ordenado en dicho fallo, para el efecto el peticionario debe iniciar las acciones legales correspondientes, con independencia de este proceso\u00bb (f. 452, ibidem). <\/p>\n
Pese a lo anterior, culminado el plazo de la autorizaci\u00f3n controvertida, el apoderado de la madre solicit\u00f3 ante la autoridad requerida \u00abel levantamiento de la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds de la menor\u00bb, petici\u00f3n acogida en prove\u00eddo de 14 de enero de 2020, con fundamento en que \u00abel presente proceso se encuentra debidamente terminado con sentencia proferida el d\u00eda 8 de agosto de 2018\u00bb (f. 519, \u00cdd.). <\/p>\n
5.2. Con todo, la Sala precisa que se incurri\u00f3 en la prenotada causal de procedencia del amparo, comoquiera que, aunque en la providencia de 8 de agosto de 2018, el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d concedi\u00f3 el permiso de salida del pa\u00eds de la menor, fijando los l\u00edmites temporales de la citada autorizaci\u00f3n, de forma intempestiva y sin garantizar el debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, profiri\u00f3 el auto de 14 de enero de 2020, mediante el cual dej\u00f3 sin efectos la medida decretada el 15 de diciembre de 2017, sin exponer las razones que justificaron la adopci\u00f3n de esa determinaci\u00f3n, aspecto que era ineludible, teniendo en cuenta no solo las prerrogativas de las partes, sino, especialmente, las de la menor involucrada, cuyo inter\u00e9s superior deb\u00eda observarse. <\/p>\n
En ese sentido, deviene di\u00e1fano que, con la rese\u00f1ada resoluci\u00f3n, se vari\u00f3 sustancialmente lo dispuesto en la sentencia que puso fin al asunto, en tanto se desconoci\u00f3 que la salida del pa\u00eds se autorizar\u00eda \u00abpor el t\u00e9rmino comprendido entre el 22 de agosto del a\u00f1o 2018 al 22 de diciembre de 2019\u00bb, mientras que en este \u00faltimo prove\u00eddo se \u00ablevan[t\u00f3] el impedimento\u00bb, sin l\u00edmite temporal y sin exteriorizar motivaci\u00f3n suficiente, m\u00e1s all\u00e1 de la \u00abterminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, no existi\u00f3 pronunciamiento acerca de las visitas fijadas por Juzgado \u201cG\u201d de Familia de \u201cY\u201d en la sentencia de 10 de diciembre de 2019, pues all\u00ed se indic\u00f3 que, mientras la ni\u00f1a estuviese en el extranjero y una vez vencido el t\u00e9rmino correspondiente, las visitas se sujetar\u00edan a lo acordado en la Comisar\u00eda de Familia de \u201cF\u201d; aspecto que era trascendental, porque ello aparejaba un cambio en la forma en que se desarrollar\u00edan las relaciones entre el padre y la hija, que tambi\u00e9n cuentan con especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, se insiste, si la sentencia dio un marco temporal para la permanencia de la menor en un Estado for\u00e1neo, al levantarse la \u00abrestricci\u00f3n\u00bb aducida por el despacho enjuiciado, ello implic\u00f3 que ya no exist\u00eda plazo alguno para su retorno, aunado a que la fundamentaci\u00f3n sobre esa particularidad brilla por su ausencia en el auto atacado, la cual, adem\u00e1s, se tornaba forzosa, pues con esa deficiencia se desconoci\u00f3 no solo la intangibilidad de la decisi\u00f3n, sino la confianza leg\u00edtima del memorialista. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, no era suficiente la brev\u00edsima argumentaci\u00f3n aducida por la c\u00e9lula judicial encartada para justificar no solo la modificaci\u00f3n de las \u00f3rdenes contenidas en esa decisi\u00f3n, sino la disposici\u00f3n sobre las medidas decretadas en el proceso; en tanto, con estas actuaciones, se trasgredieron los derechos reclamados; pero, fundamentalmente, se soslay\u00f3 el inter\u00e9s superior que le asiste a la descendiente de los contendientes, pues ninguna consideraci\u00f3n se realiz\u00f3 sobre este ineludible criterio, aun cuando es el principio orientador de cualquier asunto en el que encuentren en tensi\u00f3n las garant\u00edas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, de acuerdo con las pautas desarrolladas en precedencia. <\/p>\n
5.3. Sobre la enunciada prerrogativa, la Corte reitera que cuando se est\u00e1 ante un proceso en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, las autoridades deben ser acuciosas al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. Acerca del tema, el precedente constitucional ha sido prol\u00edfico, constante y reiterativo al ense\u00f1ar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor\u00bb (CC, sent. T-587 de 1998). <\/p>\n
5.4. De igual forma, en cuanto a la necesidad de sustentar adecuadamente las providencias judiciales, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). Se subraya. <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00), y que \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may. 2017, rad. 00123-01, citada en STC1903-2021, 1\u00b0 mar. 2021, rad. 00210-00, entre otras). <\/p>\n
5.5. En consecuencia, ante la deficiencia argumentativa avizorada, la Sala concluye que la autoridad accionada afect\u00f3 las prerrogativas reclamadas, pues el prove\u00eddo confutado dej\u00f3 de lado el estudio de aspectos esenciales para la definici\u00f3n del debate y, por tanto, se justifica la concurrencia del sentenciador de tutela para restablecer los derechos fundamentales conculcados, y con ello, disponer que dicha situaci\u00f3n vuelva a ser examinada a la luz de las pruebas y la normativa aplicable. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se infirmar\u00e1 la negativa del tribunal, para, en su lugar, conceder el amparo deprecado, por cuanto se pudo constatar que el estrado querellado no tuvo en cuenta aspectos esenciales para la definici\u00f3n del asunto, ni los derechos involucrados \u2013especialmente los de la menor, cuyo inter\u00e9s, se itera, es prevalente\u2013; sumado a que no analiz\u00f3 adecuadamente el marco f\u00e1ctico y jur\u00eddico en relaci\u00f3n con la permanencia temporal de la menor hija del actor en el exterior. <\/p>\n
Como corolario, se invalidar\u00e1 el prove\u00eddo que dispuso \u00ablevantar la restricci\u00f3n\u00bb de salida del pa\u00eds de aquella, para que la titular del estrado enjuiciado dicte el prove\u00eddo a que haya lugar, resolviendo \u00edntegramente las problem\u00e1ticas que evidencian las particularidades del caso y analizando las prerrogativas fundamentales de las partes y de la ni\u00f1a; lo anterior, con pleno respeto de su autonom\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, proferida por la Sala \u201cX\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cY\u201d, el 14 de septiembre de 2021. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del accionante y de la menor involucrada. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin valor ni efecto el auto dictado por el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cY\u201d, el 14 de enero de 2020, as\u00ed como las decisiones que de \u00e9l se desprendan. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la titular de ese despacho judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dictar el prove\u00eddo a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci\u00f3n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, a trav\u00e9s de la cual se acogen los \u00abPactos Internacionales de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, as\u00ed como el Protocolo Facultativo de este \u00faltimo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votaci\u00f3n Un\u00e1nime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci\u00f3n 44\/25, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. <\/p>\n
4\u0002 Principio 2 de la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o. Cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
5\u0002 Sentencia T-556 de 1998. Cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
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STC14728-202 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14728-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00864-01 (Aprobado en Sala de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}