STC14813-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC14813-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00543-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 30 de septiembre de 2021, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ruth Marina Lozano Parada contra el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Alberto P\u00e9rez Carrillo y Carlos Alfredo Jim\u00e9nez Bravo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por el juzgado querellado en el proceso ejecutivo de cobro por honorarios de radicado 2017-000557-00. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se desprende del escrito genitor y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal existente entre la actora y Alberto P\u00e9rez Carrillo, culmin\u00f3 por sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n emitida por el juzgado accionado el 13 de septiembre de 2017. En dicho proceso fue designado como perito partidor al Carlos Alfredo Jim\u00e9nez Bravo1. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, y como consecuencia del no pago de los honorarios fijados, el auxiliar de la justicia, demand\u00f3 ejecutivamente su cancelaci\u00f3n ante el mismo juzgado. Surtida la notificaci\u00f3n a la demandada -aqu\u00ed actora-, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Como sustento de la misma, consider\u00f3 que los 5 a\u00f1os con que contaba el interesado -partidor- para demandar deb\u00edan contarse desde el auto que lo design\u00f3 como partidor -7 de julio de 2014- y no desde la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n -13 de septiembre de 2017-. Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que no bastaba con promover la demanda, sino que deb\u00eda procurar su notificaci\u00f3n, la cual se realiz\u00f3 fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 94 del C.G.P.2. <\/p>\n
2.3. Finalmente, la c\u00e9dula judicial cuestionada mediante sentencia del 23 de julio de 2021, resolvi\u00f3 declarar no probada la excepci\u00f3n propuesta y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Actuaci\u00f3n que se reprocha en esta sede constitucional. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo expuesto, se protejan sus derechos fundamentales y \u00abse decrete la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por honorarios\u2026y el archivo definitivo del mismo, por haber permanecido inactivo en la secretaria del juzgado durante un (1) a\u00f1o ocho (8) meses y quince (15) d\u00edas, como lo establece el numeral 2 del art\u00edculo 317 del C.G.P.\u00bb3 Esto, en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el numeral 2 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Carlos Alfredo Jim\u00e9nez Bravo -vinculado al tr\u00e1mite-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En su sentir, no existe vulneraci\u00f3n por parte del juzgado accionado y no se cumple con los presupuestos de procedibilidad para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado octavo de familia de Bucaramanga, manifest\u00f3 que \u00abse le dio el tr\u00e1mite pertinente al proceso, y la sentencia emitida, se fundament\u00f3 en derecho, una vez realizado el correspondiente an\u00e1lisis probatorio\u00bb4. Por tanto, \u00ab\u2026no ha vulnerado en manera alguna los derechos fundamentales del tutelante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, deneg\u00f3 el amparo5, por cuanto la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito \u00ab\u2026ya hab\u00eda sido elevado ante el juez natural, quien en prove\u00eddo del 21 de enero de 2020, esto es, hace m\u00e1s de un a\u00f1o, dispuso despacharlo desfavorablemente a sus intereses, por lo que la gestora ten\u00eda el deber de justificar su inactividad al posponer por m\u00e1s de seis (6) meses el ejercicio de este instrumento, faltando as\u00ed al presupuesto de la inmediatez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anot\u00f3 que \u00aben lo que respecta a la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb por el juzgado querellado \u00abse fund\u00f3 en premisas jur\u00eddicas respetables que distan de ser caprichosas o antojadizas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante en igual sentido que los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de tutela. Solicit\u00f3 que se \u00abdecrete la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia\u00bb y, en consecuencia, se amparen sus derechos constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende se decrete la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de pago de honorarios del partidor designado al interior del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal del cual fue parte, por haber operado la figura del desistimiento t\u00e1cito. Petici\u00f3n que fue despachada desfavorablemente en providencia del 21 de enero de 2020. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
En efecto, de las probanzas obrantes en el expediente, la Corte concluye la improcedencia del ruego invocado, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n rebatida, el 21 de enero de 2020 -que no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito solicitado por la accionante- y, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela \u00ab24 de septiembre de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. <\/p>\n
3. Finalmente, it\u00e9rese, que las decisiones adoptadas por el juzgado accionado fueron precedidas de interpretaciones razonables. Por ende, al margen de ser compartidas o no por la petente, resulta imposible la intervenci\u00f3n del juez de tutela a fin de imponer un criterio diferente. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, el fallo impugnado se deber\u00e1 ratificar. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En auto del 7 de julio de 2014 se fijaron honorarios por valor de $500.000, a favor del perito partidos y a cargo de ambas partes. <\/p>\n
2\u0002 El mandamiento de pago fue librado el 22 de enero de 2018. Notificado el 7 de noviembre de 2019. Folio 4 expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 10. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folio 40. Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios del 42 al 51. Expediente digital. <\/p>\n
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STC14813-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC14813-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00543-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59235"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59235\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}