STC14770-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14770-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2021-00129-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s David Garc\u00eda Jorge, Arnold Enrique Garc\u00eda Jorge, Luis Miguel Merlano L\u00f3pez y Judith Margoth Gonz\u00e1lez R\u00edos contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, Promiscuo Municipal de Toluviejo, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Toluviejo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso objeto de queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, se \u00ab\u2026anule \u00edntegramente este proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Cooperativa Multiactiva de Cr\u00e9dito para el Desarrollo de la Sabana -Coofisaban- promovi\u00f3 proceso ejecutivo con garant\u00eda real, con fin de recaudar la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 n.\u00b0 0062, contra Mercedes Esther Mart\u00ednez Huertas, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, quien el 9 de noviembre de 2017 libr\u00f3 mandamiento de pago, notificando a la demandada a trav\u00e9s de curador ad-litem, quien contest\u00f3 la demanda sin proponer excepciones, por lo que, el 27 de agosto de 2018 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Luego, Emiro Orlando Merlano Mart\u00ednez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, y en calidad de heredero de la ejecutada, solicit\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso (art\u00edculo 159 del CGP), habida cuenta de que aqu\u00e9lla hab\u00eda fallecido; el 13 de noviembre de 2018, el despacho declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del 11 de enero de 2018, data en la que falleci\u00f3 la convocada, al tiempo que emplaz\u00f3 a los herederos indeterminados y tuvo por notificado al peticionario por conducta concluyente. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 18 de marzo de 2019 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues el curador ad-litem no formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito y Emiro Orlando guard\u00f3 silencio; fijando fecha para remate el 24 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.4. Luego, previo a la diligencia de remate, Emilia Rosa Merlano de Arrieta y Antonio Merlano Mart\u00ednez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pretendieron la nulidad del proceso, tras advertir que, en calidad de herederos de la causante, el mandamiento de pago no les hab\u00eda sido notificado personalmente; el 24 de octubre de 2019 neg\u00f3 dicha petici\u00f3n de anulaci\u00f3n, dando continuidad al remate, adjudicando el inmueble a la ejecutante. <\/p>\n
2.5. El 29 de enero de 2021 el despach\u00f3 orden\u00f3 la entrega del bien, comisionando para tal fin al Juzgado Promiscuo Municipal de Toluviejo, autoridad que adelant\u00f3 dicha diligencia, donde las partes acordaron efectuar la entrega del inmueble el 6 de julio siguiente. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, del tr\u00e1mite adelantado en el juicio fustigado, pues, deducen, el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n se obtuvo con maniobras fraudulentas, toda vez que Mercedes Esther otorg\u00f3 un poder especial para suscribir el pagar\u00e9 y la carta de instrucciones, empero, al ser aqu\u00e9lla \u00abanalfabeta\u00bb, se deb\u00eda firmar en presencia de dos testigos y dejando huellas de la otorgante. <\/p>\n
2.7. Anotaron que en el juicio ejecutivo notificaron a la ejecutada a una direcci\u00f3n con la que nunca tuvo relaci\u00f3n y el curador designado para su representaci\u00f3n \u00abol\u00edmpicamente acepta la obligaci\u00f3n y pr\u00e1cticamente se allan\u00f3, sin que el despacho, al menos sospechara de esa conducta procesal en clara violaci\u00f3n de la norma dispuesta en el art\u00edculo 56 del C. General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.8. Indicaron que \u00ablos herederos se logran enterar cuando ya hab\u00edan vendido sus derechos a terceros poseedores de buena fe\u00bb raz\u00f3n por la que pidieron la nulidad del juicio, empero les fue negada el 24 de octubre de 2019, tras advertir que \u00abotro heredero aleg\u00f3 esa misma nulidad y se decret\u00f3 mediante auto de\u2026 26 de febrero 2018 y se orden\u00f3 el emplazamiento a los herederos indeterminados, pero, a pesar de ellos, no se tuvo en cuenta como sucesor procesal al heredero que aleg\u00f3 la nulidad. El proceso sigui\u00f3 contra la deudora fallecida\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agregaron que el Juzgado Promiscuo Municipal de Toluviejo \u00absub comision\u00f3\u00bb para adelantar la diligencia de entrega a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa ciudad, autoridad que \u00abactu\u00f3 por fuera de la ley para adelantar la entrega sin facultades para ello y en un acto de despojo\u2026 y sin la presencia de todos los afectados o terceros que jam\u00e1s fueron vinculados proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que los promotores no han formulado ninguna petici\u00f3n al despacho; que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas, pues las decisiones adoptas est\u00e1n ajustadas a derecho; remiti\u00f3 copia de las piezas procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Emilia Rosa Merlano de Arrieta, Emiro Orlando y Antonio Carlos Merlano Mart\u00ednez coadyuvaron la petici\u00f3n de amparo, pues todos los hechos son ciertos; destacaron que no exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo para adelantar el juicio, pues no cumpl\u00eda con las exigencias legales contempladas en el C\u00f3digo de Comercio, que no fueron vinculados en calidad de herederos de la ejecutada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues a los promotores les asist\u00eda la posibilidad de controvertir las decisiones proferidas al interior del proceso, y no lo hicieron, m\u00e1xime cuando Emiro Orlando Merlano Mart\u00ednez vendi\u00f3 los derechos herenciales que ten\u00eda sobre el bien objeto de litis a los ahora accionantes, el 28 de agosto de 2019. <\/p>\n
Indic\u00f3 que Emiro Orlando solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embrago no solicit\u00f3 la nulidad; que Luis Manuel Merlano L\u00f3pez inform\u00f3 al estrado judicial el fallecimiento de la ejecutada, empero, nunca aleg\u00f3 la existencia de alguna nulidad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que ante la interrupci\u00f3n del proceso, por el fallecimiento de la ejecutada, Emiro Orlando fue notificado por conducta concluyente de la orden de apremio, en calidad de sucesor procesal; adem\u00e1s que los promotores carecen de legitimaci\u00f3n para censurar la nulidad que les fue negada a Emilia Rosa Merlano de Arrieta y Antonio Carlos Merlano Mart\u00ednez, pues la cesi\u00f3n de derechos herenciales solamente fue por la porci\u00f3n de Emiro Orlando; asimismo, con todo, pese a que de los memoriales allegados no se pod\u00eda concluir la existencia de otros herederos determinados, el despacho orden\u00f3 el emplazamiento de los herederos indeterminados, actuaci\u00f3n con la que se debe entender su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que frente a la supuesta falta de requisitos formales del t\u00edtulo, Emiro Orlando pudo alegarlos por v\u00eda de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, y no lo hizo, esto, por cuanto la cesi\u00f3n de derechos herenciales que aqu\u00e9l hizo, fue con posterioridad a la orden ejecutiva. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que respecto a la comisi\u00f3n efectuada a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Toluviejo y el supuesto exceso de sus facultades, los promotores pod\u00edan pedir la nulidad de dicho tr\u00e1mite, conforme lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 40 C\u00f3digo General del Proceso, sin que se avizore que los promotores hubiesen hecho uso de medio ordinario de defensa all\u00ed previsto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante y los coadyuvantes argumentando que Emiro Orlando nunca fue notificado por conducta concluyente, pues no le hab\u00eda otorgado poder a un abogado para que ejerciera su defensa en el proceso, raz\u00f3n por la que tampoco pretendi\u00f3 la nulidad del proceso. <\/p>\n
Indicaron que, si bien ninguno de los intervinientes en el proceso formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra del mandamiento de pago, con el fin de censurar los requisitos del t\u00edtulo, lo cierto es que conforme a la jurisprudencia, el director del proceso debe realizar el control de legalidad del t\u00edtulo ejecutivo, inclusive, hasta despu\u00e9s de seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvieron que \u00abno tienen la condici\u00f3n de herederos con la demandada y que fueron v\u00edctimas de un enga\u00f1o y confiados en la buena fe de los vendedores, adquirieron un derecho\u00bb, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n intervenir en el juicio ejecutivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Preliminarmente, es menester recordar a los peticionarios que, en punto a las solicitudes presentadas por los terceros intervinientes a trav\u00e9s de la figura de coadyuvancia, la Sala en reciente pronunciamiento, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Zanjado lo anterior, verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que se advierte la falta del requisito de subsidiariedad, en la medida que los accionantes, adem\u00e1s de que no cuentan con legitimaci\u00f3n para criticar las actuaciones del proceso, por no ser parte ni intervinientes en el juicio criticado, no han hecho solicitud formal ante el juez natural al interior del proceso ejecutivo con radicado 2017-00296, a fin de solicitar la nulidad del proceso, tras considerar que, de un lado, el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n no cumple con los presupuestos de exigibilidad; y, por otra parte, todas las irregularidades del juicio que por esta v\u00eda excepcional alegan, esto, atendiendo la calidad de cesionarios de los derechos herenciales invocados. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presente reclamo constitucional o se abre paso dado que los quejosos no han acudido ante el fallador judicial que critica con el fin de plantear la nulidad por esta v\u00eda excepcional alegada, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, esto, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por otra parte, frente a los repartos tra\u00eddos por los Emilia Rosa Merlano de Arrieta, Emiro Orlando y Antonio Carlos Merlano Mart\u00ednez de cara a la vinculaci\u00f3n al juicio ejecutivo criticado; advierte la Sala que la s\u00faplica rogada deviene improcedente, en la medida en que, de un lado, Emiro Orlando acudi\u00f3 al proceso a trav\u00e9s de apoderado judicial y fue notificado por conducta concluyente, guardando silencio en todo el tr\u00e1mite procesal; y, por otra parte, Emilia Rosa y Antonio Carlos ten\u00edan a su alcance los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de 24 de octubre de 2019 que neg\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, medios ordinarios de defensa que eran procedentes de conformidad con los art\u00edculos 3181 y 321 (num. 6\u00b0)2 del C\u00f3digo General del Proceso y los cuales no agotaron; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos desperdiciando as\u00ed la oportunidad pertinente ante el fallador natural para exponer lo aqu\u00ed planteado. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
5. Lo consignado impone ratificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez\u2026 <\/p>\n
2\u0002 Apelaci\u00f3n: \u2026 Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: \u2026 6. El que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14770-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14770-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2021-00129-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59216\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}