STC14737-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14737-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2021-00622-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 20 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por la Universidad Libre contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y la eficacia y pronta administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial1 y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Luis Carlos Pe\u00f1a Buend\u00eda2 promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra la Universidad Libre- Seccional Barranquilla, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad, el cual decidi\u00f3 librar mandamiento de pago3. Y decret\u00f3 las medidas de embargo y secuestro de los dineros que la instituci\u00f3n poseyera en los Bancos de la ciudad. A pesar de lo anterior, fueron embargadas las cuentas a nivel nacional de la Universidad, siendo que la demanda se dirigi\u00f3 s\u00f3lo frente a la seccional de la capital del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
2.2. Por intermedio del Banco Agrario, se embarg\u00f3 la suma de $12.155.214.619.29, correspondi\u00e9ndole al ejecutante la cantidad de $4.548.318.762.51, relativos a la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y costas efectuadas por la autoridad judicial, por lo que quedaron disponibles a favor de la ejecutada el monto de $7.606.895.856.78. Adicionalmente, se embargaron bienes inmuebles, cuyos valores catastrales exceden ampliamente de las pretensiones actualizadas de costas o acumulaci\u00f3n de otras nuevas por el demandante. <\/p>\n
2.3. Surtidas las correspondientes etapas procesales, el Juzgado de conocimiento profiri\u00f3 auto el 22 de octubre de 20204, mediante el cual dispuso reducir el embargo a \u00ab$100.000.000.oo, sin que se ordenara la devoluci\u00f3n del excedente de los $ 7.606.895.856.78 que como se manifiesta en dicho auto se encuentran embargados a \u00f3rdenes del despacho\u00bb. <\/p>\n
2.4. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto y confirmado por el Tribunal Superior de Barranquilla en providencia de 12 de julio de 20215. <\/p>\n
2.5. Por su parte, la demandada present\u00f3 varias solicitudes para que el juzgado cuestionado hiciera la entrega de los t\u00edtulos correspondientes y levantamiento de la medida de embargo por la diferencia en el monto que exceden al mandamiento ejecutivo. No obstante, el despacho no ha procedido de conformidad. <\/p>\n
2.6. Frente a estas omisiones, se present\u00f3 una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que la autoridad judicial en auto del 31 de mayo de 20216, orden\u00f3 levantar el embargo s\u00f3lo de los bienes inmuebles, en tanto que los dineros obrantes en la litis no correr\u00edan la misma suerte. <\/p>\n
2.7. La accionante, por v\u00eda de tutela, aleg\u00f3 que el Despacho enjuiciado \u00abviola flagrantemente las disposiciones constitucionales, estatutarias y procesales anteriormente citadas, al negarse a devolver las sumas de dinero retenidas en cuant\u00eda de $7.606. 895.856.78, cuando el l\u00edmite de los embargos los hab\u00eda fijado en $ 100.000.000.oo y cuando seg\u00fan su propias providencias la obligaci\u00f3n ha sido cancelada por el demandado y pagada \u00edntegramente al demandante, con violaci\u00f3n de hecho de los art\u00edculos se\u00f1alados en los hechos anteriores , por lo que le solicito se me amparen los derechos procesales, toda vez que la actividad econ\u00f3mica y educativa de la Universidad Libre, garantizada en la carta pol\u00edtica se viene vulnerando con las decisiones de dicho despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene a la autoridad accionada la devoluci\u00f3n inmediata de las sumas de dinero que excedan los $100.000. 000.oo., y \u00abhacer entrega de forma inmediata al demandado de los t\u00edtulos judiciales a su favor por estar totalmente cancelada la obligaci\u00f3n que dio lugar a la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Luis Carlos Pe\u00f1a Buend\u00eda7, en calidad de demandante en el proceso bajo estudio, solicit\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional fuera rechazada por improcedente al existir otros mecanismos o herramientas para agotar en sede ordinaria o ante el mismo Despacho de ejecuci\u00f3n. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que en el juicio a\u00fan se encuentra pendiente de resolver la apelaci\u00f3n frente a la providencia que neg\u00f3 librar mandamiento de pago de una demandada acumulada. Y que el proceso de ejecuci\u00f3n principal no ha terminado, existiendo varias actuaciones pendientes por concluir. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Ejecuci\u00f3n de Barranquilla8, luego de memorar sus actuaciones y remitir enlace de OneDrive para acceder al expediente, indic\u00f39 que no es cierto lo manifestado por la accionante en relaci\u00f3n a la falta de pronunciamiento del Despacho respecto de la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos, ya que la cuesti\u00f3n si fue resuelta en providencia del 31 de mayo de 2021, en la cual se dispuso que la reducci\u00f3n del embargo no operaria frente a los dineros \u00abque se encontraban a disposici\u00f3n del proceso, pues se hab\u00eda presentado una demanda acumulada en la que se solicitaron medidas cautelares sobre dichos t\u00edtulos, y aunque en providencia del 03 de mayo de los corrientes se neg\u00f3 la orden de apremio, tal decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n concedida en el efecto suspensivo por auto de la misma calenda.\u00bb <\/p>\n
De lo anteriormente relatado, inform\u00f3 que la referida providencia no fue controvertida por la querellante a trav\u00e9s de recurso alguno, por lo que la acci\u00f3n de amparo resulta improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad. Por lo \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que el proceso se encuentra pendiente de resolver recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n contra el auto de 22 de julio de 2021. Concluy\u00f3 manifestando que no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la tutelante. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que \u00abal margen que se hubiese presentado o no mora en el tr\u00e1mite de la solicitud de reducci\u00f3n y\/o levantamiento de las medidas de embargo decretadas dentro del proceso en comento, lo cierto es que al momento de la presentaci\u00f3n del amparo (03 de septiembre de 2021) el despacho encartado ya se hab\u00eda pronunciado sobre el particular (31 de mayo de 2021) tal como en efecto lo reconoce la accionante en su argumentativa.\u00bb Por lo tanto, determin\u00f3 sobre ese punto determin\u00f3 que era una cuesti\u00f3n superada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, observ\u00f3 que la queja se encontraba dirigida frente a la providencia dictada el 31 de mayo de 2021, \u00ab(\u2026) pues, aunque tal aseveraci\u00f3n no se realice con la suficiente claridad, lo cierto es que fue en tal prove\u00eddo que se dispuso no acceder devoluci\u00f3n de los dineros que se encuentran a disposici\u00f3n del proceso 08001315300620170030900 (\u2026)\u00bb, y respecto a este prove\u00eddo la parte actora no present\u00f3 reparo alguno a trav\u00e9s de los mecanismos legales dispuestos para ello. En consecuencia, concluy\u00f3 la improcedencia del amparo constitucional, en raz\u00f3n a que no se agot\u00f3 el requisito de subsidiariedad, \u00abesto sin perjuicio que, la accionante al interior del proceso puede volver a elevar solicitud en torno reducci\u00f3n de los embargos a que hace referencia el art. 600 de C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inaugural. En concreto, precis\u00f3 que lo decidido por el Tribunal Constitucional a quo desconoci\u00f3 que la C\u00e9dula judicial cuestionada dej\u00f3 de aplicar por exceso ritualidad las siguientes normas: art\u00edculos 11, 599 y 600 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que lo llev\u00f3 \u00aba entender la presenta acci\u00f3n como que el accionante no interpuso un recurso que pudiera ejercer y no como una clara violaci\u00f3n de normas procesales con contenido constitucional de protecci\u00f3n a los derechos fundamentales y legales del debido proceso\u00bb10. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 31 de mayo de 2021, con el cual no se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de los dineros retenidos en el proceso ejecutivo, por encontrarse pendiente resolver en apelaci\u00f3n sobre la admisi\u00f3n de una demanda acumulada en la que se solicitaron medidas cautelares. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Sobre el particular, de acuerdo con lo verificado en el expediente del juicio debatido, se observa que la C\u00e9lula judicial cuestionada en auto del 31 de mayo de 2021, resolvi\u00f3 decretar el levantamiento de la medida cautelar impuesta sobre los bines inmuebles de la ejecutada, respondiendo a las solicitudes elevadas por la actora sobre la reducci\u00f3n de embargo, pues efectivamente exced\u00edan el monto de la obligaci\u00f3n ejecutada. <\/p>\n
Sin embargo, frente a los dineros obrantes en el litigio, indic\u00f3 que no correr\u00edan la misma suerte \u00abhabida cuenta que se present\u00f3 demanda acumulada en la que se solicitaron medidas cautelares al presente proceso, y aunque en providencia del 03 de mayo de los corrientes se neg\u00f3 la orden de apremio, tal decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n concedida en el efecto suspensivo por auto de esta misma fecha.\u00bb. <\/p>\n
Frente a tal providencia, la actora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. De lo narrado la Sala concluye que la querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer y alegar a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es claro que desperdici\u00f3 la herramienta que tuvo a su alcance, concretamente, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, medios que eran viables de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 318 y 320 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales debieron ser alegados dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia objeto de queja. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que la gestora cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad -relacionadas con la negativa en la devoluci\u00f3n de los dineros embargados en exceso-. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer la oportunidad para hacer valer lo que ahora pretende por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo anterior, se comparte lo decidido en la providencia impugnada, en el sentido que la actora \u00abal interior del proceso puede volver a elevar solicitud en torno a la reducci\u00f3n de los embargos a que hace referencia el art. 600 de C.G. del P.\u00bb, la cual corresponde resolver al juez de conocimiento. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 al 10. 01DemandaTutela.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 al 10. 01 principal C6-0439-2019.pdf de la subcarpeta 01CuadernoPrincipal C6-0439-2019 del expediente digitalizado C6-0439-2019-One Drive <\/p>\n
3\u0002 Folio 61. Ibidem <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-2, 32 10-22-2020 AUTO C6-0439 OFICIA A BANCOS.pdf de la subcarpeta 02CuadernoMedidasCautelares C6-0439-2019 del expediente digitalizado C6-0439-2019-One Drive <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-8, 11ProvidenciaConfirmaAutoApelado.pdf de la subcarpeta 13CuadernoApelacionAuto del expediente digitalizado C6-0439-2019-One Drive <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, 60AutoDecretaLevantamientoMedidaCautelar.pdf de la subcarpeta 02CuadernoMedidasCautelares C6-0439-2019 del expediente digitalizado C6-0439-2019-One Drive <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-4, 12InformeLuisCarlosPe\u00f1a.pdf <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-5, 13InfomeJuzgado02Ejecuci\u00f3n.pdf <\/p>\n
9\u0002 Folios 5 al 6Anexo 07 RTA.JUZGADO.01 CIV\u2026SOGAMOSO (07 Jul 21).pdf <\/p>\n
10\u0002 Folios 1-17, 19Impugnanci\u00f3n.pdf <\/p>\n
<\/p>\n
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