STC14750-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14750-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00082-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de mayo de la presente anualidad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Marcela Vargas Caicedo contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Girardot y Promiscuo Municipal de Agua de Dios, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abdignidad humana\u00bb, a la \u00abposesi\u00f3n\u00bb, a la petici\u00f3n, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a los \u00abderechos adquiridos\u00bb, a la \u00abpropiedad\u00bb, a la \u00abvivienda digna\u00bb y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber rechazado la oposici\u00f3n que formul\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Mario Fernando Longas Lozada promovi\u00f3 en contra de Luz Marina Caicedo de Vargas. <\/p>\n
Solicita entonces, i) que se ordene la Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot \u00abdejar sin efecto el auto (\u2026) del dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020)\u00bb; ii) \u00abDeclarar sin valor ni efectos la diligencia llevada a cabo el Diez y nueve (19) de enero de Dos Mil Diez y Ocho (2018) (\u2026) a efectos que se rehaga (\u2026) adelantando sus etapas y se determine la verdadera identificaci\u00f3n del predio\u00bb; y, que iii) se ordene al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi Territorial Girardot, \u00abactualizar de forma inmediata la direcci\u00f3n y el c\u00f3digo catastral del inmueble respectivo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que es poseedora del predio ubicado en \u00abla calle 17 No. 8-11\u00bb, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 150-8539, habida cuenta la \u00abcesi\u00f3n de derechos y suma de posesiones\u00bb que le hizo su progenitora, quien no solo ejerci\u00f3 el se\u00f1or\u00edo desde el 25 de mayo de 1991, sino que de manera alguna ten\u00eda v\u00ednculo contractual con el demandante, quien fue vencido con anterioridad en un proceso reivindicatorio, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Juez Promiscuo Civil Municipal de Agua de Dios, que rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n que formul\u00f3 a la diligencia de entrega del aludido inmueble, actuaci\u00f3n que no se llev\u00f3 a cabo conforme los lineamientos del art\u00edculo 309 del C. G. del P., comoquiera que no se identific\u00f3 plenamente el bien. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior decisi\u00f3n, y en el juicio, se desconoci\u00f3 que el demandante se vali\u00f3 de un englobe \u00abilegal\u00bb de dos predios \u00abtotalmente diferentes ubicados en la calle 17 N\u00b0 8-11 (calle 17 N\u00b0 8-13 direcci\u00f3n antigua del predio de [su] posesi\u00f3n por errores en el registro inicial) y otro colindante en la calle 17 N\u00b0 8-13\/21 (predio adjudicado en sucesi\u00f3n y posterior venta)\u00bb, tr\u00e1mite que, dice, es irregular, por cuanto su antecesora incurri\u00f3 en inconsistencias respecto de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y registro civil de nacimiento, al adelantar la sucesi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de esos bienes, de all\u00ed que, asegura, carec\u00eda de \u00abt\u00edtulo\u00bb para incoar el litigio. <\/p>\n
Indica que, por una parte, la aludida diligencia de entrega se practic\u00f3 sobre \u00abun predio no adjudicado en ning\u00fan t\u00edtulo\u00bb; y por la otra, se omiti\u00f3 que en la actualidad promovi\u00f3 proceso de usucapi\u00f3n respecto de \u00e9ste, y tr\u00e1mite administrativo ante el IGAC para que actualizara la nomenclatura de las planchas catastrales, circunstancias todas que, seg\u00fan su criterio, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Director de la Territorial Cundinamarca del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC, se\u00f1al\u00f3 que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la actora \u00abya que (\u2026), el catastro no constituye t\u00edtulo de dominio ni sanea los vicios de una propiedad o posesi\u00f3n, ni puede alegarse como mejor derecho y por el contrario, las autoridades catastrales deben cumplir y actualizar la informaci\u00f3n catastral de acuerdo a las decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
b. El Juez Promiscuo Municipal de Agua de Dios precis\u00f3, que con antelaci\u00f3n la progenitora de la aqu\u00ed accionante adelant\u00f3 proceso de usucapi\u00f3n respecto del mismo predio, tr\u00e1mite en el que se negaron sus pretensiones por la \u00abinexistencia de la posesi\u00f3n\u00bb; luego la oposici\u00f3n que formul\u00f3 est\u00e1 en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que se promovi\u00f3 en contra de la se\u00f1ora Caicedo de Vargas, igualmente est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
c. El se\u00f1or Mario Fernando Longas Lozada, vinculado en su condici\u00f3n de demandante en el juicio criticado, memor\u00f3 los diferentes procesos judiciales que se han tramitado en relaci\u00f3n con el inmueble objeto de la restituci\u00f3n, aclarando que \u00ab[d]entro de las diligencias que obran en el expediente (\u2026), se pudo determinar que el predio era el mismo en que se estaba haciendo valer su restituci\u00f3n\u00bb; que las pruebas que pretende hacer valer la petente \u00abhan sido debatidas en infinidad de procesos y no aportan nada a esta acci\u00f3n constitucional ya que en ning\u00fan momento se han visto vulnerados sus derechos fundamentales esbozados, a raz\u00f3n a que en cada PROCESO que inician tienen las garant\u00edas legales y han contado con todas y cada una de sus etapas procesales para hacer valer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
d. La se\u00f1ora Luz Marina Caicedo de Vargas indic\u00f3, que \u00aben ning\u00fan momento el demandante aport\u00f3 contrato de arrendamiento y que tampoco el juzgado accionado se lo hab\u00eda exigido, puesto que procedi\u00f3 a admitir sin m\u00e1s la demanda; por otra parte, realizaron un \u201clevantamiento topogr\u00e1fico satelital\u201d del predio donde tiene la posesi\u00f3n, en el que se pudo establecer que \u201cla situaci\u00f3n geogr\u00e1fica, las medidas, cabidas y linderos\u201d eran distintos a lo solicitado por el actor, pues esas medidas que tra\u00eda en su escrito \u201csolo existen en su mente\u201d; adem\u00e1s, la accionante es \u201ccoposeedora\u201d y ya cuenta con 10 a\u00f1os de posesi\u00f3n; por \u00faltimo, a ra\u00edz de las irregularidades observadas denunci\u00f3 por fraude procesal y prevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n al abogado Longas Lozada\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que la actora carece de legitimaci\u00f3n \u00abpara controvertir las diferentes decisiones que se adoptaron dentro del tr\u00e1mite confutado en el amparo en lo que respecta a los t\u00edtulos presentados y las consideraciones que explan\u00f3 el juzgado para decretar la restituci\u00f3n del bien, pues no habiendo sido parte del proceso, su habilitaci\u00f3n est\u00e1 dada \u00fanicamente para controvertir lo relativo a la oposici\u00f3n que formul\u00f3\u00bb; que en cuanto se refiere a la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, consider\u00f3 infructuosa la salvaguarda reclamada, comoquiera que las explicaciones en que se fund\u00f3 la negativa \u00abno se aprecian a primera vista arbitrarias o caprichosas, lo que de por s\u00ed descarta la existencia de una v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela en punto de los antecedentes procesales y registrales que tiene el predio objeto del juicio criticado; agregando que se deben revisar la sentencia proferida en un juicio sucesorio, una serie escrituras p\u00fablicas y los folios de matr\u00edcula inmobiliaria del bien y los predios colindantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que la se\u00f1ora Diana Marcela se duele del prove\u00eddo proferido el 20 de septiembre de 2017, por medio del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Agua de Dios orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble ubicado en \u00abla calle 17 No. 8-11\u00bb de la misma localidad, en el marco del proceso que para tal efecto promovi\u00f3 Mario Fernando Longas Lozada frene a Luz Marina Caicedo de Vargas, pues seg\u00fan su criterio, no se analiz\u00f3 en debida forma la condici\u00f3n de poseedora de aqu\u00e9lla, y que de manera alguna ostentaba la tenencia del bien, adem\u00e1s que sobre las mismas circunstancias ya se hab\u00eda tramitado un juicio similar. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas respecto omisi\u00f3n endilgada al Juez convocado, si se tiene en cuenta que sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
En el caso concreto, se observa de entrada que la se\u00f1ora Vargas Caicedo no es parte ni tercera con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la nulitaci\u00f3n de actuaciones procesales, pues en dicho tr\u00e1mite tan solo se la reconoci\u00f3 como opositora a la diligencia de entrega, lo que circunscribe su inter\u00e9s, \u00fanica y exclusivamente a dicha actuaci\u00f3n procesal, puesto que tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC831-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (cit.). <\/p>\n
3. De otra parte, se advierte que la gestora tambi\u00e9n se duele del prove\u00eddo proferido el 2 de diciembre de 2020, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 el auto calendado 23 de enero del mismo a\u00f1o, por medio del cual el hom\u00f3logo Promiscuo Municipal de Agua de Dios neg\u00f3 la oposici\u00f3n que aqu\u00e9lla formul\u00f3 a la diligencia de entrega practicada dentro del proceso referido en l\u00edneas anteriores, comoquiera que en su sentir, en esa actuaci\u00f3n no se identific\u00f3 en debida forma el predio ni se analiz\u00f3 como correspond\u00eda la tem\u00e1tica relacionada con la posesi\u00f3n que ostenta, en raz\u00f3n a la cesi\u00f3n de dichos derechos que le hizo su progenitora. <\/p>\n
3.1. No obstante, revisadas las documentales digitales allegadas al presente tr\u00e1mite y los informes de las autoridades convocadas, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, pues, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, para mantener en su integridad el auto que neg\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia tan cuestionada, luego de destacar el art\u00edculo 309 del C.G. del P., en punto que al rechaz\u00f3 de la oposici\u00f3n formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[l]a hoy opositora (\u2026) se presenta en el tr\u00e1mite de entrega y se opone a la misma, alegando posesi\u00f3n, pues dice que ven\u00eda en coposesi\u00f3n con su mam\u00e1 (\u2026) quien le cedi\u00f3 mediante acto notarial y en contrato de cesi\u00f3n un supuesto derecho de posesi\u00f3n sobre el inmueble ubicado en la Calle 17 No. 8-13 (\u2026) a\u00f1adiendo que adem\u00e1s vive desde los 6 a\u00f1os con su mam\u00e1 y tiene los mismos derechos por el tiempo convivido. <\/p>\n
Entonces, no endiente como la se\u00f1ora DIANA MARCELA (\u2026) pretende alegar una infundada posesi\u00f3n derivada de los supuestos actos que como tal dice su se\u00f1ora madre ostentaba sobre el predio, cuando dicha condici\u00f3n qued\u00f3 definida en la sentencia dictada (\u2026) el 22 de marzo de 2011 que a su vez fue confirmada por el Tribunal (\u2026) mediante fallo de 16 de diciembre de 2011, concluyendo en s\u00edntesis que la demandante LUZ MARINA CAICEDO (\u2026) no logr\u00f3 probar plena y fehacientemente la calidad de poseedora exclusiva del bien a usucapir, con lo cual se derrumba cualquier posibilidad de adquirir la alegada posesi\u00f3n por la hoy opositora (\u2026). <\/p>\n
Empero, en el presente caso, y de manera directa, la sentencia dictada no solo, por este Despacho el 22 de marzo de 2011 (\u2026) si no la dictada por el Juzgada Promiscuo Municipal de Agua de Dios el 20 de septiembre de 2017 dentro del proceso restitutivo, refleja sus efecto directamente sobre la se\u00f1ora DIANA MARCELA (\u2026) quien pretende beneficiarse de una inexistente posesi\u00f3n supuestamente adquirida mediante cesi\u00f3n que realiza su se\u00f1ora madre (\u2026) el 27 de octubre de 2017, es decir, luego de dictada la sentencia que ordena restituir, sumado al hecho que los procesos tramitados desde el a\u00f1o 2011 (pertenencia) y 2016 (restituci\u00f3n), interrumpen civilmente cualquier lapso de tiempo suficiente para que se configure una posible prescripci\u00f3n adquisitiva, sin resaltar lo m\u00e1s importante, que no se puede ceder un derecho real que nunca se ha adquirido, como es la infundada posesi\u00f3n alegada por la hoy opositora\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Juzgado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando, en efecto, si la posesi\u00f3n que presuntamente detenta la aqu\u00ed actora, se desprend\u00eda de los supuestos derechos de su progenitora, efectivamente, la sentencia que se profiri\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n no le era oponible y de contera la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega resultara infundada, sin que ante tal panorama, fuese necesario entonces, verificar nuevamente la identidad del bien, pues la actora carec\u00eda de inter\u00e9s en la particular tem\u00e1tica. <\/p>\n
3.3. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Ahora en lo que refiere al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC, y que se le ordene a \u00e9ste \u00abactualizar de forma inmediata la direcci\u00f3n y el c\u00f3digo catastral del inmueble\u00bb, basta advertir que los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que no obra prueba de que la gestora del amparo haya solicitado ante la dependencia convocada la clarificaci\u00f3n aludida, sin que pueda pretenderse acudir al juez de tutela para proveer soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir es a la autoridad competente, se itera, a trav\u00e9s de los mecanismos previstos para tal fin. <\/p>\n
La Corte sobre esa puntual tem\u00e1tica ha se\u00f1alado, que \u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (CSJ STC, 13 nov. 2012, rad. 00135-01; reiterada en STC3412-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC2666-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC14750-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC14750-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00082-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59201","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59201","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59201"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59201\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}