STC14730-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC14730-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01713-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 2 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilman Cepeda Tavera contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma especialidad y ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso 2017-00046 (ED407). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00ablegalidad, debido proceso\u2026 defensa\u2026dignidad humana, justicia, contradicci\u00f3n, equidad, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, reconocimiento de duda en favor del procesado, sistema penal pro-homine, prohibici\u00f3n de fundar la sentencia condenatoria en \u00fanica prueba indirecta e indiciaria, requisitos de la providencia judicial (redacci\u00f3n de la sentencia), propiedad privada\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en la actuaci\u00f3n se extracta que, producto de informe presentado por la Polic\u00eda Nacional el 6 de abril de 2016, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dio inicio a un proceso de extinci\u00f3n de dominio sobre los bienes del ac\u00e1 gestor que culmin\u00f3 con sentencia de primera instancia de 19 de septiembre de 2019 a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 la p\u00e9rdida de la titularidad de los mismos a favor del Estado, por haberse acreditado la incursi\u00f3n en las causales consagradas en los numerales 1, 8 y 9 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n el afectado interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 25 de marzo, en el sentido de confirmar, en lo basilar, el fallo de primer grado. <\/p>\n
Afirma que las autoridades jurisdiccionales desconocieron las pruebas por \u00e9l aportadas que daban cuenta de la l\u00edcita procedencia de su patrimonio, al tiempo que el ente Investigador estatal no acredit\u00f3 la supuesta mezcla de aquel con recursos obtenidos il\u00edcitamente y los falladores fundamentaron sus decisiones exclusivamente en indicios y suposiciones como que, por el hecho de haber sido extraditado a Espa\u00f1a y condenado all\u00ed por un delito relacionado con el narcotr\u00e1fico (cometido entre 2000 y 2001), los bienes que adquiri\u00f3 con posterioridad al cumplimiento de su condena proven\u00edan de actividades ilegales. <\/p>\n
4. Acusa entonces a las providencias de primera y segunda instancia de adolecer de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, \u00abdefecto material o sustantivo\u00bb, \u00abdecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb; empero, no formula pretensi\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por conducto del magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia dijo que \u00ablas premisas f\u00e1cticas que sustentan el libelo tutelar fueron postuladas y debatidas al interior de su escenario natural, esto es, en el proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb de all\u00ed que lo pretendido por el gestor sea convertir el amparo constitucional en una tercera instancia con la que busca obtener un pronunciamiento alterno ante el fracaso de sus aspiraciones. <\/p>\n
Al margen de ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se advierte la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos generales ni particulares\u2026 toda vez que el diligenciamiento se adelant\u00f3 de conformidad con las previsiones legales aplicables al caso, con observancia de los procedimientos establecidos para el tr\u00e1mite extintivo y garantizando los derechos de las personas que se hicieron parte en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal Treinta y Ocho adscrito a la Direcci\u00f3n Especializada para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio se opuso a la prosperidad del amparo comoquiera que \u00abno fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como herramienta supletoria de los procedimientos se\u00f1alados en las normas procesales o a manera de tercera instancia para continuar un debate ya agotado en las fases ordinarias\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado general de la Sociedad de Activos Especiales solicit\u00f3 desestimar el ruego dado que los reproches aqu\u00ed esbozados son coincidentes con los expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n resuelto por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, siendo que la acci\u00f3n constitucional \u00abno se encuentra instituida para suplir las instancias judiciales determinadas por el legislador para dar soluci\u00f3n a los problemas jur\u00eddicos planteados ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
5. Un abogado que dijo representar al Banco de Occidente1 se\u00f1al\u00f3 que, si bien esa persona jur\u00eddica fue parte dentro del tr\u00e1mite objeto de escrutinio y ejerci\u00f3 su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, \u00abninguna manifestaci\u00f3n merece los hechos alegados por el accionante\u00bb correspondi\u00e9ndole hacerlo a los despachos judiciales convocados. <\/p>\n
6. Con posterioridad al fallo de primer grado por conducto de apoderada judicial Claudia Pardo Cepeda, vinculada por el inter\u00e9s que le podr\u00eda asistir en el resultado del resguardo, coadyuv\u00f3 y reiter\u00f3, b\u00e1sicamente, los planteamientos esbozados por el gestor en el libelo inicial. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que las autoridades querelladas, \u00abcontrario al parecer de la parte demandante\u2026 resolvi[eron] el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, esto es, conforme a un pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n y normatividad aplicable a la materia\u00bb. <\/p>\n
Dijo que las alegaciones presentadas por el actor en el presente resguardo, \u00abse identifican con [los] argumentos propuestos al interior de la actuaci\u00f3n censurada\u00bb y que fueron objeto de pronunciamiento por parte del colegiado de segundo grado al decidir la apelaci\u00f3n, concluyendo, luego de analizar detalladamente la providencia, que \u00abla cuesti\u00f3n planteada por la parte actora\u2026 fue debidamente analizada y definida al interior del respectivo asunto, sin que se observe una afrenta a los derechos fundamentales o que los funcionarios a cargo del asunto hubiesen actuado de manera arbitraria o caprichosa, pues as\u00ed lo deja entrever las consideraciones que soportan la sentencia de segundo grado, las que igualmente permiten calificar la decisi\u00f3n como razonable y ajustada a las normas y pruebas oportunamente incorporadas al expediente\u00bb. <\/p>\n
Al margen de la razonabilidad del ejercicio intelectivo de los funcionarios de instancia, resalt\u00f3 la Sala a quo que la pretensi\u00f3n cardinal del actor es revivir un debate concluido a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n irregular de la tutela, pues lo que busca es \u00abimponer sus razones frente a la interpretaci\u00f3n efectuada por las autoridades judiciales\u2026 en donde con argumentos claros y ajustados al ordenamiento jur\u00eddico, se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que puso fin al debate\u00bb. <\/p>\n
En suma, deneg\u00f3 el resguardo \u00abal no advertirse la vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental\u2026 y tampoco la concurrencia de un perjuicio de car\u00e1cter irremediable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el promotor, quien reprodujo los argumentos el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales querelladas lesionaron las prerrogativas de Wilman Cepeda Tavera dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio 2017-00046 (ED407) que se adelant\u00f3 sobre algunos bienes de su propiedad, al declarar la p\u00e9rdida del derecho de propiedad por haberse configurado las causales 1\u00aa, 8\u00aa y 9\u00aa del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, supuestamente al omitir la valoraci\u00f3n integral de los medios de convicci\u00f3n aportados. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Revisados los planteamientos de Wilman Cepeda Tavera de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el quejoso y su apoderado es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de las autoridades accionadas y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que les fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, el accionante, si bien atribuye a la decisi\u00f3n que cuestiona defectos f\u00e1ctico y sustantivo y la acusa de contener una sustentaci\u00f3n superflua, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consistieron, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del querellante es imponer a toda costa su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las pruebas, por encima del criterio de los juzgadores ordinarios, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por Wilman Cepeda Tavera, toda vez que las consideraciones expuestas tanto por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 como por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de la misma ciudad, en las sentencias de primera y segunda instancia, resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, la impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar pues lo pretendido por el demandante resulta improcedente, habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al buscar imponer un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 No obra, dentro del expediente digital remitido, poder conferido por la entidad financiera. <\/p>\n
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STC14730-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC14730-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01713-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59181","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59181\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}