STC14759-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14759-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00835-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leidy Johana Castiblanco Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Comisar\u00eda de Familia Usme 1, Marlon Javier Mendoza Romero, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y el Jugado Noveno Penal Municipal de Conocimiento de esta capital y Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al despacho acusado, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u201cordene\u201d al Juzgado convocado pronunciarse \u201cen relaci\u00f3n con el recurso de apelaci\u00f3n presentado previamente\u201d, y al Comisario de Familia Usme 1, \u201csuspender cualquier acci\u00f3n\u201d impulsada en su contra. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En la Comisar\u00eda de Familia Usme 1, Marlon Javier Mendoza Romero tramit\u00f3 en contra de Leidy Johana Castiblanco Gonz\u00e1lez \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d, en la cual se decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de cualquier agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gica por parte de la ahora gestora. <\/p>\n
2.2. En ese litigio, la autoridad mencionada mediante decisi\u00f3n de 2 de octubre de 2019 declar\u00f3 el incumplimiento del mentado mecanismo de resguardo, imponi\u00e9ndole a la aqu\u00ed accionante una multa de dos (2) s.m.l.m.v. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de esta capital en prove\u00eddo de 3 de agosto de 2020, confirm\u00f3 la sanci\u00f3n proferida por la referida Comisar\u00eda, determinaci\u00f3n notificada mediante aviso fijado en el lugar de residencia de la infractora ubicada en la carrera 5 # 100 A-13 barrio sur de esta ciudad. <\/p>\n
2.4. Asegura la accionante que, por los hechos que originaron el comentado asunto, se inici\u00f3 paralelamente ante el Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento de Bogot\u00e1, juicio en su contra por el delito de Violencia Intrafamiliar, causa dentro de la cual result\u00f3 \u201cabsuelta\u201d el 5 de abril de 2021. <\/p>\n
2.5. Manifiesta que teniendo en cuenta lo anterior, procedi\u00f3 a interponer \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d frente \u201ca los autos realizados por el Comisario de Familia Usme 1, en lo particular, en la conversi\u00f3n a arresto (sic), fundamentado en que no se materializ\u00f3 en forma efectiva [su] notificaci\u00f3n (\u2026) en el proceso que [se] adelant\u00f3 por incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, y (\u2026) el de la multa\u201d, por tanto, solicit\u00f3 \u201cse retrotrajera la causa\u201d con el fin de que se le permitiera \u201cun nuevo lapso para el pago\u201d del memorado correctivo. <\/p>\n
2.6. Afirma que el 13 de abril pasado, la referida autoridad neg\u00f3 su pedimento, aduciendo que \u201cno puede revocar sus propios actos\u201d, pasando por alto el tema concerniente al indebido enteramiento por ella alegado. <\/p>\n
2.7. Acota que, impetr\u00f3 \u201capelaci\u00f3n\u201d ante el Juzgado criticado, pidiendo la revocatoria de la decisi\u00f3n que \u201cacord\u00f3 la conversi\u00f3n de multa a arresto\u201d; empero, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego dicha autoridad no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, tardanza que vulnera sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2.8. Indica que \u201cse pretende continuar con la orden de arresto sobre un supuesto incumplimiento de medidas en el marco de un procedimiento de violencia intrafamiliar\u201d, aun cuando frente a esos mismos hechos result\u00f3 absuelta por la jurisdicci\u00f3n penal, quebrant\u00e1ndose as\u00ed el principio de \u201cnon bis in \u00eddem\u201d. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1 adujo que, mediante providencia de 1\u00b0 de septiembre pasado, rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n incoada por la actora y libr\u00f3 \u201corden de arresto\u201d frente a ella al \u201cverificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 575 de 2000\u201d. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda reprochada realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas por esa dependencia dentro del caso bajo estudio, y remiti\u00f3 copia del expediente contentivo de ese asunto. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad esgrimi\u00f3 no haber vulnerado ninguna garant\u00eda supralegal de la interesada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo, tras considerar: <\/p>\n
\u201cVerificadas las actuaciones adelantadas en el proceso, se desprende, que la aqu\u00ed accionante a trav\u00e9s de su apoderado, elev\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n (sic) directamente ante el Juzgado accionado, contra la providencia que orden\u00f3 la conversi\u00f3n de arresto de la accionante por el incumplimiento de la multa impuesta el 16 de abril de 2021, dentro de la medida de protecci\u00f3n que se adelanta en su contra, pues dice que se violent\u00f3 el principio non bis in \u00eddem, dado que existe un pronunciamiento por parte de la jurisdicci\u00f3n penal, que la absolvi\u00f3 de cargos; sin embargo, como lo demostr\u00f3 el Juez Veintitr\u00e9s de Familia de esta ciudad, al contestar la presente acci\u00f3n, a trav\u00e9s de auto calendado el 1 de septiembre del a\u00f1o que avanza, este juzgador, resolvi\u00f3 rechazar por extempor\u00e1neo el aludido recurso de apelaci\u00f3n (sic), al considerar que la providencia atacada fue emitida el 2 de octubre de 2019 (sic)\u201d. <\/p>\n
\u201cDebe tenerse en cuenta que la mencionada providencia se encuentra acorde con el ordenamiento procesal, puesto que el mal denominado recurso de apelaci\u00f3n, no fue interpuesto en la oportunidad correspondiente, contra la decisi\u00f3n que orden\u00f3 la conversi\u00f3n de la multa en arresto, la cual fue dictada el 16 de marzo del corriente a\u00f1o por la autoridad administrativa, por lo que claramente, el recurso (sic) interpuesto de fecha 16 de abril de 2021, desfas\u00f3 los t\u00e9rminos para interponerlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cFinalmente, frente a la vulneraci\u00f3n que dice incurrieron tanto la Comisar\u00eda como el juzgado accionado, al sancionar dos veces por un mismo hecho, porque la jurisdicci\u00f3n penal absolvi\u00f3 a la aqu\u00ed accionante por los mismos hechos de violencia que investig\u00f3, es menester recordar que en relaci\u00f3n con la violencia dom\u00e9stica en nuestro ordenamiento existen dos v\u00edas que son la de la especialidad de Familia, que se surte por regla general, ante los Comisarios de Familia y la v\u00eda penal que se surte ante la fiscal\u00eda y los Jueces penales, cuyos tr\u00e1mites y decisiones son independientes\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregando que \u201cle correspond\u00eda al Juzgado 23 de Familia, tramitar dicho recurso de apelaci\u00f3n en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, y no rechazarlo conforme al inciso 1\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte que la censura elevada por la quejosa frente a las decisiones que impusieron la sanci\u00f3n de multa dentro del incidente de desacato subex\u00e1mine adolece de tempestividad. <\/p>\n
En efecto, la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 tal correctivo, en sede de consulta, data del 3 de agosto de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela ocurri\u00f3 el 27 de agosto de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Por otro lado, la queja relacionada por la tardanza del Juzgado Vientres de Familia de Bogot\u00e1 en dar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n impetrado la promotora en el caso sublite, tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues se configura lo que la doctrina constitucional denomina \u201checho superado\u201d, toda vez que dicha autoridad en prove\u00eddo de 1\u00b0 de septiembre pasado, rechaz\u00f3 de plano el aludido remedio, por tanto, la mora endilgada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, lo que conlleva a que el amparo no puede salir avante, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u201d. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
Entonces, al margen de la mora en la que pudo incurrir el estrado querellado, lo cierto es, en la actualidad, desapareci\u00f3 la omisi\u00f3n de la que se duele la tutelante, lo que imposibilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Respecto al motivo de impugnaci\u00f3n que se enfila a cuestionar la decisi\u00f3n emitida por el mencionado juzgado para rechazar la comentada alzada, se advierte que ese aspecto constituye un hecho nuevo y, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir las garant\u00edas del debido proceso y defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha especificado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. Ahora, al margen de lo anterior s\u00ed se evidencia una irregularidad por parte de la Comisar\u00eda de Familia de Usme1 que amerita conceder el presente auxilio. Veamos: <\/p>\n
5.1. No puede quedar desapercibido que en el proceso de medida de protecci\u00f3n aqu\u00ed cuestionado la ahora accionante, por intermedio de su apoderado, present\u00f3 ante la referida autoridad, \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d frente a la decisi\u00f3n que \u201cacord\u00f3 la conversi\u00f3n de multa a arresto\u201d, indicando, en lo pertinente: <\/p>\n
\u201cA pesar de que dicho proceso se hizo sin conocimiento de mi poderdante, no fue sino hasta el 12 de enero de 2021, en la cual la Comisar\u00eda de Familia ordena realizar una notificaci\u00f3n por aviso de la decisi\u00f3n que impone la multa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cQue pese a que el art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, dispone que la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n se haga mediante aviso, lo cierto es que las condiciones de la vivienda donde fue colocado el mencionado aviso, fechado 12 de enero de 2021, no son las m\u00e1s id\u00f3neas para que mi poderdante fuera notificada de esta decisi\u00f3n, al tratarse de una vivienda multifamiliar, donde se encuentran varios apartamentos y conviven un n\u00famero importante de personas, lo cual trajo como consecuencia que dicha notificaci\u00f3n no fuera recibida por mi poderdante, sino hasta este momento, donde seg\u00fan el conocimiento con el que se cuenta, fue acordada la conversi\u00f3n de la multa a arresto por el Juzgado 23 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(…) Este recurso obedece, a que mi poderdante no fue notificada de la incidencia de desacato, y tampoco de la decisi\u00f3n que acord\u00f3 el pago de dicha multa, generando as\u00ed la imposibilidad de ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, a fin de cumplir con las obligaciones impuestas, mi poderdante desea asumir las consecuencias del pago de la correspondiente multa, por lo que impetro se retrotraiga el proceso al estado de notificaci\u00f3n, para que la misma pueda cumplir con la sanci\u00f3n pecuniaria impuesta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Insistimos que la imposibilidad que tuvo mi poderdante de conocer de dicha incidencia de desacato, siendo este el motivo por el cual incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n y no pudo ejercitar su derecho a la defensa, violent\u00e1ndose as\u00ed el debido proceso, por lo que sancion\u00e1rsele con una sanci\u00f3n corporal como constituye el arresto, desvirtuar\u00eda el fin que tiene los procesos que se siguen por ante los Comisarios de Familia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ese remedio fue desatado a trav\u00e9s de auto de 7 de abril de 2021, en donde la comisar\u00eda criticada, expuso: <\/p>\n
\u201c[E]ste Despacho Comisar\u00eda encuentra que el recurso de reposici\u00f3n presentado (\u2026) es improcedente, toda vez, que la Ley 294 de 1996 modificada parcialmente por la Ley 575 de 2000, no contempla el que las Comisarias de Familia tengan y\/o cuenten con la potestad o competencia para revocar y\/o cancelar las sanciones impuestas por incumplimiento a las medidas de protecci\u00f3n proferidas, menos cuando la misma fue confirmada mediante providencia del 3 de agosto de 2020 el Honorable Juez veintitr\u00e9s (23) de Familia de Bogot\u00e1 D.C.\u201d. <\/p>\n
5.2. As\u00ed las cosas, vislumbra la Corte que la Comisar\u00eda de Familia de Usme 1 incurri\u00f3 en un desafuero, en tanto que, en procura de despachar la solicitud en comento, se limit\u00f3 a se\u00f1alar su falta de competencia para revocar sus propias sanciones dentro de los asuntos de medidas de protecci\u00f3n como el ac\u00e1 expuesto, sin atender ning\u00fan argumento expuesto por la aqu\u00ed actora referente a su indebida notificaci\u00f3n del comentado incidente de desacato y de la decisi\u00f3n que impuso la multa en su contra, aspecto que, necesariamente, deb\u00eda ser dilucidado por esa autoridad. <\/p>\n
Refulge palpable, la falta de motivaci\u00f3n indebida por cuenta del referido despacho en el auto de 7 de abril de 2021, toda vez que omiti\u00f3 analizar a fondo el pluricitado pedimento y pas\u00f3 por alto los argumentos expuestos sobre la irregularidad aducida por la petente con relaci\u00f3n a su falta de enteramiento de las sanciones implementadas en el caso bajo estudio. <\/p>\n
6. No en vano, sobre el aut\u00e9ntico fundamentar de las autoridades jurisdiccionales, la Sala ha precisado que \u201c(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u201d. (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n (\u2026) es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas\u201d. <\/p>\n
\u201cLa comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u201d (se resalta) (CC T-214\/12). <\/p>\n
7. En conclusi\u00f3n, la providencia de 7 de abril de 2021, deviene carente de motivaci\u00f3n, por cuanto con ella la comisar\u00eda cuestionada omiti\u00f3 dirimir la alegaci\u00f3n tra\u00edda con relaci\u00f3n a la indebida notificaci\u00f3n alegada por la recurrente; todo lo cual supone una trasgresi\u00f3n en contra de la gestora y corresponde enmendarla, tal como se dispondr\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el amparo al debido proceso de Leidy Johana Castiblanco Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14759-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14759-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00835-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}