STC14834-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14834-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-00970-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 1\u00b0 de octubre de 2021, proferida por la Sala \u00abX\u00bb, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00abA\u00bb en su propio nombre y en el de su menor hijo \u00abD\u00bb, contra el Juzgado \u00abY\u00bb y la Comisar\u00eda \u00abZ\u00bb, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado \u00abT\u00bb y la Comisar\u00eda \u00abU\u00bb, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso de custodia y cuidado personal, alimentos y visitas con radicado n\u00b0 1111-1111-11, y el administrativo de medidas de protecci\u00f3n n\u00b0 2222-2222-22. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Afirma que, en sentencia de sentencia de 31 de julio de 2019, proferida por el Juzgado \u00abT\u00bb, se (i) otorg\u00f3 la custodia al padre de su hijo, (ii) dispuso su deber de pagar alimentos y, (iii) en cuanto a las visitas, se orden\u00f3 que la abuela materna del infante podr\u00eda frecuentarlo y, a ella, se le permiti\u00f3 tener comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica con el ni\u00f1o. <\/p>\n
Refiere que la Comisar\u00eda \u00abU\u00bb, en resoluci\u00f3n de 21 de octubre de 2020, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara garantizar al ni\u00f1o (\u2026) de siete (7) a\u00f1os de edad el goce de sus derechos con su[s] [ascendientes,] (\u2026), cuando el [menor] adelante visitas a su abuela [materna] (\u2026), [podr\u00eda] hacerse presente la progenitora\u00bb. <\/p>\n
Destaca que el padre del ni\u00f1o formul\u00f3 apelaci\u00f3n frente a ese aspecto, defensa cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado \u00abY\u00bb, la cual se encuentra pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
Cuestiona que el progenitor del menor desde el comienzo de la pandemia, no le ha permitido a su abuela ni a ella, tener contacto con el infante e, igualmente, reprocha la mora del precitado despacho para desatar la alzada en comento. <\/p>\n
3. Solicita, ordenar cumplir lo resuelto sobre las visitas de su hijo y, al Juzgado \u00abY\u00bb desatar el recurso de vertical promovido por el padre de su hijo. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u00abT\u00bb destac\u00f3 que, la tutelante no ha formulado petici\u00f3n alguna relacionado con el alegado incumplimiento del r\u00e9gimen de visitas de su hijo. <\/p>\n
2. El Juzgado \u00abY\u00bb rese\u00f1\u00f3 que, en decisi\u00f3n de 10 de diciembre de 2020, defini\u00f3 la apelaci\u00f3n incoada por el padre del menor frente a la resoluci\u00f3n de 21 de octubre de 2020, proferida por la Comisaria \u00abU\u00bb, revocando lo all\u00ed dispuesto en relaci\u00f3n con la autorizaci\u00f3n dada la tutelante de estar con el ni\u00f1o, cuando el infante visitase a su abuela materna. <\/p>\n
3. La Comisar\u00eda \u00abM\u00bb rese\u00f1\u00f3 que, en 2016, decidi\u00f3 una medida de protecci\u00f3n en favor de la demandante que no tuvo relaci\u00f3n alguna con su hijo. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia Adscrita al Juzgado \u00abY\u00bb, resalt\u00f3 que deb\u00eda concederse la salvaguarda, dado el inter\u00e9s del superior del ni\u00f1o, porque la reclamante, si bien convivi\u00f3 con el menor desde que naci\u00f3, afront\u00f3 una situaci\u00f3n particular entre febrero de 2019 y el 13 agosto de 2020, que produjo la separaci\u00f3n de su hijo y, por ello, deb\u00edan adoptarse medidas en aras de restablecer los lazos afectivos con el infante. <\/p>\n
5. El Defensor de Familia \u00abN\u00bb, expres\u00f3 la necesidad de garantizar el derecho a la familia del menor y de la suplicante, a trav\u00e9s de ordenes afirmativas que permitieran \u00abreverdecer el lazo perdido durante [las presuntas] omisiones [relacionadas con el r\u00e9gimen de visitas en controvertido]\u00bb. <\/p>\n
6. El Procurador \u00abO\u00bb, reliev\u00f3 que \u00abresulta[ba] procedente tutelar los derechos fundamentales del [menor] a tener un contacto frecuente y permanente con su progenitora, cortando todo tipo de obst\u00e1culos que impid[ieran] al menor de edad la estrecha cercan\u00eda con su madre\u00bb. <\/p>\n
7. El Instituto \u00abG\u00bb, se\u00f1al\u00f3 carecer de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
8. \u00abB\u00bb padre del menor, indic\u00f3 que no se ha conculcado prerrogativa alguna al interior de los tr\u00e1mites atacados. <\/p>\n
9. La Defensor\u00eda de Familia Regional \u00abP\u00bb -Centro Zonal \u00abQ\u00bb- resalt\u00f3 que adelant\u00f3 un decurso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del menor, el cual fue fallado el 1\u00b0 de abril de 2019, declar\u00e1ndolo en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, procedimiento que se cerr\u00f3 el 15 de octubre siguiente. <\/p>\n
11. El Centro de Conciliaci\u00f3n \u00ab\u00d1\u00bb y el Centro de Conciliaci\u00f3n \u00abS\u00bb rese\u00f1aron que all\u00ed libraron boletas para realizar audiencias de conciliaci\u00f3n que no se surtieron por la incomparecencia de la citada, aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n
12. \u00abC\u00bb, quien se\u00f1alo ser la abuela materna del ni\u00f1o, coadyuv\u00f3 los pedimentos del auxilio. <\/p>\n
13. La Personer\u00eda \u00abF\u00bb mencion\u00f3 que la Comisar\u00eda \u00abM\u00bb, adelant\u00f3 un incidente de incumplimiento de medida protecci\u00f3n otorgada a la precursora en 2016, el cual termin\u00f3 el 27 de enero de 2021, declarando no probada tal circunstancia. <\/p>\n
14. La Comisar\u00eda \u00abU\u00bb destac\u00f3 que, en resoluci\u00f3n de 21 de octubre de 2020, determin\u00f3 que no estaba demostrada la aducida violencia intrafamiliar endilgada por la impulsora al padre del menor. <\/p>\n
Asimismo, relat\u00f3 que en ese pronunciamiento dispuso que \u00abpara garantizar al ni\u00f1o (\u2026) de siete (7) a\u00f1os de edad el goce de sus derechos con su[s] [ascendientes] (\u2026), cuando el [menor] adelante visitas a su abuela [materna] (\u2026) [podr\u00eda] hacerse presente la progenitora (\u2026) observando las medidas estrictas de bioseguridad dictadas por el gobierno nacional, aspecto que fue objeto de apelaci\u00f3n por parte del progenitor del infante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio frente al Juzgado \u00abT\u00bb , al desatenderse el requisito de subsidiariedad, por cuanto la gestora no hab\u00eda acudido a ese despacho a solicitar el cumplimiento de la sentencia que estableci\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas objeto de discusi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto al Juzgado \u00abY\u00bb, refiri\u00f3 la inexistencia de la mora enrostrada respecto a la apelaci\u00f3n formulada por el padre del menor contra lo resuelto por la Comisar\u00eda \u00abU\u00bb, pues dicho recurso fue definido mucho antes de la presentaci\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
Con todo, enfatiz\u00f3 en \u00abla importancia vital de un sano relacionamiento paterno y materno filial para el desarrollo psicosocial del ni\u00f1o\u00bb, y por tal motivo \u00absolicit[\u00f3] la intervenci\u00f3n del Se\u00f1or Defensor de Familia y del Delegado del Ministerio P\u00fablico a fin de canalizar el reclamo de la accionante ante el Juzgado [T] en orden a verificar el cumplimiento de la sentencia y, de ser el caso, adoptar correctivos para su ejecuci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, hijo de la actora\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La instaur\u00f3 la querellante reiterando varios aspectos esbozados en la demanda de amparo y, cuestionando la vinculaci\u00f3n del Juzgado \u00abT\u00bb al tr\u00e1mite constitucional, porque sus reclamos no se dirigieron contra ese estrado; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abdescono[c\u00eda] que acci\u00f3n judicial deb\u00eda iniciar ante [ese despacho] para poder ver y hablar con [su] hijo, dado que las respuestas de este juzgado a [sus] correos siempre fueron que el proceso estaba archivado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente si, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad del auxilio contra decisiones judiciales y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas de la accionante y de su menor mijo, al no dar cumplimiento al r\u00e9gimen de visitas establecido. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la revisi\u00f3n realizada al reclamo constitucional y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte observa que el presente amparo resulta improcedente tal y como lo determin\u00f3 el a quo constitucional, dado el incumplimiento al requisito de la subsidiariedad que le es inherente, puesto que en relaci\u00f3n al Juzgado \u00abT\u00bb, seg\u00fan el informe rendido por ese despacho, el cual se entiende rendido bajo la gravedad de juramento2, la actora no le ha puesto en conocimiento el aducido incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas de su menor hijo, fijado en la sentencia de 31 de julio de 2019. <\/p>\n
Lo enunciado enmarca la queja en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. La Corte sobre ese puntual aspecto ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (mencionada tambi\u00e9n en CSJ STC11463-2016 y STC9840-2017). <\/p>\n
En otro asunto en el que se acudi\u00f3 a esta v\u00eda sin efectuar antes solicitud al funcionario encargado de resolver el tema objeto de debate, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC10498-2019, 6 ago. 2019, rad. 02462-00). <\/p>\n
En tales circunstancias, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro funcionario, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC4961-2018, 18 abr. 2018, rad. 00014-01). <\/p>\n
3.2. En cuanto a la alegada mora del Juzgado \u00abY\u00bb en definir la apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 el padre del menor frente a la resoluci\u00f3n de 21 de octubre de 2020, proferida por la Comisaria \u00abU\u00bb, se advierte que tal dilaci\u00f3n es inexistente. <\/p>\n
Lo anterior, porque antes de la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo acaecida el 21 de septiembre de 2021, ese estrado en decisi\u00f3n de 10 diciembre de 2020, resolvi\u00f3 el rese\u00f1ado recurso. <\/p>\n
En ese orden, el resguardo es inviable, por cuanto, se requiere que el supuesto de hecho planteado en la acci\u00f3n de tutela devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. Tocante a la determinaci\u00f3n del a quo constitucional de exhortar al \u00abDefensor de Familia y del Delegado del Ministerio P\u00fablico a fin de canalizar el reclamo de la accionante ante el Juzgado [T], en orden a verificar el cumplimiento de la sentencia y, de ser el caso, adoptar correctivos para su ejecuci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, hijo de la actora\u00bb, la Sala observa que tal acompa\u00f1amiento a la tutelante constituye medio id\u00f3neo para encausarla sobre los instrumentos a su alcance para la defensa de sus intereses y los de su menor hijo. <\/p>\n
Adicionalmente, pone de presente que, en caso de advertirse una obstrucci\u00f3n a reforzar los lazos afectivos de la petente con su hijo, se suscite la intervenci\u00f3n de un grupo interinstitucional para zanjar cualquier menoscabo a las garant\u00edas de la tutelante y, en especial, del menor. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, la Sala ha destacado lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n (\u2026) incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
\u00abAs\u00ed mismo, el canon 23 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia estipula que \u00ablos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligaci\u00f3n de cuidado personal se extiende adem\u00e1s a quienes conviv\u00edan con ellos en los \u00e1mbitos familiar, social o institucional, o sus representantes legales\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abAl respecto la Corte Constitucional, al analizar el inter\u00e9s del menor de tener una familia y la obligaci\u00f3n de los padres de brindar la orientaci\u00f3n y el amor requerido, pese a existir una separaci\u00f3n de los progenitores, ha precisado que:\u00bb <\/p>\n
La Corte reitera que cuando se est\u00e1 ante un proceso en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, las autoridades deben ser acuciosas al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. Acerca del tema, el precedente constitucional ha sido prol\u00edfico, constante y reiterativo al ense\u00f1ar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor\u00bb (CC T-587\/98). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda frente al Juzgado \u00abT\u00bb, porque la accionante desatendi\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, pues el alegado incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas all\u00ed establecido, debe exponerlo ante dicha sede judicial. <\/p>\n
De igual modo, el amparo tampoco prospera respecto al Juzgado \u00abY\u00bb, por cuanto la aducida mora de ese estrado en definir la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 en padre de su menor hijo contra lo dispuesto por la Comisar\u00eda \u00abU\u00bb, result\u00f3 inexistente ya que, incluso, desde antes de incoarse el auxilio, tal defensa estaba resuelta. <\/p>\n
Con todo, la Sala respalda la exhortaci\u00f3n realizada por el a quo constitucional al Defensor de Familia y al Ministerio P\u00fablico Delegado en asuntos de esa especialidad, dirigida a efectuar un acompa\u00f1amiento a la gestora para que despliegue las acciones pertinentes en relaci\u00f3n con el presunto incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas objeto de debate. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Decreto 2591 de 1991 (\u2026). Art\u00edculo 19. Informes. El juez podr\u00e1 requerir informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto. La omisi\u00f3n injustificada de enviar esas pruebas al juez acarrear\u00e1 responsabilidad (\u2026). El plazo para informar ser\u00e1 de uno a tres d\u00edas, y se fijar\u00e1 seg\u00fan sea la \u00edndole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicaci\u00f3n (\u2026). Los informes se considerar\u00e1n rendidos bajo juramento (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC12085-2018 de 18 de septiembre de 2018, exp. 25000-22-13-000-2018-00188-01 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14834-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14834-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-00970-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59243","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59243"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59243\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59243"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}