STC14838-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14838-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00378-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Ramiro S\u00e1nchez Mart\u00ednez contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el pleito n\u00b0 2015-00497. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que con sustento en la providencia emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 el 6 de abril de 2006, en la que se tasaron alimentos a favor de su hija Mayra Alejandra S\u00e1nchez Camargo, y se mantuvo como garant\u00eda un inmueble de su propiedad, fue impetrada ejecuci\u00f3n pese a que su empresa empleadora \u00abcumpli\u00f3 a cabalidad lo ordenado por el despacho (\u2026) hasta diciembre del 2009 [cuando] qued\u00f3 cesante, [empero] a partir del a\u00f1o 2010 [el demandado] sigui\u00f3 cumpliendo con su obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que tras haberse invalidado un prove\u00eddo del 11 de septiembre de 2017 que declaraba \u00abparcialmente probada la excepci\u00f3n de pago\u00bb, el accionado orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n promovida por su hija, quien \u00absigue cobrando sumas de dinero que ya han sido cobradas por [su] progenitora\u00bb, aunado a \u00ablos subsidios de escolaridad y becas que entrega la empresa [Cristaler\u00eda Peldar]\u00bb de la que \u00e9l era empleado. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la veracidad de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y de las actualizaciones puestas a consideraci\u00f3n del juzgado, por corresponder a conceptos \u00abdescontados\u00bb por quien fuera su empleador y otros que no se causaron, pues \u00aben el a\u00f1o 2009 ya no laboraba en [la] empresa, por tal motivo ya no se ten\u00eda en cuenta subsidios de ninguna \u00edndole\u00bb, adem\u00e1s, porque present\u00f3 una \u00abrelaci\u00f3n de pagos que realiz\u00f3 [en] los a\u00f1os 2010 al 2014 [y que] han sido entregados a su progenitora\u00bb que refiere como \u00abdeuda consentida\u00bb, por lo que \u00abnunca ha tenido en cuenta los abonos que de buena fe el sr. Luis Ramiro S\u00e1nchez Mart\u00ednez ha realizado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al despacho judicial accionado que proceda a \u00abrevocar los autos en los cuales se ordena el secuestro del inmueble [con matr\u00edcula] 176-74632\u00bb, y a revisar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, porque \u00abno se tuvieron en cuenta lo pronunciado en la demanda [respecto a] los abonos consentidos presentados por el demandado mediante recibos firmados por la progenitora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que \u00aben sentencia de fecha 19 de abril de 2006 proferida dentro del proceso de Fijaci\u00f3n de Alimentos iniciado por Claudia Patricia Camargo (\u2026) contra Luis Ramiro S\u00e1nchez Mart\u00ednez\u2026, regul\u00f3 la obligaci\u00f3n alimentaria de aquel para con sus cuatro hijas, teniendo en cuenta que, para esa fecha, la \u00fanica menor de edad era Mayra Alejandra (\u2026). En esa oportunidad, se fij\u00f3 una cuota para Mayra Alejandra equivalente al 25% del salario b\u00e1sico mensual y dos cuotas extraordinarias\u00bb. <\/p>\n
Que con la ejecuci\u00f3n impetrada por la alimentaria, en relaci\u00f3n con cuotas causadas \u00abdesde enero de 2010 hasta la fecha\u00bb, tras haberse renovado la actuaci\u00f3n, en cumplimiento a fallo de tutela del 23 de enero de 2018, \u00abmediante sentencia de fecha 2 de marzo de 2018 se declararon parcialmente pr\u00f3speras las excepciones denominadas \u201cque la sentencia adiada 19 de abril de 2006 no contiene una obligaci\u00f3n actualmente exigible\u201d y \u201cpago de la obligaci\u00f3n\u201d, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y se conden\u00f3 al ejecutado al pago parcial de las costas\u00bb. Que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00abpresentada el d\u00eda 6 de noviembre de 2019 (\u2026), por auto de fecha 12 del mismo mes y a\u00f1o, se aprob\u00f3\u00bb, luego \u00abla parte ejecutante present\u00f3 actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el 22 de noviembre de 2019 [y] por auto de fecha 5 de febrero de 2020 se modific\u00f3 la actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el cual se encuentra en firme\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abno confluye el elemento temporal (\u2026), en consideraci\u00f3n a que la definici\u00f3n de los espec\u00edficos puntuales debatidos en esta instancia excepcional, fueron dispensados en la instancia de conocimiento hace m\u00e1s de un a\u00f1o contado desde la interposici\u00f3n del auxilio, esto, atendiendo a que el embargo y secuestro del predio de propiedad del accionante fue decretado mediante auto de 17 de febrero de 2016 y que el 5 de febrero de 2020 se aprob\u00f3 la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que tampoco cumple el requisito de la subsidiariedad, ya que el actor \u00abcuenta con la oportunidad de proponer el reclamo aqu\u00ed esgrimido, esto es, a trav\u00e9s de la radicaci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito de la obligaci\u00f3n que le est\u00e1n cobrando, en donde naturalmente podr\u00e1 poner en conocimiento los presuntos abonos realizados, actuaci\u00f3n que bien puede intentar a la luz del precepto 446 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el solicitante, aduciendo que el tribunal a-quo, desconoci\u00f3 que \u00e9l \u00abno es una persona titulada en derecho, si se hubiera dado cuenta que estos principios constitucionales se le estaban violando, desde un principio no hubiera dejado depositado su confianza en manos de [la] progenitora de su hija, [a quien] le entreg\u00f3, como se puede demostrar, en forma voluntaria los alimentos que deb\u00eda darle, lo mismo los dineros para estudio\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abnunca debi\u00f3 existir un proceso ejecutivo y menos de alimentos, ya que s\u00ed se cumple con ellos y quien abus\u00f3 de la buena fe vulnerando estos derechos fue la parte demandante, en un principio de la demanda promovida por la progenitora de la se\u00f1ora Mayra Alejandra S\u00e1nchez Camargo, hoy en d\u00eda la misma Mayra Alejandra\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al haber adoptado determinaciones en relaci\u00f3n con cautelas y liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2015-00497. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del resguardo, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional, a las piezas procesales allegadas al expediente y a la informaci\u00f3n proporcionada por el despacho accionado, prontamente se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser ratificado, porque la protecci\u00f3n deprecada se torna improcedente en la medida en que no alcanza a superar los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad no se satisface, pues al dirigirse los reproches del actor contra la resoluci\u00f3n del juzgado de disponer el embargo y secuestro del predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 176-74632, as\u00ed como contra la que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, encuentra la Sala que la primera tuvo lugar el 17 de febrero de 2016 y la segunda el 5 de febrero de 2020, mientras la instauraci\u00f3n de la presente tutela se realiz\u00f3 el 17 de septiembre de 2021, lo que excede el semestre que se ha establecido como prudencial para promover tempestivamente el auxilio. <\/p>\n
Se ha dicho y reiterado que el principio temporal demanda del afectado una reclamaci\u00f3n oportuna ante la administraci\u00f3n de justicia, pues su prolongado silencio se ha entendido como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n censurada, y que su an\u00e1lisis se torna m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de providencias judiciales, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada, entre otras en STC9434-2021, 28 jul. 2021, rad. 00552-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a determinaciones judiciales, la urgencia para evitar o controlar una amenaza o para corregir una vulneraci\u00f3n, debe verificarse con mayor estrictez, porque lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda, ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Ahora, aunque el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al amparo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene coment\u00e1ndose. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del promotor, pues, entre otras, cont\u00f3 con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello queda desvirtuada la excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a este excepcional mecanismo. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Acerca de la omisi\u00f3n en el uso de los medios legalmente previstos, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que la tutela no tiene cabida, pues dado su car\u00e1cter residual solo es viable cuando quien acude a ella, ya se dirigi\u00f3 ante las autoridades competentes para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. En otros t\u00e9rminos, proceder\u00eda el auxilio cuando no se cuenta con otro medio defensivo, o porque contando con \u00e9l, \u00e9ste resulta inane o ineficaz frente a lo pretendido, situaci\u00f3n \u00e9sta que tampoco se ajusta a este caso. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC8229-2020, 7 oct. 2020, rad. 00427-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la desatenci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el querellante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones explicadas en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que la raz\u00f3n para ello se funda en su improcedencia, al no superar ni el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez ni el de la subsidiariedad, lo cual releva ahondar en otras tem\u00e1ticas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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