STC14899-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14899-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03820-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que la Coronel Amparo L\u00f3pez Pico, Oficial de Gesti\u00f3n de Medicina Laboral de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito Nacional, instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, extensiva al Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a los intervinientes en la acci\u00f3n de amparo No. 76001-3103-003-2020-00121-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora pretende que se declare la imposibilidad jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n de Sanidad de cumplir la orden constitucional No. 2020-00121-00 y que, en consecuencia, se levanten las sanciones impuestas por el incumplimiento del fallo en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Como sustento de sus pretensiones adujo que Oscar Mauricio Sotomayor Uribe promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional con el fin que no se le exigieran requisitos adicionales en el tr\u00e1mite de ascenso y se diera cumplimiento a la orden constitucional emitida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que dispuso su convocatoria al Comit\u00e9 de Ascensos. De dicho asunto conoci\u00f3 el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Cali quien neg\u00f3 el resguardo; sin embargo, el Tribunal accionado al resolver la impugnaci\u00f3n dispuso: <\/p>\n
\u00abPrimero: REVOCAR el fallo impugnado de fecha y procedencia conocidas, por las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Segundo: CONCEDER el amparo reclamado al Debido Proceso, conforme a las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Tercero: ORDENAR a la DIRECCI\u00d3N DE SANIDAD MILITAR DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL -OFICINA DE MEDICINA LABORAL DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL: <\/p>\n
1.- Dejar sin efectos la Resoluci\u00f3n No. 273 del 2018, en lo que respecta a la convocatoria del accionante ante el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, por ser contraria a lo establecido en el Decreto 1796 de 2000. <\/p>\n
3.- CONTINUAR con el tr\u00e1mite de ascenso conforme lo dispone el Decreto 1796 de 2000\u00bb. <\/p>\n
A solicitud del se\u00f1or Oscar Mauricio Sotomayor el Tribunal modul\u00f3 su decisi\u00f3n y, en consecuencia, dispuso (5 noviembre 2020): <\/p>\n
\u00abPRIMERO, MODULAR la Sentencia de fecha 15 de octubre de 2026, en el sentido de ADICIONAR el numeral primero del numeral tercero de la parte resolutiva, el que quedar\u00e1 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abORDENAR a la DIRECCI\u00d3N DE SANIDAD MILITAR DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL \u2013OFICINA DE MEDICINA LABORAL DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL, a trav\u00e9s de su Director de Sanidad Ej\u00e9rcito Brigadier General John Arturo S\u00e1nchez Pe\u00f1a, o a quien haga sus veces, y al TRIBUNAL M\u00c9DICO LABORAL DE REVISI\u00d3N MILITAR Y DE POLIC\u00cdA, a trav\u00e9s de su Presidente Tribunal M\u00e9dico Luis Manuel Neira N\u00fa\u00f1ez, o a quien haga sus veces: <\/p>\n
1.- Dejar sin efectos la Resoluci\u00f3n No, 273 del 2018, en lo que respecta a la convocatoria del accionarte ante el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, por ser contraria a lo establecido en el Decreto 1796 de 2000. <\/p>\n
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de inclusi\u00f3n de las Fichas M\u00e9dicas Unificadas realizadas en el a\u00f1o 2020 y de la modificaci\u00f3n del tr\u00e1mite a atender, siendo \u00e9ste el dispuesto en el Decreto 1796 de 2000, de conformidad con lo expuesto en precedencia\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior y una vez iniciado el respectivo incidente de desacato, el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Cali impuso sanci\u00f3n por el incumplimiento de la orden constitucional (25 junio 2021); sin embargo, mediante Resoluci\u00f3n No. 1865 del 28 de junio de 2021 el Ministerio de <\/p>\n
Defensa Nacional dispuso retirar del servicio activo al se\u00f1or Oscar Augusto Sotomayor Uribe por \u00abllamamiento a calificar servicios\u00bb, donde se dispuso: <\/p>\n
\u00abPAR\u00c1GRAFO. El Oficial Superior relacionado en el presente art\u00edculo, continuar\u00e1 dado de alta por el lapso de tres (3) meses contados a partir de la fecha de retiro en la Tesorer\u00eda Principal del Comando del Ej\u00e9rcito Nacional, en los t\u00e9rminos y para los efectos previstos en el art\u00edculo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, con posterioridad, el Juzgado levant\u00f3 las sanciones impuestas por la notable imposibilidad material de dar cumplimiento a la orden de tutela, en raz\u00f3n al retiro del servicio de Oscar Sotomayor (26 julio 2021); no obstante, mediante auto del 24 de agosto de 2021, el Juzgado impuso sanciones, por interpretar que los tres meses de alta que dispone el art\u00edculo 164 del decreto ley 1211 configuran actividad militar por parte del mencionado se\u00f1or. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, una vez surtido el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior confirm\u00f3 y adicion\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta tras estimar que lo dispuesto en la referida resoluci\u00f3n, no imped\u00eda continuar con el tr\u00e1mite de ascenso del interesado, toda vez que permanecer\u00e1 durante tres meses vinculado como si estuviera en servicio activo. <\/p>\n
En vista de lo anterior, la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones, para lo cual explic\u00f3 el alcance del articulo 128 y 164 del Decreto ley 1211 de 1990, as\u00ed mismo, expuso el art\u00edculo 99 del Decreto 1790 del 2000, \u00abdonde queda claro que, en ning\u00fan momento esos tres meses de alta significan servicio activo, por ser una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del se\u00f1or Retirado\u00bb; sin embargo, el Juzgado convocado rechaz\u00f3 de plano la solicitud de inaplicaci\u00f3n, sin aducir argumento alguno diferente a que el asunto ya hab\u00eda sido estudiado (8 septiembre 2021). <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali se opuso a la prosperidad del amparo, hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el incidente de desacato y precis\u00f3 que resolvi\u00f3 confirmar las sanciones impuestas por el Juzgado cognoscente (29 junio y 31 agosto 2021) por considerar que \u00abdesde los \u00faltimos ex\u00e1menes realizados en el pasado mes de mayo, el ente accionado no acredit\u00f3 adelantar el tr\u00e1mite que fuera ordenado en sentencia de tutela de octubre de 2020, en este sentido, igualmente se evidenci\u00f3 que, conforme art. 164 del Decreto Ley 1211 de 1990, el retiro del servicio activo no impide continuar con lo dispuesto en sede constitucional, como quiera que, el accionante fue dado de alta, a fin de formar el expediente prestacional, sin finalizar el v\u00ednculo con las Fuerzas Militares, lo que, demostr\u00f3 a la colegiatura la intenci\u00f3n de no dar cumplimiento integral a la decisi\u00f3n adoptada en fallo de octubre 15 de 2020\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Cali se remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en las providencias proferidas en el tr\u00e1mite constitucional en comento. <\/p>\n
Aunque en el auto admisorio de la acci\u00f3n se requiri\u00f3 al Comando de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional para que, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda, informara si Oscar Augusto Sotomayor Uribe: i) se encuentra en servicio activo o no y ii) de no encontrarse en servicio activo, cu\u00e1ndo fue la fecha de su retiro y cu\u00e1l fue la raz\u00f3n, vencido el t\u00e9rmino otorgado no se recibi\u00f3 respuesta al requerimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Conforme viene de resumirse, el reproche constitucional se dirige frente a las resoluciones que en ambas instancias desataron el incidente de desacato en el que se sancion\u00f3 a la Teniente Coronel Amparo L\u00f3pez Pico como Jefe de Gesti\u00f3n Medicina Laboral \u2013 DISAN – Ej\u00e9rcito Nacional, al coronel Anstrongh Polania Ducuara, Jefe de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica \u2013 DISAN \u2013 Ejercito Nacional y a su superior, Brigadier General Carlos Alberto Rincon Arango en calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; no obstante, solamente se revisar\u00e1 en esta sede lo atinente a la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cali por ser la que definitivamente zanj\u00f3 esa disputa, pues como se tiene decantado: <\/p>\n
(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada). (CSJ STC613-2017, reiterada en STC7646-2021). (Subrayas propias) <\/p>\n
Establecido lo anterior, es preciso se\u00f1alar que el amparo constitucional est\u00e1 llamado a abrirse paso, toda vez que la Magistratura fustigada al resolver el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato en comento incurri\u00f3 en defecto sustantivo y f\u00e1ctico, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
En forma reiterada, se ha dicho que este resguardo no es en rigor la v\u00eda id\u00f3nea para cuestionar la providencias de los jueces, cobijadas como se encuentran por el principio de \u00abautonom\u00eda\u00bb previsto en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3nn Pol\u00edtica; lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en STC3554-2021). <\/p>\n
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala ha considerado que la acci\u00f3n constitucional es procedente contra los incidentes de desacato, cuando se est\u00e9 \u00abfrente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 20922-2017). <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales. Para ello, estableci\u00f3 los siguientes requisitos: <\/p>\n
\u00abi) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u00bb (CC, SU034-2018). <\/p>\n
Bajo el marco descrito debe precisarse que la sentencia de tutela (15 octubre 2020) cuyo cumplimiento se pretendi\u00f3 dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrimero: REVOCAR el fallo impugnado de fecha y procedencia conocidas, por las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Segundo: CONCEDER el amparo reclamado al Debido Proceso, conforme a las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Tercero: ORDENAR a la DIRECCI\u00d3N DE SANIDAD MILITAR DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL -OFICINA DE MEDICINA LABORAL DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL: <\/p>\n
1.- Dejar sin efectos la Resoluci\u00f3n No, 273 del 2018, en lo que respecta a la convocatoria del accionante ante el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, por ser contraria a lo establecido en el Decreto 1796 de 2000. <\/p>\n
2.- TENER en cuenta las fichas M\u00e9dicas Unificadas realizadas en 2013, 2018 y 2019. <\/p>\n
3.- CONTINUAR con el tr\u00e1mite de ascenso conforme lo dispone el Decreto 1796 de 2000\u00bb. <\/p>\n
Como se vio, dicha resoluci\u00f3n judicial fue modulada por el Tribunal en el siguiente sentido (5 noviembre 2020): <\/p>\n
\u00abPRIMERO, MODULAR la Sentencia de fecha 15 de octubre de 2026, en el sentido de ADICIONAR el numeral primero del numeral tercero de la parte resolutiva, el que quedar\u00e1 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abORDENAR a la DIRECCI\u00d3N DE SANIDAD MILITAR DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL \u2013OFICINA DE MEDICINA LABORAL DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL, a trav\u00e9s de su Director de Sanidad Ej\u00e9rcito Brigadier General John Arturo S\u00e1nchez Pe\u00f1a, o a quien haga sus veces, y al TRIBUNAL M\u00c9DICO LABORAL DE REVISI\u00d3N MILITAR Y DE POLIC\u00cdA, a trav\u00e9s de su Presidente Tribunal M\u00e9dico Luis Manuel Neira N\u00fa\u00f1ez, o a quien haga sus veces: <\/p>\n
1.- Dejar sin efectos la Resoluci\u00f3n No, 273 del 2018, en lo que respecta a la convocatoria del accionarte ante el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, por ser contraria a lo establecido en el Decreto 1796 de 2000. <\/p>\n
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de inclusi\u00f3n de las Fichas M\u00e9dicas Unificadas realizadas en el a\u00f1o 2020 y de la modificaci\u00f3n del tr\u00e1mite a atender, siendo \u00e9ste el dispuesto en el Decreto 1796 de 2000, de conformidad con lo expuesto en precedencia\u00bb. <\/p>\n
Es decir, que el amparo otorgado a Oscar Mauricio Sotomayor Uribe: i) dej\u00f3 sin efecto la convocatoria del accionante ante el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar, por no ser requisito previsto en el Decreto 1976 de 2000 para el ascenso por \u00e9l pretendido, ii) orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite de ascenso y iii) para tal fin, dispuso que se tuvieran en cuenta las fichas m\u00e9dicas unificadas realizadas en 2013, 2018 y 2019. <\/p>\n
Luego, para determinar si existe desacato y debe imponerse una sanci\u00f3n era necesario verificar el incumplimiento del mandato y la intenci\u00f3n del funcionario responsable de rebelarse frente a la orden que le fue impartida. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
(\u2026) est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte, no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo (CSJ ACT562-2021). <\/p>\n
En el sub judice efectuado el examen de las pruebas que reposan en el expediente, se advierte que el Tribunal accionado al decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sanci\u00f3n impuesta a la aqu\u00ed actora (31 agosto 2021), valor\u00f3 indebidamente las probanzas aportadas por la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito Nacional, a trav\u00e9s de los funcionarios llamados al cumplimiento, para acreditar su imposibilidad jur\u00eddica de acatar la orden constitucional. <\/p>\n
En concreto, la Sala alude a la Resoluci\u00f3n No. 1865 de 2021 por medio de la cual se retir\u00f3 del servicio activo de las fuerzas militares, \u00abPOR LLAMAMIENTO CALIFICAR SERVICIOS\u00bb, al mayor Oscar Augusto Sotomayor Uribe. Ya que, aunque el Tribunal accionado valor\u00f3 dicho documento y estim\u00f3 que con el mismo \u00abes evidente el incumplimiento a la sentencia de tutela, por parte de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, quien, desde los \u00faltimos ex\u00e1menes realizados en el pasado mes de mayo no ha acreditado adelantar el tr\u00e1mite de ascenso que le fuera ordenado desde octubre pasado, demostrando ampliamente, con dichas conductas la intenci\u00f3n de no dar cumplimiento \u00edntegramente a la orden constitucional, pues adem\u00e1s, se deduce de los referidos comportamientos que, el retiro del que ha sido objeto el accionante, indica una maniobra caprichosa para no conceder el ascenso pretendido por el se\u00f1or Sotomayor Uribe\u00bb, lo cierto es que no tuvo en cuenta que el referido acto administrativo no fue emitido por quienes fueron sancionados, sino por el Ministerio de Defensa Nacional, previo concepto de la Junta Asesora que, seg\u00fan el art\u00edculo 54 del Decreto 1512 de 2000, est\u00e1 integrada por: \u00ab1. El Ministro de Defensa Nacional; 2. El Comandante General de las Fuerzas Militares; 3. Los Comandantes del Ej\u00e9rcito, la Armada y la Fuerza A\u00e9rea; 4. Los Oficiales Generales y de Insignia en servicio activo, que se encuentren en la guarnici\u00f3n de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
En otras palabras, para garantizar los derechos de quienes fueron sancionados, era indispensable determinar si su conducta era susceptible de ser calificada, en el plano objetivo y subjetivo, como omisiva frente al mandato que se le imparti\u00f3. De ah\u00ed que, lo que correspond\u00eda era apreciar y justificar si la aqu\u00ed actora era merecedora o no de las sanciones impuestas, teniendo en cuenta para tal fin que no fue ella quien determin\u00f3 el retiro del servicio activo del accionante, aspecto este que tambi\u00e9n deb\u00eda ser dilucidado respecto de los dem\u00e1s sancionados; sin embargo, la Magistratura enjuiciada omiti\u00f3 efectuar dicho an\u00e1lisis, pues al decidir el grado jurisdiccional de consulta se limit\u00f3 a cuestionar el efecto jur\u00eddico del llamamiento calificar servicios del mayor Sotomayor Uribe, sin advertir que los sancionados no fueron los art\u00edfices de dicha determinaci\u00f3n y que, adem\u00e1s, estaban obligados a acatarla por haber sido emitida por el Ministerio de Defensa. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que sobre el an\u00e1lisis que sustente la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n por desacato, la Sala, al estudiar la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la \u00abpretermisi\u00f3n del estudio sobre la responsabilidad subjetiva [conlleva] un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del incidente de desacato\u00bb, capaz de desnaturalizar las sanciones que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra como \u00abmecanismos llamados a propiciar la salvaguarda dispensada en los fallos de tutela (\u2026) \u00bb (STC3579-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante el flagrante desconocimiento de la garant\u00eda constitucional al debido proceso que aqu\u00ed se avizora, se abre paso el ruego instado, para que la Magistratura encausada eval\u00fae de nuevo los requerimientos de la interesada a la luz de los principios aqu\u00ed se\u00f1alados y todos aquellos que resulten consecuentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Coronel Amparo L\u00f3pez Pico, Oficial de Gesti\u00f3n de Medicina Laboral de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de agosto de 2021, para que dicha colegiatura, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver la consulta de incidente de desacato, con observancia en las consideraciones expuestas y las pruebas que obren en el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC14899-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC14899-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03820-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de noviembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que la Coronel Amparo L\u00f3pez Pico, Oficial de Gesti\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59260"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59260\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}