STC14856-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14856-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00288-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 7 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Elsy Rizo Ruiz y Gladis V\u00e1squez Valencia contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el compulsivo radicado n\u00ba 2019-00168. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae que, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali cursa el recaudo promovido por el \u00abBanco BBVA Colombia\u00bb contra \u00c1lvaro Jos\u00e9 Mendoza Rizo (radicado n\u00ba 2019-00168). En dicho asunto, fueron decretadas las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre un inmueble propiedad del demandado ubicado en el \u00abcorregimiento de La Habana, zona rural de Buga, denominado \u201cLa Junta\u201d, matr\u00edcula inmobiliaria 3773-43719\u00bb. <\/p>\n
La respectiva diligencia, dirigida a concretar dichas medidas, se llev\u00f3 a cabo el 28 de julio de 2021 por cuenta de la \u00aboficina de comisiones civiles\u00bb del Municipio de Buga, la cual fue atendida por la accionante Ana Elsy Rizo Ruiz, quien manifest\u00f3 desconocer lo relacionado con el proceso y las cautelas neg\u00e1ndose a suscribir la constancia del procedimiento. <\/p>\n
Posteriormente, la se\u00f1ora Rizo Ruiz a trav\u00e9s de su apoderada present\u00f3 memorial mediante el cual solicit\u00f3 la apertura de \u00abincidente de oposici\u00f3n\u00bb y nulidad de la diligencia. <\/p>\n
Sin embargo, el despacho de conocimiento, con auto del 23 de agosto de 2021 rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad y no se pronunci\u00f3 sobre el incidente de oposici\u00f3n bajo el argumento que \u00abla se\u00f1ora Rizo Ruiz no estaba legitimada para actuar dado que no era parte al interior del proceso\u00bb; adicionalmente, en el mismo prove\u00eddo, decidi\u00f3 no reconocer personer\u00eda a la abogada y advirti\u00f3 que \u00abno iba a tramitar ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
Cuestionaron la anterior determinaci\u00f3n por cuanto \u00abdesconoci\u00f3 la condici\u00f3n de la solicitante como afectada con la medida, pese a haber atendido la diligencia en calidad de tercera poseedora, impidiendo el ejercicio del derecho de oposici\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 597 numeral 8 del C.G.P.\u00bb; as\u00ed mismo, sostuvieron que se vulner\u00f3 el derecho de defensa al no reconocer personer\u00eda a la profesional del derecho y se \u00abelimin\u00f3 ileg\u00edtimamente su derecho procesal a actuar en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Rizo Ruiz y a interponer los recursos judiciales pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Criticaron del funcionario judicial demandado que en la providencia plasmara la indicaci\u00f3n de que \u00abno seguir\u00e1 siendo escuchada y por tanto no se resolver\u00e1n los recursos que interponga\u00bb, por el hecho de no hacer parte del compulsivo en el que se decretaron las medidas, y no reconocerle personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada. <\/p>\n
Manifestaron que el proceder del despacho acusado constituye v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb por actuar \u00abal margen del procedimiento [\u2026] en este caso no dio tr\u00e1mite a la solicitud de apertura de incidente de oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, adujeron que la oposici\u00f3n a las medidas ten\u00eda fundamento en que, previo a ellas, frente al inmueble fue constituida una \u00abfiducia civil\u00bb siendo Ana Elsy Rizo Ruiz la administradora y \u00abtenedora de la fiducia (sic)\u00bb por lo que, el predio \u00abLa Junta\u00bb no har\u00eda parte del patrimonio del deudor y por tanto no podr\u00eda ser ejecutado. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden, \u00abse ordene al juez accionado dar tr\u00e1mite al incidente de oposici\u00f3n por tercero poseedor, conforme a las disposiciones normativas coincidentes con el art\u00edculo 597 numeral 8 del C.G.P., (\u2026) se ordene al juez accionado reconocer personer\u00eda jur\u00eddica para actuar en el proceso civil referido como apoderada judicial de la se\u00f1ora Ana Elsy Rizo Ruiz (\u2026) se ordene [\u2026] levantar las medidas cautelares sobre el inmueble la junta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali expuso que, efectivamente recibi\u00f3 el 5 de agosto de 2021 de parte de las tutelantes memorial promoviendo \u00abincidente de nulidad de la diligencia de secuestro o levantamiento de la medida de embargo y secuestro\u00bb, sobre el particular dijo que, pese a que la solicitante no hace parte de la litis se pronunci\u00f3 frente a lo planteado, desestim\u00e1ndolo, decisi\u00f3n que \u00ab(\u2026) se sustent\u00f3 con los argumentos legales y jurisprudenciales que regulan la materia, sin que a la fecha existan peticiones pendientes por resolver\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Buga, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al sostener que el juez acusado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por vulnerar el debido proceso de las accionantes pues \u00abal expresar contundentemente en la providencia atacada que no tramitar\u00eda los recursos interpuestos por la parte accionante [\u2026] desencadena una barrera evidente a los medios de impugnaci\u00f3n\u00bb y porque, impidi\u00f3 \u00abel reconocimiento del ius postulandi y se cierra el ejercicio de las prerrogativas constitucionales de la se\u00f1ora Rizo Ruiz al exigirle el requisito de ser parte en el proceso para hacer o\u00edr su voz, cuando la misma norma procedimental contempla figuras como las tercer\u00edas\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, los jueces \u00abno pueden anticiparse sobre lo que eventualmente decidir\u00e1n en el futuro, ni pronunciarse por expectativas de lo que no ha sucedido, como por ejemplo negarse anticipadamente a tramitar o rechazar los recursos que pudiere llegar a presentar una parte o interviniente dentro de un proceso, pues tal actuaci\u00f3n carece de sustento jur\u00eddico [\u2026] implicar\u00eda un juicio de valor anticipado sobre situaciones futuras e inciertas\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior resolvi\u00f3: \u00ab(\u2026) ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali que deje sin efecto el auto n\u00ba 1983 del 23 de agosto de 2021 debiendo [\u2026] pronunciarse nuevamente sobre la solicitud presentada por la parte accionante el d\u00eda 4 de agosto de 2021 teniendo en cuenta la parte considerativa de esta providencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el juez accionado, quien sostuvo que la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 no constituye v\u00eda de hecho y menos por el defecto procedimental absoluto, pues \u00abno hay un error procesal manifiesto y si en gracia de discusi\u00f3n el mismo se materializ\u00f3, vemos que el mismo es atribuible al afectado, al no utilizar las herramientas jur\u00eddicas pertinentes para abastecer sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 adicionalmente que la petici\u00f3n fue resuelta de fondo y \u00ab(\u2026) por tanto la voz de la accionante, contrario a lo expuesto por la primera instancia constitucional, s\u00ed fue escuchada en su integridad, si en cuenta se tiene que esta judicatura a pesar de advertirle a la actora que no deber\u00eda escucharla bajo la figura jur\u00eddica a la que est\u00e1 apelando\u00bb, y que la nulidad deprecada fue rechazada por cuanto no se fund\u00f3 en ninguna de las causales del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; y respecto del incidente de desembargo, no se accedi\u00f3 dado que la abogada \u00abno lo enerv\u00f3 conforme lo impone el numeral 8 del art\u00edculo 597 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, refut\u00f3 el fallo del tribunal a quo por cuanto \u00ab(\u2026) no determin\u00f3 espec\u00edficamente cual fue el yerro procedimental al que alude, si en cuenta se tiene que no existe norma procedimental que imponga sin m\u00e1s el reconocimiento de personer\u00eda de cualquier tercero que llegue al proceso, siendo claro que el fallo impugnado dej\u00f3 de lado el principio de autonom\u00eda judicial y que el juez goza de autonom\u00eda e independencia en su actividad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si las accionantes agotaron todos los mecanismos de defensa establecidos en la ley para cuestionar la decisi\u00f3n que no comparten y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de las accionantes al rechazar de plano las solicitudes de nulidad de la diligencia de secuestro y de levantamiento de medidas cautelares, as\u00ed como por negar el reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada V\u00e1squez Valencia e indicar que, en lo sucesivo, no dar\u00eda tr\u00e1mite a ning\u00fan recurso que llegara a interponer, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n
2. Del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no puede ser utilizado a efecto de suplantar los mecanismos de defensa judicial establecidos para tal prop\u00f3sito en el ordenamiento jur\u00eddico, como tampoco para sustituir al juez ni para subsanar las consecuencias derivadas de no haber actuado en la instancia apropiada, lo que hace inadecuada la acci\u00f3n invocada, toda vez que, como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por tanto, nadie puede alegar que careci\u00f3 de dichas posibilidades, si goz\u00f3 de la oportunidad para ejercerla y no lo hizo; por lo dem\u00e1s, es evidente que la tutela no es una acci\u00f3n que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
Cabe acotar que, para conceder la salvaguarda en las condiciones \u00faltimamente descritas, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), aunado a que cuando la actuaci\u00f3n criticada se subordina al ejercicio de otro medio de defensa judicial, esta acci\u00f3n \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y las piezas procesales allegadas se advierte que el reclamo no supera el presupuesto de la subsidiariedad, aspecto que emerge como criterio de suficiente entidad para descartar la procedencia del amparo e impone la revocatoria de su concesi\u00f3n por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
En este evento, el impedimento en menci\u00f3n surge bajo la modalidad de incuria, porque para lograr que la autoridad judicial convocada reconsiderara su posici\u00f3n no solo respecto a los planteamientos concretos de la solicitud \u2013 la nulidad de la diligencia de secuestro y el levantamiento del embargo \u2013 sino especialmente frente a la negativa de reconocerle personer\u00eda jur\u00eddica como apoderada de la se\u00f1ora Rizo Ruiz por desestimar la calidad en que su mandante pretend\u00eda intervenir en la actuaci\u00f3n, le correspond\u00eda a la profesional del derecho (tambi\u00e9n aqu\u00ed accionante) proponer esa discusi\u00f3n a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de los recursos ordinarios. <\/p>\n
Incluso, el hecho de que el despacho accionado anticipara que no los tramitar\u00eda, no exim\u00eda a las promotoras del deber de agotar todos los mecanismos de defensa antes de acudir a este tr\u00e1mite, ya que en el hipot\u00e9tico caso de no dar curso a la apelaci\u00f3n (frente a las providencias susceptibles de alzada), hab\u00eda la posibilidad de acudir en queja \u2013 para que el superior resolviera sobre su procedencia. <\/p>\n
Significa lo anterior, que por cuenta de la querellante y su apoderada hubo desperdicio de las v\u00edas ordinarias que legalmente exist\u00edan a su alcance para lograr el prop\u00f3sito que ahora persiguen a trav\u00e9s de esta senda excepcional, es decir, concern\u00eda necesariamente agotar todos los mecanismos y herramientas jur\u00eddicas en el propio escenario judicial, ya que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida para rectificar fallas de gesti\u00f3n procedimental ni para revivir recursos fenecidos o preclu\u00eddos, dado su car\u00e1cter eminentemente subsidiario y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
De modo que, si las accionantes prescindieron de hacer uso de los mecanismos de defensa procesalmente previstos, cuya idoneidad no puede ponerse en entredicho, deviene inadmisible que por este residual tr\u00e1mite constitucional se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que incumbe exclusivamente al juez competente a trav\u00e9s de los medios que se dejaron de formular. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente explicado, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, por cuanto la actuaci\u00f3n criticada no supera el presupuesto de la subsidiariedad en raz\u00f3n a la incuria en que incurrieron las querellantes, sin que para tal proceder se avizore una v\u00e1lida justificaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela impetrada por Ana Elsy Rizo Ruiz y Gladis V\u00e1squez Valencia, y por tanto, se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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