STC14814-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14814-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02064-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Inversiones Arpitri Ltda. contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo hipotecario rad. n\u00ba 1995-1695. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, por conducto de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente trasgredidas por la autoridad judicial acusada en la causa referida. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Que compr\u00f3 a la se\u00f1ora Martha Cruz M\u00e9ndez \u00ablos inmuebles que son materia del proceso\u00bb, tal como consta en la Escritura P\u00fablica N\u00ba 303 del 12 de febrero de 1994, otorgada por la Notar\u00eda Cuarenta y Cuatro de Bogot\u00e1. Sobre dichos predios, la vendedora constituy\u00f3 una hipoteca a favor de Ahorramas Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda1, cuyo \u00abcr\u00e9dito fue otorgado para vivienda\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por el incumplimiento en la cancelaci\u00f3n de las obligaciones convenidas, la citada entidad promovi\u00f3 proceso ejecutivo ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual libr\u00f3 mandamiento de pago el 20 de octubre de 1995 y, el 17 de enero de 1998 dict\u00f3 sentencia. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, refiri\u00f3 que \u00abel operador judicial aprueba una liquidaci\u00f3n presentada por el cesionario que parte de una liquidaci\u00f3n inexistente seg\u00fan afirma por la suma de $123.477. 000.oo, auto del 25 de febrero de 1998, adem\u00e1s haciendo la conversi\u00f3n de la UPAC a UVR, con valores actualizados a fecha 15 de octubre de 2.019, cuando se debi\u00f3 hacer seg\u00fan el valor que ten\u00eda a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. Aquella, fue aprobada por prove\u00eddo del 18 diciembre de 2019. <\/p>\n
2.4. Inconforme, solicit\u00f3 \u00abla ilegalidad de dichos autos y el despacho en lugar de estudiar los fundamentos de la solicitud [\u2026] remite al prove\u00eddo del 3 de marzo de 2020, en donde indica que en el presente asunto no se cumplen los requisitos de reestructuraci\u00f3n, ni reliquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En desacuerdo con lo anterior, interpuso recurso de reposici\u00f3n. sin embargo, el juez acusado mantuvo su postura y, neg\u00f3 citando \u00ablo dispuesto en el art. 446 del C\u00f3digo General del Proceso, indicando que se trata de atacar las liquidaciones que se encuentran en firme [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, sostuvo que el estrado judicial enjuiciado \u00abno aplic\u00f3 a la parte ejecutante el alivio ordenado por la ley, ni condon\u00f3 los intereses y MUCHO MENOS EFECTU\u00d3 LA REESTRUCTURACI\u00d3N DEL CR\u00c9DITO, lo que es violatorio no solo de la ley 546 de 1999 sino de la abundante y prolija jurisprudencia2 constitucional y ordinaria\u00bb, pues \u00abconfunde el cr\u00e9dito con la garant\u00eda y, que los dineros desembolsados fueron destinados a vivienda\u00bb. Asimismo, reproch\u00f3 que \u00abla cesi\u00f3n presentada frente al cr\u00e9dito que se cobra carece de los requisitos establecidos en el art. 68 del C\u00f3digo General del Proceso, pues para que ella opere el cesionario debe ser aceptado expresamente por la parte demandada, hecho que no ha sucedido ni suceder\u00e1, por ende, solo tiene la condici\u00f3n de litisconsorte, esto es, que no tiene las facultades del cedente titular del derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abDECLARAR SIN NINGUN VALOR NI EFECTO, por vulnerar los derechos fundamentales previamente se\u00f1alados, los autos que aprueban la liquidaci\u00f3n\u00bb. Igualmente, inst\u00f3 \u00absolicitar a la Superintendencia financiera realizar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de conformidad con la ley\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Jaime Rodr\u00edguez Medina -cesionario dentro del tr\u00e1mite ejecutivo- manifest\u00f3 que \u00ablo reclamado por el accionante, fue un tema ya discutido y resuelto en el proceso ejecutivo hipotecario y, no es posible convertir la acci\u00f3n constitucional en una tercera instancia, dejando de lado el principio de la inmediatez y subsidiariedad que ha establecido la guardiana de la constituci\u00f3n, pues resulta inoportuno que el juez constitucional proceda a revisar actuaciones judiciales ya en firme y ejecutoriadas y que por la sola interpretaci\u00f3n errada del accionante frente a la aplicaci\u00f3n y beneficios de la ley 546 de 1999, la cual como ya se indic\u00f3\u0301 para acogerse a la misma requiere de varios elementos axiol\u00f3gicos que se deben cumplir y, de los cuales la sociedad accionante no le ampara ninguno de ellos al ser una persona jur\u00eddica, como tampoco la aplicaba la subrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito por la misma raz\u00f3n, pues al estar el cr\u00e9dito en cabeza de una persona jur\u00eddica los beneficios de la ley 546 de 1999 no se le pod\u00edan aplicar a su favor\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir el enlace del expediente de la referencia, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben providencias del 28 de septiembre de 2016 (fl. 393), 23 de enero de 2017 (fl. 397), 24 de marzo de 2017 (fl. 405), 21 de julio de 2017 (fl. 408), 3 de marzo de 2020 (fl. 512) y 2 de junio de 2021 (fl. 634), se le resolvi\u00f3\u0301 a la parte su insistencia respecto a la reliquidaci\u00f3n y restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que echo\u0301 de menos, y las razones por las que no es procedente aplicar tales reglas en este caso en particular\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abasimismo, es importante tener en cuenta que en providencia del 18 de diciembre de 2019 (fl. 498), se resolvi\u00f3\u0301 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y se le imparti\u00f3\u0301 aprobaci\u00f3n al mismo, providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Av Villas, indic\u00f3 que las determinaciones cuestionadas fueron proferidas con sujeci\u00f3n a la normatividad -Ley 564 de 1999-, as\u00ed como a las disposiciones procesales contentivas en el C\u00f3digo General del Proceso. En consecuencia, exhort\u00f3 denegar el amparo por improcedente. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, por considerar que \u00abverificadas las actuaciones se advierte, que la decisi\u00f3n adoptada por el juez cognoscente dentro del proceso ejecutivo se ci\u00f1e a la normatividad que regula los procesos ejecutivos en trat\u00e1ndose de liquidaciones de cr\u00e9dito y la aplicaci\u00f3n de la ley 546 de 1999, por lo que no puede endilg\u00e1rsele transgresi\u00f3n alguna a las garant\u00edas constitucionales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, refiri\u00f3 que, \u00ablas reiteradas peticiones de reliquidaci\u00f3n y restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito fueron resueltas dentro de los t\u00e9rminos previstos en el ordenamiento procesal civil, en donde se enfatiza que en el caso sub judice no es viable dar aplicaci\u00f3n a lo contemplado en la Ley 546 de 1999, como quiera que no se trata de cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, m\u00e1xime cuando el extremo ejecutado se trata de una persona jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
A la par, precis\u00f3 que la sociedad accionante \u00abha contado con los recursos de ley para garantizar su derecho al debido proceso y derecho de defensa, omitiendo en varias oportunidades hacer uso de los mecanismos ordinarios que prev\u00e9\u0301 el C.G.P., como lo fue, la desidia en el pago de expensas para surtirse el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto que rechazo\u0301 el incidente de nulidad, lo que arribo\u0301 a que el mismo se declarara desierto; del mismo modo, no promovi\u00f3\u0301 reparo alguno frente al auto que aprob\u00f3\u0301 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por la ejecutante, conllevando a la ejecutoria de tal providencia\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, insisti\u00f3 que la determinaci\u00f3n \u00abresulta por dem\u00e1s caprichosa [\u2026] en virtud de que no existe dicho pagare\u0301 y solo cabe en el imaginario de la operadora judicial, que se inventa una prueba inexistente para mantener su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la sociedad gestora pretende sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los que considera vulnerados por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 al haber aprobado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el 18 de diciembre de 2019 y, negar su reestructuraci\u00f3n. Ello pues, considera que tal proceder desconoce la normatividad y los precedentes sobre la materia, que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Sobre el particular, analizadas las probanzas obrantes en el plenario se constata que la promotora elev\u00f3 petici\u00f3n el 26 de septiembre de 20163, solicitando \u00abse declare la terminaci\u00f3n del proceso y consecuencialmente el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, pues estim\u00f3 reunidos \u00ablos presupuestos exigidos por la ley 546 de 1.999, toda vez que el proceso se inici\u00f3 antes del 31 de Diciembre de 2009 y seg\u00fan lo dispuesto por la Corte Constitucional deber\u00e1 decretarse su terminaci\u00f3n y ordenar su archivo\u00bb. <\/p>\n
En seguida, el Despacho neg\u00f3 lo pedido en providencia del 28 de septiembre de 20164, por considerar que \u00ablos argumentos all\u00ed planteados debieron haber sido alegados en la oportunidad procesal dispuesta para ello, esto es, con la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. Adem\u00e1s, explic\u00f3 que \u00abla Ley 546 de 1999, ata\u00f1e \u00fanicamente a cr\u00e9ditos de vivienda, por lo cual no es aplicable al caso de marras\u00bb. <\/p>\n
A la postre, en prove\u00eddo del 24 de marzo de 2017, resolvi\u00f3 no acceder a la terminaci\u00f3n del proceso alegada por el extremo ejecutado, en tanto que, \u00ab[\u2026] en el expediente obra pagar\u00e9 suscrito entre dos sociedades, en donde se hace alusi\u00f3n a que es un cr\u00e9dito de mutuo comercial. Entonces, si no est\u00e1 acreditado que se est\u00e1 en presencia de un cr\u00e9dito contra\u00eddo para la adquisici\u00f3n de vivienda, es claro que la sociedad ejecutada no puede obtener a su favor los beneficios otorgados por la Ley 546 de 1999, habida cuenta que esta normatividad fue \u201c(\u2026) expedida espec\u00edficamente para favorecer a las familias adquirentes de su propio techo y garantizarles la sostenibilidad de las obligaciones crediticias contra\u00eddas con ese fin\u201d (Sentencia de 25 de abril de 2008, exp. 11001-02-03-000-2007-00509-00)5\u00bb. <\/p>\n
Ante tal determinaci\u00f3n, la gestora formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Sin embargo, el despacho censurado por auto del 21 de junio de 2017, resolvi\u00f3 mantener su postura y negar la alzada, reiterando \u00abque el inmueble fue vendido a una persona jur\u00eddica [\u2026]; y, no se prob\u00f3 dentro del expediente que el inmueble haya sido adquirido para vivienda individual a largo plazo\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, la apoderada del cesionario alleg\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el 1\u00ba de marzo de 2019. En seguida, el representante legal de la aqu\u00ed accionante -dentro del t\u00e9rmino del traslado-, objet\u00f3 refiri\u00e9ndose como \u00abcaprichos[a] e ilegal, en contrav\u00eda de la Ley 546 de 1999, y de la SENTENCIA C-955 DE 20006\u00bb. <\/p>\n
Del escrito, el estrado judicial advirti\u00f3 \u00abhechos que constituyen nulidad constitucional\u00bb, como lo son, la falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme lo dispuesto en la Ley 546 de 1999; motivo por el cual, dispuso el 27 de agosto de 2019, darle tr\u00e1mite al incidente de nulidad en aras de garantizar el debido proceso y, orden\u00f3 correr traslado a la parte ejecutante7. <\/p>\n
Ulteriormente, el Juzgado accionado el 15 de noviembre de 2017, rechaz\u00f3 \u00abde plano la [\u2026] solicitud de nulidad\u00bb, aduciendo que las causales invocadas no se encuentran dentro de las contempladas en el art\u00edculo 133 del C.G.P. Adicionalmente, record\u00f3 que \u00absobre el tema de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, [\u2026] ya hizo pronunciamiento mediante autos de septiembre de septiembre 28 de 2016 (fl. 398 C 1B), enero 23 de 2017 (fl. 402 C 1B) y marzo 24 de 2017 (410 C 1B)8\u00bb. <\/p>\n
No conforme, impetr\u00f3 los remedios horizontal y vertical, neg\u00e1ndose la revocatoria de la determinaci\u00f3n y, concedi\u00e9ndose la alzada. Empero, por no haber sufragado las expensas necesarias para la expedici\u00f3n de copias, tal medio impugnatorio fue declarado desierto el 6 de junio de 20189. <\/p>\n
En ese orden, el Juzgado convocado no acept\u00f3 la objeci\u00f3n invocada por la sociedad demandada. En consecuencia, decidi\u00f3 aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por la parte demandante, en providencia del 18 de diciembre de 201910. <\/p>\n
Luego, la sociedad gestora inst\u00f3 nuevamente al Despacho, reconsiderar la petici\u00f3n de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. No obstante, el estrado judicial en auto del 3 de marzo de 2020, reiter\u00f3 que en el asunto no se reun\u00edan los presupuestos para reestructurar el cr\u00e9dito, por lo que neg\u00f3 la solicitud. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. en efecto, con independencia que se comparta o no las conclusiones del juez natural, para esta Sala, las determinaciones cuestionadas no podr\u00edan recibirse como irrazonables. Ello pues, fueron proferidas por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de una an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
Por supuesto, los autos que aprobaron la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito obedecieron al curso normal del proceso, comoquiera que, en el presente caso no era dable ordenar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por no reunir el extremo ejecutado los presupuestos a los que se refiere el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 546 de 199911. Aunado a que, se trata de una persona jur\u00eddica a la que no se le pueden hacer extensivos los efectos de la mentada disposici\u00f3n. <\/p>\n
4. Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de funcionario de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, esta Sala comparte lo decidido en la providencia impugnada respecto a la improcedencia del amparo, pues la sociedad accionante \u00abha contado con los recursos de ley para garantizar su derecho al debido proceso y derecho de defensa, omitiendo en varias oportunidades hacer uso de los mecanismos ordinarios que prev\u00e9\u0301 el C.G.P., como lo fue, la desidia en el pago de expensas para surtirse el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto que rechazo\u0301 el incidente de nulidad, lo que arribo\u0301 a que el mismo se declarara desierto; del mismo modo, no promovi\u00f3\u0301 reparo alguno frente al auto que aprob\u00f3\u0301 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por la ejecutante, conllevando a la ejecutoria de tal providencia\u00bb. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Escritura P\u00fablica N\u00ba 2906 del 28 de mayo de 1992, otorgada en la Notar\u00eda Dieciocho de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional C-955, SU-813\/2007, Corte Suprema de Justicia STC2670\/2015, STC3865\/2015. <\/p>\n
3\u0002 Folio 292 en \u201cC-1 SEGUNDA PARTE 10-1995-1695\u201d en Expediente Digital. <\/p>\n
4\u0002 Folio 294 Ib\u00edd. <\/p>\n
5\u0002 Folios 296-298 Ib\u00edd. <\/p>\n
6\u0002 Folio 402 Ib\u00edd. <\/p>\n
7\u0002 Folio 419 Ib\u00edd. <\/p>\n
8\u0002 Folios 20-21 en \u201cCuaderno 2 Incidente Nulidad\u201d en Expediente Digital. <\/p>\n
9\u0002 Folio 24 Ib\u00edd. <\/p>\n
10\u0002 Folios 40-41 en \u201cC-1A 010-1995-01695\u201d en Expediente Digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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