STC14748-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14748-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00663-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez contra el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta ciudad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, salud, educaci\u00f3n y a \u00abtener una familia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En concreto, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades querelladas a: \u00ab1). gestionar la posibilidad de cambiar [su] medida de \u2018vulneraci\u00f3n de derechos\u2019, o la de medida de \u2018adoptabilidad\u2019\u2026 por cuanto\u2026 pueda adoptar[lo] quien ha tenido la voluntad, que pueda pertenecer a la familia de la referente afectivo (Sandra Vizca\u00edno); 2) finan[ciar] el acceso y continuidad del estudio en la Universidad\u2026; 3) \u2026 que gestione ante las autoridades competentes que se resuelva [su] situaci\u00f3n militar\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 17 de enero de 2013 el ICBF apertur\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos en favor del entonces infante, Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez, y adopt\u00f3 como medida transitoria su ubicaci\u00f3n en un Centro de Emergencia; el 8 de abril siguiente declar\u00f3 su situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos, por lo que reemplaz\u00f3 la medida transitoria por la de reintegro familiar a cargo de la progenitora de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2.2. El d\u00eda 15 de ese mismo mes, se modific\u00f3 nuevamente la medida de Miguel \u00c1ngel, por lo que fue ubicado en un Centro de Emergencia, y el 27 de noviembre de 2013 es reintegrado con su se\u00f1ora madre; no obstante, ante la negativa del gestor de permanecer en su n\u00facleo familiar, el 29 de julio de 2014 se reiter\u00f3 su situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos y se orden\u00f3 su ubicaci\u00f3n en medio institucional. <\/p>\n
2.3. El 25 de febrero de 2019 ante la p\u00e9rdida de competencia de la autoridad administrativa, el asunto se remiti\u00f3 a los jueces de familia, correspondi\u00e9ndole el conocimiento al despacho Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, autoridad que el 15 de marzo siguiente avoc\u00f3 a tr\u00e1mite y, el 3 de mayo de esas calendas, devolvi\u00f3 las diligencias al ICBF para que procedieran con la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino de seguimiento al caso. <\/p>\n
2.4. Remitido el tr\u00e1mite nuevamente al estrado judicial, con prove\u00eddo de 13 de noviembre de 2019 orden\u00f3 al ICBF \u00abdesignar un equipo psicosocial para realizar seguimiento al caso; requerir a la Fundaci\u00f3n La Esperanza de Amaly para que informe las condiciones de Miguel \u00c1ngel, y requerir a la Oficina de Comunicaciones del Instituto para que informe si los datos del joven fueron publicados en la p\u00e1gina web de la entidad, y allegara la respectiva constancia\u00bb; solicitud que fue reiterada parcialmente el 15 de enero de 2020, con el fin de que le informaran el estado de la publicaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 4 de mayo de 2020 el Juzgado orden\u00f3 el cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos del promotor, tras advertir que cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 22 de febrero de ese a\u00f1o, por lo que en aplicaci\u00f3n a la Ley 1098 de 2006 no hay lugar a seguir con dicho asunto, sumado a que, desde el 27 de julio de 2018 aqu\u00e9l fue dado de alta por psiquiatr\u00eda; asimismo, destac\u00f3 que \u00ab\u201cAquellos j\u00f3venes que han estado bajo la protecci\u00f3n del ICBF y no tienen referentes familiares, as\u00ed como tampoco fueron declarados en adoptabilidad, deber\u00e1n ser vinculados a los programas que ofrece el Instituto, con el fin de prepararlos para la vida laboral y productiva\u201d -destaca el juzgado-, por lo que, en el marco de sus competencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- debe garantizar la continuidad del servicio de atenci\u00f3n para Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez, con miras al eventual egreso del programa al que se encuentra vinculado, con el apoyo de todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele el promotor, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues: <\/p>\n
2.6.1. Manifest\u00f3 tener un \u00abreferente afectivo\u00bb que lo ha acompa\u00f1ado desde 2014 y a quien \u00abconsidera como su mam\u00e1\u00bb, por tanto, lo pertinente es declarar su estado de adoptabilidad, con el fin de que aqu\u00e9lla pueda adoptarlo. <\/p>\n
Anot\u00f3 que desde el 2012 ingres\u00f3 al ICBF y pese a los intentos de reintegro al entorno familiar no fue posible, por cuanto no ten\u00eda buena relaci\u00f3n con su progenitora y otros familiares; que en el a\u00f1o 2014 en un Centro de Emergencia conoci\u00f3 a otro menor \u00abquien hoy en d\u00eda conside[ra] como su hermano\u2026 que es hijo de Sandra Vizcaino, quien actualmente es su referente afectivo y considera como una madre\u00bb, quienes lo han apoyado en su avance y desarrollo, acogi\u00e9ndolo como un hijo y colateral m\u00e1s. <\/p>\n
2.6.2. Refiri\u00f3 que luego de cumplir la mayor\u00eda de edad resulta necesario resolver su situaci\u00f3n militar, empero, como no cuenta con medida de adoptabilidad, pese a todo el tiempo que dur\u00f3 en el ICBF, es un asunto dif\u00edcil de adelantar, por lo que requiere se ordene a dicha autoridad administrativa gestionar lo pertinente. <\/p>\n
2.6.3. Manifest\u00f3 que para el primer semestre del a\u00f1o 2021, con el aval del ICBF, \u00e9ste se comprometi\u00f3 a apoyarlo \u00abpag\u00e1ndole [su] carrera universitaria, [se] present[\u00f3] en la Universidad de la Salle, que comen[z\u00f3] y termi[n\u00f3] [su] primer semestre de negocios y relaciones internacionales con un promedio de 4.2\u00bb; que, por la pandemia, su \u00abreferente afectivo\u00bb le proporcion\u00f3 un computador para poder recibir clases virtuales; sin embargo, \u00abcuando pensaba que todo estaba arreglado, surge la situaci\u00f3n a mediados de 2021, en donde [su] caso pasa al centro Zonal de Engativ\u00e1, donde nuevamente [le] vuelven a cambiar de defensora y donde se [le] informa que no saben nada del pago de [su] pr\u00f3ximo semestre y ella le indica que [su] proceso todav\u00eda no lo ha avocado\u2026 lo cual [lo] vuelve a colocar en una posici\u00f3n de retroceso en [su] proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6.4. Agreg\u00f3 que, en garant\u00eda del debido proceso, se debe ordenar al ICBF y al Juzgado querellado desplegar \u00ablas actuaciones administrativas que se requieren para dar el tr\u00e1mite, gestionar la posibilidad de cambiar [su] medida de vulneraci\u00f3n de derechos a la de medida de adoptabilidad, con el fin que pueda adoptar[lo] quien ha tenido la voluntad que pueda pertenecer a la familia de [su] referente afectivo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Defensor\u00eda de Familia adscrita al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que con auto de 4 de mayo de 2020 se orden\u00f3 el cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de Miguel \u00c1ngel por cumplimiento de la mayor\u00eda de edad, ordenando al ICBF continuar con la prestaci\u00f3n del servicio en beneficio del joven y con fundamento en el marco de las competencias de la entidad. <\/p>\n
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3. La Defensora de Familia de Referentes Afectivos de la Regional Bogot\u00e1 del ICBF cont\u00f3 las actuaciones administrativas surtidas en el proceso de Miguel \u00c1ngel; sostuvo, de cara a la pretensiones tutelares, que en el PARD hubo p\u00e9rdida de competencia, por lo que no es posible modificar la medida de restablecimiento; que el proceso le fue direccionado el 16 de julio de 2021 y \u00abhasta la fecha no se ha realizado ninguna solicitud a la suscrita frente a la postulaci\u00f3n en proyecto sue\u00f1os del joven, sin embargo de la revisi\u00f3n del expediente se constata que dicha postulaci\u00f3n se debe realizar si el joven cumple con los requisitos (buen comportamiento y promedio superior a 3.2), para la continuidad en la estrategia en menci\u00f3n y en ese sentido para que contin\u00fae estudiando en la universidad\u00bb; que \u00abel Instituto realiza las acciones tendientes a contribuir con la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n militar de sus beneficiarios con apoyo de las autoridades militares competentes y la movilizaci\u00f3n de los j\u00f3venes interesados en esto; con ello se destaca que en el caso presente la definici\u00f3n de tal situaci\u00f3n militar no est\u00e1 exclusivamente en cabeza del ICBF sino de tales autores militares, adem\u00e1s los j\u00f3venes en calidad de mayores de edad tienen la obligaci\u00f3n de gestionar la consecuci\u00f3n de la libreta militar, presentarse ante la autoridad militar en las fechas y horarios establecidos para la entrega de documentaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n pertinentes\u00bb. <\/p>\n
En escrito posterior inform\u00f3 que, tras el estudio del caso, postul\u00f3 a Miguel \u00c1ngel al \u00abproyecto sue\u00f1os\u00bb, pues cumple con los criterios para continuar sus estudios universitarios. <\/p>\n
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4. Sandra Patricia Vizcaino Silva, quien adujo actuar en calidad de \u00abreferente afectivo de Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez\u00bb, indic\u00f3 que lo conoci\u00f3 hace aproximadamente siete (7) a\u00f1os, que desde ese momento construy\u00f3 \u00abun v\u00ednculo afectivo que se ha fortalecido al grado de considerarlo como un hijo m\u00e1s\u00bb; que tuvo la esperanza de querer adoptarlo, empero, al no estar en estado de adoptabilidad no le fue permitido, resaltando que el asunto estuvo en el ICBF por m\u00e1s de 9 a\u00f1os; que le manifest\u00f3 al Juzgado su inter\u00e9s de ofrecer a Miguel un hogar sano, con las necesidades b\u00e1sicas, \u00absin poder cubrirle su educaci\u00f3n superior al 100%… motivo por el cual Miguel sigue en el ICBF porque su educaci\u00f3n es un tema prioritario\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n del Juzgado no luce arbitraria, pues conforme al art\u00edculo 63 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia la adopci\u00f3n es pertinente para los menores de 18 a\u00f1os declarados en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, pero el accionante ya cuenta con la mayor\u00eda de edad, raz\u00f3n por la que se termin\u00f3 el proceso de restablecimiento de derechos, por lo que \u00abno es dable a ninguna autoridad imponer una medida de restablecimiento de derechos, desconociendo la autonom\u00eda y capacidad de la persona a quien se reconoce el derecho pleno al ejercicio de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que respecto a los reparos tra\u00eddos de cara al tiempo que transcurri\u00f3 en el proceso de restablecimiento de derechos, es una circunstancia que no es de recibo, por cuanto la medida de protecci\u00f3n de adoptabilidad es la \u00faltima alternativa de las autoridades competentes, como resultado de un proceso de intervenci\u00f3n integral a su grupo familiar; destacando que \u00aben el sistema legal colombiano existe la posibilidad de adelantar el tr\u00e1mite de adopci\u00f3n de un mayor de edad, lo que puede eventualmente promoverse a trav\u00e9s del procedimiento previsto en las normas pertinentes, ante el juez de familia competente, y siempre y cuando se cumplan los requisitos\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que atendiendo la respuesta dada por la Defensora de Familia \u00abactualmente se encuentra realizando el estudio pertinente del caso para determinar su postulaci\u00f3n al proyecto \u201csue\u00f1os\u201d, con la posibilidad de apoyar sus estudios universitarios, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos. Frente a este aspecto, el Juez Constitucional [est\u00e1] obligado a respetar las competencias de las autoridades y los mecanismos regulares para determinar los beneficiarios del programa, pues de no hacerlo, se estar\u00edan vulnerando los derechos de otros j\u00f3venes en iguales o similares condiciones a las del aqu\u00ed accionante\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, respecto a la petici\u00f3n de resolver la situaci\u00f3n militar, atendiendo a que el promotor ya es mayor de edad, \u00abes de su competencia exclusiva iniciar las gestiones para ello, sin perjuicio de que reciba el apoyo y orientaci\u00f3n del ICBF al encontrarse a\u00fan bajo su protecci\u00f3n\u00bb, sin que se evidencie alg\u00fan tipo de omisi\u00f3n por parte de la instituci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante, reiterando los argumentos esbozados en el libelo inicial. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES <\/p>\n
El 22 de septiembre de 2021, previo a resolver la impugnaci\u00f3n formulada, esta Corporaci\u00f3n decret\u00f3 pruebas, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica y sistem\u00e1tica de lo establecido en los art\u00edculos 21, 22 y 31 del Decreto 2591 de 1991, ordenando al accionante, a la Defensor\u00eda de Familia de Referentes Afectivos de la Regional Bogot\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia \u2013 Direcci\u00f3n de Reclutamiento, que de manera inmediata, informaran, respecto de Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez: \u00abi). si se encuentra inscrito para regularizar su situaci\u00f3n militar; ii) en caso afirmativo, informar el estado de la misma y los tr\u00e1mites adelantados; y, iii) en caso negativo, indicar la raz\u00f3n de tal omisi\u00f3n\u00bb; en cumplimiento de ello, se recepcion\u00f3: <\/p>\n
1. Oficio n.\u00b0 2021381001989611:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COREC-DIREC-C11-1.5 proferido por la Direcci\u00f3n de reclutamiento del Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia, por medio del cual inform\u00f3 que revisado el sistema de informaci\u00f3n de reclutamiento F\u00e9nix \u00abel ciudadano no ha culminado su registro, pues no se encuentra asociado en ninguna zona ni distrito militar\u00bb, de all\u00ed que para definir su situaci\u00f3n militar, debe iniciar el tr\u00e1mite de inscripci\u00f3n, el cual debe adelantarse a trav\u00e9s del portal web www.libretamilitar.mil.co, adjuntando copia del documento de identificaci\u00f3n del actor y sus padres, registro civil de nacimiento, fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, documentos de demuestren alguna inhabilidad, exenci\u00f3n o aplazamiento, y una foto de 3×4 fondo azul, bien presentado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, una vez realizada la inscripci\u00f3n, se le designar\u00e1 un distrito militar al cual pertenecer\u00e1 y donde deber\u00e1 tramitar todo lo referente para definir su situaci\u00f3n militar. <\/p>\n
2. El Grupo de Protecci\u00f3n Defensor\u00eda de Referentes Afectivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifest\u00f3 que, el 20 de agosto de 2021, avoc\u00f3 conocimiento del proceso de Miguel \u00c1ngel; que a trav\u00e9s del equipo psicosocial de la instituci\u00f3n St. Patrick abord\u00f3 al gestor con el fin de indagar sobre su situaci\u00f3n militar, donde \u00e9l les indic\u00f3 que \u00abno ha asumido esta inscripci\u00f3n de manera aut\u00f3noma por desconocimiento frente a la manera de realizarlo, al no tener la declaratoria por lo que se le orienta en iniciar el proceso en donde se realizar\u00e1 el acompa\u00f1amiento respectivo, ya que la inscripci\u00f3n desde hace m\u00e1s o menos un mes la plataforma no exige que se adjunte la declaratoria de adoptabilidad como lo exig\u00eda antes, sin embargo y por experiencia en otros procesos de libreta militar que se han realizado desde la instituci\u00f3n con el apoyo de Sandra Avenda\u00f1o este documento lo exigen en los distritos militares para el proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable arbitrariedad, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La familia como n\u00facleo esencial de la sociedad. <\/p>\n
2.1. Pertinente es recordar que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia reconoce la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, como se consagr\u00f3 en su art\u00edculo 42: <\/p>\n
La familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad. Se constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre (\u2026) de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protecci\u00f3n integral de la familia. \u2026 <\/p>\n
M\u00e1xima arm\u00f3nica con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 10 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, que se\u00f1ala: \u00ab[s]e debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la m\u00e1s amplia protecci\u00f3n y asistencia posibles, especialmente para su constituci\u00f3n y mientras sea responsable del cuidado y la educaci\u00f3n de los hijos a su cargo\u00bb; adem\u00e1s, el art\u00edculo 17 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados la obligaci\u00f3n de proteger la familia, en tanto esta es el elemento natural y fundamental de la sociedad. <\/p>\n
Total que la familia, como valor y derecho, se erige como elemento constitutivo del ser humano, idealmente, desde su infancia, en tanto aporta a la construcci\u00f3n de su identidad y proyecto de vida; no en vano, el art\u00edculo 44 de la carta magna establece que \u00abson derechos fundamentales de los ni\u00f1os\u00bb, entre otros, \u00aba tener una familia y no ser separados de ella\u2026 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos\u00bb; asimismo, el canon siguiente establece que \u00abel adolescente tiene derecho a la protecci\u00f3n y a la formaci\u00f3n integral\u00bb, incluyendo \u00abla protecci\u00f3n, educaci\u00f3n y progreso de la juventud\u00bb. (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Significa que, por mandato constitucional, el Estado debe propender por garantizar la realizaci\u00f3n de la vida humana en todas sus etapas, con especial \u00e9nfasis en la ni\u00f1ez y adolescencia. <\/p>\n
2.2. El anterior est\u00e1ndar tiene respaldo internacional, como se remarc\u00f3 en el denominado caso Morales Villagr\u00e1n (Caso \u201cni\u00f1os de la calle\u201d vs. Guatemala) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que las obligaciones de los Estados en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes deben direccionarse en dos sentidos: (i) ofrecer unas m\u00ednimas condiciones de vida digna, de manera que pueda desarrollar su personalidad plenamente y (ii) alentar un proyecto de vida que se desarrolle en beneficio del sujeto de derechos y en el de la sociedad a la que pertenece. <\/p>\n
De forma literal se asegur\u00f3: <\/p>\n
191. A la luz del art\u00edculo 19 de la Convenci\u00f3n Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convenci\u00f3n el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de violencia contra ni\u00f1os en situaci\u00f3n de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos t\u00e9rminos, los derechos de los ni\u00f1os en situaci\u00f3n de riesgo, como los \u201cni\u00f1os de la calle\u201d, los hacen v\u00edctimas de una doble agresi\u00f3n. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, priv\u00e1ndolos as\u00ed de unas m\u00ednimas condiciones de vida digna e impidi\u00e9ndoles el \u201cpleno y armonioso desarrollo de su personalidad\u201d, a pesar de que todo ni\u00f1o tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes p\u00fablicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad f\u00edsica, ps\u00edquica y moral, y hasta contra su propia vida. <\/p>\n
192. Esta Corte ha dicho que \u201cal dar interpretaci\u00f3n a un tratado no s\u00f3lo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con \u00e9ste (inciso segundo del art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n de Viena), sino tambi\u00e9n el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del art\u00edculo 31)\u201d. De conformidad con esta postura, la Corte tambi\u00e9n ha afirmado que a manera de interpretaci\u00f3n autorizada, los Estados miembros han entendido que [la Declaraci\u00f3n Americana] contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta [de la Organizaci\u00f3n] se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar [esta \u00faltima] en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes en ella con las correspondientes disposiciones de la Declaraci\u00f3n. <\/p>\n
193. El Tribunal ha se\u00f1alado anteriormente que esta orientaci\u00f3n tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretaci\u00f3n evolutiva de los instrumentos internacionales de protecci\u00f3n. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que [t]al interpretaci\u00f3n evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretaci\u00f3n de los tratados consagradas en la Convenci\u00f3n de Viena de 1969. Tanto esta Corte [\u2026] como la Corte Europea […], han se\u00f1alado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretaci\u00f3n tiene que acompa\u00f1ar la evoluci\u00f3n de los tiempos y las condiciones de vida actuales. (negrilla fuera de texto, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso \u201cNi\u00f1os de la Calle vs. Guatemala\u201d, Serie C 63, sentencia 19 nov. 1999, Fondo, excepciones y costas). <\/p>\n
Si bien las normas trascritas se refieren, en principio, a los menores de edad, tambi\u00e9n es cierto que la jurisprudencia constitucional <\/p>\n
(\u2026) ha reconocido que, en ciertas circunstancias, algunos de tales derechos son extensivos a las categor\u00edas de personas [adolescentes y adultos]. Se trata, fundamentalmente, de aquellos casos en los cuales las normas internas o de derecho internacional hacen extensivos los mencionados derechos a los adolescentes o cuando la propia naturaleza del derecho permite afirmar su universalidad… el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la propia identidad (CP. Art. 14), a la igualdad (C.P. art. 13) y al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16) y, sin duda, con el principio de dignidad de la persona humana (C.P. art. 1). En consecuencia, debe afirmarse que no s\u00f3lo los ni\u00f1os, sino los adolescentes e incluso, los adultos tienen derecho a ser protegidos contra actos arbitrarios del Estado o de los particulares que tiendan a negarles el mencionado derecho\u00bb (T-587\/98). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no cabe duda que el Estado colombiano est\u00e1 obligado a garantizar, asistir y proteger al infante con un debido acompa\u00f1amiento para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, lo cual se extiende al per\u00edodo de la adolescencia e, incluso, la adultez. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, en los casos de personas que han sido sometidas a un entorno sistem\u00e1tico de violencia, caso en el cual el legislador haya previsto instrumentos para manejar la situaci\u00f3n y, de ser procedente, mejorar sus condiciones familiares, o en deficiencia de \u00e9stas, incorporarlas a un nuevo n\u00facleo, con el acompa\u00f1amiento de instituciones encargadas del proceso; incluso, de forma excepcional se permite sustituir el rol de la familia respecto de las personas menores de edad que, por razones de protecci\u00f3n, deba ser separada de ella. <\/p>\n
Carga legal que suple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado por la ley 75 de 1968, con el mandato de velar por el adecuado funcionamiento del sistema de bienestar familiar, la capacitaci\u00f3n ocupacional y la formaci\u00f3n de la ni\u00f1ez y la juventud, as\u00ed como vincular y coordinar las entidades estatales competentes en la atenci\u00f3n de la familia y el menor, con el prop\u00f3sito, entre otros, de elevar el nivel de vida de la sociedad (art\u00edculo 20 del Decreto 2388 de 1979). <\/p>\n
2.3. Cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, en procura de sus garant\u00edas iusfundamentales, queda bajo el cuidado y protecci\u00f3n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cobra mayor relevancia la adopci\u00f3n de medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, sustrato esencial para la construcci\u00f3n y desarrollo de un proyecto de vida, sin que la ausencia de v\u00ednculo familiar sirva de excusa para estos fines. <\/p>\n
Es all\u00ed donde la instituci\u00f3n encargada de la protecci\u00f3n familiar, con m\u00e1s veras, debe promover todas las medidas que permitan a los infantes o adolescentes disfrutar de un verdadero rol familiar, por medio de herramientas psicol\u00f3gicas, sociales y afectivas que permitan su crecimiento estable, para que alcancen la madurez que les permita tomar decisiones libres, informadas y reflexivas para incorporarse a la sociedad y hacer realidad su proyecto de vida. <\/p>\n
Y es que, no puede desconocerse, a riesgo de saturar, que la familia como instituci\u00f3n social trasciende las barreras etarias, siendo un espacio de encuentro de seres humanos que se soportan entre s\u00ed para la definici\u00f3n y consecuci\u00f3n de un proyecto a desarrollar en la sociedad; teleolog\u00eda que, sin duda alguna, no puede verse socavada por el hecho de que un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea sustra\u00eddo de su familia biol\u00f3gica y sea abrigado por el sistema de protecci\u00f3n, por fuerza de algunas de las medidas de protecci\u00f3n que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Rol del sistema de protecci\u00f3n familiar frente a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
3.1. La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o resalt\u00f3 la importancia de pertenecer a una familia y no ser separado de ella, pues reconoce que los menores necesitan del afecto, amor y cuidado que le brindan sus progenitores y dem\u00e1s consangu\u00edneos para su desarrollo integral, lo que indiscutiblemente ocurre al interior del seno familiar que naturalmente le es dado (Convenci\u00f3n de 20 de noviembre de 1989). <\/p>\n
Norma incorporada al sistema jur\u00eddico local mediante la Ley 12 de 1991, y que en su art\u00edculo 9\u00ba dispuso que \u00ablos Estados Parte velar\u00e1n porque el ni\u00f1o no sea separado de sus padres contra la voluntad de \u00e9stos, excepto cuando, a reserva de decisi\u00f3n judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separaci\u00f3n es necesaria en el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
3.2. En desarrollo de estos mandatos, la ley 1098 de 2006 – C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia \u2013 dispuso un conjunto de medidas de restablecimiento de derechos1, entendiendo este procedimiento como la restauraci\u00f3n de la dignidad e integridad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, as\u00ed como de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de tales prerrogativas. <\/p>\n
Tales medidas est\u00e1n direccionadas en dos sentidos: (I) ofrecer protecci\u00f3n y (II) brindar acompa\u00f1amiento. <\/p>\n
(i) El deber de proteger impone al Estado la adopci\u00f3n de medidas -administrativas y judiciales – para enfrentar las amenazas a los derechos amparados por el ordenamiento jur\u00eddico, as\u00ed como el de organizar todo el aparato gubernamental y la estructura de su poder p\u00fablico para viabilizar su pleno ejercicio. <\/p>\n
En concreto, trat\u00e1ndose de infantes o adolescentes, corresponde al Sistema de Protecci\u00f3n Familiar mejorar el entorno socioafectivo natural y nuclear del menor o sustraerlo de \u00e9l cuando pese a todos los esfuerzos sea imposible lograr la idoneidad de este para la realizaci\u00f3n de su fin superior -el desarrollo pleno de su personalidad y de su dignidad humana-; con la consecuente ubicaci\u00f3n en otro n\u00facleo familiar o bajo su propia custodia y cuidado, si resulta necesario. <\/p>\n
(ii) El deber de acompa\u00f1amiento trae consigo la obligaci\u00f3n de proveer al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente todo lo necesario para su pleno desarrollo, esto es, suplir sus necesidades afectivas, alimentarias, educativas, entre otras, de tal manera que este pueda construir un proyecto de vida. <\/p>\n
En espec\u00edfico, se erige como una responsabilidad del ICBF velar por la salud, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de las personas menores de edad, en el ejercicio de la acci\u00f3n tutelar del Estado sobre los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, pero especialmente, integrarlos a una familia, en donde alcance su m\u00e1ximo desarrollo, bien sea a la propia o una adoptiva como medida de restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
3.3. En concreto, son medidas de restablecimiento de derechos, de conformidad con el art\u00edculo 53 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, (i) amonestaci\u00f3n con asistencia pedag\u00f3gica, (ii) retiro del menor del entorno atentatorio de sus garant\u00edas y ubicaci\u00f3n en un programa especializado, (iii) ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar, (iv) adopci\u00f3n y (v) las dem\u00e1s que sean necesarias. <\/p>\n
3.3.1. Res\u00e1ltese, por la importancia para el presente caso, que la ubicaci\u00f3n en un programa especializado a que se refiere el art\u00edculo 60 de la ley 1098 de 2006 no dispone un tiempo l\u00edmite para su duraci\u00f3n, en tanto medida plena de restablecimiento durar\u00e1 hasta que el ICBF considere satisfecho tal prop\u00f3sito o pierda la tutela o guarda del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, de manera que logre proporcionar la satisfacci\u00f3n del proyecto de vida del sujeto de protecci\u00f3n, que garantice condiciones de dignidad para su existencia. <\/p>\n
3.3.2. Por otra parte, la adopci\u00f3n como medida de restablecimiento se lleva a cabo en favor de los menores de edad sujeto de protecci\u00f3n del ICBF (art\u00edculo 63, ley 1098 de 2006), cuando las dem\u00e1s estrategias se\u00f1aladas supra son improcedentes o imposibles de materializar. <\/p>\n
Para su procedencia se requiere la voluntad de los interesados y la satisfacci\u00f3n de los requisitos tales como (i) la idoneidad del adoptante, (ii) la edad exigida como referente frente a la edad del menor y (iii) la revisi\u00f3n psicoafectiva del infante o adolescente; en principio, la autoridad administrativa adoptar\u00e1 su determinaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica; luego, deber\u00e1 solicitarse la homologaci\u00f3n de la adoptabilidad por parte del Juez de Familia, enfatizando que, debido a la trascendencia de los derechos en juego, no puede limitarse a un examen meramente formal (STC3649, 8 jun. 2020, rad. n.\u00b0 2020-00047-01). <\/p>\n
4. Rol del Sistema de protecci\u00f3n familiar frente a los mayores de edad que siguen bajo protecci\u00f3n del ICBF. <\/p>\n
4.1. Si el prop\u00f3sito de las medidas de restablecimiento no se cumple de la manera esperada, es decir, los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que ingresan llegan a la edad de 18 a\u00f1os sin poder reintegrarse al n\u00facleo familiar del que fueron separados o a otro entorno familiar definitivo, corresponde al ICBF seguir con el acompa\u00f1amiento del adulto, por lo menos hasta que alcance una edad que le permita desenvolverse plenamente en la sociedad, asumiendo de la mejor forma posible los deberes y cargas propias del n\u00facleo familiar en este momento de la vida, esto es, mientras abandona la casa familiar, adquiere independencia, puede valerse de su propio trabajo y, en general, comienza el despliegue de su proyecto de vida. <\/p>\n
Dicho de otro modo, el acompa\u00f1amiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de todas las autoridades que de ella dependan, no culmina cuando el adolescente, bajo su tutela, cumple los 18 a\u00f1os de edad, toda vez que es su obligaci\u00f3n establecer diferentes programas y proyectos que lo preparen para la vida laboral y productiva, en aras de alcanzar una integraci\u00f3n social positiva para afrontar la adultez, de forma similar c\u00f3mo se espera de la familia biol\u00f3gica, adoptiva o de crianza. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando los j\u00f3venes, a pesar del acompa\u00f1amiento del ICBF, no logra consolidar un v\u00ednculo familiar espec\u00edfico, corresponde a aqu\u00e9lla instituci\u00f3n satisfacer el principio de atenci\u00f3n integral de la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, ofrecido herramientas para potenciar sus recursos afectivos, econ\u00f3micos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democr\u00e1tica, de manera que los programas de atenci\u00f3n a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activaci\u00f3n de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia (Ley 1857 de 2017). <\/p>\n
Luego, siendo que el ICBF es el garante de los mecanismos de protecci\u00f3n estatal, se refuerza su responsabilidad relacionada con ofrecer, a quien alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad bajo su tutela, todos los medios necesarios para lograr su adecuada transici\u00f3n hacia la productividad laboral. <\/p>\n
4.2. Lo anterior, se materializa, por ejemplo, en el Concepto n.\u00b0 116 de 2015 emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el que, por dem\u00e1s, tiene car\u00e1cter vinculante para las dependencias internas de esta entidad y de terceros que colaboren con la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico o en el desarrollo de la funci\u00f3n administrativa que tiene asignada; all\u00ed se consign\u00f3, en extenso, que: <\/p>\n
Los proyectos de vida promueven la construcci\u00f3n de la identidad, motivan la participaci\u00f3n de los adolescentes en escenarios de desarrollo social, que permiten que se tomen decisiones libres e informadas, adem\u00e1s del desarrollo del pensamiento autocr\u00edtico, reflexivo y creativo. <\/p>\n
Con el fin restablecer los derechos de los adolescentes que cumplen la mayor\u00eda de edad bajo la protecci\u00f3n del Instituto, el ICBF estableci\u00f3 una modalidad de preparaci\u00f3n para la vida laboral y productiva. <\/p>\n
En efecto, el lineamiento t\u00e9cnico aprobado mediante Resoluci\u00f3n No. 5930 del 27 de diciembre de 2010 para las modalidades de vulneraci\u00f3n o adoptabilidad para el restablecimiento de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y mayores de 18 a\u00f1os con discapacidad, con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados, establece el procedimiento que debe seguirse cuando los adolescentes cumplen su mayor\u00eda de edad estando bajo una medida de protecci\u00f3n del ICBF. <\/p>\n
Los criterios de ubicaci\u00f3n de esta poblaci\u00f3n se encuentran establecidos en el mencionado lineamiento, y son: <\/p>\n
a) El adolescente se encuentra declarado bajo medida de adoptabilidad. <\/p>\n
b) El adolescente ha culminado exitosamente el proceso de restablecimiento de derechos en otra modalidad. <\/p>\n
c) El adolescente requiere de un servicio especializado, que fortalezca sus capacidades, potencialidades y competencias formativas, laborales y sociales para un adecuado y exitoso reintegro social. <\/p>\n
Esta modalidad de preparaci\u00f3n para la vida laboral y productiva contribuye a la construcci\u00f3n de un proceso de reintegraci\u00f3n social que, de conformidad con el lineamiento, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: <\/p>\n
a) Facilitar el ingreso a la formaci\u00f3n universitaria, t\u00e9cnica o tecnol\u00f3gica y hacer acompa\u00f1amiento al adolescente para el adecuado desarrollo de estos procesos. <\/p>\n
b) Realizar una evaluaci\u00f3n inicial de las destrezas y competencias y talleres de aprendizaje experiencial con los que el adolescente ingresa al servicio para orientar y consolidar procesos de formaci\u00f3n individual. <\/p>\n
c) Promover visitas a empresas para conocer actividades productivas y puestos de trabajo en los cuales el adolescente se puede desempe\u00f1ar, para lo cual es necesario el fortalecimiento de las competencias laborales, el desarrollo de pasant\u00edas de conocimiento empresarial y cursos vocacionales en actividades generalmente relacionadas con las empresas visitadas. <\/p>\n
d) Gestionar y garantizar el ingreso del adolescente a la actividad laboral o a un proyecto productivo. <\/p>\n
e) Garantizarla atenci\u00f3n durante las 24 horas al d\u00eda, los siete (7) d\u00edas de la semana. <\/p>\n
Es importante resaltar que a esta modalidad se vinculan los adolescentes por remisi\u00f3n del Defensor de Familia y \u00e9ste tiene la facultad de prorrogar la permanencia del adolescente que cumpli\u00f3 su mayor\u00eda de edad, con base en los conceptos de los equipos t\u00e9cnicos interdisciplinarios, hasta que se garantice que podr\u00e1 tener un desarrollo social, laboral y productivo y de acuerdo con el contexto y la realidad propia de cada adolescente que se prepara para egresar del entorno del ICBF, independientemente de la medida de Restablecimiento de Derechos que tenga, si su situaci\u00f3n as\u00ed lo amerita. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese sentido, resulta imprescindible que las Defensor\u00edas de Familia definan la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los menores de edad y adelanten las acciones tendientes a la preparaci\u00f3n y elaboraci\u00f3n de un proyecto de vida de los adolescentes, con miras al eventual egreso de los programas con que son atendidos en el Instituto, con el apoyo de todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. <\/p>\n
CONCLUSIONES: <\/p>\n
Primera: Corresponde al Defensor de Familia, definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente dentro de los t\u00e9rminos previstos en la Ley 1098 de 2006, profiriendo la medida de restablecimiento de derechos que sea m\u00e1s conveniente para el menor de edad que tiene sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados sin referentes familiares. <\/p>\n
Segundo: Aquellos j\u00f3venes que han estado bajo la protecci\u00f3n del ICBF y no tienen referentes familiares, as\u00ed como tampoco fueron declarados en adoptabilidad, deber\u00e1n ser vinculados a los programas que ofrece el Instituto, con el fin de prepararlos para la vida laboral y productiva (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
4.3. Actualmente, los Lineamientos de Atenci\u00f3n para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de Vida de los Ni\u00f1os, Ni\u00f1as, Adolescentes y J\u00f3venes atendidos en los Servicios de Protecci\u00f3n, aprobados mediante Resoluci\u00f3n No. 5110 de 25 de septiembre de 2020 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, refuerzan la anterior disposici\u00f3n. <\/p>\n
Desde el 2019 se puso en funcionamiento la estrategia de \u201cCasas Universitarias\u201d, iniciativa definida como <\/p>\n
[U]na modalidad de atenci\u00f3n que propone generar un ambiente con l\u00f3gicas, din\u00e1micas y espacios f\u00edsicos adaptados a las necesidades y requerimientos propios de la transici\u00f3n de los j\u00f3venes hacia la vida adulta y aut\u00f3noma. En la etapa previa a su independizaci\u00f3n e inserci\u00f3n social y laboral, se pretende, brindarles la oportunidad de tomar decisiones frente al manejo aut\u00f3nomo del tiempo, el dinero entre otros recursos, as\u00ed como espacios id\u00f3neos para cumplir con sus compromisos acad\u00e9micos, tanto de manera individual como grupal, que requieren para el desarrollo de sus procesos educativos y la realizaci\u00f3n de sus proyectos, promoviendo la convivencia en comunidad. Esta modalidad tiene como eje principal el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y competencias necesarias en los adolescentes y j\u00f3venes para asumir la vida aut\u00f3noma (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sobre el particular, vale memorar que la Corte Constitucional estableci\u00f3 que, \u00absi no se verifica o no se rinde cuenta sobre la superaci\u00f3n de las condiciones de vulnerabilidad, a pesar de los esfuerzos diligentes de la familia, de ninguna manera se puede desvincular al beneficiario, aun cuando se haya cumplido el lapso dispuesto y, la carencia de cupos o la falta de presupuesto no pueden servir de argumentos para sustentar dicha exclusi\u00f3n\u00bb2 (T-287\/18), situaci\u00f3n que, si bien refiri\u00f3 haciendo alusi\u00f3n a los infantes, adolescentes o mayores en estado de discapacidad, nada se opone para que pueda extenderse a otros j\u00f3venes a cargo del ICBF. <\/p>\n
5. Las quejas constitucionales objeto de estudio. <\/p>\n
Decantado el anterior estado del arte, resulta dable descender al estudio de las quejas que sirvieron de sustento a la impugnaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, como se har\u00e1 a rengl\u00f3n seguido. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la solicitud de amparo que nos convoca, remarca su atenci\u00f3n en punto a cuatro (4) reproches concretos: (I) inconformidad frente a la decisi\u00f3n del juzgado querellado en cuanto determin\u00f3 el cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos del promotor, tras advertir que Miguel \u00c1ngel Morales cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad, (II) el quebrantamiento de su posibilidad de ser dado en adopci\u00f3n, en tanto Sandra Vizcaino, su referente afectivo quiere reconocerlo como hijo, (III) el incumplimiento de sus garant\u00edas educativas a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en tanto no le brinda certeza del pago de su educaci\u00f3n superior por el cambio permanente del defensor asignado, y (IV) la falta de atenci\u00f3n en la definici\u00f3n de su situaci\u00f3n militar, en tanto la entidad a cargo de su tutela no ha iniciado los tr\u00e1mites de rigor. Quejas que se resolver\u00e1n a continuaci\u00f3n, en el mismo orden propuesto. <\/p>\n
5.1. Reproch\u00f3 el accionante la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 la puerta a su declaratoria de adoptabilidad, pues considera que el derecho fundamental a tener una familia s\u00ed permite su adopci\u00f3n, m\u00e1xime porque hace m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os cuenta con un referente afectivo a quien considera su madre. <\/p>\n
5.1.1. Antic\u00edpese que este cuestionamiento carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la decisi\u00f3n de 4 de mayo de 2020, emitida por el Juzgado querellado, encuentra razonable soporte en la ley 1098 de 2006, en tanto la misma no faculta realizar la declaratoria de adoptabilidad frente a mayores de 18 a\u00f1os, edad que ciertamente alcanz\u00f3 el tutelante. De forma literal, en el fallo criticado se asegur\u00f3: <\/p>\n
Tras examinar el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, se tiene que el joven fue declarado en estado de vulnerabilidad, y desde el 29 de julio de 2014 se encuentra bajo la protecci\u00f3n del Estado, sin que durante este lapso se haya logrado la vinculaci\u00f3n activa de integrantes de su familia, o se hayan modificado las circunstancias que dieron origen a la apertura del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, se precisa que si bien en el a\u00f1o 2015 se requiri\u00f3 atenci\u00f3n para el joven, dentro de la modalidad de discapacidad mental psicosocial, por presunto Trastorno Mixto Depresivo Ansioso, lo cierto es que seg\u00fan certificado m\u00e9dico expedido por m\u00e9dico psiquiatra del Hospital San Rafael de Fusagasug\u00e1, de fecha 27 de julio de 2018: \u201cSE REALIZA CAMBIO DE DIAGN\u00d3STICO POR EVOLUCI\u00d3N ADECUADA DEL PACIENTE Y DA DE ALTA POR PSIQUIATR\u00cdA\u201d. En esas condiciones y ante el cambio positivo de su situaci\u00f3n de salud, no hay raz\u00f3n que amerite una atenci\u00f3n diferencial para Miguel \u00c1ngel por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013ICBF- a trav\u00e9s de sus operadores\u2026 <\/p>\n
En el caso particular, se tiene que Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez ya cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad, sin que se hubiese definido de fondo su situaci\u00f3n jur\u00eddica, pues por parte de la Oficina de Comunicaciones del ICBF no se remiti\u00f3 la informaci\u00f3n solicitada, por lo que es menester ordenar el cierre de la historia de atenci\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n tutelada, en el contexto de los sujetos susceptibles de ser sometidos a la declaratoria de adoptabilidad, no luce subjetiva, arbitraria o antojadiza, se comporta o no, sino que por el contrario guarda coherencia con el hecho de que la norma no puede aplicarse a quienes no sean menores de edad. <\/p>\n
Dif\u00edcilmente una determinaci\u00f3n que se apoya en las normas que regulan la situaci\u00f3n de hecho, interpretadas de cara a su teleolog\u00eda, podr\u00eda dar lugar a una situaci\u00f3n que pudiera calificarse como una v\u00eda de hecho, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. n.\u00b0 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, siendo que el promotor cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad bajo la suprema vigilancia y protecci\u00f3n de ICBF, sin la previa declaratoria de la medida de adoptabilidad en el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, deven\u00eda imperativo el cierre del proceso administrativo de adoptabilidad, puesto que, a la luz del canon 63 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, \u00abs\u00f3lo podr\u00e1n adoptarse los menores de 18 a\u00f1os declarados en situaci\u00f3n de adoptabilidad, o aquellos cuya adopci\u00f3n haya sido consentida previamente por sus padres\u00bb. <\/p>\n
5.1.2. Al margen de lo anterior, si bien Miguel \u00c1ngel ya es adulto, lo cierto es que esta condici\u00f3n fue adquirida cuando se encontraba bajo el cuidado de Estado, y sin incorporaci\u00f3n a un n\u00facleo familiar, por lo que, conforme de explic\u00f3 en precedencia, corresponder al ICBF adoptar todas las medidas necesarias en pro continuar con su acompa\u00f1amiento y facilitar su incorporaci\u00f3n al sistema productivo, pues la funci\u00f3n de dicha instituci\u00f3n para con los j\u00f3venes que no pudieron ser reincorporados a su familia biol\u00f3gica o ser adoptados, no se agota con el cumplimiento de la mayor\u00eda de edad, sino que se mantiene en el tiempo. <\/p>\n
As\u00ed lo puso de presente la decisi\u00f3n confutada, en cuanto inst\u00f3 y record\u00f3 que: <\/p>\n
Aquellos j\u00f3venes que han estado bajo la protecci\u00f3n del ICBF y no tienen referentes familiares, as\u00ed como tampoco fueron declarados en adoptabilidad, deber\u00e1n ser vinculados a los programas que ofrece el Instituto, con el fin de prepararlos para la vida laboral y productiva\u201d -destaca el juzgado-, por lo que, en el marco de sus competencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013ICBF- debe garantizar la continuidad del servicio de atenci\u00f3n para Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez, con miras al eventual egreso del programa al que se encuentra vinculado, con el apoyo de todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
De esta forma se corrobora la razonabilidad de la decisi\u00f3n del juzgado de familia convocado, pues m\u00e1s all\u00e1 de limitarse a verificar el campo temporal de las medidas de protecci\u00f3n, tuvo en cuenta la situaci\u00f3n concreta del tutelante e inst\u00f3 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que asumiera los compromisos que emanan de su deber de garantizar el disfrute de una familia para quienes est\u00e1n bajo su tutela. <\/p>\n
5.2. En punto a la segunda solicitud elevada por Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez, en el sentido de que se viabilice la adopci\u00f3n del tutelante por parte deSandra Vizcaino, quien es referente afectivo de aqu\u00e9l, tambi\u00e9n deber\u00e1 rehusarse por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
5.2.1. Total, el accionante cuenta con dos el procedimiento de adopci\u00f3n de adultos, es decir, Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez podr\u00e1 lograr ser reconocido como hijo de la persona que le ha suministrado acompa\u00f1amiento en los \u00faltimos a\u00f1os de su vida, por medio de su incorporaci\u00f3n a la familia adoptiva, si as\u00ed lo quiere. <\/p>\n
El canon 69 del C\u00f3digo Civil ocupa de la adopci\u00f3n de mayores de edad y se\u00f1ala expresamente que \u00abPodr\u00e1 adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber convivido bajo el mismo techo con \u00e9l, por lo menos dos a\u00f1os antes de que este cumpliera los dieciocho (18) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Es decir, la adopci\u00f3n de mayores de edad procede por el s\u00f3lo consentimiento entre el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantar\u00e1 ante un Juez de Familia. Y es que, al margen de que se profiriera previamente la medida de adoptabilidad, el reclamante puede acudir a la adopci\u00f3n en su calidad de mayor de edad, ante el juez de familia competente y con el \u00abs\u00f3lo consentimiento entre adoptante y adoptivo\u00bb, y de esta forma satisfacer la pretensi\u00f3n de ser incorporado a este nuevo n\u00facleo familiar, raz\u00f3n para denegar el amparo por subsidiariedad. <\/p>\n
Ante la existencia de mecanismos ordinarios a los cuales puede acudir, deviene improcedente acudir al amparo constitucional, por mandato del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia tiene decantado que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a reemplazar al juez ordinario, por lo que los medios de acci\u00f3n y defensa deben agotarse plenamente, procediendo la intervenci\u00f3n transitoria del fallador tutelar s\u00f3lo excepcionalmente ante la configuraci\u00f3n, por ejemplo, de un perjuicio remediable, elemento ausente en esta discusi\u00f3n. <\/p>\n
5.2.2. Empero de lo comentado, ante la trascendencia de la decisi\u00f3n que deber\u00e1 adoptar, se exhortar\u00e1 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que brinde el acompa\u00f1amiento psicosocial a Miguel \u00c1ngel, con el prop\u00f3sito de que establezca las consecuencias de su proceder. <\/p>\n
Ese deber de acompa\u00f1amiento impone tambi\u00e9n el de asesoramiento frente a las garant\u00edas o medios de protecci\u00f3n que tiene a su alcance el sujeto de protecci\u00f3n para lograr la consolidaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica que desea. <\/p>\n
El fundamento de esta intimaci\u00f3n se encuentra en el rol que debe cumplir el ICBF, frente a los j\u00f3venes que permanecieron sobre la supervisi\u00f3n de \u00e9ste, quien de forma sustitutiva deba brindar el acompa\u00f1amiento que se espera de un n\u00facleo familiar <\/p>\n
5.3. En cuanto al cuestionamiento para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantice la educaci\u00f3n del tutelante, am\u00e9n de la ausencia de certeza sobre el pago de sus estudios superiores, tambi\u00e9n est\u00e1 condenada al fracaso por hecho superado. <\/p>\n
5.3.1. En efecto, verificados los medios suasorios allegados al tr\u00e1mite, se evidencia que: (I) Miguel \u00c1ngel cuenta con 19 a\u00f1os de edad y actualmente est\u00e1 adscrito al Grupo de Protecci\u00f3n \u2013 Defensor\u00eda de Referentes Afectivos; (II) el 22 de julio de 2021 se adelant\u00f3 el comit\u00e9 n.\u00b0 145 \u00aben relaci\u00f3n con direccionamiento del proceso del joven\u2026 para gestionar la continuidad de su proyecto de vida y con ellos verificar si se presentan los requisitos necesarios para [su] postulaci\u00f3n\u2026 a la estrategia Proyectos Sue\u00f1os en la modalidad de continuidad\u00bb; (III) en desarrollo de dicha reuni\u00f3n, se estableci\u00f3 que el promotor adelant\u00f3 el primer semestre de estudios profesionales con \u00abbuen rendimiento acad\u00e9mico y comportamiento\u2026 y certificado de notas de la Universidad de la Salle, en donde se observa que el joven se encuentra estudiando Negocios y Relaciones Internacionales y que tuvo un promedio de 4.2.\u00bb y (IV), \u00abno presenta dificultades comportamentales, sigue las instrucciones con facilidad, se dedica un 100% en su parte acad\u00e9mica\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abla defensora de familia Elsa Graciela Barahona decide postular al joven Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez para que contin\u00fae sus estudios el segundo semestre de Negocios Internacionales en la Universidad de la Salle\u00bb. <\/p>\n
Entonces, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que resuelva sobre dicha solicitud, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; CSJ STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01 STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
5.3.2. Ahora bien, debe precisarse que ninguna relaci\u00f3n social est\u00e1 sujeta a exclusivos derechos y ausencia de deberes, o viceversa, por lo que el accionante, si bien goza de respaldo por el ICBF para culminar sus estudios de educaci\u00f3n superior e integrarse laboralmente, lo cierto es que ello no lo exime de cumplir con los d\u00e9bitos exigidos en cualquier relaci\u00f3n, que para el caso se traduce en (I) aprobar su plan de estudios del per\u00edodo inmediatamente anterior, (II) cumplir con los criterios de la Universidad o Instituci\u00f3n t\u00e9cnica para su permanencia all\u00ed y (III) satisfacer los requisitos de grado que adicionalmente se exijan. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, respecto a lo relacionado con el apoyo institucional para continuar con sus estudios universitarios, de momento, tras advertir que Miguel \u00c1ngel cumpl\u00eda con los postulados, la Defensor\u00eda de Familia lo postul\u00f3 al \u00abproyecto sue\u00f1os\u00bb, con el fin de que, cumplidos los requerimientos, se le pueda brindar tal soporte, resaltando que, para futuras ocasiones, el gestor debe propiciar dicha postulaci\u00f3n y cumplir con los par\u00e1metros exigidos. <\/p>\n
Por lo que se exhortar\u00e1 al aqu\u00ed accionante a la satisfacci\u00f3n de estos deberes, y que, de cara al futuro, asuma su deber de informar y gestionar lo pertinente a sus estudios de educaci\u00f3n superior al defensor de familia que se le asigne, pues tal carga reposa sobre sus hombros. <\/p>\n
5.3.3. Sin embargo, no pasa desapercibido para esta magistratura que las garant\u00edas educativas que reclama el promotor se han visto afectadas por decisiones administrativas imprevistas, en particular, el cambio intempestivo de defensor de familia y en medio de los periodos intersemestrales. <\/p>\n
En punto a lo se\u00f1alado, esta Corte observa con gran preocupaci\u00f3n la afectaci\u00f3n que generan estos cambios, por torpedear la continuidad educativa por sus efectos frente al proceso de inscripci\u00f3n a los nuevos per\u00edodos lectivos, as\u00ed como el cumplimiento de las cargas administrativas y financieras que deben ser satisfechas ante las respectivas instituciones educativas. <\/p>\n
En l\u00ednea de lo expuesto en precedencia, se exhortar\u00e1 al ICBF para que se abstenga de proferir medidas administrativas que afecten la continuidad del proceso de formaci\u00f3n profesional de Miguel \u00c1ngel. <\/p>\n
5.4. Finalmente, tambi\u00e9n reproch\u00f3 el actor la falta de atenci\u00f3n por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la definici\u00f3n de su situaci\u00f3n militar, porque la entidad a cargo de su tutela no ha iniciado los tr\u00e1mites de rigor. Queja que, como las anteriores, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
5.4.1. Atendiendo que la expedici\u00f3n de la libreta militar comporta un deber establecido por el art\u00edculo 10 de la Ley 48 de 1993, en el sentido de que \u00abtodo var\u00f3n colombiano est\u00e1 obligado a definir su situaci\u00f3n militar a partir de la fecha en que cumpla su mayor\u00eda de edad, a excepci\u00f3n de los estudiantes de bachillerato, quienes definir\u00e1n cuando obtengan su t\u00edtulo de bachiller\u00bb, corresponde al interesado formular la petici\u00f3n directamente a la instituci\u00f3n militar, sin que este comportamiento desinteresado pueda ser reasentado en cabeza del ICBF. <\/p>\n
5.4.2. Sin embargo, de nuevo se exhortar\u00e1 al Instituto que brinde asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento a Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez en su inscripci\u00f3n y procedimiento posterior para resolver plenamente su situaci\u00f3n militar de acuerdo con sus competencias y en el cabal cumplimiento de sus funciones y deberes. <\/p>\n
Y es que esta entidad, mediante Concepto 80 de 2017, expres\u00f3 que: <\/p>\n
Al ICBF le compete tramitar la obtenci\u00f3n de dicho documento para que los menores de edad y j\u00f3venes a su cuidado puedan ejercer plenamente, entre otros, el derecho al trabajo, una vez cumplen con la mayor\u00eda de edad y puedan acceder a las oportunidades laborales de que habla el mismo art\u00edculo 36 de la Ley 48 de 1993. Incumplir con dicho tr\u00e1mite, pondr\u00eda a los menores de edad y j\u00f3venes obligados a dar cuenta de su situaci\u00f3n militar, a una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n e incluso, de vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
En tal sentido y en lo relativo al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes y su derecho a definir dicha situaci\u00f3n militar, el ICBF debe tramitar y llevar a cabo todos los procedimientos exigidos para el cumplimiento del deber correlativo, en t\u00e9rminos del art\u00edculo 10 de la misma Ley 48 de 1993, en el sentido de hacer prevalecer el eximente de prestaci\u00f3n del servicio militar y de pago de los costos de expedici\u00f3n de la cuota de compensaci\u00f3n militar y de los dem\u00e1s costos de expedici\u00f3n de la libreta militar, en los t\u00e9rminos en que lo defini\u00f3 la Corte Constitucional en su sentencia C-586 de 2014: <\/p>\n
Al igual que lo ha hecho en anteriores oportunidades en que ha constatado omisiones legislativas en el tratamiento de beneficios tributarios[52], la Corte Constitucional es competente para subsanar la omisi\u00f3n del legislador a trav\u00e9s de una sentencia integradora, por lo que proceder\u00e1 a declarar exequible el art\u00edculo 6o de la Ley 1184 de 2008, en el entendido que los j\u00f3venes que se encuentren bajo el cuidado del ICBF y que sean eximidos de prestar el servicio militar, tambi\u00e9n quedar\u00e1n exentos del pago de la cuota de compensaci\u00f3n militar y de los costos de expedici\u00f3n de la libreta militar (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resolver\u00e1 esta colegiatura que el ICBF en cumplimiento del Concepto citado3, adelante, junto con el tutelante, el tr\u00e1mite pertinente con el prop\u00f3sito de obtener la gratuidad deseada; pero tambi\u00e9n se har\u00e1 tal llamado frente a Miguel \u00e1ngel, para que cumpla correlativamente con las cargas propias en procura de la definici\u00f3n de su situaci\u00f3n castrense, en tanto \u00e9l est\u00e1 obligado a presentarse ante las autoridades castrenses. <\/p>\n
En definitiva, atendiendo las probanzas decretadas en esta instancia, se tiene que, seg\u00fan lo informado por la Direcci\u00f3n de Reclutamiento del Ej\u00e9rcito Nacional, el promotor a\u00fan no se encuentra inscrito, mucho menos asociado a alguna zona o distrito militar con el fin de iniciar o adelantar su proceso de definici\u00f3n de la situaci\u00f3n militar; situaci\u00f3n que al tiempo corrobora El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tras indicar que previa entrevista con Miguel \u00c1ngel: <\/p>\n
El joven menciona que \u00e9l no ha asumido esta inscripci\u00f3n de manera aut\u00f3noma por desconocimiento frente a la manera realizarlo, al no tener la declaratoria por lo que se le orienta en iniciar el proceso en donde se realizara el acompa\u00f1amiento respectivo, ya que para la inscripci\u00f3n desde hace m\u00e1s o menos un mes la plataforma no exige que se adjunte la declaratoria de adoptabilidad como lo exig\u00eda antes, sin embargo y por experiencia en otros procesos de libreta militar que se han realizado desde la instituci\u00f3n con el apoyo de Sandra Avenda\u00f1o este documento lo exigen en los distritos militares para el proceso de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es notorio que el joven gestor no est\u00e1 inscrito en la plataforma del Ej\u00e9rcito Nacional, y que desconoce la supresi\u00f3n de la exigencia del requisito del acta de declaratoria de adoptabilidad, lo cual s\u00ed era de conocimiento del instituto, de all\u00ed que deba exhortarse a Miguel \u00c1ngel para que inicie las gestiones pertinentes para resolver su situaci\u00f3n militar y en la soluci\u00f3n de los estipendios que puedan generarse, en compa\u00f1\u00eda del ICBF como sustituto del v\u00ednculo familiar. <\/p>\n
6. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, pero con las salvedades anunciados a lo largo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se EXHORTA al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que: <\/p>\n
Primero: Proporcione a Miguel \u00c1ngel el acompa\u00f1amiento necesario, que le permita orientar libre y conscientemente su elecci\u00f3n con relaci\u00f3n a la conformaci\u00f3n de un n\u00facleo familiar, inclusive respecto a Sandra Vizca\u00edno. <\/p>\n
Segundo: Se abstenga de adoptar medidas administrativas que desestabilicen la permanencia en el sistema educativo del reclamante, como es el cambio de defensor de familia en periodos intersemestrales o en los que corresponda la nueva inscripci\u00f3n de cursos. <\/p>\n
Tercero: Brinde asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento a Miguel \u00c1ngel Morales G\u00f3mez en su inscripci\u00f3n y procedimiento posterior para resolver plenamente su situaci\u00f3n militar de acuerdo con sus competencias y en el cabal cumplimiento de sus funciones y deberes. <\/p>\n
Cuarto: De manera especial, se EXHORTA a Miguel \u00c1ngel adelantar los tr\u00e1mites pertinentes para el diligenciamiento de la libreta militar por su iniciativa y con el acompa\u00f1amiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, as\u00ed como los requisitos fijados por la ley 48 de 1993 para para hacerse beneficiario de la gratuidad concedida a quienes est\u00e1n bajo la guarda del ICBF. <\/p>\n
Quinto: Que mientras subsista la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de Miguel \u00c1ngel Morales frente a la determinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de su proyecto de vida, el ICBF est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de asumir plenamente su cuidado y protecci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes las que a continuaci\u00f3n se se\u00f1alan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este c\u00f3digo, la autoridad competente tomar\u00e1 alguna o varias de las siguientes medidas: 1. Amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico; 2. Retiro inmediato del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. 3. Ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar. 4. Ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicaci\u00f3n en los hogares de paso. 5. La adopci\u00f3n. (entre otras). <\/p>\n
3\u0002 V\u00e9ase tambi\u00e9n Concepto n.\u00b0 98 de 2015. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14748-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14748-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00663-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}