STC14775-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14775-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03842-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Fanny Ciceri de Cabrera frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala \u00danica; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad y Mar\u00eda de los Reyes Zambrano Vargas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abigualdad\u00bb y \u00abpetici\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n jurisdiccional requerida. <\/p>\n
De modo concreto, que se ordene definir la segunda instancia y una solicitud dentro del dossier de \u00abnulidad de adjudicaci\u00f3n de bienes relictos\u00bb n.\u00b0 \u00ab2015-00089\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento, sostuvo que el Juzgado Segundo de Familia de Florencia \u00abdict\u00f3 sentencia (\u2026) el 26 de agosto de 2015, a [su] favor\u00bb, en el enjuiciamiento arriba descrito, iniciado por demanda que en contra de ella instaurara Mar\u00eda de los Reyes Zambrano Vargas. <\/p>\n
Se doli\u00f3, entonces, de que el Tribunal acusado no haya resuelto a\u00fan la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandante respecto al veredicto del despacho a-quo, pese a que \u00abel recurso fue admitido desde (\u2026) octubre\u00bb de dicha anualidad y a las m\u00faltiples \u00abpeticiones\u00bb. <\/p>\n
Circunstancia que afecta sus intereses, pues no le es dable disponer del inmueble en pleito al estar cautelado, tiene una edad avanzada y no es de acogida tan visible tardanza. <\/p>\n
Critic\u00f3 tambi\u00e9n que no se le diera contestaci\u00f3n a su solicitud de \u00abimpulso procesal\u00bb, de 16 de julio de los corrientes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte acab\u00f3 por avocar conocimiento del ruego supralegal, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y, adem\u00e1s, llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia se opuso al \u00e9xito de la clama. <\/p>\n
Anot\u00f3 que las dificultades para zanjar la alzada en comento no obedecen a una \u00abmala fe\u00bb sino a \u00aba la necesidad de avocar el estudio y decisi\u00f3n del volumen de procesos asignados\u00bb, as\u00ed como a la estricta sujeci\u00f3n al \u00absistema de turnos\u00bb para preservar la igualdad entre los usuarios de la justicia, el cual conlleva a la prelaci\u00f3n de los mecanismos constitucionales y penales \u00aben los que se encuentran personas privadas de la libertad\u00bb. <\/p>\n
Esboz\u00f3, en espec\u00edfico, que \u00abentre los a\u00f1os 2012 y 2019, ha sido evacuado un alto promedio de asuntos\u00bb, aun cuando es elevad\u00edsima la carga de procesos asumidos, por conducto de su Sala \u00danica. <\/p>\n
Concluy\u00f3 haber dado respuesta a todas las solicitudes de la gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia \u00eddem dio reporte sobre la ubicaci\u00f3n actual del juicio disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mar\u00eda de los Reyes Zambrano Vargas guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De cara a la mora judicial, la Corte ha circunscrito la viabilidad del auxilio cuando dicha dilaci\u00f3n se debe a situaciones sin explicaci\u00f3n v\u00e1lida; es decir, <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 01082-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se tiene que la colegiatura convocada admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n de sentencia en el paginario cuestionado con auto de 7 de octubre de 2015, mientras que en prove\u00eddo del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o se corri\u00f3 traslado a las partes \u00abpara alegar\u00bb y, luego de surtido dicho tr\u00e1mite, el 17 de noviembre ib\u00eddem ingres\u00f3 al despacho del magistrado ponente el correspondiente dossier. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Teniendo en cuenta lo anterior, la ayuda rogada deviene de plena acogida, ya que el tribunal encausado ha incumplido, abiertamente, el t\u00e9rmino fijado por el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, vigente en el caso concreto de la promotora cuando el expediente pas\u00f3 al respectivo despacho para la emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia (17 de noviembre de 2015)2, m\u00e1xime cuando las razones pregonadas a fin de que resultara justificada la tardanza no compensan el notorio transcurso de casi seis (6) a\u00f1os para proveer, ni fue demostrada situaci\u00f3n alguna que lleve a esta Sala de Casaci\u00f3n a estimar que se est\u00e1 frente a un litigio de alta complejidad. <\/p>\n
4.1. Total, en un debate de contornos similares al de ahora, en raz\u00f3n a que la mora all\u00ed criticada ascend\u00eda a m\u00e1s de un lustro, se dispuso otorgar el resguardo al esgrimir: <\/p>\n
(\u2026)Revisado el registro de actuaciones del decurso cuestionado, se encuentra que la magistrada accionada super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino de cuarenta (40) d\u00edas concedido en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026 para definir la alzada incoada frente a la citada determinaci\u00f3n de 30 de agosto de 2012. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el proceso le fue repartido en octubre de 2012, luego, el 15 de enero de 2013, admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, ingresando el expediente a su despacho para decidir el 19 de febrero siguiente y registr\u00e1ndose el proyecto de sentencia el 27 de marzo de 2015. No obstante, a\u00fan no existe la providencia con la cual se pondr\u00e1 fin a la instancia. <\/p>\n
Se resalta, como lo ha dicho esta Corte en juicios an\u00e1logos\u2026, que ante la falta de evidencia o alegaci\u00f3n de la cual se derive la complejidad del asunto materia de debate, no puede tenerse por justificada la mora por ese aspecto. En esta ocasi\u00f3n, resulta claro que el tribunal debe determinar si ratifica o no el fallo del a quo en el asunto materia de queja, a la luz de los presupuestos legales para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, cuesti\u00f3n que as\u00ed expuesta, no revela mayor complicaci\u00f3n. <\/p>\n
En otros decursos donde la misma Magistrada del Tribunal Superior de Medell\u00edn dej\u00f3 vencer ampliamente el t\u00e9rmino para resolver, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El Tribunal super\u00f3, con holgura, el t\u00e9rmino de cuarenta d\u00edas que le concede el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para dictar la sentencia de segunda instancia, si se tiene en cuenta que las diligencias ingresaron al despacho desde el 29 de noviembre de 2011 (\u2026). La explicaci\u00f3n que rindi\u00f3 la funcionaria fustigada no logra justificar su tardanza, pues, sus argumentos no distan de aquellos que se ofrecieron en oportunidades anteriores, y los mismos la Corte ha tenido la oportunidad de desestimarlos por no hallarlos justificativos ni con idoneidad suficiente para exonerar la conducta procesal omisiva de la funcionaria judicial denunciada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY, en ese mismo pronunciamiento, se dijo: <\/p>\n
\u201cEs preciso se\u00f1alar, en este punto, que la orden constitucional que se imparta debe ser id\u00f3nea y efectiva para restablecer el derecho fundamental vulnerado. As\u00ed, si se trata de una omisi\u00f3n, como aqu\u00ed acontece, la directriz del juez de tutela, siguiendo lo reglado en el inciso segundo del art\u00edculo 23 del Decreto 2591 de 1991, ser\u00e1 la de realizar la actuaci\u00f3n omitida por parte del funcionario que desatendi\u00f3 el cumplimiento del mandato legal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn los t\u00e9rminos descritos, la instrucci\u00f3n pertinente para superar la mora judicial injustificada, es conceder el amparo para ordenarle a la Magistrada accionada que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas proceda a registrar el proyecto de decisi\u00f3n, y dentro de los cinco (5) siguientes convoque a Sala de decisi\u00f3n para que desate el litigio (Sentencia de cinco de diciembre de 2012, exp. 2012-02638-00) (\u2026)\u201d\u2026 (CSJ STC4768-2018, 12 abr., rad. 00754-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 01082-00). <\/p>\n
4.2. As\u00ed mismo, en un tr\u00e1mite tambi\u00e9n de parecidas connotaciones al sub examine, para derruir las alegaciones de una corporaci\u00f3n tribunalicia querellada tendientes a excusar la mora que le fuera enrostrada, dej\u00f3 dicho la Corte, in extenso, que: <\/p>\n
\u2026En el sub examine, con el libelo se reprueba la \u201cmora\u201d de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga porque han pasado m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os sin que desate el ataque vertical con que el extremo demandado impugn\u00f3 el veredicto de primer grado en el aludido debate, conforme se comprueba con la impresi\u00f3n obrante en el plenario de la consulta al Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Siglo XXI. <\/p>\n
Como se observa, se trata de un lapso cuya amplitud en s\u00ed misma evidentemente frustra cualquier expectativa de quienes renuncian a la disputa privada y acuden confiados con el anhelo que la judicatura dirima sus controversias, sin que existan excusas de recibo, por cuanto en la estad\u00edstica \u00faltima de rendimiento se ve que entre los despachos de la citada Corporaci\u00f3n el que regenta la denunciada es el que presenta una acumulaci\u00f3n ostensiblemente superior de expedientes para fallar y que la respuesta igualmente es notoriamente m\u00e1s lenta, en tanto egresan menos, sin que por otra parte se advierta alguna situaci\u00f3n especial que dispense esa diferencia, am\u00e9n de que desde el punto de vista de la parte afectada, no tiene por qu\u00e9 soportar una tardanza semejante. <\/p>\n
Apreciadas las cosas desde esta perspectiva, el amparo suplicado se erige en un dispositivo apropiado para conminar a que se proceda a elaborar el correspondiente proyecto y emitir el pronunciamiento de fondo, pues mal podr\u00eda atendiendo razones de diversa \u00edndole someterse al usuario a una espera mayor e indefinida, no siendo poca la que hasta el momento ha padecido. <\/p>\n
En un caso similar, en el que la Corte resguard\u00f3 a los entonces accionantes frente a otra Corporaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Lo propio, habida cuenta que en el caso concreto, sin que medie justificaci\u00f3n valedera por parte del tribunal acusado que permita vislumbrar circunstancias que en el particular y espec\u00edfico asunto pudieran dispensar la demora evidenciada, y no obstante a haber transcurrido un ostensible lapso a partir de la radicaci\u00f3n del sub examine en la colegiatura accionada, hasta ahora no ha habido el pronunciamiento que es menester, conforme se desprende de los elementos de acreditaci\u00f3n recaudados en esta acci\u00f3n constitucional. Y es que, si bien la togada accionada pone de presente que la demora acontecida en el sub judice obra a secuela del \u00abalto grado de congesti\u00f3n que tiene [su] despacho\u00bb, aparte que \u00abno ha tenido intervenciones eficaces, ni oportunas\u00bb desde el punto de vista administrativo, lo cierto es que esas manifestaciones no se vislumbran soportadas en manera alguna en acreditaciones que den cuenta, por v\u00eda de ejemplo, del n\u00famero de procesos que tiene asignados, o de la cantidad de sentencias que haya podido proferir, ni tampoco de los litigios que est\u00e1n en turno para su resoluci\u00f3n ocupando un lugar antes del sub lite, motivo por el cual, es de ver, que \u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026]\u00bb (CSJ STC, feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 19 dic. 2012, rad. 00814-00), lo que aqu\u00ed no acaece. Por dem\u00e1s, el \u00abplan de trabajo abril 15 a junio 30 de 2016\u00bb arrimado a esta actuaci\u00f3n, da cuenta de gestiones desarrolladas por la magistrada enjuiciada pero de hace dos a\u00f1os, lo que en nada aporta para clarificar la raz\u00f3n de la demora, desde ese entonces hasta ahora, persistente, misma que por tanto no qued\u00f3 justificada (CSJ STC5172-2018, reiterado [en] STC10225-2018) (CSJ STC13180-2019, 27 sep., rad. 03041-00). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Bajo ese marco de factores, no cabe duda de que la colegiatura acusada ha trasgredido el debido proceso de la quejosa, poni\u00e9ndose de relieve la superaci\u00f3n, con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, del plazo previsto en el referido canon 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para emitir la sentencia de segundo grado dentro del enjuiciamiento que alberga la cr\u00edtica supralegal, toda vez que desde el 17 de noviembre de 2015, esto es, hace casi seis (6) a\u00f1os, dicha alzada permanece pendiente de resoluci\u00f3n. El embate tocante a la aducida falta de respuesta a la solicitud de \u00abimpulso procesal\u00bb (16 jul. 2021) no amerita an\u00e1lisis, por sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Se impone, ergo, acceder a la salvaguarda urgida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, concede el amparo invocado por Fanny Ciceri de Cabrera. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala \u00danica, que en un plazo no mayor a veinte (20) d\u00edas, contado a partir de su notificaci\u00f3n, adopte las determinaciones que en derecho corresponda en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015, dentro del proceso declarativo n.\u00b0 \u00ab2015-00089\u00bb, instaurado por Mar\u00eda de los Reyes Zambrano Vargas frente a la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 (\u2026) Los jueces deber\u00e1n dictar los autos de sustanciaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, los interlocutorios en el de diez (10) y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin. <\/p>\n
<\/p>\n
En los mismos t\u00e9rminos los magistrados deber\u00e1n dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la sala; esta dispondr\u00e1 de la mitad del respectivo t\u00e9rmino para proferir la decisi\u00f3n a que hubiere lugar, que se contar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijar\u00e1 en lugar visible de la secretar\u00eda… <\/p>\n
2\u0002 El C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 en vigor en todos los distritos judiciales del pa\u00eds, \u00edntegramente, el 1\u00b0 de enero de 2016 seg\u00fan el Acuerdo PSAA15-10392, del Consejo Superior de la Judicatura. Y el art\u00edculo 625, numeral 5\u00b0 de esta norma, previno: \u00ablos recursos interpuestos(\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u2026\u00bb (negrillas ajenas). De ah\u00ed que es la codificaci\u00f3n de Procedimiento Civil la que gobierna al caso objeto de censura. <\/p>\n
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