STC15117-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15117-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2020-01755-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Roc\u00edo Carmina Fl\u00f3rez Rodr\u00edguez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cali, el Juzgado Once Laboral de la misma ciudad y Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por los accionados, dentro del asunto ordinario laboral iniciado por ella contra Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., radicado bajo el N\u00b0 2013-00548. <\/p>\n
Solicita por tanto, se tutelen sus derechos \u00abpor haber incurrido las Accionadas en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo al no analizar (\u2026) la posible configuraci\u00f3n de justa causa, que excusara la falta de convivencia \u2013vida marital o cohabitaci\u00f3n\u2013 entre [ella] y el causante\u00bb y se ordene \u00aba POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A., pagar[le] (\u2026) la pensi\u00f3n de sobreviviente desde la fecha de muerte de su esposo, a partir del 12 de febrero de 2011\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de sus reclamos asevera, que el 10 de septiembre de 1984 contrajo matrimonio civil con Samay Eliut Campuzano Vargas (q.e.p.d.), quien hab\u00eda obtenido su pensi\u00f3n de invalidez el 28 de febrero de 1983, dado que seg\u00fan se consider\u00f3, presentaba \u00abun severo trastorno mental, con s\u00edndrome convulsivo que lo inhabilita[ba] para el desempe\u00f1o de cualquier actividad\u00bb, padecimiento derivado de un accidente de trabajo sucedido el 10 de abril de 1980. <\/p>\n
Acota que el prenombrado falleci\u00f3 el 12 de febrero de 2011, luego de lo cual ella solicit\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes; no obstante, la misma le fue negada por Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., dado que, conforme se le indic\u00f3, no cumpl\u00eda los requisitos establecidos en el art\u00edculo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, particularmente, el tiempo de convivencia requerido con el causante para obtener la prestaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
Advierte que en el proceso materia de queja advirti\u00f3 las dificultades de convivir con Samay Eliut Campuzano Vargas, debido a su salud mental; sin embargo, acredit\u00f3 que aqu\u00e9l estuvo con ella hasta 1998 y, luego, durante los cinco (5) a\u00f1os anteriores a su fallecimiento; sin embargo, sus pretensiones se desestimaron el 13 de noviembre de 2015 y, aunque inco\u00f3 apelaci\u00f3n, esa decisi\u00f3n fue ratificada por el Tribunal confutado el 22 de marzo de 2017. <\/p>\n
Relata que interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo del ad quem, empero, la Sala especializada aqu\u00ed accionada, el 27 de julio de 2020, resolvi\u00f3 no casar ese pronunciamiento, desconociendo los errores en la valoraci\u00f3n probatoria, pues del caudal demostrativo pod\u00eda colegirse el tiempo de cohabitaci\u00f3n necesario con el causante para obtener el derecho pensional reclamado, as\u00ed como el hecho de que el pensionado fue quien decidi\u00f3 abandonarla. <\/p>\n
Tras exponer su interpretaci\u00f3n de las distintas pruebas documentales y testimoniales adosadas al plenario, advierte la procedencia de esta acci\u00f3n constitucional, por cuanto los funcionarios enjuiciados incurrieron en diversas irregularidades lesivas de sus prerrogativas; adem\u00e1s, acota, ella es una adulta mayor, padece de \u00ab[p]oliomielitis desde los 2 a\u00f1os de edad\u00bb, \u00abvive en arriendo y adquiri\u00f3 deuda con un pr\u00e9stamo del banco de la mujer\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n dictada en sede de casaci\u00f3n indic\u00f3, que en ese pronunciamiento no se incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues el fallo de segundo grado se mantuvo porque del mismo no se coligieron los errores denunciados por la querellante. <\/p>\n
b. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n expres\u00f3, que la informaci\u00f3n del afiliado fue remitida a Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., careciendo, en consecuencia, para efectuar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
c. El titular del Juzgado Once Laboral de Cali relat\u00f3 los antecedentes del decurso reprochado y se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, comoquiera que actu\u00f3 conforme a la normatividad aplicable. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 el amparo invocado, por cuanto no hall\u00f3 irregularidad en el proceso criticado, adem\u00e1s, anot\u00f3 \u00ab[a]rgumentos como los presentados por la peticionaria son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no as\u00ed ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como un instrumento m\u00e1s de la justicia ordinaria. <\/p>\n
Debe precisarse, adem\u00e1s, que la edad de la actora y la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital que aqu\u00ed invoca, no son suficientes para dejar sin efecto las decisiones que aqu\u00ed cuestiona, m\u00e1s, cuando se advierte una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de las normas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante con aserciones similares a las expuestas en el libelo introductor; adem\u00e1s, reiter\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acusada vulner\u00f3 sus derechos \u00abpor defecto f\u00e1ctico en la violaci\u00f3n de hecho en la falta de valoraci\u00f3n de la prueba aludida sobre la convivencia de la actora con el pensionado, que se configur\u00f3 en el medio exceptivo en la contestaci\u00f3n por parte de Positiva S.A., al manifestar que la actora no convivi\u00f3 con el pensionado, sin embargo, la amplia jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha manifestado sobre los medios exceptivos de falta de convivencia entre los esposos o compa\u00f1eros permanentes, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las Salas de Descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que la solicitante pretende el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes como beneficiaria de Samay Eliut Campuzano Vargas (q.e.p.d.), pedimento resuelto en el decurso laboral criticado, donde tanto en primera como en segunda instancia se despacharon adversamente sus pretensiones y, de igual modo, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en sede de casaci\u00f3n emiti\u00f3 la providencia de 27 de julio de 2020, en la cual determin\u00f3 no casar el fallo del Tribunal enjuiciado y, con ello, zanjar la controversia propuesta a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
3. Como lo expuso el a quo constitucional, la protecci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque en la sentencia que puso fin al debate reprochado, dictada el 27 de julio de 2020, no se encuentra irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales que permita la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En efecto, en el enunciado fallo, la Sala especializada comenz\u00f3 por relatar los antecedentes del caso para, luego, relacionar los dos cargos erigidos por la tutelante; el primero, con el cual acus\u00f3 la sentencia del ad quem confutado \u00abpor violaci\u00f3n indirecta por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, art\u00edculo 11 del Decreto 1295 de 1994, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 60 y 61 del CPTSS, 48 y 53 CN\u00bb, pues, seg\u00fan la recurrente, se dio por demostrado sin estarlo, que ella no convivi\u00f3 el tiempo requerido en la ley para ser beneficiaria de la mesada exigida y, adem\u00e1s, se incurri\u00f3 en \u00aberror de hecho\u00bb al apreciarse incorrectamente diferentes medios de juicio; y el segundo, atribuy\u00e9ndole a la decisi\u00f3n de segunda instancia, \u00abla violaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda directa en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 48 y 53 de la CN\u00bb, toda vez que \u00abel Colegiado se apart\u00f3 de su correcta inteligencia, debido a que acept\u00f3 haber convivido la actora tan solo cinco a\u00f1os con el causante en cualquier tiempo; que no era necesario acreditar tal cohabitaci\u00f3n en los \u00faltimos cinco a\u00f1os anteriores a la muerte del pensionado, como lo ha expresado la jurisprudencia, pero n[eg\u00f3] la pensi\u00f3n deprecada\u00bb; asimismo, la censora refiri\u00f3 jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Permanente que, en su criterio, evidenciaba las equivocaciones del Tribunal. <\/p>\n
3.2. Frente al primer cargo, la Sala de Descongesti\u00f3n querellada expres\u00f3 que la censura no cumpl\u00eda \u00abcon el m\u00ednimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentaci\u00f3n del cargo, lo que impide que esta Corporaci\u00f3n emita un pronunciamiento de fondo sobre el ataque, por las siguientes razones: <\/p>\n
Sea lo primero recordar que, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, que modific\u00f3 el art\u00edculo 23 de la Ley16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que el cargo exprese las razones que lo demuestran y, a m\u00e1s de esto, como lo ha dicho esta Corte, que los desatinos aparezcan notorios, protuberantes y manifiestos, por provenir de la falta de apreciaci\u00f3n o de la errada valoraci\u00f3n de una o m\u00e1s pruebas calificadas. <\/p>\n
Se destaca lo anterior, por cuanto la parte recurrente para sustentar los errores de hecho en casaci\u00f3n acude a pruebas no calificadas, lo cual constituye una falencia t\u00e9cnica que impide efectuar un estudio de fondo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a las deficiencias en el estudio de \u00abla investigaci\u00f3n de convivencia de la se\u00f1ora Roc\u00edo Carmina Fl\u00f3rez y el se\u00f1or Samay Eliut Campuzano Vargas\u00bb, acot\u00f3 que ese documento obedec\u00eda a la investigaci\u00f3n de convivencia realizada por una firma especializada para Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros, frente a lo cual se \u00abtiene definido que los informes que recogen las investigaciones realizadas por contratistas de las administradoras de pensiones para efectos de determinar la convivencia, con el fin de discernir la condici\u00f3n de beneficiario de un derecho pensional, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casaci\u00f3n, salvo que este suscrita por la parte, lo que no sucede en este asunto\u00bb, criterio apoyado, conforme se sostuvo, en la sentencia CSJ SL1982-2020. Enseguida, sobre \u00abLa carta suscrita por el pensionado Samay Eliut Campuzano, el 14 de junio de 1998 y la copia de la declaraci\u00f3n de Dimary Campuzano y Luz Am\u00e9rica Campuzano ante el Juzgado\u00bb, expuso que tales soportes, que seg\u00fan la petente no hab\u00edan sido apreciados, constitu\u00edan \u00abmanifestaciones o declaraciones rendidas por terceros al margen del tr\u00e1mite judicial, de modo que tambi\u00e9n reciben el mismo tratamiento de un testimonio, por lo que no son prueba calificada para acreditar un yerro en casaci\u00f3n y no pueden ser objeto de estudio, a menos que previamente, con un medio probatorio apto se logre acreditar un yerro manifiesto, que no es el caso\u00bb, punto para el cual se trajo a colaci\u00f3n la sentencia CSJ SL457-2020. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a los testimonios \u00abde Jorge Duv\u00e1n Zapata, Erney Bosaquillo Sandoval y Nelson de Jes\u00fas L\u00f3pez Orrego\u00bb, insisti\u00f3 en que \u00e9stos no constitu\u00edan prueba calificada en casaci\u00f3n, pues \u00abde conformidad con el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969, solo tienen dicha connotaci\u00f3n el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial o la inspecci\u00f3n judicial para tal fin en casaci\u00f3n, a menos, que se demuestre anticipadamente un error de hecho protuberante con un medio de convicci\u00f3n apto, lo cual no sucede en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
3.3. Posteriormente, de cara al segundo cargo, comenz\u00f3 por precisar que ante \u00abla v\u00eda escogida no se discuten los siguientes fundamentos f\u00e1cticos establecidos por el Tribunal que: i) la actora es la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante; ii) el se\u00f1or Samay Eliut Campuzano Vargas falleci\u00f3 el 12 de febrero 2011; ii) se encontraba pensionado por parte del ISS, desde el 1\u00ba de marzo 1983 y, iii) convivieron un tiempo \u00abaproximado de casi 4 a\u00f1os 4 o 5 a\u00f1os\u00bb <\/p>\n
La recurrente se duele de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que efectu\u00f3 el juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
Al respecto, el Tribunal consider\u00f3 que la jurisprudencia de esta Sala expuso que la c\u00f3nyuge ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes si acreditaba cinco a\u00f1os de convivencia en cualquier tiempo, independientemente que concurra o no compa\u00f1era permanente y concluy\u00f3 que, adem\u00e1s, deber\u00eda demostrar que era acreedor a la protecci\u00f3n, porque efectivamente hac\u00eda parte de la familia del pensionado o afiliado fallecido y, por esa raz\u00f3n, su muerte le ha generado esa carencia econ\u00f3mica moral o afectiva, que es la que busca atender a la seguridad social y que justifica su intervenci\u00f3n para demostrar en juicio la convivencia. <\/p>\n
Planteadas, as\u00ed las cosas, en cuanto a la interpretaci\u00f3n de este precepto se deben tener en cuenta varios aspectos, en reciente pronunciamiento CSJ SL1730-2020, esta Corporaci\u00f3n efectu\u00f3 una distinci\u00f3n para aplicaci\u00f3n del t\u00e9rmino de convivencia all\u00ed establecido teniendo en cuenta si el causante era afiliado o pensionado y al respecto precis\u00f3: [\u2026] de la redacci\u00f3n del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado [\u2026]. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que en este caso el t\u00e9rmino contin\u00faa siendo aplicable, por tratarse de un pensionado\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que respecto a la forma como la jurisprudencia ha exigido el cumplimiento de dicho requisito temporal para la c\u00f3nyuge, la Corte en sentencia SL1869-2020 explic\u00f3, en cuanto ata\u00f1e al caso, que no se trataba \u00abde regresar a la anterior concepci\u00f3n normativa, relacionada con la culpabilidad de quien abandona al c\u00f3nyuge, sino, por el contrario, darle un espacio al verdadero contenido de la seguridad social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que debe predicarse, a no dudarlo, de quien acompa\u00f1\u00f3 al pensionado u afiliado, y quien, por dem\u00e1s hasta el momento de su muerte le brind\u00f3 asistencia econ\u00f3mica o mantuvo el v\u00ednculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 a\u00f1os a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier \u00e9poca. <\/p>\n
Ahora bien, si tal postura se predica cuando existe compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, no encuentra la Corte proporcionalidad o raz\u00f3n alguna para privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensi\u00f3n, en el evento de no concurrir aquel supuesto, pues de admitirse, la disposici\u00f3n no cumplir\u00eda su finalidad, esto es, la protecci\u00f3n en tal escenario, m\u00e1s si se eval\u00faa que quien aspira a tal prestaci\u00f3n mantiene un lazo indeleble, jur\u00eddico, econ\u00f3mico, sea que este \u00faltimo se haya originado en un mandato judicial, o en la simple voluntad de los esposos (Resalta la Sala)\u00bb. <\/p>\n
A la luz de lo expresado, resalt\u00f3 que el Tribunal no se hab\u00eda equivocado en \u00abla interpretaci\u00f3n de la norma al exigirle a la c\u00f3nyuge un t\u00e9rmino de convivencia de cinco a\u00f1os en cualquier tiempo para acceder a la prestaci\u00f3n reclamada, pues lo que se evidencia de las consideraciones del fallo de segunda instancia, es, precisamente, que no acredit\u00f3 esos cinco a\u00f1os de cohabitaci\u00f3n con el causante en cualquier tiempo y se se\u00f1al\u00f3 textualmente que convivieron un tiempo \u00abaproximado de casi 4 a\u00f1os 4 o 5 a\u00f1os\u00bb la palabra \u00abcasi\u00bb se debe entender que no fueron cinco a\u00f1os, conclusi\u00f3n f\u00e1ctica que no se puede discutir en un cargo enderezado por la v\u00eda de puro derecho\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas de ese modo las cosas, no se halla arbitrariedad en la determinaci\u00f3n antes rese\u00f1ada, pues, de un lado, los defectos en la proposici\u00f3n de los cargos, concretamente en cuanto a las acusaciones erigidas frente a la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios por parte del Tribunal, suscitaron que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n se abstuviera de ahondar en los cuestionamientos efectuados por la tutelante, toda vez que las probanzas esgrimidas por \u00e9sta eran \u00abpruebas no calificadas\u00bb, lo cual constituy\u00f3 una falencia t\u00e9cnica que impidi\u00f3 adelantar un estudio de fondo, siendo entonces inanes los ataques elevados por esta v\u00eda, en cuanto al tiempo de convivencia con el causante, que la querellante aduce haber demostrado, y el abandono de aqu\u00e9l, pues lo cierto es que tales inconformidades no se plantearon correctamente y, por ello, no fueron objeto de decisi\u00f3n, resultando inviable sostener que la accionada incurri\u00f3 en desafuero. De otro lado, ning\u00fan error de interpretaci\u00f3n encontr\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n especializada, en cuanto a los cinco (5) a\u00f1os de convivencia que, en cualquier tiempo, deber\u00eda demostrar la c\u00f3nyuge para ser beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues el ad quem censurado aplic\u00f3 de manera acertada la preceptiva correspondiente -art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003- y la jurisprudencia sobre el punto. <\/p>\n
5. Queda claro entonces, que lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
Al respecto, la Sala, en un caso equiparable indic\u00f3 que \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas\u00bb (STC-4541-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15117-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC15117-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2020-01755-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59288","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59288"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59288\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}