STC15108-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15108-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00978-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de octubre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia proferida dentro del proceso verbal sumario de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que en su contra tramit\u00f3 Andrea Milena Higuera Medina, en representaci\u00f3n de sus menores hijos XXXX y XLXL, identificado con el radicado No. 2019-01027-00. <\/p>\n
Aunque no lo indica de manera expresa, se colige del an\u00e1lisis del escrito inicial, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n por el actor, es que se ordene al Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, dejar sin valor ni efecto la sentencia que emiti\u00f3 el 3 de septiembre pasado, con que se le fij\u00f3 cuota alimentaria a favor de sus dos menores hijos. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que dentro del referido proceso se fij\u00f3 como mesada alimentaria a su cargo el 50% del total de sus ingresos, que seg\u00fan se prob\u00f3 dentro del proceso, est\u00e1 constituido \u00fanicamente por su asignaci\u00f3n de retiro como oficial de la Polic\u00eda Nacional, incluidas las primas legales y extralegales, y adem\u00e1s se le orden\u00f3 sufragar el 50% de todos los gastos adicionales por concepto de salud y educaci\u00f3n que requieran sus descendientes, y entregar a cada uno de \u00e9stos dos (2) mudas de ropa completas al a\u00f1o, cada una valor de $300.000,oo. <\/p>\n
Sostiene que esa orden pasa por alto la prueba de que su \u00fanico ingreso lo constituye la aludida asignaci\u00f3n de retiro por $7\u00b4178.068, ya que dentro del proceso no se logr\u00f3 probar que tuviera otras fuentes de dinero, por lo que los alimentos para sus hijos no pueden exceder el 50% de ese monto, m\u00e1xime porque la madre de los menores devenga un salario m\u00e1s alto que \u00e9stos, de $8\u00b4000.000, y, dentro de la cuota de alimentos ya se entienden comprendidos los gastos para sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os. <\/p>\n
Finalmente asevera, que lo as\u00ed decidido vulnera su derecho al m\u00ednimo vital, porque todo monto que entregue a sus hijos, adicional al 50% que se le descuenta de su \u00fanico ingreso, necesariamente saldr\u00e1 de la parte que destina a su propia subsistencia, adem\u00e1s, como tambi\u00e9n le fue cautelado el 50% de sus primas legales y extralegales, el dinero de las mismas puede ser destinado a los gastos de educaci\u00f3n que se causan a principio y mitad del a\u00f1o, situaci\u00f3n por la cual, asegura, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Defensor de Familia adscrito al Despacho criticado resalt\u00f3, que durante el tr\u00e1mite del proceso cuestionado se respetaron las garant\u00edas de los all\u00ed intervinientes, sin que la tutela resulte procedente, por el hecho de que el aqu\u00ed accionante no comparta lo decidido. <\/p>\n
b.) El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 expuso, que lo que defini\u00f3 en el asunto lo sustent\u00f3 en la capacidad econ\u00f3mica del actor y las necesidades de sus hijos, capacidad que \u00abmuy a pesar de lo que viene manifestando el quejoso en su escrito de tutela, no se encuentra limitada a los ingresos que percibe como asignaci\u00f3n de retiro de la Polic\u00eda Nacional, sino que tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta con relaci\u00f3n al patrimonio del que dispone el alimentante para asumir la obligaci\u00f3n que le ha sido impuesta, de ah\u00ed que si el accionante posee bienes inmuebles de los que puede hacer uso para hacerse cargo de esos requerimientos adicionales que demanden sus hijos, no pude pretender que se le libere de la cuota parte que de esos rubro le corresponde suministrar, mucho menos bajo la excusa de que su expareja percibe mejores ingresos con lo que bien puede asumir la totalidad de los gastos adicionales, en tanto que en el curso del proceso se acredit\u00f3 que la demandante cuenta con una capacidad econ\u00f3mica equiparable a la del se\u00f1or Reyes Orteg\u00f3n\u00bb <\/p>\n
c.) Andrea Milena Higuera Medina expuso, que ha sido v\u00edctima de actos de violencia patrimonial y psicol\u00f3gica por parte del gestor, quien, seg\u00fan ella, sustrajo y ocult\u00f3 bienes de la sociedad conyugal, al igual que oculta su capacidad econ\u00f3mica, lo que no le ha permitido cubrir la totalidad de las necesidades de sus hijos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tras hacer un recuento del fundamento de las decisiones reprochadas, neg\u00f3 la salvaguarda invocada, al encontrar que \u00abno vislumbra en la hermen\u00e9utica y an\u00e1lisis probatorio expuesto por el juzgado sustento de la decisi\u00f3n cuestionada, desafuero may\u00fasculo que configure el defecto f\u00e1ctico acusado por el accionado y amerite la salvaguarda deprecada; el an\u00e1lisis del funcionario atiende par\u00e1metros de razonabilidad respetables, soportados en disposiciones legales, orientaci\u00f3n jurisprudencial y principios imperantes sobre la materia, entre ellos, el del inter\u00e9s superior del menor consagrado en los art\u00edculos 44 de la CP\u00b4, 8\u00ba del CIA, y 3\u00ba, numeral 1\u00ba de la Convenci\u00f3n Sobre los Derechos del Ni\u00f1o, de aplicaci\u00f3n obligatoria y transversal en todas aquellas decisiones concernientes a su bienestar y garant\u00eda de derechos; adicionalmente, el fundamento de la sentencia asume una postura razonable en la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio legalmente recaudados al interior del proceso, con fundamento en los cuales ponder\u00f3 los elementos axiol\u00f3gicos de la prestaci\u00f3n alimentaria reclamada, valga indicar, el v\u00ednculo obligacional, derivado del nexo filial entre alimentante y alimentarios debidamente acreditado con los registros civiles de nacimiento; la capacidad econ\u00f3mica del demandado, ampliamente establecida al interior del proceso, derivada de su condici\u00f3n de pensionado de la Polic\u00eda Nacional con un ingreso superior a los $7\u00b4000.000, adem\u00e1s, tomando en consideraci\u00f3n su patrimonio, par\u00e1metro de evaluaci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 129 del CIA para determinar el supuesto de capacidad, unido a la posici\u00f3n social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias \u00fatiles para llegar a un estimado razonable de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, con motivos similares a los que expuso en el escrito inicial, pero haciendo \u00e9nfasis en que la fijaci\u00f3n de los alimentos se basa en los ingresos del alimentante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n se duele, concretamente, de la sentencia proferida el 3 de septiembre del a\u00f1o que avanza por el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, en el marco del proceso verbal sumario de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que en su contra adelant\u00f3 Andrea Milena Higuera en representaci\u00f3n de sus dos menores hijos, pues seg\u00fan su dicho, el monto de los alimentos que all\u00ed se fijaron a su cargo, sobrepasa el 50% de la \u00fanica fuente de ingresos que se le prob\u00f3 dentro del juicio. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n cuestionada al juzgado accionado, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, pues, para fundamentar la determinaci\u00f3n, aquella autoridad expuso, previo recuento y an\u00e1lisis de las pruebas, que \u00abresulta innegable que el progenitor de los ni\u00f1os, ostenta suficiente solvencia econ\u00f3mica para sufragar junto con la se\u00f1ora Higuera Medina los gastos que demandan sus hijos para su congrua subsistencia en tanto que a pesar de haber perdido esos ingresos y adicionales que percib\u00eda como trabajador de Isbi Ltda., y de Guardianes Compa\u00f1\u00eda L\u00edder en Seguridad, la cuant\u00eda de sus bienes le permite atender sus necesidades y requerimientos de XX y XL no solo porque sus declaraciones de renta de 2015 a 2019 arrojan un patrimonio l\u00edquido promedio de $732\u2019624.400, sino porque fue \u00e9l mismo quien al rendir su declaraci\u00f3n inform\u00f3 haber vendido una oficina de la que era propietario por valor de $180.000.000, adem\u00e1s de ostentar el dominio del 50% del inmueble familiar, adquirido el vigencia de la sociedad conyugal, cuya disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n se encuentra pendiente, de ah\u00ed que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 129 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, y los criterios que sobre ese t\u00f3pico han sido establecidos jurisprudencialmente, su capacidad econ\u00f3mica, habr\u00e1 de determinarse en consideraci\u00f3n, no solo a sus ingresos, sino a su patrimonio, posici\u00f3n social, costumbres y en general, sobre todos aquellos antecedentes y circunstancias que as\u00ed lo permitan, todo lo cual conlleva a concluir que el alimentante conserva la solvencia requerida para sufragar las necesidades de sus hijos conforme a su posici\u00f3n social, y su modo de vida. <\/p>\n
Finalmente entonces corresponde afirmar, en el caso de autos que la progenitora de los ni\u00f1os XX y XY se encuentra en la misma situaci\u00f3n econ\u00f3mica que el demandado y, por lo tanto, debe suministrar un 50% de la totalidad de esos gastos derivados de las necesidades de sus hijos, no solo porque el grupo de gesti\u00f3n contractual del Ministerio del Trabajo certific\u00f3 que el 12 de febrero del a\u00f1o en curso la se\u00f1ora Andrea Milena suscribi\u00f3 con la entidad un contrato de prestaci\u00f3n de servicios por diez meses en el que percibe mensualidad de $8.000.000, emolumentos de los que, seg\u00fan se dijo la demandante, le consignan $7\u2019700.000 por las deducciones de impuestos y debe pagar $958.000 por concepto de aportes a la seguridad social, qued\u00e1ndole disponible la suma de $6\u2019742.000 como ingresos mensuales, monto que resulta bastante equiparable al que devenga el se\u00f1or Reyes Orteg\u00f3n como asignaci\u00f3n de retiro, sino adem\u00e1s de ostentar tambi\u00e9n el 50% del derecho de dominio sobre la vivienda familiar, de ah\u00ed que le asiste el deber de contribuir en igual medida con los gastos de sus peque\u00f1os hijos, como as\u00ed ha de disponerse. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y habi\u00e9ndose acreditado, tanto la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, como las necesidades de los alimentarios, resulta procedente establecer como cuota de alimentos definitiva en favor de los ni\u00f1os\u2026 y a cargo del se\u00f1or Reyes Orteg\u00f3n, una suma equivalente al 50% del total de los ingresos que percibe como asignaci\u00f3n de retiro de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional, incluyendo no solo las mesadas pensionales, sino cualquier otro rubro que reciba de forma extraordinaria, sumas que deber\u00e1n ser descontadas directamente por el se\u00f1or pagador y puestas a disposici\u00f3n del juzgado dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, se advierte que la decisi\u00f3n cuestionada, no obedeci\u00f3 al capricho o la arbitrariedad del Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, sino que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad sustancial y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada orden\u00f3 cautelar \u00fanicamente el 50% de los ingresos del actor como oficial retirado de la Polic\u00eda Nacional, y luego de establecer las necesidades especiales de los menores en materia de salud y educaci\u00f3n, adem\u00e1s de la capacidad patrimonial de \u00e9ste, le orden\u00f3 al padre cubrir tambi\u00e9n el 50% de los gastos adicionales que se generaran por dichos conceptos, obligaci\u00f3n \u00e9sta que, valga resaltar, quedo establecida en la misma proporci\u00f3n en cabeza de la progenitora, quien tiene ingresos similares a los del aqu\u00ed interesado, seg\u00fan logr\u00f3 establecerse dentro del juicio, de ah\u00ed que, fueron las necesidades adicionales de los menores en conjunto con la probada capacidad econ\u00f3mica del padre por los bienes que posee, lo que motiv\u00f3 al juzgado accionado a establecer la manera en que los progenitores cubrir\u00edan unos eventuales gastos que excedieran de lo retenido como \u00fanico ingreso probado, decisi\u00f3n que luce equitativa, si se tiene en cuenta que un vac\u00edo al respecto podr\u00eda dejar a solo uno de los padres cubriendo toda la obligaci\u00f3n, a pesar de la inminente causaci\u00f3n de la misma, y que ambos progenitores cuentan con ingresos similares. <\/p>\n
5. Fue as\u00ed como el estrado judicial acusado, luego de valorar los medios de prueba, encontr\u00f3 acreditados los supuestos contemplados en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia para acceder a la pretensi\u00f3n de alimentos, es decir, pudo establecer la necesidad de los alimentistas y la capacidad econ\u00f3mica del padre para suministrarlos, y, tras ponderar la situaci\u00f3n personal y econ\u00f3mica de los involucrados, tas\u00f3 una cuota alimentaria acorde con los postulados establecidos en dicho mandato legal, razonamientos y valoraciones que aun cuando pudieran o no compartirse \u00edntegramente, lejos est\u00e1n de poder ser considerados caprichosos o arbitrarios, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso las acusaciones del accionante, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible, o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que les sirvi\u00f3 a la autoridad judicial cuestionada de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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