STC14742-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14742-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2021-00836-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Antonio Pietro Petroni contra el Juzgado Segundo de Familia de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Bogot\u00e1 y a los intervinientes en la medida de protecci\u00f3n promovida por Ana Mar\u00eda V\u00e9lez Muriel. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre e igualdad, presuntamente vulnerados en el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n con radicaci\u00f3n MP 019-2021 RUG 23-2021. <\/p>\n
2. En sustento de su ruego sostuvo que la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda V\u00e9lez Muriel present\u00f3 una queja, \u00abpor presuntos hechos de violencia por parte del se\u00f1or Antonio Pietro Petroni\u00bb, ante la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Bogot\u00e1, que dio origen a la apertura de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n mencionada. Rendidos los descargos, la Comisar\u00eda profiri\u00f3 sentencia, en audiencia virtual del 3 de junio de 2021, en la que declar\u00f3 no probados los hechos referidos en la solicitud y levant\u00f3 la medida de protecci\u00f3n impuesta provisionalmente. <\/p>\n
En la misma diligencia, la apoderada de la querellante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que posteriormente sustent\u00f3 por escrito. De la alzada conoci\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, bajo el radicado 2021-00400-00, el cual, \u00absin pronunciamiento respecto a la admisi\u00f3n de la sustentaci\u00f3n del escrito de apelaci\u00f3n\u00bb, profiri\u00f3 fallo el 29 de julio de esta anualidad, mediante el cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y orden\u00f3 al a quo imponer medida de protecci\u00f3n en contra del se\u00f1or Antonio Pietro Petroni. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, el 2 de agosto de 2021, solicit\u00f3, por correo electr\u00f3nico, el acceso al expediente y, a pesar de que le fue remitido, no lo pudo abrir, lo que puso en conocimiento del Juzgado. Finalmente, accedi\u00f3 al mismo el 5 de agosto de 2021; sin embargo, no conten\u00eda algunos documentos, entre ellos, el auto mediante el cual se admiti\u00f3 la alzada, situaci\u00f3n que advirti\u00f3 al accionado y, luego de reiterar, obtuvo respuesta el 17 de agosto, en la que le informaron que \u00abse procedi\u00f3 a escalar su caso a la se\u00f1ora secretaria del despacho para revisi\u00f3n y posterior contestaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que la decisi\u00f3n del ad quem presenta un defecto f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria y, adem\u00e1s, fue emitida excediendo la autonom\u00eda y competencias constitucionales y legales. En tal sentido, cuestion\u00f3 el valor otorgado a cada una de las pruebas de ese juicio, asegurando que denotan la parcialidad del Juzgado acusado y que se tuvo por cierto todo lo plasmado en la queja, sin tener presente los descargos. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que las diferencias entre el se\u00f1or Antonio Pietro Petroni y la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda V\u00e9lez Muriel \u00abhac\u00edan parte de las discusiones propias de un matrimonio sin que estas se puedan encasillar en alg\u00fan tipo de violencia\u00bb y que se evidenci\u00f3 la autonom\u00eda en la toma de decisiones de la querellante; agreg\u00f3 que flexibilizar la carga probatoria, en casos de violencia contra la mujer \u00abno puede y no debe ser excluir pruebas que indican la no existencia de ning\u00fan tipo de violencia como la de testigo Davidson\u00bb o dar \u00abun valor probatorio diferente al real\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abREVOCAR y dejar sin efectos la sentencia del 29 de julio de 2021\u00bb y \u00abDejar en firma (sic) la sentencia del 3 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda Segunda de Familia de Bogot\u00e1 adujo que, remitidas las diligencias en apelaci\u00f3n, no hab\u00eda sido notificada de la actuaci\u00f3n censurada y no se hab\u00eda devuelto el expediente, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que el escrito de sustentaci\u00f3n fue radicado ante la Comisar\u00eda vinculada y dirigido al Juez de Familia (reparto), por lo que, asignada la alzada, profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada el 29 de julio de 2021, mediante el cual revoc\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
En cuanto a la omisi\u00f3n de proferir el auto admisorio del recurso de apelaci\u00f3n, precis\u00f3 que el art\u00edculo 18 de Ley 294 de 1996 prescribe la procedencia del se\u00f1alado recurso y que al tr\u00e1mite regulado en esa ley le son aplicables las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en el cual \u00abno se encuentra previsto que se profiera auto admisorio, para efectos de surtir el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n\u00bb y, en tal medida, no se vulner\u00f3 el debido proceso al accionante. <\/p>\n
Sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por ese Despacho, manifest\u00f3 que los medios de prueba aportados por ambas partes se analizaron no s\u00f3lo de forma individual, sino en conjunto y \u00abse logr\u00f3 determinar que se daban los presupuestos establecidos en la Ley 294 de 1996 modificada por la Ley 575 de 2000 (\u2026) que permitieron establecer que se configuraban los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar\u00bb; adem\u00e1s, indic\u00f3 que, como el actor no estuvo de acuerdo con la decisi\u00f3n, pretende ahora que se vuelvan a analizar las pruebas, cuesti\u00f3n que escapa a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. La se\u00f1ora Ana Mar\u00eda V\u00e9lez Muriel pidi\u00f3 denegar el amparo, dado que no es posible evaluar nuevamente la decisi\u00f3n por el s\u00f3lo hecho de ser desfavorable al tutelante, a lo cual sum\u00f3 que el fallo \u00abse at\u00f3 a derecho y respet\u00f3 los procedimientos determinados por la ley\u00bb y valor\u00f3 todas las pruebas, incluidas las aportadas por el aqu\u00ed accionante. A\u00f1adi\u00f3 que, en la Ley 575 de 2002, que modific\u00f3 la 294 de 1996, no existe orden de expedir auto de admisi\u00f3n y correr traslado de \u00e9ste. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, luego de recapitular la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Juzgado convocado, deneg\u00f3 el resguardo, al considerar que la providencia acusada era razonable y se emiti\u00f3 \u00abcon claro enfoque de g\u00e9nero, acorde con los est\u00e1ndares internacionales sobre la materia, y, en particular, con las previsiones de la Convenci\u00f3n de Belem do adoptada \u2018para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer\u2019\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que existe suficiente soporte probatorio, para inferir la \u00abasimetr\u00eda de las relaciones de pareja, determinada por la predominancia decisoria del c\u00f3nyuge en todos los aspectos, incluidos los de naturaleza econ\u00f3mica, para restringir el soporte econ\u00f3mico del hogar o para formular reproches por la dispensaci\u00f3n de recursos para la satisfacci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas\u00bb, de modo que, en este caso, se brind\u00f3 protecci\u00f3n contra los actos constitutivos de violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito de tutela, destacando que no se tuvo en cuenta el testimonio del se\u00f1or Davison Steve Cifuentes Cano, solicitado por la se\u00f1ora V\u00e9lez Muriel, en el que se advirti\u00f3 que no le constaban los hechos, \u00abdejando supremamente claro que no existe ning\u00fan tipo de violencia por parte del accionado sobre la accionada\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, con las pruebas allegadas por el se\u00f1or Pietro Petroni, se demostr\u00f3 que sus recursos econ\u00f3micos se vieron disminuidos, circunstancia que lo oblig\u00f3 a recortar los gastos de su hogar, destacando que \u00abla violencia econ\u00f3mica es violencia econ\u00f3mica y las dificultades econ\u00f3micas son dificultades econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, adem\u00e1s, que el enfoque de equidad de g\u00e9nero no puede utilizarse como elemento de venganza y ser la tesis para que las diferencias propias de una relaci\u00f3n de pareja se enmarquen en tipos de violencia hacia la mujer. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia del 29 de julio de 2021, mediante la cual el Juzgado accionado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y orden\u00f3 a la Comisar\u00eda de conocimiento imponer medida de protecci\u00f3n definitiva en su contra, decisi\u00f3n que, en su opini\u00f3n, se profiri\u00f3 sin previa admisi\u00f3n de la alzada, con indebida valoraci\u00f3n probatoria y excediendo sus competencias. <\/p>\n
2. En primer lugar, es menester advertir que el tr\u00e1mite reglado en la Ley 294 de 1996, reformada parcialmente por la 575 de 2000, \u00abpara prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar\u00bb, contempla, en su art\u00edculo 18, que contra la decisi\u00f3n definitiva sobre una medida de protecci\u00f3n \u00abproceder\u00e1 en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelaci\u00f3n ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia\u00bb, disponiendo seguidamente que \u00abSer\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3 que el fallo podr\u00eda ser impugnado dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, caso en el cual se deb\u00eda remitir al superior jer\u00e1rquico correspondiente; y, en cuanto al tr\u00e1mite de la alzada, el art\u00edculo 32 dispuso que \u00abEl juez que conozca de la impugnaci\u00f3n, estudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 solicitar informes y ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas y proferir\u00e1 el fallo dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, proceder\u00e1 a revocarlo, lo cual comunicar\u00e1 de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmar\u00e1\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
De lo anterior, se colige que el tr\u00e1mite otorgado a la impugnaci\u00f3n no contempla la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n previo a emitir la decisi\u00f3n de fondo y, adem\u00e1s, faculta al ad quem a revocar el fallo, si lo estima pertinente. <\/p>\n
3. Ahora bien, la censura se dirige contra la sentencia del 29 de julio de 2021, mediante la cual el Juzgado convocado revoc\u00f3 la providencia proferida por la Comisar\u00eda vinculada el 3 de junio de 2021, que declar\u00f3 no probados los hechos de violencia denunciados por la querellante y, en cambio, orden\u00f3 la imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n a su favor. Sobre el particular, trajo como antecedentes los hechos de violencia econ\u00f3mica y sicol\u00f3gica en que se fund\u00f3 la queja presentada por la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda V\u00e9lez Muriel, los descargos presentados por el se\u00f1or Antoni Pietro Petroni y los fundamentos que acompa\u00f1aron el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Luego de se\u00f1alar cada una de las pruebas testimoniales y documentales adosadas, procedi\u00f3 a resolver de fondo el asunto, indicando que los documentos allegados por el all\u00ed accionado, \u00abdonde se pueden observar unos certificados y planillas de pago de sus ingresos y seguridad social, (\u2026) no sustentan, ni desvirt\u00faan los hechos de violencia intrafamiliar denunciados por la se\u00f1ora ANA MAR\u00cdA V\u00c9LEZ MURIEL, por lo tanto, no son conducentes, ni pertinentes dentro del proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, de conformidad con el material probatorio que refiri\u00f3 en precedencia, consider\u00f3, que del \u00abinforme de instrumento de identificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n del riesgo, emitido por la autoridad administrativa (\u2026) se evidencia que la se\u00f1ora ANA MAR\u00cdA V\u00c9LEZ MURIEL se encuentra en un riesgo alto debido a la violencia ejercida por el se\u00f1or ANTONIO PIETRO PETRON, indicando factores de riesgo como i) Incremento en la gravedad, ii) Frecuencia de los hechos de violencia, iii) Amenazas con hacer da\u00f1o, iv) cumplimiento de amenazas conductas celot\u00edpicas, v) agresiones hacia otros miembros de la familia y vi) manipulaci\u00f3n como resultado de dependencia econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3, asimismo, que el informe sicol\u00f3gico emitido por la Secretar\u00eda de la Mujer concluy\u00f3 que \u00abla accionante requiere tratamiento psicol\u00f3gico por las afectaciones en su estado mental y su salud, en el que siente tristeza, miedo, impotencia, desesperanza, alteraciones en el sue\u00f1o, culpa, decaimiento, debido a los impactos de violencia que se presentan al interior de su hogar\u00bb; adem\u00e1s, destac\u00f3 que, en la minuta suscrita por un patrullero del CAI de Chapinero, la querellante \u00abpuso en conocimiento, la violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica que se encontraba ejerciendo el accionado contra ella\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los audios y videos aportados por la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda V\u00e9lez Muriel determin\u00f3 que \u00abno se evidencia que de los mismos se pudiese apreciar ning\u00fan tipo de agresi\u00f3n o maltrato verbal, ni psicol\u00f3gico, ni econ\u00f3mico entre las partes\u00bb; sin embargo, sostuvo que el testimonio del se\u00f1or Juan Luis Gabriel Pinedo V\u00e9lez, hijo de la denunciante, \u00abcoincide con lo manifestado por la se\u00f1ora ANA MAR\u00cdA V\u00c9LEZ MURIEL en la denuncia incoada inicialmente\u00bb. De su dicho extrajo que: \u00abEra un trato en el que yo pod\u00eda ver que se anulaba una mujer como esposa como cabeza de hogar, una mujer que pr\u00e1cticamente no ten\u00eda derecho a hablar ni a expresarse ni a reclamar cualquier tipo de insatisfacci\u00f3n dentro de su hogar es una mujer que desde el d\u00eda inicial de su relaci\u00f3n hasta el d\u00eda de hoy ha dependido econ\u00f3micamente del se\u00f1or ANTONIO PETRONI debido a que no cuenta con un trabajo distinto a sus labores dom\u00e9sticas (\u2026) La participaci\u00f3n de la se\u00f1ora ANA MARIA en cuanto a decisiones era m\u00ednima su aporte al hogar estaba en cuanto a sus condiciones que era sus labores dom\u00e9sticas que era lo que pod\u00eda aportar y aportaba\u00bb, resaltando, que \u00abel se\u00f1or PINEDO VELEZ, vivi\u00f3 con las partes, donde \u00e9l contemplaba como el accionado trataba de forma displicente a su madre se\u00f1ora VELEZ MURIEL por temas netamente econ\u00f3micos y del hogar\u00bb. <\/p>\n
Frente al testimonio del se\u00f1or Davison Steve Cifuentes Cano, respecto del cual el aqu\u00ed accionante aleg\u00f3 su inconformidad, por no ser valorado, el ad quem indic\u00f3, en su providencia, que \u00abno ser\u00e1 tenido en cuenta en la presente decisi\u00f3n toda vez que, no se encontraba presente, ni tiene relaci\u00f3n directa con los hechos de violencia intrafamiliar aqu\u00ed denunciados, por cuanto, manifiesta dentro de su testimonio que la se\u00f1ora ANA MAR\u00cdA V\u00c9LEZ MURIEL es quien le comenta que su esposo el se\u00f1or ANTONIO PIETRO PETRON es el que se encarga de las cuentas y gastos del hogar\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estim\u00f3 que la denuncia y los descargos coincid\u00edan en los hechos que describ\u00edan la violencia que padec\u00eda la se\u00f1ora V\u00e9lez Muriel por parte de su esposo, de quien depende econ\u00f3micamente y \u00abcontrola de manera exclusiva el patrimonio com\u00fan\u00bb y \u00abutiliza su poder dominante para atentar contra la integridad personal y emocional de la accionante, donde ella no tiene ni voz, ni voto en las decisiones tomadas al interior del hogar as\u00ed como la libertad de poder manejar su dinero y gastos como ella lo prefiera, situaci\u00f3n que se evidencia en los descargos rendidos por el accionado quien al no estar de acuerdo con el uso que le daba la accionante a la mesada que \u00e9ste le proporcionaba decidi\u00f3 dejar de darle dicho aporte\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que lo anterior se pudo corroborar \u00abpor el mismo accionado ANTONIO PIETRO PETRON quien acept\u00f3 en sus descargos que, efectivamente la accionante depend\u00eda de \u00e9l, para sus gastos personales y del hogar, por lo tanto, es el accionante quien se encarga de controlar los dineros que entran y salen del hogar. Obs\u00e9rvese que manifest\u00f3 \u2018me toco rebajar la cuota porque no me parec\u00eda correcto\u2019. Su lenguaje y manifestaciones evidencian que, efectivamente esa posici\u00f3n de dominio y control del accionado, adem\u00e1s de su dominio exclusivo sobre el patrimonio com\u00fan, hacen que la se\u00f1ora ANA MAR\u00cdA V\u00c9LEZ MURIEL, no tenga ninguna libertad de gasto y se vea sometida a las condiciones que le imponga el se\u00f1or PIETRO PETRON frente al manejo del dinero que le corresponde. Por lo tanto, se configura maltrato econ\u00f3mico y patrimonial que atentan contra sus derechos fundamentales a llevar una vida libre de violencia\u00bb. <\/p>\n
Luego de citar la sentencia T-012-2016, de la Corte Constitucional, sobre la violencia econ\u00f3mica contra la mujer, concluy\u00f3 que \u00abel impedir manejar a la accionante sus ingresos econ\u00f3micos de manera personal y propia, atenta de manera grave contra la integridad f\u00edsica, salud y bienestar dado que, no puede satisfacer sus necesidades personales con libertad, debido al estricto control y dominio que en raz\u00f3n del dinero ejerce su compa\u00f1ero contra ella\u00bb, por lo que, a juicio de ese Despacho judicial, \u00abla Comisar\u00eda de Familia no tuvo en cuenta que, en este caso, el se\u00f1or ANTONIO PIETRO PETRON ha ejercido de manera constante actos de violencia intrafamiliar contra su esposa\u00bb, lo que genera que sus derechos \u00abse encuentren trasgredidos y no est\u00e1n siendo protegidos por el estado como lo establece la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 aseverando que \u00abel enfoque de g\u00e9nero es indispensable a la hora de realizar una valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, se debe flexibilizar y analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres como lo es el caso en concreto, por lo tanto, se debe tener en cuenta que, las mujeres hist\u00f3ricamente han sido un grupo discriminado y como tal merecen un trato diferenciado\u00bb, por lo que \u00abse hace necesario REVOCAR la decisi\u00f3n impugnada\u00bb e \u00abimponer medida de protecci\u00f3n definitiva en contra del accionado\u00bb. <\/p>\n
3.1. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que la postura sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas consideradas, las actuaciones surtidas y la normatividad y jurisprudencia que gobierna el asunto1. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la decisi\u00f3n censurada, el Juzgado acusado tuvo en cuenta las pruebas en conjunto, incluyendo lo afirmado por el entonces accionado y el informe sicol\u00f3gico antes referenciado sobre la querellante, entre otras, determinando que los documentos aportados por el querellado no ten\u00edan entidad suficiente para desvirtuar los actos de maltrato evidenciados y motivando por qu\u00e9 el testimonio del se\u00f1or Davison no ser\u00eda valorado. As\u00ed, el Juez convocado constat\u00f3 los presupuestos para ordenar la imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n definitiva contra el se\u00f1or Antonio Pietro Petroni. <\/p>\n
Sobre el particular, es pertinente precisar que los se\u00f1alamientos alegados en el escrito de tutela pretenden que se haga un nuevo estudio de las probanzas allegadas, lo cual es inviable en esta sede constitucional. <\/p>\n
3.2. Por tanto, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador convocado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; Reiterada en STC7143-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14742-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14742-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2021-00836-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}