STC15101-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15101-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03901-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 Alonso Forero Betancourt contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Dos de Familia de la misma ciudad\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, al m\u00ednimo vital y al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n del causante Jhon Ra\u00fal Sabogal Castillo, con radicado No. 2007-00207-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a los estrados accionados, \u00abse fijen honorarios por parte del juzgado que hizo la designaci\u00f3n y a cargo de los interesados. Se examine la legalidad del trabajo presentado por lo cual se amerita la contraprestaci\u00f3n reclamada y\/o que es se\u00f1or Juez Constitucional ordene o disponga que al no existir causal o irregularidad que le niegue efectos jur\u00eddicos a [su] trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que \u00abestando en la lista de auxiliares\u00bb fue designado como partidor dentro del referido juicio, cargo que acept\u00f3 y en el que se posesion\u00f3, sin ning\u00fan reparo por parte de los intervinientes en el proceso, por lo que procedi\u00f3 a elaborar el trabajo encomendado y lo entreg\u00f3 el 12 de junio de 2019, sin que el mismo fuera objetado, no obstante, fue relevado de su cargo, sin que se tramitara incidente ni se configurara alguna de las causales legales para ello, con lo cual se dej\u00f3 sin efecto su trabajo, y no se le reconocieron los respectivos honorarios, situaci\u00f3n por la cual, en su criterio, se abre paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 2 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Secretar\u00eda de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente del decurso objeto de cuestionamiento, e inform\u00f3 que dentro del mismo el 3 agosto del presente a\u00f1o la Colegiatura resolvi\u00f3 un recurso de queja, declarando acertada la decisi\u00f3n del 15 de marzo de 2021 del Juzgado Treinta y Dos de Familia de la misma ciudad, de negar la apelaci\u00f3n que el aqu\u00ed accionante interpuso contra el numeral 8\u00ba del prove\u00eddo del 29 de agosto de 2019, decisi\u00f3n fundada en que la \u00abdecisi\u00f3n de relevar al partidor es inapelable, as\u00ed lo ratifica el Tribunal dado que, ni est\u00e1 consagrada de manera general en el art\u00edculo 321 del CGP, ni en norma especial alguna de las que gobiernan el tr\u00e1mite sucesoral\u00bb. <\/p>\n
b). La titular del Juzgado Treinta y Dos de Familia de la misma ciudad hizo un breve recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso reprochado, entre las que se resalt\u00f3 que, el 7 de febrero de 2018 se relev\u00f3 a la partidora y el 25 de abril del mismo a\u00f1o se design\u00f3 en el cargo al aqu\u00ed accionante, a quien se le reconocieron gastos provisionales y se le ampli\u00f3 el t\u00e9rmino para presentar el trabajo de partici\u00f3n, del cual, una vez presentado, se corri\u00f3 traslado el 4 de julio de 2019. <\/p>\n
Narra que el 29 de agosto de 2019 se relev\u00f3 al partidor de su cargo \u00abal observarse que se encontraba inactivo de la Lista de Auxiliares de la Justicia\u00bb, y en tal cargo se design\u00f3 nuevo partidor, decisi\u00f3n que, no obstante \u00e9ste atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, fue mantenida el 15 de marzo del presente a\u00f1o, neg\u00e1ndose la alzada, \u00faltima determinaci\u00f3n mantenida en reposici\u00f3n el 19 de mayo siguiente, concedi\u00e9ndose la queja elevada en subsidio ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, donde el 12 de octubre pasado se declar\u00f3 bien negado el mecanismo vertical. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el partidor hab\u00eda sido designado mediante el Sistema de Informaci\u00f3n del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia URNA, pero tras la solicitud de uno de los intervinientes en el juicio, se constat\u00f3 que el aqu\u00ed accionante se encontraba \u00abinactivo\u00bb en ese sistema, \u00abpor lo que ya no se encuentra inscrito en la lista de auxiliares de la justicia\u00bb <\/p>\n
c). Martha Eliana Sabogal Sabogal, alleg\u00f3 certificaci\u00f3n donde consta que el aqu\u00ed accionante no est\u00e1 inscrito en el listado de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
d). El titular del Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que all\u00ed curs\u00f3 el proceso criticado por esta v\u00eda, el que en la actualidad se encuentra bajo el conocimiento de su hom\u00f3logo Treinta y Dos de la misma ciudad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En este caso, el ciudadano Jos\u00e9 Alonso Forero Betancourt cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, i) El auto de 3 de agosto del a\u00f1o que avanza de la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, con que se declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 29 de agosto de 2019 del Juzgado Treinta y Dos de Familia de la misma ciudad, con que fue relevado del cargo de partidor, y, ii) la prenombrada decisi\u00f3n, mantenida en reposici\u00f3n el 15 de marzo del presente a\u00f1o, determinaciones ambas dictadas dentro del proceso de sucesi\u00f3n del causante Jhon Ra\u00fal Sabogal Castillo, pues en su criterio, debieron pag\u00e1rsele los honorarios por el trabajo de partici\u00f3n que alcanz\u00f3 a presentar antes de ser apartado de sus funciones, y no debi\u00f3 ser excluido de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
3. No obstante, en punto a la primera inconformidad antes expuesta, una vez revisado el prove\u00eddo emitido por la Colegiatura accionada, se constata que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que dicha autoridad coincidi\u00f3 con el juzgado de primera instancia en no conceder el aludido mecanismo vertical, tras considerar que \u00abla raz\u00f3n esgrimida por el recurrente no tiene fundamento plausible capaz de dar al traste con la validez de la decisi\u00f3n cuestionada, tal cual lo advirti\u00f3 la titular del Juzgado de primera instancia la decisi\u00f3n de relevar al partidor es inapelable, y as\u00ed lo ratifica el Tribunal dado que, ni est\u00e1 consagrada de manera general en el art\u00edculo 321 del CGP, ni en norma especial alguna de las que gobiernan el tr\u00e1mite sucesoral, como susceptible de ser revisada mediante el recurso de apelaci\u00f3n, regido por el principio de la taxatividad y que, en palabras de la H. Corte Suprema de Justicia, impide \u201c\u2026ser ejercitado contra providencia alguna que previamente el legislador no haya designado expresamente, entendido que debe ser respetado tanto por los operadores judiciales como por los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, so pena de irrogarse quebranto al derecho fundamental al debido proceso, tanto m\u00e1s cuando el canon 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u00a8(hoy pregona que \u00ab[l]as normas procesales son de derecho p\u00fablico y orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso, podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley. [\u2026]\u00bb. Esto es, expresado en breve, que \u00aben materia de recursos s\u00f3lo son susceptibles aquellos que la norma, ya general ora especial, expresamente autoriza\u00bb (CSJ STC10979-2014, 19 ago. 2014, rad. 2014-01102-01)\u201d (Auto AC468 de 2017, M.P. MARGARITA CABELLO BLANCO). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en esa decisi\u00f3n, el Tribunal accionado consider\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del Juzgado de no tener en cuenta el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n presentado por el hoy recurrente, es consecuencia de haber sido relevado el doctor FORERO BETANCOURT del cargo de partidor, pero de ninguna manera esa determinaci\u00f3n se equipara a una nulidad, como lo afirma a ultranza el inconforme faltando a la t\u00e9cnica procesal, pues \u00fanicamente se tramitan bajo esa senda (nulidad) los asuntos expresamente autorizados por el legislador, y por lo que aqu\u00ed respecta no es un asunto de ese particular cariz en torno al cual gravita la presente controversia. <\/p>\n
A lo cual agreg\u00f3 que, \u00absi, extremando en la garant\u00eda del debido proceso, revisara el Tribunal el reclamo del quejoso bajo el tamiz del C\u00f3digo del Procedimiento Civil, la conclusi\u00f3n ser\u00eda la misma, pues ninguna de las disposiciones de dicha normativa le otorga apelabilidad al auto que dispone el relevo de un auxiliar de la justicia (Art. 351), y tampoco de manera espec\u00edfica el del partidor, seg\u00fan las normas relativas a la partici\u00f3n, consagradas en el art\u00edculo 608 y s.s. <\/p>\n
4. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Familia de la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de normatividad procesal aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad descart\u00f3 la apelabilidad del auto con que el aqu\u00ed interesado fue relevado del cargo de partidor, tras constatar que esa puntual decisi\u00f3n no figura expresamente en el ordenamiento adjetivo, como pasible de dicho mecanismo. <\/p>\n
5. As\u00ed mismo, en lo referente a la segunda queja del actor, enfilada contra la decisi\u00f3n del Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 de relevarlo de sus funciones como partidor, la Corte observa que el fundamento de la misma fue expuesto en el auto de 15 de marzo de 2021, con que fue mantenida en reposici\u00f3n, prove\u00eddo \u00e9ste que no surgi\u00f3 del simple arbitrio o capricho del juzgador del caso, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca. <\/p>\n
En efecto, para fundar la aludida determinaci\u00f3n, el mencionado estrado consider\u00f3 que \u00abconforme a lo establecido en el art\u00edculo 8\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los cargos de auxiliares de la justicia son oficios p\u00fablicos que deben ser desempe\u00f1ados por personas id\u00f3neas, de conducta intachable, excelente reputaci\u00f3n e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigir\u00e1n versaci\u00f3n y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, t\u00edtulo profesional legalmente expedido. <\/p>\n
En ese orden de ideas, y no obstante haber sido designado el doctor JOS\u00c9 ALONSO FORERO BETANCOURT como partidor cuando se encontraba en la lista de auxiliares, fue menester su relevo al encontrarse en ella bajo el estado \u201cinactivo\u201d al momento de ser emitido el auto atacado e incluso hoy en d\u00eda, tal y como puede verse en la p\u00e1gina web de SIRNA; para en su lugar ser designado un nuevo partidor que se encontrara en la lista de auxiliares de la justicia, atendiendo que el presente asunto a\u00fan se encuentra bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En seguida precis\u00f3, que \u00abV\u00e9ase en este punto que son dos aspectos diferentes el relevo de un auxiliar y la exclusi\u00f3n de este de la lista, requiri\u00e9ndose en este \u00faltimo evento el tr\u00e1mite incidental que echa de menos el aqu\u00ed recurrente. En efecto, el relevo ocurre de manera autom\u00e1tica ante la advertencia que su calidad de auxiliar ya no la ostenta, en cambio la exclusi\u00f3n se presenta al reunirse alguna de las condiciones previstas por el art\u00edculo 9\u00b0, numeral 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, no es de recibo el argumento expuesto por el partidor consistente en que de manera oportuna present\u00f3 su solicitud de renovaci\u00f3n, dado que dicho tr\u00e1mite se realiza ante el Consejo Superior de la Judicatura, y la mora en ser atendida su solicitud no le es imputable a este estrado judicial, as\u00ed como tampoco resulta plausible que el aqu\u00ed recurrente pueda seguir actuando como auxiliar de la justicia a sabiendas que en la actualidad no cuenta con dicha calidad. <\/p>\n
En consecuencia, no se proceder\u00e1 a revocar el auto atacado por haberse reunido las condiciones legales para el relevo del partidor designado y m\u00e1s a\u00fan cuando los argumentos esgrimidos por el recurrente no dan cuenta de raz\u00f3n legal que impidiera dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
6. El anotado razonamiento refleja que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, de no permitir al aqu\u00ed accionante continuar en el cargo de partidor para el que fue designado dentro del referido proceso, emergi\u00f3 sustentada en el plausible entendimiento de las normas procesales aplicables a la situaci\u00f3n presentada, sin que el juez de tutela pueda interferir en esa labor intelectiva del juzgador del asunto para variar lo decidido, situaci\u00f3n patente al observarse que el aqu\u00ed interesado tuvo que ser apartado de sus funciones como partidor dentro del proceso, porque no estaba inscrito como tal en el Sistema de Informaci\u00f3n del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, exclusi\u00f3n que, valga precisar, no fue ordenada por el estrado accionado, como afirma el actor en su escrito de tutela, sino que al parecer obedeci\u00f3 al descuido de \u00e9ste mismo, en el adelantamiento de las gestiones para continuar fungiendo como auxiliar de la justicia. <\/p>\n
7. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por el Tribunal y el Juzgado accionado en sus respectivas decisiones, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
8. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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