STC14753-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14753-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00669-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Guillermo Ariza L\u00f3pez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de la misma ciudad\u00b8 as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes en la causa judicial a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al acceso \u00abefectivo\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, a la defensa \u00abefectiva e id\u00f3nea\u00bb, a la defensa \u00aben persona propia\u00bb, a la \u00ablegalidad\u00bb, a la \u00abinmediatez\u00bb y a la \u00abceleridad procesal\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del juicio penal seguido en su contra por el delito de \u00abacto sexual con menor de catorce a\u00f1os agravado\u00bb. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00absubsanar en todo y que se sancione a los accionados y\/o las entidades responsables del efectivo ejercicio de sus funciones, para que no vulneren el derecho al debido proceso\u00bb y adem\u00e1s \u00abse compulsen copias en contra de cada uno de los jueces de conocimiento, los fiscales, Ministerio P\u00fablico, que conocieron del proceso que motiv\u00f3 la controversia para efectos de que se inicien proceso administrativos y penales por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y por omisi\u00f3n, falsedad ideol\u00f3gica de raciocinio, abuso de autoridad, y que se me reconozca como v\u00edctima del sistema judicial y que se tenga en cuenta los da\u00f1os y perjuicios recibidos por la injusta condena y a su vez este doloroso tiempo en prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que por el referido punible el 22 de noviembre de 2017 el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a 158 meses de prisi\u00f3n e inhabilidad por el mismo lapso para ejercer derechos y funciones p\u00fablicas, sin la concesi\u00f3n de ning\u00fan beneficio o subrogado penal, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue modificada el 22 de enero de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, para rebajar su pena principal a 148 meses de prisi\u00f3n, confirm\u00e1ndola en todo lo dem\u00e1s, y, al no hacer uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el expediente del asunto fue enviado a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad el 23 de marzo de 2018. <\/p>\n
Asegura que al fallar su caso, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en \u00abfalsedad ideol\u00f3gica y falsa apreciaci\u00f3n del testimonio\u00bb, porque fund\u00f3 su decisi\u00f3n \u00fanicamente en la versi\u00f3n del menor v\u00edctima del delito, pese a que durante el juicio \u00e9ste incurri\u00f3 en contradicciones en su versi\u00f3n, que permiten afirmar que fue inducido a mentir por su progenitora, ya que neg\u00f3 que \u00e9sta \u00abhubiera sido llamada por los profesores o alertada sobre comportamientos indebidos en la sede de su colegio, y tambi\u00e9n dijo no recordar que \u00e9l se lastimara su rostro o causara episodios desgarradores de ansiedad y miedo\u00bb, situaci\u00f3n por la cual pide que el juez de tutela intervenga a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
a. El Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3, que el fallo que dict\u00f3 dentro del asunto resulto del an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas durante el juicio y se\u00f1al\u00f3 que lo emiti\u00f3 hace m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, sin que lo argumentado por el inconforme en este escenario, hubiera sido discutido durante la etapa del juicio, pese a que \u00e9ste siempre estuvo asistido por un abogado, adem\u00e1s, resalt\u00f3, el gestor pudo acudir en su momento al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque \u00abla demanda no cumple con la subsidiariedad como requisito general de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. Esto, debido a que el accionante pod\u00eda interponer el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia controvertida, exponiendo en detalle en qu\u00e9 consiste su inconformidad frente a la valoraci\u00f3n probatoria, lo cual no sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, luego de transcribir apartes que consider\u00f3 relevantes de la decisi\u00f3n cuestionada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, encontr\u00f3 que dicha autoridad \u00abestudi\u00f3 con pleno detalle las presuntas contradicciones en las que incurri\u00f3 el menor v\u00edctima en su testimonio, para advertir que son insuficientes para plantear dudas sobre la materialidad de la conducta criminal investigada, la cual est\u00e1 soportada en el conjunto probatorio que arrib\u00f3 a la vista p\u00fablica. Igualmente, analiz\u00f3 los sucesos en el aula escolar y las presuntas lesiones que se inflig\u00eda el menor a s\u00ed mismo, valor\u00e1ndolas en conjunto y en virtud de la sana cr\u00edtica. En consecuencia, considera esta Sala que la providencia censurada es razonable y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante, quien pretende convertir la v\u00eda constitucional en una nueva instancia, donde se haga eco de sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Luis Guillermo Ariza L\u00f3pez se queja, en lo fundamental, del fallo de 22 de enero de 2018 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que modific\u00f3 parcialmente la sentencia condenatoria emitida en su contra el 22 de noviembre de 2017 por el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de la misma ciudad, respecto al quantum de la pena privativa de la libertad que le fue impuesta tras hallarlo responsable en ambas instancias del delito de \u00abacto sexual con menor de catorce a\u00f1os agravado\u00bb, pues en sentir de aqu\u00e9l, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, correspondiente a la del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, data del 22 de enero de 2018; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 7 de abril de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os y dos (2) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro del referido juicio, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la \u00faltima actuaci\u00f3n all\u00ed adoptada, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquel haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento del se\u00f1or Ariza L\u00f3pez se soporta, b\u00e1sicamente, en lo determinado por el juez cognoscente al interior de la causa penal donde result\u00f3 condenado, seg\u00fan su dicho, por la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, ha debido formular contra lo resuelto en segunda instancia el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 180 y s.s. del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por ser \u00e9sta una herramienta eficaz a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional. <\/p>\n
Por consiguiente, como le correspond\u00eda al actor exponer dentro del proceso criticado la inconformidad que trae a esta sede excepcional, mediante el uso efectivo de los medios de defensa con que all\u00e1 cont\u00f3, pero no procedi\u00f3 as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto dentro del proceso, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 el mecanismo procesal para viabilizarlo, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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