STC14776-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14776-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03875-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ra\u00fal G\u00f3mez Corredor contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidi\u00f3 \u00abuna redosificaci\u00f3n cierta de [su] condena, considerando las situaciones aqu\u00ed expresadas y vividas en [su] proceso penal y el hecho de no tener antecedentes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Ra\u00fal G\u00f3mez Corredor se adelant\u00f3 un proceso penal por la conducta punible de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, por el que fue condenado a 168 meses de prisi\u00f3n por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil, a trav\u00e9s de sentencia del 27 de noviembre de 2015, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, el 3 de marzo de 2016. <\/p>\n
2.2. Contra tal determinaci\u00f3n, la defensa del condenado interpuso recurso de casaci\u00f3n, el cual fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte con prove\u00eddo del 29 de noviembre de 2017; determinaci\u00f3n que, deduce el gestor, \u00abconculc\u00f3 el derecho cierto del in dubio pro reo, pues en todas las etapas no se tuvo en cuenta ni se valoraron a [su] favor las pruebas que podr\u00edan haber cambiado [su] situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2.3. Adujo el quejoso que ante en las \u00abtres instancias\u00bb que conocieron de su proceso, existi\u00f3 una indebida probatoria, especialmente de la versi\u00f3n rendida por la menor que, en \u00abvarios estadios del proceso\u2026 dijo que \u201cno conoc\u00eda a ese se\u00f1or Ra\u00fal, que nunca lo hab\u00eda visto\u00bb, adem\u00e1s, no se tuvo en cuenta que la presunta v\u00edctima cuenta con \u00abun retraso mental moderado, juicio insuficiente y una forma de hablar en las que no encadena bien las palabras,\u2026 sin embargo, en las tres instancias se dijo que \u201cella sab\u00eda lo que estaba sucediendo\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que tampoco se tuvo en cuenta \u00abel tema punitivo de la pena, pues es un delito enmarcado y regido por la Ley 600 de 2000 por tratarse de un delito \u201ccometido\u201d entre 1998 y 2002, sin embargo, la pena fue muy alta, adem\u00e1s debi\u00f3 tener en cuenta que en el momento no ten\u00eda antecedentes y que el proceso, por las mismas dudas presentadas podr\u00eda haber dado para una pena mucho menor\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que cumple los presupuestos de inmediatez, toda vez que conforme los precedentes jurisprudenciales \u00ablas tutelas no tienen un tiempo cierto de presentaci\u00f3n en el hecho cierto de que el da\u00f1o persiste, pues est[\u00e1] detenido\u00bb; y, por otra parte, de subsidiariedad, toda vez que agot\u00f3 todos los recursos de ley. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; manifest\u00f3 que la sentencia que confirm\u00f3 la condena impuesta en contra del promotor est\u00e1 debidamente motivada y con respaldo normativo aplicable al caso concreto; que las decisiones judiciales gozan de presunci\u00f3n de acierto y legalidad; destac\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, pues el fallo emitido por esa sede judicial data del 3 de marzo de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por incumplir el requisito de inmediatez, pues al prove\u00eddo proferido por esa colegiatura data de casi 4 a\u00f1os; indic\u00f3 que no admiti\u00f3 la demanda ante los evidentes defectos de t\u00e9cnica de su postulaci\u00f3n, toda vez que de forma indistinta cuestion\u00f3 las pruebas aducidas al proceso sin exteriorizar uno de los defectos susceptibles de enmienda por v\u00eda extraordinaria acorde con los par\u00e1metros de la Ley 906 de 2004; que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional para censurar una valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de San Gil comparti\u00f3 los datos de enteramiento de los intervinientes en el juicio fustigado; en escrito separado, cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en proceso penal adelantado en contra del promotor; sostuvo que las decisiones judiciales no pueden ser cometidas a exigencias personales; que la competencia para resolver alg\u00fan tipo de petici\u00f3n por parte del gestor, recae en cabeza del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 57 Judicial II Penal de San Gil inform\u00f3 que revisado el asunto de autos, la condena impuesta al promotor goza de una doble presunci\u00f3n de acierto y al interior del proceso se dio el debate sobre el valor de las pruebas, por lo que no es posible revivir a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela; que dependiendo del \u00abpeso probatorio\u00bb de los medios suasorios que refiere el gestor no lo incriminar\u00eda, puede acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n; que no se evidencia vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha en que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por el querellante (29 de noviembre de 2017), con la que cobr\u00f3 ejecutoria la pena a \u00e9l impuesta, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 19 de octubre de 2021, transcurri\u00f3 m\u00e1s de 3 a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.1. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que las anteriores consideraciones no sufren alteraci\u00f3n alguna por las alegaciones del tutelante en punto a la supuesta permanencia de la afectaci\u00f3n de sus derechos en el tiempo; pues lo cierto es que la notificaci\u00f3n vinculante de esa decisi\u00f3n es la que se surti\u00f3 personalmente al promotor y a su apoderado el 17 de enero de 2018, data desde la cual tampoco se satisface el requisito de la inmediatez, a m\u00e1s que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el presupuesto en comento \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01). <\/p>\n
3. Por otra parte, en este caso se cuestiona el juicio penal que culmin\u00f3 con sentencia de 3 de marzo de 2016 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en el proceso seguido en contra del accionante por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo condenatorio que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, el 27 de noviembre anterior. <\/p>\n
En este orden de ideas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo es inviable, toda vez que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3, pues, tal como qued\u00f3 visto, su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 29 de noviembre de 2017, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la supuesta indebida valoraci\u00f3n de las probanzas allegadas al plenario, as\u00ed como lo relativo a la redosificaci\u00f3n de la pena, tras advertir que no cuenta con antecedentes penales. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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