STC14820-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14820-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2021-00564-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 27 de agosto de 2021, que neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Nory Caicedo de Oyola y Emilio Oyola contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados las partes, apoderados y dem\u00e1s intervinientes al interior del proceso de radicado 2019-00055-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, procuraron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, protecci\u00f3n de la vida, honra y bienes, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial1 y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Nory Caicedo de Oyola y Emilio Oyola, promovieron proceso verbal de terminaci\u00f3n unilateral y cesaci\u00f3n de contrato de corretaje contra H\u00e9ctor Jaramillo Villareal2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2.2. Surtidas las correspondientes etapas procesales, el Despacho de conocimiento profiri\u00f3 sentencia en audiencia celebrada el 30 de abril de 20213, mediante la cual no se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y se declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas incongruencia f\u00e1ctica y jur\u00eddica del escrito y solidez de los contratos legalmente celebrados. <\/p>\n
2.4. Los accionantes, por v\u00eda de tutela, alegaron que la sentencia de primera instancia fue proferida por fuera del t\u00e9rmino del a\u00f1o que exige el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, exactamente 21 meses despu\u00e9s, excluyendo incluso el tiempo en que fueron suspendido los t\u00e9rminos judiciales por la declaratoria de la pandemia. En este sentido, a su juicio, la autoridad judicial actu\u00f3 sin competencia. No obstante, continu\u00f3 con el conocimiento del asunto hasta dictar el fallo cuestionado, por lo que se encontraba configurada la causal de nulidad contemplada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 ibidem. <\/p>\n
3. Solicitaron, conforme a lo relatado, se ordene la cesaci\u00f3n de los derechos violados y su restablecimiento. En consecuencia, se proceda a \u00abdecretar como MEDIDA DEFINITIVA la nulidad que al caso viene en lo actuado puntualmente en la sentencia no obstante que lo habido en el proceso.\u00bb <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, luego de memorar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f36 que \u00abde conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 134 del C.G.P., las nulidades pueden alegarse en cualquiera de las instancias antes que se dicte sentencia o con posterioridad a \u00e9sta su ocurrieren en ella, y, en el caso que nos ocupa no se aleg\u00f3 ninguna causal de nulidad ni en primera, ni en segunda instancia. Adem\u00e1s, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en otra instancia (3\u00aa) judicial, distintas a las ordinarias, para afrontar una tem\u00e1tica de rengo legal m\u00e1s no constitucional, ni mucho menos existe v\u00eda de hecho alguna en la decisi\u00f3n trascendente que se cuestiona en el escrito de tutela, raz\u00f3n por la cual se debe declarar su improcedencia.\u00bb <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que \u00ablos accionantes, apelaron la sentencia y dejaron vencer el t\u00e9rmino para sustentar el recurso, raz\u00f3n por la cual fue declarado desierto. Luego, no pueden a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela revivir los t\u00e9rminos legalmente precluidos, siendo que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada.\u00bb <\/p>\n
2. Hernando Pe\u00f1a Mart\u00ednez, apoderado judicial del demandando H\u00e9ctor Jaramillo Villareal, manifest\u00f37 que la nulidad solicitada no es viable, \u00abya que toda vez que como presupuesto para la viabilidad de esa invalidaci\u00f3n debi\u00f3 mediar solicitud luego de la estructuraci\u00f3n del supuesto y previo a la sentencia. \u201cno obstante, esa petici\u00f3n solo la realiz\u00f3 los demandados en esta instancia cuando ya se hab\u00eda emitido el fallo de primera y segunda instancia, configur\u00e1ndose con ello el saneamiento de aquella situaci\u00f3n. De ah\u00ed que, no prospere el requerimiento de invalidaci\u00f3n solicitada mediante esta acci\u00f3n, toda vez que, se itera, la nulidad ocurre solo previa solicitud de parte y debe ser exigida antes de que se profiera la sentencia, que lo ocurre en el evento que hoy ocupa la atenci\u00f3n de ustedes. Contrario sensu, se produjo el saneamiento del defecto del que pod\u00eda adolecer y, la finalidad de la actuaci\u00f3n ha de entenderse cumplida.\u00bb <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 se deniegue la acci\u00f3n constitucional por no constituir vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno y darle aplicaci\u00f3n al principio de seguridad jur\u00eddica de las decisiones judiciales. <\/p>\n
3. H\u00e9ctor Enrique Jaramillo Villareal, en su calidad de tercero posiblemente afectado, por haber fungido como demandado en el proceso de terminaci\u00f3n unilateral y cesaci\u00f3n de contrato de corretaje, solicit\u00f38 se declare la improcedencia total de la acci\u00f3n de tutela por inexistencia de los derechos fundamentales presuntamente amenazados. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que resulta improcedente la acci\u00f3n constitucional frente a la providencia atacada en raz\u00f3n a que no se atendi\u00f3 al requisito de subsidiariedad, toda vez que \u00abaunque se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia cuestionada, el cual era procedente, se declar\u00f3 desierto el 27 de mayo del a\u00f1o 2021 por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al no ser sustentado por la parte apelante (demandantes), la cual para el caso, son los aqu\u00ed accionantes.\u00bb9. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abcomo la solicitud de resguardo no cumpli\u00f3 con el presupuesto anotado que rige esta materia, menester es desestimarla, sin entrar en el estudio de fondo del caso\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inaugural. En concreto, precisaron que esperan que en esta instancia se \u00abdetermine la exactitud de la violaci\u00f3n al canon 121 del C.G.P. por ser ello conforme a derecho y al planteamiento que tutelar que es motivo de la alta decisi\u00f3n ante el fracaso que tuvo lugar en la primera instancia de este tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional que hoy cobre nuestro inter\u00e9s, pero que al zanjar el recurso de igual naturaleza proceder\u00e1 apeg\u00e1ndose a la realidad so pena de refrendar la comisi\u00f3n de una inconstitucionalidad cuando la decisi\u00f3n de la magistratura trata de superar e imponerse frente al contexto del Art. 121, el cual es demasiado explicito para pretender de que el Juez de la causa actu\u00f3 con la observancia del Art. 117 y los consagrado en el canon 1\u00b0, 1,4 y ss de la Ley adjetiva en menci\u00f3n, encu\u00e9ntranos que esta tutela debe tener el \u00e9xito que le auguran los entendidos en la materia frente a un disponer que reitero se convertir\u00eda en una excepci\u00f3n de insconstitucionalidad, por tanto creyendo en la justicia y el respecto a los t\u00e9rminos por parte d ellos funcionarios, no cabe estima contraria a que se desate la impugnaci\u00f3n con el des favorecimiento pertinente y que se olviden los Magistrados al se\u00f1alar la exigencia de prueba de las violaciones al debido proceso, cuando es caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n p\u00fablica de tr\u00e1mite regular ahora, la informalidad.\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los accionantes con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 30 de abril de 2021. Ello pues, a su juicio, el Juez debi\u00f3 haber declarado la nulidad de pleno derecho del proceso de marras en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y no lo hizo. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Sobre el particular, de acuerdo con lo verificado en el expediente del juicio debatido, se observa que respecto de la inconformidad de los actores referente a que la sentencia de primera instancia fue proferida despu\u00e9s de haber pasado el t\u00e9rmino de un a\u00f1o de duraci\u00f3n de los procesos contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, no se encontr\u00f3 en el expediente alg\u00fan memorial indicando el acaecimiento de la nulidad antes de que fuera dictada la sentencia controvertida. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se evidenci\u00f3 que la C\u00e9lula judicial cuestionada concedi\u00f3 en audiencia el recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia discutida, el cual fue admitido el 11 de mayo de ese mismo a\u00f1o por el Tribunal Superior de Barranquilla, concedi\u00e9ndosele cinco d\u00edas para sustentar el recurso. Sin embargo, al finalizar el t\u00e9rmino los apelantes guardaron silencio. Por ello, en auto de 27 de mayo resolvi\u00f3 declararlo desierto, y frente a tal providencia, los actores tampoco realizaron cuestionamiento alguno. <\/p>\n
4. De lo narrado, la Sala concluye que los querellantes contaron con la oportunidad de exponer y alegar a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hicieron. <\/p>\n
4.1. En efecto, es claro que desperdiciaron la herramienta que tuvieron a su alcance, pues no presentaron en el momento oportuno la solicitud de nulidad frente a la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 121 C.G.P. Por lo tanto, esta qued\u00f3 saneada. <\/p>\n
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019, declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y la exequibilidad condicionada del resto del inciso, \u00aben el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, resulta evidente que lo que pretenden los actores es revivir t\u00e9rminos y oportunidades que desaprovecharon para manifestar sus inconformidades frente al fallo que le fue desfavorable a sus pretensiones. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, se reitera la improcedencia del amparo ante la falta de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2021. Y ante la omisi\u00f3n en interponer el recurso de reposici\u00f3n dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que declar\u00f3 desierta la alzada, medios que tambi\u00e9n eran viables de acuerdo con lo contemplado en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, tales omisiones imposibilitan el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que los gestores contaron con la posibilidad de formular la nulidad contemplada en el mencionado art\u00edculo 121 del C.G.P en la debida oportunidad procesal. Igualmente, hubieran podido exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad -relacionadas con la sentencia que no accedi\u00f3 a sus pretensiones. Empero, por su propia incuria dejaron fenecer los mecanismos para hacer valer lo que ahora pretenden por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala en un caso similar, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abDe entrada, se advierte el decaimiento del ruego por no cumplirse el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, se observa que el 11 de noviembre de 2020 el Juzgado Civil del Circuito de Cali admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el fallo expedido por el Veintiuno Civil Municipal de esa sede (22 oct. 2020) y, con fundamento en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso fij\u00f3 fecha para audiencia de \u00absustentaci\u00f3n y fallo\u00bb (20 nov). Luego, con base en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, \u00ablo declar\u00f3 desierto, por falta de sustentaci\u00f3n\u00bb (9 dic). <\/p>\n
Dichas resoluciones quedaron en firme, toda vez que no fueron recurridas a, pesar que contra ellas cab\u00eda el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb de acuerdo con en el art\u00edculo 318 del estatuto procesal civil, seg\u00fan el cual, \u00abprocede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la precursora tuvo la oportunidad de esgrimir ante el ad quem reprochado la \u00abinconformidad\u00bb que ahora plantea en este sendero excepcional, y no lo hizo, pues dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir los autos que aplicaron la norma adjetiva general, esto es, la admisi\u00f3n y la programaci\u00f3n de fecha, as\u00ed como aquella que aplic\u00f3 la sanci\u00f3n por falta de \u00absustentaci\u00f3n\u00bb al tenor del Decreto 806 de 2020. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado esa herramienta\u00bb (CSJ STC4718-2021, abril 30 de 2021. Rad. 2021-00062-01). <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5. Por lo explicado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 al 7, 0005Expediente_remitido.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-10, 01PrimeraParteExpedienteDigitalizado.pdf de la subcarpeta C01Principal\/01PrimeraInstancia\/2019-00055 <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 al 2. 26ActaAudiencia.pdf de la subcarpeta Ibidem <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-10. 29ApelanteSustentaRecurso.pdf – de la subcarpeta Ibidem <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-5, 32DeclaraDesiertoRecursoDeApelacion.pdf de la subcarpeta Ibidem <\/p>\n
6\u0002 Folios 12- 14, 0005Expediente_remitido.pdf <\/p>\n
7\u0002 Folios 15- 22 Ibidem <\/p>\n
8\u0002 Folios 23-25 Ibidem <\/p>\n
9\u0002 Folios 26 al 32, Ibidem <\/p>\n
<\/p>\n
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