STC14827-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14827-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2021-00092-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 8 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Alejandro Montenegro Huertas contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero y Segundo Civil Municipal y el Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, todos de la capital de Nari\u00f1o, as\u00ed como los intervinientes en el reivindicatorio radicado n\u00ba 2019-00700. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y defensa, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, contra la diligencia de entrega adelantada el 5 de julio de 2018 por la Inspecci\u00f3n Quinta Urbana de Pasto, present\u00f3 oposici\u00f3n alegando ser poseedor del inmueble objeto del proceso reivindicatorio radicado 2019-00700 tramitado en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el despacho rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n formulada (auto del 14 de julio de 2020) decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el remedio horizontal propuesto (auto del 24 de marzo de 2021) y concedi\u00f3 el vertical ante el superior. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 26 de agosto pasado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n apelada, ratificando la improcedencia de la oposici\u00f3n planteada con fundamento en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las anteriores providencias porque le denegaron la posibilidad de ejercer su defensa frente a varias \u00abinconsistencias\u00bb derivadas del juicio reivindicatorio. <\/p>\n
Al respecto sostuvo, en primer lugar que, la norma considerada para rechazar su intervenci\u00f3n no es aplicable al asunto; seguidamente afirm\u00f3 que, el bien cuya entrega se orden\u00f3 no coincide con el que alega poseer pues, \u00abla identificaci\u00f3n inmobiliaria es completamente distinta de la que se indica en la demanda y en la propia sentencia\u00bb (del 14 de marzo de 2017 proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Pasto); aleg\u00f3 adem\u00e1s que, esa reivindicaci\u00f3n \u00abno ten\u00eda porqu\u00e9 incluir el local comercial\u00bb sobre el que detenta el derecho posesorio, heredado de su progenitora quien lo adquiri\u00f3 a partir de un contrato de promesa de compraventa hace m\u00e1s de 16 a\u00f1os, aspecto que \u00abno fue analizado por los jueces (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 finalmente que, la decisi\u00f3n criticada tuvo una \u00abfundamentaci\u00f3n insuficiente [\u2026] se dict\u00f3 un auto sin decidir de fondo, considerando suficiente citar la norma contenida en el art\u00edculo 309 [del C.G.P.] para negar la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se deje sin efecto \u00abla decisi\u00f3n judicial que se dict\u00f3 el 26 de agosto de 2021 y disponer los ordenamientos de rigor, en la medida que se imponga el deber de resolver la oposici\u00f3n impetrada conforme a derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de Pasto, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 en segunda instancia en el sentido de confirmar el rechazo de la oposici\u00f3n propuesta por el accionante a la diligencia de entrega del inmueble que dice poseer, la cual, tom\u00f3 \u00aben el marco del debido proceso pues no puede perderse de vista lo consagrado en el art\u00edculo 3009 del C\u00f3digo General del Proceso y las oportunidades procesales con las que las partes contaron para impugnar las decisiones con las que se consideren afectados, como ocurri\u00f3 con la sentencia de 14 de marzo de 2017 emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil Municipal de esa ciudad, solicit\u00f3 se deniegue el amparo por cuanto, el tr\u00e1mite cuestionado se surti\u00f3 \u00abconforme a las normas sustanciales y procedimentales que lo rigen, sin transgredir ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Cuarta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, dijo que conoci\u00f3 del proceso \u00ab2015-0042 (sic)\u00bb propuesto por Miguel \u00c1ngel Yela Cabrera en contra de Ra\u00fal Alejandro Montenegro Huertas hasta el d\u00eda 11 de octubre de 2017, \u00abfecha en la que se declar\u00f3 impedida en raz\u00f3n de que entr\u00f3 como apoderado de la parte demandada el doctor Carlos Montenegro Urbano. Por lo anterior, no pod\u00eda referirse a pormenores o actuaciones surtidas en el mismo ni en el escrito de tutela ni el auto que la vincula\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Primera Civil Municipal de la capital de Nari\u00f1o, solicit\u00f3 se desestimen las pretensiones pues el proceso denunciado \u00abse adelant\u00f3 de acuerdo a los establecido en la ley y no se debe utilizar la tutela como otra instancia\u00bb. De otra parte explic\u00f3 que, dicho asunto lo recibi\u00f3 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, luego de que manifestara su impedimento para conocerlo, al igual que lo hizo previamente la Juez Sexta Civil Municipal (hoy Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Pasto). <\/p>\n
5. Liliana Yela Cabrera quien funge como demandante en el juicio reivindicatorio, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n y solicit\u00f3 se impongan sanciones al gestor del amparo por temeridad. Adicionalmente expuso que aqu\u00e9l no es un tercero poseedor y junto a otras personas, hace parte de los demandados dentro del reivindicatorio, en el que intervino \u00abproponiendo excepciones de m\u00e9rito y demandando en reconvenci\u00f3n por pertenencia\u00bb en relaci\u00f3n con el local comercial que incluye el bien reclamado. <\/p>\n
6. Libardo Rodolfo Bastidas, vinculado por ser otro de los demandados en el reivindicatorio, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n tutelar respaldando los argumentos del tutelante frente a la procedencia de oposici\u00f3n a la entrega; asimismo, cont\u00f3 que es el administrador del local comercial que funciona en el inmueble a restituir y que dicho asunto \u00able ha tra\u00eddo muchos inconvenientes\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la providencia atacada se aprecia razonable, por cuanto \u00ab(\u2026) se soport[\u00f3] en una interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de la norma procesal aplicable, fundando su conclusi\u00f3n en que el opositor fue demandado dentro del proceso reivindicatorio e intervino en el mismo, de ah\u00ed que la sentencia surt\u00eda efectos en su contra, am\u00e9n que, contrario a lo sostenido por el accionante, el auto cuestionado s\u00ed se examinaron los argumentos por \u00e9l planteados, los cuales se descartaron ante su improcedencia por cuestionar la sentencia de 14 de marzo de 2017, la cual es muy clara al determinar el inmueble a entregar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, reiterando en extenso los argumentos del escrito inicial. Refut\u00f3 la sentencia del tribunal a quo pues asevera que, \u00abno es de recibo sujetarse a una regla legal cuando la cuesti\u00f3n es diferente [\u2026] no es dable apegarse con tanto rigor al art\u00edculo 309 del C.G.P., [\u2026] no existe el concepto de justicia material, solo se da importancia a la justicia formal, hoy mandado a recoger\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que los juzgadores accionados, para resolver como lo hicieron se apoyaron \u00aben falacias argumentativas que las utilizan como excusas, por falta de diligencia y ponderaci\u00f3n en la debida identificaci\u00f3n del predio a ser entregado [\u2026] decisiones completamente inaplicables para un local comercial que no hace parte de la propiedad de mayor extensi\u00f3n\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, no fue su actual apoderado quien dej\u00f3 perder la oportunidad de apelar la sentencia del reivindicatorio, sino el primer abogado que lo represent\u00f3 en dicho juicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas con el auto del 26 de agosto de 2021 que confirm\u00f3 el del a quo, que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n presentada contra la diligencia de entrega del inmueble objeto del proceso reivindicatorio radicado n\u00ba 2019-00700 incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por \u00abinsuficiente motivaci\u00f3n\u00bb, ya que omiti\u00f3 analizar que el bien reclamado y el que alega poseer, \u00abno son los mismos\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Efectuado el estudio de la queja constitucional, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente y de la decisi\u00f3n recriminada \u2013 prove\u00eddo del 26 de agosto de 2021 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto \u2013, la Corte establece que habr\u00e1 de confirmarse la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que la referida determinaci\u00f3n no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
Para abordar la discusi\u00f3n planteada por el recurrente frente al rechazo de la oposici\u00f3n a la entrega, el ad quem accionado precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la providencia impugnada se fundamenta en que la sentencia reivindicatoria que dispuso la restituci\u00f3n es oponible al opositor en tanto las constancias procesales indican que fue demando en el proceso que la apalanca. <\/p>\n
Contrario a lo que estima el recurrente, este Despacho encuentra acertada la decisi\u00f3n del juez a quo, toda vez que al respecto es suficientemente claro e imperativo el mandato del art\u00edculo 309 del CGP, seg\u00fan el cual, \u201cEl juez rechazar\u00e1 de plano la oposici\u00f3n a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia,\u201d. <\/p>\n
En este sentido, las intrincadas y confusas elucubraciones que el recurrente trae para tratar de desvirtuar este imperioso mandato legal, no resultan de recibo; m\u00e1s si en cuenta se tiene que todos sus reproches se dirigen a cuestionar la sentencia que defini\u00f3 la instancia del proceso reivindicatorio tach\u00e1ndola, incluso, de ilegal. Cuestionamientos, todos que, como bien lo reiteraron, adem\u00e1s, los jueces de tutela, debi\u00f3 enfilar a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que hoy pretende cuestionar y anular en sus efectos a trav\u00e9s de una actuaci\u00f3n abiertamente improcedente, que no ha hecho m\u00e1s que dilatar en el tiempo el cumplimiento de una orden judicial emitida el 14 de marzo de 2017\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente puntualiz\u00f3 que, el inmueble se hallaba plenamente identificado y que la orden de entrega dispuesta en la sentencia tambi\u00e9n se dirig\u00eda al local comercial \u00abcon nomenclatura urbana carrera 24 n\u00ba 17-03 de la ciudad de Pasto\u2026\u201d de donde no asoma confusi\u00f3n alguna en cuanto al bien que debe entregarse a los demandantes\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre ese particular aspecto, agreg\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [t]ampoco sirve para quitar fuerza a la firmeza y a la ejecutoria de la sentencia, y con ello a la orden de restituci\u00f3n, el que ella no se encuentre inscrita en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria reclamados por el impugnante, pues pese a que, en efecto, ello se dispuso en la resolutiva de la providencia, tal ordenamiento no se torna necesario en esta clase de procesos, am\u00e9n que el derecho de dominio de los reivindicantes sobre el local en comento, se encontr\u00f3 suficientemente acreditado; no de otra manera habr\u00eda prosperado la pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte ese pronunciamiento en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como se observa, el an\u00e1lisis all\u00ed efectuado se acompas\u00f3 con lo preceptuado en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso que regula el tr\u00e1mite que viene cuestion\u00e1ndose y que espec\u00edficamente indica en su numeral 1\u00ba \u2013 que la oposici\u00f3n contra la diligencia de entrega habr\u00e1 de ser rehusada si es formulada por persona frente a la cual surte efectos o le es oponible la sentencia que la orden\u00f3, entre otros supuestos que igualmente se verificaron. <\/p>\n
Ahora, el que el querellante disienta de esa postura, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este caso. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha se\u00f1alado que mientras las providencias recriminadas no revelen desafuero jur\u00eddico, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, es decir, la simple discrepancia, \u00ab(\u2026) no descalifica [la] decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Por otro lado, cuando el prop\u00f3sito del tutelante es el de anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada y atacar el pronunciamiento que le fue desfavorable por esta v\u00eda excepcional, se trata de una finalidad ajena a este auxilio, que no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que los jueces ordinarios sin arbitrariedades y en su leg\u00edtimo entendimiento, asuman frente a determinada situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone revalidar el fallo constitucional impugnado porque: <\/p>\n
El accionante no demostr\u00f3 la v\u00eda de hecho denunciada que abrir\u00eda paso a adoptar una medida de protecci\u00f3n, por cuanto la determinaci\u00f3n atacada (que confirm\u00f3 el rechazo de la oposici\u00f3n formulada frente a la entrega material del inmueble objeto del litigio) se advierte razonable a la luz del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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