STC14800-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14800-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2021 por la Sala Segunda Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto D\u00edaz Simbaqueba contra los Juzgados Cincuenta y Cinco y Cincuenta y Siete Civil Municipal, Doce Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, Doce y Veintiuno Civil del Circuito y el Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de la referida ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de los procesos de radicados 2014-00182, 1998-01114 y 2007-00642, a los Juzgados Treinta y Cuatro Civil Municipal, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, Primero y Cuarto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, al principio de non bis in idem, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna y propiedad privada, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales censuradas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 5 de junio de 2014, el Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 dict\u00f3 mandamiento de pago en el proceso ejecutivo de radicado 2014-00182, iniciado por el Edificio Consocios II contra Roberto D\u00edaz Simbaqueba1. <\/p>\n
2.2. Habiendo sido repartido el expediente al Juzgado Doce Civil de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, el 28 de junio de 2018 dict\u00f3 sentencia de primera instancia, la cual declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n2. Frente a la anterior decisi\u00f3n, el aqu\u00ed promotor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue desatado por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo del 20 de enero de 2020, confirmando lo resuelto por el a quo3. <\/p>\n
2.3. El 24 de enero de 2020, el despacho Cincuenta y Siete Civil Municipal decret\u00f3 el secuestro de los derechos posesorios que ostenta el se\u00f1or D\u00edaz Simbaqueba sobre el referido inmueble, determinaci\u00f3n contra la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, alzada que fue concedida en efecto devolutivo4. <\/p>\n
2.4. El actor censura que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al admitirse y tramitarse la demanda ejecutiva de radicado 2014-00182, por ser un asunto ya juzgado en los procesos 1998-1114 y 2007-00642, que se encuentra revestido de yerros que encierra sendas nulidades, adem\u00e1s de contrariar el ordenamiento jur\u00eddico por tratarse de un \u00abdoble\u00bb y hasta \u00abtriple\u00bb cobro. <\/p>\n
Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que los Juzgados Doce y Veintiuno Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 no han dado tr\u00e1mite oportuno a los recursos elevados contra el auto anteriormente referido. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, \u00ab2. (\u2026) se Ordene al Juzgado Cincuenta y Cinco Civil municipal de Bogot\u00e1, D. C., o a quien haga sus veces, Decretar la Nulidad de Todo lo Actuado en el proceso distinguido con el radicado No. 11001 4003 055 2014 00182 00, por la ilegalidad de las actuaciones procesales desarrolladas por los diferentes despachos que conocieron del asunto, desde el mandamiento ejecutivo proferido el 5 de junio de 2014 en el mismo asunto por el Juzgado citado, y en su lugar disponer el rechazo de la demanda, por comportar un doble cobro doloso de obligaciones ya ordenadas pagar en otro proceso ejecutivo, para el momento en el que fue formulada la respectiva demanda. 3. Que en consecuencia se ordene al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, D. C., disponga revocar el auto de c\u00famplase de 14 de septiembre de 2021, que ordeno cumplir el auto de 24 de enero de 2020, igualmente se abstenga de decretar medida de secuestro sobre el bien inmueble causante de las cuotas con base en todas las ilegalidades presentadas, y devolver el expediente al juzgado de origen para lo que disponga el Juez de Tutela. 4. Las dem\u00e1s medidas que a juicio del Juez consideren necesarias\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS <\/p>\n
VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que le correspondi\u00f3 resolver la alzada intentada contra la decisi\u00f3n adoptada el 28 de junio de 2018, emitida en el proceso de radicado 2014-00182, dictando fallo en audiencia del 20 de enero de 2020, en la que se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. En cuanto a la supuesta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales del accionante, manifest\u00f3 que eran \u00abmeras apreciaciones del accionante obviamente por lo adversa que le fue la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que conoci\u00f3 de la antedicha apelaci\u00f3n, pero, al percatarse de que la misma se estaba tramitando en el Juzgado Doce Civil del Circuito, orden\u00f3 remitirla, mediante prove\u00eddo del 16 de septiembre de 2020. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 esgrimi\u00f3 que tramit\u00f3 el proceso ejecutivo de radicado 1998-1114, iniciado por el Edificio Consorcio II contra Jorge Ricardo Saldarriaga, sin embargo, resalt\u00f3 que la causa fue remitida el 6 de octubre de 2015 a la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, que la asign\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. El Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal del distrito capital arguy\u00f3 que ante su despacho curso el proceso No. 2014-00182, adelantado por el Edificio Consocios II Propiedad Horizontal en contra de Roberto D\u00edaz Simbaqueba hasta el 12 de abril de 2021, fecha en la cual se remiti\u00f3 el expediente a la Oficina de Ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que, en prove\u00eddo del 13 de marzo de 2020, resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que decret\u00f3 el secuestro de los derechos derivados de la posesi\u00f3n que ostentaba el demandado sobre el inmueble con folio de matr\u00edcula No. 50C-891233, confirmando su decisi\u00f3n y concediendo la alzada, en efecto devolutivo. Por \u00faltimo, dijo que, en providencia del 14 de diciembre posterior, aprob\u00f3 las costas y orden\u00f3 enviar a la Oficina de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
5. El Juez Cuarto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 ser desvinculado del amparo, toda vez que no est\u00e1 en mora de tomar decisi\u00f3n alguna en el proceso de radicado 2007-00642. <\/p>\n
6. Julio Orlando Rodr\u00edguez Castillo, quien dice obrar como representante legal del Edificio Consocios II Propiedad Horizontal, peticion\u00f3 que fuera rechazada de plano la presente acci\u00f3n constitucional, porque se pretende nulitar una decisi\u00f3n emitida el 2 de junio de 2018, es decir, hace m\u00e1s de tres a\u00f1os. <\/p>\n
7. El Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal afirm\u00f3 que la \u00faltima actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 en el proceso ejecutivo de radicado 2014-00182 data del 18 de agosto de 2015. Por tanto, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que no se cumpl\u00eda con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
8. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el proceso de radicado 1998-01114 termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, mediante auto del 9 de agosto de 2019, por tanto, se encuentra archivado desde el 6 de octubre de 2020. <\/p>\n
9. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 argument\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado los derechos del accionante, como quiera que, si bien el actor cuestiona que no se pod\u00eda elaborar el despacho comisorio para llevar a cabo el secuestro de los derechos posesorios que le asisten debido a que el decreto de esa medida no se encontraba en firme, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, al haberse concedido la lazada en efecto devolutivo, el Despacho no estaba impedido para dar cumplimiento a la referida providencia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por no cumplirse con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda instancia, que defini\u00f3 la controversia planteada por el accionante sobre el presunto \u00abdoble cobro\u00bb, se profiri\u00f3 hac\u00eda m\u00e1s de 19 meses. <\/p>\n
Adicionalmente, de cara al tema relacionado con la medida de secuestro cuestionada, precis\u00f3 que fue presentado un recurso de apelaci\u00f3n que se concedi\u00f3 en efecto devolutivo y que, a la fecha, no hab\u00eda sido resuelto, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abno resulta inadecuado ordenar y realizar su cumplimiento, como en efecto lo est\u00e1 adelantando el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, requiri\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para que, en el menor tiempo posible, ponga a disposici\u00f3n del Juzgado Doce Civil del mismo circuito el expediente digital, para que, dentro de un plazo razonable y \u00e1gil, esta autoridad defina la apelaci\u00f3n presentada por el activante, en contra del auto de 24 de enero de 2020. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien afirm\u00f3 que, \u00abEn la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, considero con todo respeto que el juez de tutela no se puede detener en las formas procesales, desconociendo los mismos principios de la ley de tutela para dejar de estudiar los contenidos y las pruebas que sustentan la demanda de tutela interpuesta, permitiendo de esta manera que prevalezca la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, reiter\u00f3 los argumentos aludidos en el escrito inicial, destacando que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 libr\u00f3 despacho comisorio para practicar diligencia de secuestro de derechos de posesi\u00f3n sin que se encontrara en firme el auto que decret\u00f3 la medida. <\/p>\n
Finalmente, mencion\u00f3 la mora injustificada en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto el 24 de enero de 2020. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se protejan sus derechos fundamentales, se ordene decretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de radicado 2014-00182 desde el mandamiento ejecutivo de 5 de junio de 2014 y que, en su lugar, se disponga el rechazo de la demanda; asimismo, que se exhorte al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, para que revoque el auto del 14 de septiembre de 2021, que orden\u00f3 cumplir la determinaci\u00f3n del 24 de enero de 2020. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, exigido para la salvaguarda impetrada, por cuanto, entre el momento en que fueron proferidas las providencias de primera y segunda instancia que resolvieron el asunto atacado -28 de junio de 2018 y 20 de enero de 20205-, respectivamente, y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -16 de septiembre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se avizora hecho alguno que permita justificar la inactividad del actor constitucional para formular la presente acci\u00f3n, en tanto no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar oportunamente, por la v\u00eda constitucional, los yerros que endilga a la actuaci\u00f3n judicial de la referencia. <\/p>\n
Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01). <\/p>\n
4. Por otro lado, en relaci\u00f3n con la queja referente a que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 err\u00f3 al ordenar, mediante auto del 14 de septiembre del presente a\u00f1o, cumplir con la determinaci\u00f3n del 20 de enero de 2020, emitiendo el despacho comisorio para llevar a cabo el secuestro de los derechos posesorios que le asisten sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 50C-891233, deviene imperioso resaltar que aquella se adopt\u00f3 con base en un criterio razonable, como quiera que el numeral 2 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso establece que cuando se concede la alzada en efecto devolutivo \u00abni se suspender\u00e1 el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, la resoluci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales y la normatividad que gobierna el asunto, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el Despacho accionado- en el desarrollo del ejercicio normal de sus facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que las decisiones adoptadas no muestran vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterado en CSJ STC2462-2021 mar. 2021, Rad. 2020-001724-01). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, frente a la presunta mora judicial, por no resolverse a tiempo la alzada impetrada contra el auto del 24 de enero de 2020, debe traerse a colaci\u00f3n lo manifestado por el a quo constitucional, que se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado \u00abDoce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que conforme a lo informado por su hom\u00f3logo despacho Veintiuno, a\u00fan no conoce del asunto, pues por un error de reparto, el expediente fue indebidamente asignado\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, se colige que no se trat\u00f3 de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de las autoridades atacadas. Adem\u00e1s, en el fallo de primera instancia constitucional que ser\u00e1 confirmado, se dispuso requerir al \u00abJuzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para que, en el menor tiempo posible, ponga a disposici\u00f3n del Juzgado Doce Civil del mismo circuito, el expediente digital, para que, dentro de un plazo razonable y \u00e1gil, esta autoridad defina la apelaci\u00f3n presentada por el activante, en contra del auto de 24 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 el amparo, por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 65, archivo \u201cCOPIA DEL PROCESO 55-2014-182 JUZ 08 CMES C1 PARTE 1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 54-65, archivo \u201cCOPIA DEL PROCESO 55-2014-182 JUZ 08 CMES C1 PARTE 5\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 107. <\/p>\n
5\u0002 Proferida por el Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, confirmada por el Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
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STC14800-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC14800-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02042-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}