STC14854-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14854-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2021-00519-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Karen Guti\u00e9rrez en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad1 contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria \u2013BBVA Colombia- y al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, actuando en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia 68001310300920210012200. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que el Banco BBVA present\u00f3 una demanda de restituci\u00f3n de tenencia contra su hijo menor de edad y Liliana Hernandez, como herederos determinados de Ignacio Mendez, y contra los herederos indeterminados del mismo, juicio que tramita el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
En el asunto se profiri\u00f3 auto el 23 de julio de 2021, mediante el cual se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 notificar a los herederos determinados e indeterminados del causante. <\/p>\n
Una vez notificada del juicio, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra ese prove\u00eddo, argumentando que el l\u00edbelo introductorio, entre otros, \u00abno cumple con el requisito del numeral 2 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General de Proceso. \u2013 En concordancia al art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, pues no se hab\u00eda anexado el contrato de leasing habitacional. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del recurso afirm\u00f3 que la falta de dicha prueba desconoc\u00eda lo previsto en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual afectaba el debido proceso y la adecuada defensa t\u00e9cnica de la parte accionada y, en especial, lo relativo a \u00abla \u2018fijaci\u00f3n del litigio\u2019\u00bb; adicionalmente, en relaci\u00f3n con dicho aspecto, reproch\u00f3 lo solicitado por la actora, en cuanto a que se le exigiera al demandado que consignara los c\u00e1nones adeudados, so pena de no ser escuchado en el juicio, toda vez que el titular de la obligaci\u00f3n era Ignacio M\u00e9ndez, m\u00e1s no sus herederos, y que aquella estaba cubierta por un seguro de vida, asunto sobre el que se encontraba en curso un proceso declarativo promovido por ella contra el BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., entidad que deb\u00eda ser llamada en garant\u00eda al proceso de restituci\u00f3n2. <\/p>\n
Por auto del 3 de septiembre de 2021, el Juzgado accionado, con ocasi\u00f3n de lo referido en el escrito contentivo del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto admisorio de la demanda, requiri\u00f3 al accionado, para que, en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas, \u00abacredite el pago de los tres \u00faltimos c\u00e1nones de arrendamiento y los que se sigan causando, conforme lo precedente, so pena de NO ser o\u00eddo dentro del proceso\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 384 del C. G. del P. <\/p>\n
La tutelante se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n del 3 de septiembre pasado vulner\u00f3 los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, demandado en el juicio objeto de debate y que lo resuelto no era \u00abpertinente\u00bb, toda vez que, si bien \u00abpor la naturaleza del proceso es se\u00f1alado por norma que se debe efectuar la acreditaci\u00f3n el pago de los tres \u00faltimos c\u00e1nones de arrendamiento con el objeto de ser escuchado\u00bb, lo cierto es que la obligaci\u00f3n reclamada fue contra\u00edda por el se\u00f1or Ignacio M\u00e9ndez en vida y no por sus herederos, \u00abquienes no tienen la solvencia para responder, por tal raz\u00f3n existe un seguro, que actualmente (\u2026) se encuentra en curso proceso, puesto que la objeci\u00f3n a solicitud de responsabilidad de deudores se basa en sustentos sin fundamento de peso\u00bb. En ese sentido, resalt\u00f3 que se suscribi\u00f3 el contrato de seguro de vida, que ahora es objeto del proceso de responsabilidad contractual, \u00absituaci\u00f3n que no advierte la entidad financiera\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se desconocieron los derechos de su hijo, al no \u00abestudiar de fondo lo aportado en recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efectos la providencia del 3 de septiembre de 2021 y se dispongan las dem\u00e1s medidas que se estimen pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga inform\u00f3 sobre las actuaciones surtidas en el proceso declarativo de responsabilidad civil contractual 2021-00216 y advirti\u00f3 que ese Despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga sostuvo que la providencia del 3 de septiembre de 2021, en la que se evacuaron los argumentos reiterados en esta acci\u00f3n constitucional, \u00abse halla ajustada a la regla procesal vigente, orden que se encuentra acorde a los t\u00e9rminos bajo los cuales la parte demandada enfil\u00f3 su defensa al momento de replicar la demanda, defensa en la que por lado alguno se cuestiona, ni pone en duda la existencia del contrato de leasing habitacional objeto de este proceso\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, a la fecha, no se hab\u00eda integrado el contradictorio, dado que estaba pendiente de notificar a la demandada Liliana Hern\u00e1ndez, como heredera determinada del causante, y a los herederos indeterminados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ab la jurisprudencia constitucional ha sido constante al admitir como \u00fanica excepci\u00f3n a la regla relativa al pago de los c\u00e1nones adeudados en los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, so pena de no ser escuchado, el desconocimiento por parte del demandado del contrato de arrendamiento o cuando existen dudas sobre el mismo, conforme lo concluy\u00f3 el Juez accionado en los prove\u00eddos fustigados\u00bb; al respecto, cit\u00f3 la sentencia T-482 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, y concluy\u00f3 que estaba probada la existencia del contrato de leasing y que \u00abla gestora no desconoce el mismo, raz\u00f3n por la cual, atendiendo a la jurisprudencia en cita, no podr\u00eda la decisi\u00f3n cuestionada ser catalogada como arbitraria o desprovista de sustento legal\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la promotora, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito de tutela y afirm\u00f3 que la sentencia no se \u00abajustada a los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del caso\u00bb y era incongruente, pues \u00abSe niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la tutelante que sean amparados los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 3 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2. Pues bien, revisadas las probanzas allegadas al plenario se observa que, en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia adelantado por el BBVA contra el hijo mejor de edad de la accionante y Liliana Hern\u00e1ndez, herederos determinados del se\u00f1or Ignacio M\u00e9ndez, y sus herederos indeterminados, luego de que, por auto del 23 de julio de 20213, se admitiera la demanda y se ordenara la correspondiente notificaci\u00f3n a los demandados, la se\u00f1ora Karen Guti\u00e9rrez, en representaci\u00f3n de su hijo y mediante apoderado, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra dicho prove\u00eddo4. <\/p>\n
Sustent\u00f3 el recurso, entre otros argumentos, en que la demanda no cumpl\u00eda con los requisitos del art\u00edculo 90 del C.G. del. P., en concordancia con el art\u00edculo 384 ibidem, toda vez que no se anex\u00f3 el contrato de leasing y, por tanto, se vulneraba el derecho de defensa del accionado, no siendo, adem\u00e1s, en ese caso, aplicable la sanci\u00f3n establecida en el numeral 4\u00ba del referido art\u00edculo 384, para no escuchar a la parte demandada hasta que no pagara los c\u00e1nones de arrendamiento, toda vez que el titular de la obligaci\u00f3n reclamada era el causante y no sus herederos y que se hab\u00eda promovido una demanda de responsabilidad civil contractual, para el reconocimiento de los seguros que cubr\u00edan las obligaciones del se\u00f1or M\u00e9ndez. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga profiri\u00f3 el auto del 3 de septiembre pasado5, en el que advirti\u00f3 que la demanda6 se soportaba \u00aben la mora de los pagos respecto de los c\u00e1nones de arrendamiento, por lo cual, deber\u00e1 darse aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral 4 del art. 384 del C.G del P.\u00bb, que prescribe que el demandado \u00abno ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel (\u2026)\u00bb y \u00ablos c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias (\u2026)\u00bb, disposici\u00f3n tambi\u00e9n aplicable a la restituci\u00f3n \u00abde cualquier clase de bienes dados en tenencia a t\u00edtulo distinto de arrendamiento\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 385 del C.G. del P. <\/p>\n
En ese orden, requiri\u00f3 a la representante legal del menor accionado, para que, \u00aben el t\u00e9rmino (sic) de cinco (5) d\u00edas, acredite el pago de los tres \u00faltimos c\u00e1nones de arrendamiento y los que se sigan causando, conforme lo precedente, so pena de NO ser o\u00eddo dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, sobre la existencia del proceso declarativo promovido por la accionante, a fin de que le fuera reconocido el seguro que garantiza la obligaci\u00f3n surgida del mismo contrato de leasing habitacional -argumento reiterado en sede de tutela- consider\u00f3 que no era \u00abposible relevarla de la obligaci\u00f3n que le endilga el art. 384 del C.G del P., por cuanto, de acuerdo con la Jurisprudencia Constitucional aplicable a la materia7, dicha exceptiva aplica cuando existen serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento o tenencia, circunstancia que aqu\u00ed no ocurre, pues el contrato de leasing fue aportado al tr\u00e1mite y no ha sido as\u00ed desconocido por la pasiva\u00bb, documento que se le dio a conocer, junto con los dem\u00e1s anexos, al momento de enterarla de la demanda; sin embargo \u00aby a efectos de garantizarle el derecho a su defensa se ordenar\u00e1 que por secretaria se le de ingreso al expediente virtual\u00bb8. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales, las pruebas allegadas, la normatividad y la jurisprudencia relacionada9, de forma que se evacuaron motivadamente los argumentos reiterados en sede de tutela, para controvertir el auto del 3 de septiembre de 2021. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable para el menor de edad, al no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo, m\u00e1xime que el proceso est\u00e1 en su fase inicial, por tanto, la promotora podr\u00e1 ser escuchada previo el pago exigido, de acuerdo con la normativa relacionada. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 12Subsanaci\u00f3nReformaDemandayReposicion fl. 14. <\/p>\n
4\u0002 Folio 296 Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 508 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 292 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 T-482\/2020. <\/p>\n
8\u0002 El contrato es visible a folio 5 del documento 02DemandaAnexos, del expediente 2021-00122-00. <\/p>\n
9\u0002 Acerca de la procedencia y excepci\u00f3n de la sanci\u00f3n procesal, por falta de pago contemplado en el numeral 4 del art\u00edculo 384 del C.G. del P., ver, ente otras, la sentencia STC1015-2021. Y sobre la razonabilidad de decisiones al respecto, controvertidas en tutela, ver STC6402-2021 y STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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