STC14773-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14773-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00309-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2020). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb, igualdad y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, anular las decisiones adoptadas en la audiencia de 3 de febrero de 2021 y renovar las actuaciones procesales subsiguientes. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de posesi\u00f3n incoado por Productos Calima & C\u00eda. Ltda. contra el accionante, Olga Marina y Dora Lilia Alomia Mu\u00f1oz, el 26 de marzo de 2021 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el extremo pasivo. <\/p>\n
2.2. Concedida la alzada por el a-quo, a pesar de haber sido admitida por el Tribunal competente el pasado 22 de junio, el 4 de agosto siguiente dicha colegiatura la declar\u00f3 desierta, por no haber sido sustentada dentro de la oportunidad contemplada para tal efecto por el canon 14 del Decreto 806 de 2020, determinaci\u00f3n \u00faltima que se mantuvo el 5 de octubre \u00faltimo. <\/p>\n
2.3. El quejoso dirigi\u00f3 su reclamo, exclusivamente, contra el Juzgado convocado, a quien le critic\u00f3 que supuestamente dej\u00f3 de escucharlo, dej\u00e1ndose llevar por comentarios de su contraparte; que en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento iniciada el 3 de febrero de 2021, en la que se indic\u00f3 el sentido del fallo, a pesar de la ausencia de su apoderado judicial que oportunamente hab\u00eda solicitado su aplazamiento, se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n de la misma y, arbitrariamente, no se le permiti\u00f3 intervenir, se les \u00absac[\u00f3] del link de acceso, n[o] tuvi[eron] manera de dar alegatos finales\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en la sentencia se incurri\u00f3 en claro defecto f\u00e1ctico al i) inobservar que \u00abel testigo\u2026 Quintero, falt\u00f3 a la verdad en su declaraci\u00f3n\u00bb, sin tomar ninguna medida al respecto; y ii) dejar de sopesar las pruebas que dan cuenta de las mejoras implantadas por el extremo demandado en el predio y su notorio ejercicio posesorio desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, indic\u00f3 que el asunto fustigado est\u00e1 ante su superior, se\u00f1al\u00f3 atenerse a lo que se resolviera en el presente tr\u00e1mite constitucional y destac\u00f3 que \u00abla solicitud de amparo\u2026 se encuentra inmersa en la improcedencia tanto m\u00e1s cuanto pretende reabrir el debate que ya se surti\u00f3 en la respectiva instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Martha Luc\u00eda Daza Rengifo, quien manifest\u00f3 fungir \u00abcomo apoderada de\u2026 Productos Calima & Compa\u00f1\u00eda Limitada\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por esa sociedad para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su exposici\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. Olga Marina y Dora Lilia Alomia Mu\u00f1oz, al igual que el accionante, exteriorizaron su inconformidad con las actuaciones del juzgado recriminado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo respecto a las decisiones adoptadas en la audiencia de 3 de febrero de 2021 porque \u00ablas razones del funcionario para negar su aplazamiento se encuentran dentro del marco legal en el sentido de no hallar justificada esa petici\u00f3n porque el apoderado de los demandados por las razones esgrimidas -actuaci\u00f3n como defensor p\u00fablico- pod\u00eda hacer uso de la facultad de sustituir su poder y no lo hizo\u00bb, sumado a que \u00abcualquier alegaci\u00f3n al respecto carece de la inmediatez requerida por tratarse de actuaciones surtidas hace m[\u00e1]s de seis meses\u00bb; as\u00ed mismo, tampoco encontr\u00f3 \u00abarbitrario por parte del juez, impedir la intervenci\u00f3n del accionante en la audiencia para contradecir a los testigos, hacer comentarios de esas declaraciones y alegar de conclusi\u00f3n, por la elemental circunstancia de que \u00e9ste carece de derecho de postulaci\u00f3n y tales intervenciones en procesos de mayor cuant\u00eda est\u00e1n reservadas legalmente para los abogados[,] condici\u00f3n que no ostenta\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, \u00absobre los reproches a la sind\u00e9resis del juez en la valoraci\u00f3n de las pruebas y la [decisi\u00f3n]\u00bb, hall\u00f3 insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque a pesar de que el actor apel\u00f3 el fallo criticado, esa alzada se declar\u00f3 desierta por falta de sustentaci\u00f3n -decisi\u00f3n que aqu\u00ed no critic\u00f3 y conllev\u00f3 a la ejecutoria de la sentencia reprochada-, dej\u00e1ndose de agotar, por su desidia, el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda frente al pronunciamiento de cierre del juez natural de primer grado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales, adujo que el Tribunal omiti\u00f3 resolver sobre la medida provisional en la que deprec\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la sentencia emitida por el Juzgado acusado, hasta que se defina este reclamo tutelar; que s\u00ed satisfizo el presupuesto de la inmediatez y que no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo respecto al defecto f\u00e1ctico que denunci\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, con base en las premisas atr\u00e1s expuestas, advierte la Corte que la decisi\u00f3n impugnada ha de ratificarse, en tanto que la solicitud de protecci\u00f3n no satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Lo dicho, porque ninguna de las inconformidades tra\u00eddas en la solicitud de protecci\u00f3n fueron expuestas por el reclamante y en la oportunidad debida ante el juzgador natural, a trav\u00e9s de los diferentes remedios ordinarios que consagra el ordenamiento jur\u00eddico para tal efecto, en especial, frente a la sentencia que all\u00ed se profiri\u00f3, respecto de la cual no agot\u00f3 en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda -pues aunque le fue concedido se declar\u00f3 desierto por el ad-quem, sin que frente a esta decisi\u00f3n se extendiese el presente reclamo supralegal, lo que implica conformidad del censor en cuanto al particular-, siendo ese el medio com\u00fan de defensa id\u00f3neo y viable para exponer ante el superior del Juzgado acusado los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, acorde con el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, muy a pesar de sus alegaciones, atado a lo definido en la providencia que en primera instancia puso fin al proceso que cuestiona. <\/p>\n
Por tanto, al desaprovecharse, en su momento, los mecanismos naturales para controvertir las decisiones adoptadas por el juzgado acusado, se muestra inviable acceder a las s\u00faplicas del actor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima v\u00eda, convirti\u00e9ndola en un instrumento adicional y paralelo a las herramientas o procedimientos comunes de defensa creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, enfatizando que la tutela no se erige como remplazo de aqu\u00e9llas ni \u00e9stos cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan adecuadamente, pues debido a su finalidad ius fundamental, \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3.2. Lo anotado torna inviable que el juzgador constitucional se ocupe del fondo de las alegaciones del censor, en tanto que la interposici\u00f3n de este mecanismo constitucional no subsana su proceder incurioso, comoquiera que, como insistentemente se ha dicho, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy precepto 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Finalmente, si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular incurri\u00f3 su antagonista, alguno de los intervinientes en el juicio fustigado o la autoridad judicial convocada, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal; a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En torno a ello, de vieja data tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a todos los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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