STC14772-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14772-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00294-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Karin, Hans Peter y Mar\u00eda Isabel Schepers Medina contra los Juzgados 13 Civil del Circuito de esa localidad y Segundo Civil Municipal de Yumbo (Valle del Cauca), a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dicen vulnerada por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidieron \u00abdejar sin efecto la sentencia\u2026 de 20 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.1. Jairo Hernando G\u00f3mez Silva promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra Karin, Hans Peter y Mar\u00eda Isabel Schepers Medina, en su condici\u00f3n de herederos de Ruth Antonia Medina, libr\u00e1ndose orden de pago el 11 de octubre de 2016. <\/p>\n
2.2. Notificados los demandados, formularon excepciones de m\u00e9rito, que fueron desestimadas con sentencia del 20 de enero de 2020, decisi\u00f3n que apelaron los all\u00ed enjuiciados, recurso que se concedi\u00f3 con prove\u00eddo del 28 de enero siguiente. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de auto del 28 de febrero de 2020, se declar\u00f3 desierta la alzada, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, queja la parte ejecutada, recursos desestimados con providencias del 10 de julio de 2020 y del 30 de julio de esa misma anualidad, respectivamente. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que el a quo convocado \u00abciment\u00f3 su decisi\u00f3n de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, careciendo en absoluto de apoyo probatorio respecto de la existencia de la obligaci\u00f3n cambiaria clara expresa y exigible, pues el documento que como t\u00edtulo ejecutivo present\u00f3 la parte demandante\u2026, no contiene una obligaci\u00f3n de esa naturaleza\u00bb; y que, al momento de resolverse el recurso de queja, no se tuvo en cuenta que la alzada fue declarada desierta \u00abtras argucias del juzgado [de primera instancia], que no [les] permitieron conocer\u2026 el t\u00e9rmino para aportar las expensas para fotocopias para dar tr\u00e1mite al recurso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Yumbo defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio cuestionado. <\/p>\n
3. El abogado Jorge Guti\u00e9rrez Arias, quien dijo fungir como \u00abapoderado\u00bb de Jairo Hernando G\u00f3mez Silva, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por cuanto la \u00abacci\u00f3n de tutela no cumple con dos de los requisitos generales para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, como lo es la inmediatez y la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Ello en la medida en que \u00abla parte accionante tard\u00f3 m\u00e1s de seis\u2026 meses, para acudir ante el juez constitucional\u00bb y, adem\u00e1s, porque aquellos \u00abperdieron la posibilidad de lograr un pronunciamiento en segundo grado sobre las censuras aqu\u00ed ventiladas, pues a pesar [de] que el recurso de apelaci\u00f3n fue concedido\u2026, \u00e9stos\u2026 no aportaron las expensas requeridas en el auto que concedi\u00f3 la alzada\u00bb, por lo que se declar\u00f3 desierta. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores precisaron que: <\/p>\n
Si bien es cierto, razones de inmediatez y subsidiaridad podr\u00edan impedir que la judicatura se adentre en el estudio de lo de fondo en una acci\u00f3n de tutela, no lo es menos que, razones de alt\u00edsimo valor constitucional como, la realizaci\u00f3n de la justicia material y la supremac\u00eda de lo sustancial sobre lo adjetivo, han llevado a magistrados y jueces ilustres a superar, como no lo hace la colegiatura del primer nivel, barreras insustanciales como aquellas, para asumir el roll sagrado de administrar justicia, y resolver de fondo los pedimentos, cuando lo que se denuncia son hechos de grosera declaraci\u00f3n de justicia <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiteraron que, contra la sentencia que dirimi\u00f3 la ejecuci\u00f3n atacada en primera instancia, interpusieron apelaci\u00f3n, pero que \u00abel Juzgado 2 Civil Municipal accionado engavet\u00f3 el expediente, lo que dificult\u00f3 que se pagar\u00e1 el precio de las fotocopias para dar tr\u00e1mite a dicho recurso, por lo que al final, fue declarado desierto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Pues bien, revisada la demanda de tutela, se verifica que sus promotores criticaron: (i) el prove\u00eddo de 30 de julio de 2020, que declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 20 de enero de esas calendas, al haber sido declarado desierto con prove\u00eddo de 28 de febrero de 2020; y (ii) la valoraci\u00f3n probatoria que sustent\u00f3 el prenotado fallo de 20 de enero. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, advierte la Sala que, como lo concluy\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la \u00faltima de las providencias cuestionadas data del 30 de julio de 2020, por lo que desde la fecha de proferimiento de ese prove\u00eddo (30 de julio de 2020) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, primero de octubre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, es m\u00e1s, ni tan siquiera los promotores intentaron excusar la rese\u00f1ada demora. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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