STC15112-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15112-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01210-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elba Mary Molina de Montes contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso laboral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante a trav\u00e9s de gestora judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al m\u00ednimo vital y a la seguridad social, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco del proceso declarativo laboral que promovi\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con radicado No. 2014-00644-00. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, \u00abdejar sin efecto y\/o anular la sentencia SL3875-2019 con radicaci\u00f3n No. 77715 del 18 de septiembre de 2019 (\u2026) que resolvi\u00f3 confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali y se ordene a este juez colegiado proferir decisi\u00f3n de fondo de la siguiente manera: Revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar ordenar el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez a [su] favor de manera retroactiva al 24 de enero de 2013. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene el reajuste anual y pago de mesadas adicionales. Por los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que previo reclamo infructuoso a Colpensiones, pretendi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, porque padece de diabetes y otras dolencias desde el a\u00f1o 1995, que la llevaron a ser calificada con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 53.4% con fecha de estructuraci\u00f3n del 24 de enero de 2013, no obstante, sus pretensiones fueron negadas el 16 de julio de 2015 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue recovada el 12 de octubre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para entonces condenar a Colpensiones a pagarle las mesadas a partir del 24 de enero de 2013 en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo mensual legal vigente, junto con los reajustes anuales e intereses solicitados. <\/p>\n
Afirma que la decisi\u00f3n fue atacada por Colpensiones y casada el 18 de septiembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tras considerar que a su caso no aplicaba el Acuerdo 049 de 1990 sino la Ley 860 de 2003, \u00abpor cuanto no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley\u00bb, sin sopesar, adem\u00e1s, la afectaci\u00f3n general a su salud derivada del car\u00e1cter degenerativo de su enfermedad y su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, con desconocimiento del precedente aplicable, situaciones que justifican en su criterio la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte indic\u00f3, que en el fallo SL3875-2019 quedaron consignados los motivos sustento de la decisi\u00f3n cuestionada, a los cuales se remiti\u00f3. <\/p>\n
b.) Por su parte, Colpensiones pidi\u00f3 que se niegue el amparo, porque en lo fallado no se incurri\u00f3 en ninguno de los motivos para procedencia del amparo contra decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras encontrar que el fundamento de la solicitud de amparo es \u00abel desacuerdo con la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al casar la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2014-00644-00, en el cual fueron concedidas las pretensiones de la parte actora, en el sentido que se conden\u00f3 a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez. Circunstancia esta, que no configura un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que si bien las determinaciones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos procesales, la Ley estableci\u00f3 diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior funcional estudie y eval\u00fae el asunto. La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, con similares argumentos a los que expuso en el escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Elba Mary Molina Montes se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 18 de septiembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual cas\u00f3 la sentencia del 12 de octubre de 2016 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con que se hab\u00eda revocado el fallo del 6 de julio de 2015 del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, no acceder a las pretensiones, en el marco del proceso ordinario laboral que aquella promovi\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, pues seg\u00fan su dicho, lo resuelto en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial aplicable, pues debi\u00f3 reconoc\u00e9rsele la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n de la Sala Hom\u00f3loga Laboral data del 18 de noviembre de 2019; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 19 de agosto de 2020, es decir, transcurridos once (11) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n antes individualizada, de casar la sentencia emitida dentro del referido proceso por el Tribunal Superior de Cali, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se explique en modo alguno. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada comenz\u00f3 por establecer que \u00abquedan indemnes los siguientes aspectos f\u00e1cticos establecidos por el juzgador de alzada: i) Que a la accionante le fue dictaminada una p\u00e9rdida de capacidad laboral equivalente al 53,55%, de origen com\u00fan y con fecha de estructuraci\u00f3n el 24 de enero de 2013, en vigencia de la Ley 860\/03; ii) Que en los tres (3) \u00faltimos a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, no acredit\u00f3 haber efectuado aportes, iii) Que la entidad accionada le neg\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n por no cumplir con el requisitos de densidad de cotizaciones que exige la normativa antes se\u00f1alada en su art\u00edculo 1\u00ba\u00bb. <\/p>\n
En seguida se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal \u00abpara revocar la decisi\u00f3n absolutoria de primer grado, y disponer el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, consider\u00f3 que aun cuando la afiliada no acreditaba la densidad de semanas exigidas en el art\u00edculo 1 de la Ley 860\/03, como tampoco se daban los presupuestos para aplicar el postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, acudi\u00f3 a la tesis de que en virtud de los principios de universalidad, proporcionalidad y finalidad, se puede disponer el otorgamiento esa prestaci\u00f3n, para aquellos asegurados que cotizaron 416 semanas, con lo cual es suficiente para financiar la pensi\u00f3n, acorde con lo se\u00f1alado por Asofondos en la sentencia C-556\/09; ello sumado a la ausencia en la legislaci\u00f3n de un criterio t\u00e9cnico, econ\u00f3mico y financiero que permita inferir un n\u00famero determinado de aportes para garantizar la estabilidad del sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
Frente a ese planteamiento, y enmarcada dentro del \u00fanico cargo propuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3 que, \u00abcomo en innumerables oportunidades y en forma pac\u00edfica, lo ha sostenido esta Sala de la Corte, en trat\u00e1ndose de solicitud de reconocimiento de pensiones de invalidez, la norma que gobierna el asunto, es aquella que se encuentre vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, que para el caso es el art\u00edculo 1 de la Ley 860\/03, en consideraci\u00f3n a que dicho estado se consolid\u00f3 el 24 de enero de 2013. En ese orden, como la se\u00f1ora Molina de Montes no acredita tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de haberse estructurado su invalidez, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada, como equivocadamente lo concluy\u00f3 el ad quem\u00bb. <\/p>\n
Frente a los razonamientos en que el juzgador de segunda instancia soport\u00f3 su decisi\u00f3n, la Sala Hom\u00f3loga Laboral anot\u00f3 que \u00abla inusitada tesis a la que acude el juez colegiado, para disponer el reconocimiento de la pensi\u00f3n, basada en los principios de \u00abuniversalidad, proporcionalidad y finalidad\u00bb del sistema general de pensiones, con fundamento en lo cual afirma, que con la densidad de semanas que la actora acredita tener en toda su vida laboral (617), es suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, no puede constituir un argumento v\u00e1lido para desconocer el requisito en cuanto a n\u00famero de cotizaciones, que la norma vigente para la mencionada calenda exig\u00eda, y de contera, disponer el otorgamiento de este tipo de prestaciones sin el lleno de los requerimientos que la ley contempla. <\/p>\n
Aceptar tales argumentos, ser\u00eda tanto como avalar que estas pensiones quedaran al arbitrio o subjetividad del juez, como es lo que aqu\u00ed se observa, al declararse la existencia de un derecho, sin el cumplimiento de las reglas que nuestra legislaci\u00f3n dispone para el efecto. Sobre este particular aspecto, ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos an\u00e1logos, y respecto de decisiones proferidas por el mismo juzgador de alzada, pudi\u00e9ndose traer a colaci\u00f3n la sentencia CSJ SL516-2018, en donde se reiter\u00f3 la CSJ SL6617-2017\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, se soport\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente esa autoridad, y el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de la tutelante con la interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad encontr\u00f3 que para el reconocimiento del derecho pensional reclamado, era indispensable que se acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, por ser la norma vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por la aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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