STC15106-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15106-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00373-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Elsa Ana\u00eds Alfonso Beltr\u00e1n quien obra en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija XXXX, contra el Juzgado de Familia de Soacha, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora en la condici\u00f3n mencionada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00ablegalidad\u00bb y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso de sucesi\u00f3n del causante Israel Ballen G\u00f3mez, con radicado No. 2018-00253-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene al Juzgado de Familia de Soacha \u2013Cundinamarca \u00abregresar al tr\u00e1mite procesal (\u2026) a la presentaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abse ordene a los apoderados representantes de los herederos, antes de presentar los inventarios y aval\u00faos (\u2026) al conocimiento del Juzgado (\u2026) remitir al correo electr\u00f3nico de los otros apoderados, una copia de tales inventarios\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus pedimentos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que su primog\u00e9nita -menor en \u00abcondici\u00f3n especial\u00bb- fue reconocida como heredera del causante, y que respecto de los progenitores de \u00e9ste a\u00fan no se hab\u00eda adelantado la liquidaci\u00f3n sucesoral sobre \u00abbienes inmuebles\u00bb ubicados en Sibat\u00e9 y Chocont\u00e1, el Juzgado de Familia de Soacha, tras suspender la diligencia de inventarios y aval\u00faos del 25 de noviembre de 2019 para la \u00abinclusi\u00f3n de todos los bienes herenciales\u00bb, el 23 de julio de 2020 aprob\u00f3 el trabajo de inventarios y aval\u00faos presentado por los otros herederos, design\u00f3 partidor de los mismos, e igualmente, con posterioridad, dict\u00f3 sentencia aprobando la partici\u00f3n practicada por el auxiliar de la justicia. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, aunque no se corri\u00f3 traslado del primero de los trabajos en los t\u00e9rminos del Decreto 806 de 2020, esto es, remitiendo a su correo electr\u00f3nico las mentadas estimaciones, el Juzgado neg\u00f3 la nulidad invocada con fundamento en los numerales 5\u00b0 y 6\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, tras considerar que el asunto ya hab\u00eda finiquitado, circunstancia que, asegura, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado de Familia de Soacha puntualiz\u00f3, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora, pues \u00abgarantiz\u00f3 los t\u00e9rminos y oportunidades para objetar los inventarios y aval\u00faos, tuvo la oportunidad de objetar el trabajo de partici\u00f3n. Tuvo la oportunidad para interponer los recursos de ley, lo cual no hizo\u00bb. <\/p>\n
b. Emperatriz Sanmiguel Moreno quien adujo representar los intereses Diana Lizeth Ball\u00e9n Mart\u00ednez, Jhon Ferley, Javier Andr\u00e9s, Andrea Edith y Diego Armando Ball\u00e9n Navarrete, luego de referirse a todos los hechos expuestos por la petente, precis\u00f3 que el Juez convocado \u00abha cumplido con todos los requisitos legales, dio las oportunidades a las partes para conocer de las actuaciones realizadas por las mismas, en las diferentes etapas del proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca desestim\u00f3 la salvaguarda deprecada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que le accionante omiti\u00f3 controvertir la determinaci\u00f3n que deneg\u00f3 la nulidad por ella invocada en el citado juicio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por regla, es improcedente frente a decisiones judiciales, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Elsa Ana\u00eds en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija XXXX cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la decisi\u00f3n emitida el 9 de agosto del a\u00f1o en curso por el Juzgado de Familia de Soacha, que neg\u00f3 la invalidez reclamada en el marco del proceso sucesorio de Israel Ball\u00e9n G\u00f3mez, pues seg\u00fan su criterio, lo determinado desconoci\u00f3 las irregularidades acaecidas en cuanto al traslado del trabajo de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, surtidos los tr\u00e1mites de rigor el 25 de noviembre de 2019, se inici\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos, actuaci\u00f3n que fue suspendida, fijando la continuaci\u00f3n para el 23 de julio de 2020, calenda en la cual el Juzgado de Familia de Soacha, aprob\u00f3 el trabajo presentado y design\u00f3 el partidor de los bienes relictos. <\/p>\n
3.2. El 23 de noviembre siguiente el Juez del conocimiento corri\u00f3 traslado de la partici\u00f3n, y en prove\u00eddo proferido el 1\u00ba de febrero de la presente anualidad resolvi\u00f3, no solo aprobar la experticia presentada por el auxiliar de la justicia, sino declarar la terminaci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
3.3. Finalmente, mediante prove\u00eddo del 9 de agosto \u00faltimo, el Despacho convocado dispuso negar la nulidad que invoc\u00f3 la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por la persona jur\u00eddica gestora del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9sta no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
N\u00f3tese que la quejosa, aqu\u00ed tutelante, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de utilizar en la oportunidad procesal correspondiente los mecanismos id\u00f3neos para exponer la particular tem\u00e1tica, esto es, los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n criticada, de conformidad con las previsiones de los art\u00edculos 318 y 321-6 del C\u00f3digo General del Proceso, medios de impugnaci\u00f3n que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
5. Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC068-2021). <\/p>\n
6. Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que el solo hecho que el mandatario judicial de la promotora no haya supuestamente ejercido en debida forma el mandato encomendado, no se erige en un motivo suficiente y tampoco aceptable pasar por alto la incuria evidenciada en relaci\u00f3n con la diligencia de inventarios y aval\u00faos, menos a\u00fan para conceder la protecci\u00f3n aqu\u00ed solicitada, pues recu\u00e9rdese que uno de los requisitos fijados por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, es que \u00abla persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n ius fundamental que alega en sede de tutela\u00bb (C.C. SU-813\/07), actuaci\u00f3n que, se reitera, no despleg\u00f3 la tutelante, por lo que la Corte ha considerado que la eventual negligencia del apoderado tampoco sirve como \u00abelemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; (\u2026) pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC10047-2021). <\/p>\n
7. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es no alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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