STC14897-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14897-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00654-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Mineys del Carmen Mendoza Vargas, Daniel Palacio Varela y Benjam\u00edn Bautista Bilbao Albor, frente a la sentencia de 29 de septiembre de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron a los Juzgados Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad y Promiscuo Municipal de Pioj\u00f3, extensiva a los intervinientes en el resguardo con radicado n\u00b02021-00022. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores solicitaron que \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de solicitud de amparo policivo adelantado por Inversiones Novel & C\u00eda SCA contra personas indeterminadas o desconocidas\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de los anexos del expediente, quedan evidenciadas las siguientes premisas f\u00e1cticas: <\/p>\n
Inicialmente Daniel Palacio Varela promovi\u00f3 reclamo constitucional1 en contra del municipio de Pioj\u00f3 y de las Inspecciones de Polic\u00eda de Aguas Vivas y de Hibaracho, tras considerar agraviados sus derechos fundamentales porque el 24 de mayo del presente a\u00f1o se realiz\u00f3 diligencia con el fin de amparar la posesi\u00f3n de Inversiones Novel & C\u00eda S.C.A., sobre un bien inmueble que ha ocupado desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. Su reproche radic\u00f3 en que ya se hab\u00eda superado el tiempo para iniciar la acci\u00f3n, sumado a que no se le hizo \u00abentrega del traslado de la querella\u00bb con la debida antelaci\u00f3n, lo que le impidi\u00f3 ejercer en debida forma su defensa. De ah\u00ed que pidi\u00f3 se decrete la nulidad de lo actuado y la \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Pioj\u00f3, estrado que declar\u00f3 improcedente el amparo (17 jun. 2021) por falta de subsidiariedad, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla (27 jul. 2021)2. <\/p>\n
Los libelistas se duelen porque el Juzgado Promiscuo Municipal de Pioj\u00f3 no \u00abvalor\u00f3 los hechos y las prueba[s] que soportaron la demanda de tutela. De la misma forma (\u2026) no constat\u00f3 el fondo sustancial (\u2026) en cuanto a los derechos fundamentales invocados, en relaci\u00f3n con el tr[\u00e1]mite establecido en el Art. 223 de [la] Ley 1801 de 2016\u00bb. Aunado a ello criticaron que ese mismo Juzgador motiv\u00f3 la sentencia de manera \u00absuperficial y carente de soporte y an\u00e1lisis en un contexto jur\u00eddico que exig\u00eda garantizar derechos fundamentales\u00bb. Por \u00faltimo, alegaron que luego de la impugnaci\u00f3n, el conocimiento le correspondi\u00f3 a la agencia del circuito accionada, cuya decisi\u00f3n \u00abno tuvo ninguna variaci\u00f3n de fondo\u00bb, de modo que las autoridades cuestionadas \u00abdesconocieron su deber constitucional, dado que los mecanismos ordinarios dentro del proceso policivo ya estaban agotados y los recursos de ley estaban siendo desconocidos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo querellado dio a conocer las actuaciones que adelant\u00f3. El municipio de Pioj\u00f3 y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural de Aguas Vivas solicitaron se declare improcedente el ruego porque no se cumpli\u00f3 ninguna de las causales excepcionales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra tutela. Mientras que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural de Hibaracho pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Por \u00faltimo, \u00c1lvaro Mu\u00f1oz y Jony de Guzm\u00e1n C\u00e9peda Pel\u00e1ez se adhirieron a los argumentos expuestos por los accionantes. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declar\u00f3 improcedente el resguardo \u00aben virtud de no avizorarse que el fundamento alegado por los aqu\u00ed accionantes constituya una situaci\u00f3n que se adecue a las causales expuestas\u00bb cuando \u00abla acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela (\u2026). As\u00ed las cosas, conviene traer a colaci\u00f3n que el tr[\u00e1]mite restante (\u2026), es el contemplado dentro de los mecanismos ordinarios de insistencia a fin de que se practique la selecci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. Los gestores impugnaron con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El prove\u00eddo opugnado debe ratificarse porque el auxilio constitucional incoado es improcedente. No se olvide que, por regla general, el ejercicio de una acci\u00f3n de esta naturaleza es inviable contra la decisi\u00f3n adoptada en sede de tutela, salvo cuando en el procedimiento agotado se desconozca de manera flagrante la garant\u00eda \u00abal debido proceso, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes\u00bb, coyuntura donde se reconoce que es \u00abposible estudiar la queja contra un auxilio anterior, siempre y cuando se satisfagan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb. (CSJ STC4314-2018, CSJ STC9088-2019, CSJ STC868-2021, CSJ STC STC2841-2021). <\/p>\n
As\u00ed como tambi\u00e9n, est\u00e1 decantado que el resguardo resulta procedente en los casos que la providencia definitoria sea producto de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, situaci\u00f3n que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una soluci\u00f3n \u00abfraudulenta\u00bb que traduce un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad. <\/p>\n
En este caso los tutelantes cuestionan los prove\u00eddos emitidos en un tr\u00e1mite de igual naturaleza a \u00e9ste, puesto que no se resolvi\u00f3 de fondo el asunto, de all\u00ed que no se hayan valorado las pruebas aportadas, lo que hubiere permitido observar las falencias dentro del proceso de polic\u00eda. De suerte que, como el contexto descrito por los impulsores no encuadra en las excepciones transcritas, esto es, falta de notificaci\u00f3n, indebida integraci\u00f3n del contradictorio o \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, de tajo resulta inadmisible estudiar los reproches enarbolados contra la sentencia de tutela tra\u00edda a colaci\u00f3n cuyo desenlace es inmune a cualquier consideraci\u00f3n en esta senda extraordinaria por consistir en divergencias particulares ajenas a la esencia de las causales referenciadas. <\/p>\n
Articulado con lo anterior, el resultado objetado todav\u00eda no es sometido a selecci\u00f3n por la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, circunstancia que impide tambi\u00e9n a esta Colegiatura evaluar anticipadamente las secuelas del procedimiento seguido por los jueces de instancia. De modo que es inviable el an\u00e1lisis de fondo del reclamo supralegal por no concurrir alguno de los supuestos de procedencia que el precedente ha decantado, es decir, que \u00abno exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (Sentencia SU-627 de 2015). <\/p>\n
Adem\u00e1s, los libelistas tienen la posibilidad de insistir ante esa Corporaci\u00f3n a efecto de procurar la \u00abrevisi\u00f3n del fallo\u00bb, escenario donde puede alegar los desafueros que aseguran ocurrieron en esa determinaci\u00f3n adversa, remedio que seg\u00fan ha sostenido esta Sala es id\u00f3neo, ya que <\/p>\n
(\u2026) no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019\u00bb. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterado en CSJ STC868-2021). <\/p>\n
En suma, emerge sin duda la conclusi\u00f3n de refrendar el prove\u00eddo de primer grado porque los reparos de los precursores no versan sobre falta de notificaci\u00f3n, indebida integraci\u00f3n del contradictorio o \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, am\u00e9n de tampoco suplir el requisito subsidiariedad, puesto que a\u00fan disponen de la posibilidad de revisi\u00f3n e, inclusive, de insistencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a Mineys del Carmen Mendoza Vargas y Benjam\u00edn Bautista Bilbao Albor. <\/p>\n
2\u0002 Frente a la pretensi\u00f3n de nulidad se\u00f1al\u00f3 que \u00absi la parte interesada considera que se han generado irregularidades en el procedimiento, entonces ha debido o deber\u00e1, proceder conforme los lineamientos prescritos en la normatividad vigente [art. 228 de la ley 1801 de 2016] y ante la autoridad competente, y no acudir a la tutela para tales efectos. En relaci\u00f3n con el pedimento de declarar la caducidad de la acci\u00f3n indic\u00f3 que \u00abdebe agotarse la etapa probatoria dentro del proceso policivo ya que ese es el momento procesal en donde la parte actora podr\u00e1 probar los supuestos de hecho respecto [a] las alegaciones que realiza para que con base en ello la autoridad dicte el fallo definitivo. Ahora bien, de no quedar satisfecha alguna parte con el fallo del inspector de polic\u00eda del corregimiento de Aguas Vivas, contra dicha decisi\u00f3n pueden interponer los recursos de reposici\u00f3n en subsidio el de apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico de acuerdo lo se\u00f1ala el Art. 223 ley 1801 de 2016\u00bb. <\/p>\n
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