STC15120-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15120-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00392-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Edificio Caldas P.H. contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de esa localidad, as\u00ed como las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segundo grado dictada en el marco de la contienda reivindicatoria que instaur\u00f3 contra Gustavo Alfonso Zuluaga G\u00f3mez, identificada con el consecutivo 2012-00572-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Diecis\u00e9is Civil el Circuito de Medell\u00edn, \u00abmodificar parcialmente el contenido de la sentencia de fecha 5 de abril de 2021, en el entendido de condenar al demandado Gustavo Zuluaga G\u00f3mez, a pagar[le] (\u2026), los frutos civiles desde la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda reivindicatoria (a\u00f1o 2012) hasta que el bien sea restituido\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio el accionante, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la presente controversia, que el citado Despacho judicial mediante fallo adiado 12 de abril de 2019, desestim\u00f3 las pretensiones que elev\u00f3 dentro del juicio reivindicatorio aludido, \u00abcon el argumento principal de que (\u2026) no [se] individualiz[\u00f3] ni alinder[\u00f3] el bien materia [del litigio]\u00bb, determinaci\u00f3n contra la cual promovi\u00f3 recurso de alzada, el cual fue desatado por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la citada circunscripci\u00f3n, despacho que, mediante prove\u00eddo del 10 de noviembre de 2020, si bien la revoc\u00f3 con el fin de ordenar la reivindicaci\u00f3n, neg\u00f3 el reconocimiento de los frutos civiles reclamados, porque, seg\u00fan los dichos del a quo, estos s\u00f3lo pueden ser concedidos cuando se demuestra la mala fe del poseedor demandado, circunstancia que no ocurri\u00f3 en el caso sub examine. <\/p>\n
Comenta que ante ese evidente \u00abdesacierto\u00bb, y por no contar con otro mecanismo de defensa judicial, decidi\u00f3 interponer una acci\u00f3n de esta misma naturaleza, de la cual conoci\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de la nombrada localidad, autoridad que mediante fallo del 21 de enero de la anualidad que avanza, concedi\u00f3 la salvaguarda instada, ordenando a la oficina judicial de segundo grado que invalidara la decisi\u00f3n cuestionada, para que en su lugar, emitiera un nuevo pronunciamiento en el cual \u00abse pronunciara de fondo frente a la solicitud de reconocimiento de frutos civiles\u00bb. <\/p>\n
Indica que fue por la anterior disposici\u00f3n, que el citado juzgado emite una nueva sentencia el 5 de abril postrero, en la que, por segunda vez, niega la concesi\u00f3n de los nombrados frutos, ahora bajo el argumento de que no existe prueba de su cuant\u00eda, en tanto que el peritaje rendido para tal fin, es incongruente, dicho que no obedece a la verdad, situaci\u00f3n que lo habilita para acudir nuevamente a la senda constitucional, en procura de la protecci\u00f3n de la garant\u00eda primaria que invoc\u00f3. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Medell\u00edn puso de presente, que la queja del promotor del amparo gravita exclusivamente sobre la sentencia de segunda instancia, motivo por el cual se abstuvo de emitir un pronunciamiento puntual acerca de los hechos y pretensiones esbozados en la demanda tuitiva. <\/p>\n
b. Por su parte, el se\u00f1or Gustavo Alfonso Zuluaga G\u00f3mez, vinculado al tr\u00e1mite de la referencia en calidad de demandado dentro del pleito reivindicatorio base de la s\u00faplica, adem\u00e1s de referirse a los hechos acaecidos con ocasi\u00f3n de la oposici\u00f3n que ejerce sobre el predio materia de la restituci\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la tutela luego de se\u00f1alar al efecto que, de un lado, sobre este mismo asunto, otrora se promovi\u00f3 una acci\u00f3n de este mismo linaje, y, del otro, que las sentencias tanto de primer como de segundo grado, se encuentran viciadas de nulidad, por no haber sido convocados al litigio, lo dem\u00e1s poseedores de dicha heredad, adem\u00e1s de incumplirse con los requisitos necesarios para la procedencia de la protecci\u00f3n constitucional frente a providencias judiciales. <\/p>\n
c. De otro lado, el Juez Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma urbe, se limit\u00f3 a manifestar que la determinaci\u00f3n de la que ahora se duele el accionante, fue proferida en cumplimiento de la orden proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y que el expediente contentivo del pleito declarativo mencionado, fue devuelto a la oficina judicial de primer grado, el 22 de abril hoga\u00f1o. <\/p>\n
d. Finalmente, el perito Rodrigo Merino Vel\u00e1squez, tambi\u00e9n vinculado a las presentes diligencias, realiz\u00f3 un informe detallado del dictamen que rindi\u00f3 en desarrollo del proceso reivindicatorio cuestionado para la cuantificaci\u00f3n de los frutos civiles instados por el demandante, sin referirse puntualmente a las pretensiones del gestor de la salvaguarda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn accedi\u00f3 al amparo deprecado, tras considerar que, \u00abde los elementos materiales probatorios allegados se tiene que efectivamente el Edifico Caldas P.H. present\u00f3 demanda reivindicatoria frente a Gustavo Zuluaga G\u00f3mez, asunto asignado por reparto al Juzgado 007 Civil Municipal de Medell\u00edn quien lo tramit\u00f3 hasta el fin de la etapa probatoria; posteriormente el Juzgado 029 Civil Municipal de Medell\u00edn, avoc\u00f3 el conocimiento y en providencia de 12 de abril de 2019, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Luego el Juzgado 16 Civil del Circuito conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n y profiri\u00f3 sentencia en que revoc\u00f3 la sentencia y en su lugar orden\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del patio reclamado, sin embargo, no conden\u00f3 al pago de los frutos civiles, bajo el argumento de que no se hab\u00eda acreditado la mala fe del poseedor (demandado). Despu\u00e9s, a instancias de este tribunal, se dej\u00f3 sin efectos la sentencia y el 5 de abril de 2021, fue proferida la nueva sentencia, en que el juzgado accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, pero neg\u00f3 los frutos civiles bajo el siguiente argumento: <\/p>\n
\u2018Ahora bien, en cuanto a la valoraci\u00f3n de los frutos presentada por el perito Rodrigo Merino Vel\u00e1squez, y que fue objetado por la parte demandada, tenemos frente al mismo que efectivamente existen varias discrepancias que si bien no dan al traste con el mismo, tal y como lo pretende el demandado sin mayores argumentos, se hace necesaria una puntualizaci\u00f3n de este a efectos de determinar el valor a reconocer por frutos. Primeramente, se debe indicar que el \u00e1rea del patio no es de 10,26 metros como lo se\u00f1ala el perito, sino de 9,23 metros tal y como consta en todo el tr\u00e1mite adelantado con la Curadur\u00eda Urbana de Medell\u00edn; y segundo, si bien se realiza una tasaci\u00f3n de los frutos de 100.000 pesos por metro cuadrado, el experto hace una manifestaci\u00f3n en cuanto a una posible variaci\u00f3n en el precio, a la que no da ninguna aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala en su escrito el perito lo siguiente: \u201cTodos los locales a los cuales se les estudi\u00f3 el valor del arrendamiento poseen salida directa a la calle Colombia o a la carrera Caldas. Sin embargo, el patio en cuesti\u00f3n, aunque en este momento est\u00e1 haciendo parte de un local que tiene salida directa la carrera Caldas, si se toma como predio que es el patio en s\u00ed, solo tendr\u00eda ingreso por la entrada principal del edificio, lo que har\u00eda que el valor del arriendo pudiera ser menor a los anteriormente estudiados\u2019. <\/p>\n
\u2018Frente a tales discrepancias, este despacho considera entonces que no logr\u00f3 probar la parte demandante el valor de los frutos a que diere lugar por esta posesi\u00f3n ejercida sobre el patio objeto de reivindicaci\u00f3n desde el a\u00f1o 2012\u2019. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, que \u00abbajo lo que el juez calific\u00f3 de insuficiencia de la prueba para establecer el monto de los frutos reclamados, el pago fue negado, con lo cual no se atendi\u00f3 lo que al respecto ha indicado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la facultad y deber del juez de valorar de manera \u00edntegra las pruebas y si es necesario decretar las pruebas [indispensables] para determinar el monto de la condena a que el derecho reconocido en el proceso da lugar, es decir que, probada la existencia del da\u00f1o o perjuicio, sin que estuviese determinada la extensi\u00f3n del mismo, o dicho en otras palabras, el valor del perjuicio, el juez tiene el deber de acudir a los medios probatorios para cuantificarlo. <\/p>\n
Ahora, no obstante que el Juzgado 016 Civil del Circuito de Medell\u00edn, indic\u00f3 que el peritaje rendido en relaci\u00f3n con los frutos civiles conten\u00eda inexactitudes respecto del \u00e1rea del predio a reivindicar y el valor del supuesto canon de arrendamiento del bien, se aprecia que el mismo juzgado, se\u00f1al\u00f3 que el \u00e1rea del patio de acuerdo con el tr\u00e1mite adelantado ante la Curadur\u00eda Urbana de Medell\u00edn, era de 9,23 metros cuadrados, lo que permit\u00eda inferir un valor concreto como en este caso se requiere de acuerdo con esos otros medios probatorios distintos al peritaje, que permiten definir el \u00e1rea de la propiedad. As\u00ed que la prueba recaudada, y de ser necesario la que de oficio se puede decretar si el juez lo considera, develan el cumplimiento del requisito sustancial de procedibilidad del amparo constitucional del derecho al debido proceso, afectado en este caso por el defecto en la apreciaci\u00f3n y ejercicio de las facultades de orden probatorio previstas para la emisi\u00f3n de una sentencia que resuelva en forma completa y concreta el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, orden\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, \u00abque en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de es[a] providencia, deje sin efectos la sentencia proferida el 5 de abril de 2021 y en su lugar, valore bajo los principios de econom\u00eda procesal y valoraci\u00f3n integral de las pruebas, as\u00ed como de las facultades oficiosas que le asisten, d\u00e9 valor concreto a eventuales condenas que llegare a imponer en este caso\u00bb. <\/p>\n
La promovi\u00f3 el vinculado Gustavo Alfonso Zuluaga G\u00f3mez, demandado en el juicio base de los reclamos, luego de aducir, en s\u00edntesis, que los argumentos que expuso al momento de contestar la demanda de amparo no fueron tenidos en cuenta por el a quo constitucional, dijo que \u00e9ste pas\u00f3 por alto que no puede \u00abcondicionar\u00bb al juez de la apelaci\u00f3n, frente a la \u00ablibre apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3, que es falso que \u00abexista prueba id\u00f3nea que establezca que [\u00e9l] (\u2026) haya usufructuado el 100% del patio y mucho menos que lo haya hecho de forma maliciosa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a las puntuales objeciones esgrimidas por el impugnante, y revisado el contenido de la determinaci\u00f3n cuestionada al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, no cabe duda de que el fallo constitucional de instancia que ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del accionante habr\u00e1 de mantenerse, pues, en efecto, resulta viable la protecci\u00f3n constitucional implorada tal y como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, en raz\u00f3n a que en \u00e9sta ciertamente, en torno a la tasaci\u00f3n de los frutos civiles reclamados por el demandante, no se tuvieron en cuenta los lineamientos legales aplicables a la materia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. En primera medida, necesario se hace se\u00f1alar, que contrario a lo esbozado por el se\u00f1or Zuluaga G\u00f3mez, no fue acerca de la particular tem\u00e1tica que aqu\u00ed se debate (falta de prueba acerca de la estimaci\u00f3n de los frutos civiles), que vers\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que otrora tambi\u00e9n interpusiera la propiedad horizontal aqu\u00ed interesada. Advi\u00e9rtase que en esa oportunidad, la queja se enfil\u00f3 en contra de la sentencia pronunciada el 10 de noviembre de 2020, mediante la cual el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, desat\u00f3 inicialmente el recurso de apelaci\u00f3n citado en l\u00edneas precedentes, porque para negar el reconocimiento de los plurimencionados frutos civiles, esa autoridad simplemente adujo, que \u00abse tiene que los mismos solo ser\u00e1n concedidos cuando se demuestre la mala fe del poseedor, hecho o circunstancia que no aparece acreditada en el expediente\u00bb. As\u00ed entonces, mediante fallo de tutela adiado 21 de enero de 2021, la Sala Civil del Tribunal de Medell\u00edn, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, para que procediera el ad quem a motivar en debida manera, su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Aclarado lo anterior, se tiene que el juzgado del circuito criticado, dando cumplimiento a la mentada orden constitucional, profiri\u00f3 una nueva sentencia el 5 de abril de 2021, considerando esta vez, en suma, que aun cuando la demandante en reivindicaci\u00f3n ten\u00eda derecho a los frutos reclamados, no pod\u00eda acceder a su concesi\u00f3n, ante la falta de un medio de convicci\u00f3n id\u00f3neo para establecer su justiprecio, desechando, por inexacto, el dictamen pericial que al efecto se rindi\u00f3 en la etapa de conocimiento. <\/p>\n
2.3. Del planteamiento anterior, se colige que el estrado accionado repudi\u00f3 la pretensi\u00f3n atinente al reconocimiento de los frutos, sobre la base de que su monto no se encontraba acreditado en la actuaci\u00f3n, de donde surge claro que la problem\u00e1tica versa, en estrictez, sobre la cuantificaci\u00f3n de la referida prestaci\u00f3n, circunstancia que como ya se anticip\u00f3, conduce a la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n inquirida, pues dicha autoridad, se ci\u00f1\u00f3 a debatir sobre la falta de firmeza y exactitud del dictamen pericial practicado, sin atender a los dem\u00e1s elementos probatorios obrantes en el plenario, como por ejemplo, el valor probatorio del juramento estimatorio efectuado con la subsanaci\u00f3n de la demanda (folios 33 y 34, cuaderno principal, exp. digital proceso reivindicatorio 2012-00572), ni verific\u00f3 si, el all\u00ed demandado (aqu\u00ed impugnante), objet\u00f3 la cuant\u00eda estimada por el Edificio Caldas P.H, conforme lo establece el canon 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Adem\u00e1s, refiere el memorado canon, que \u00ab[a]un cuando no se presente objeci\u00f3n de parte, si el juez advierte que la estimaci\u00f3n es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusi\u00f3n o cualquier otra situaci\u00f3n similar, deber\u00e1 decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido (\u2026)\u00bb (destaca la Corte). <\/p>\n
3. Con la anterior orientaci\u00f3n, si en la contienda a que se viene haciendo referencia no obran elementos de convicci\u00f3n para hacer la estimaci\u00f3n en concreto del valor de los frutos dejados de percibir por la parte interesada en su reclamaci\u00f3n, la autoridad judicial enjuiciada, ha debido hacer uso de la facultad oficiosa y decretar las pruebas que considerara \u00fatiles y pertinentes para dilucidar ese particular t\u00f3pico. <\/p>\n
4. La Sala hace hincapi\u00e9, a riesgo de fatigar, en que, si el motivo por el cual el despacho accionado desestim\u00f3 el reconocimiento de los frutos en menci\u00f3n, radica exclusivamente en el hecho de que carec\u00eda de demostraci\u00f3n de su valor concreto, ha debido ajustar su proceder al precepto legal rese\u00f1ado y, si fuere el caso, decretar de oficio los elementos de prueba necesarios para solventar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Acerca del deber oficioso para el decreto de medios demostrativos, esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad estableci\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab\u2018[a]quella es una valios\u00edsima herramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 8 may. 2006, rad. 00089-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 7 feb. 2013, rad. 00160-00) (\u2026). <\/p>\n
Del mismo tenor, se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2018[F]rente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (\u2026), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun exofficio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n (CSJ STC, 21 may. 2013, rad. 01008-00) (\u2026)\u2019\u00bb1. <\/p>\n
6. Por contera, como el desconocimiento de la norma adjetiva constituye un desafuero que permite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, en raz\u00f3n a que si bien la autonom\u00eda e independencia judicial reclaman la posibilidad de interpretar las mismas, esto debe satisfacer una carga argumentativa superior que devele razones objetivas y serias, de suerte que no se vislumbre cualquier rastro de actuar caprichoso o injustificado; es por ello, entonces, que \u00ab[l]a jurisprudencia constitucional ha identificado que una autoridad judicial puede incurrir en un defecto procedimental bajo dos modalidades: (a) el defecto procedimental absoluto ocurre cuando \u2018se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el tr\u00e1mite de un asunto espec\u00edfico, ya sea porque: i) se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite completamente ajeno al pertinente -desv\u00eda el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso\u201d (b) El defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad judicial \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u2019; es decir, el funcionario judicial incurre en esta causal cuando \u2018(i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u2019. <\/p>\n
2.4.3. En relaci\u00f3n con el defecto procedimental absoluto \u2013relevante para el asunto que se estudia-, la Corte ha establecido que \u201ceste defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo, y que esta deficiencia no pueda imputarse ni directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneraci\u00f3n al derecho a un debido proceso\u201d. Del mismo modo, la Corte ha precisado que cuando se alega que el juez omiti\u00f3 etapas procedimentales esenciales que vulneraron el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n de alguna de las partes, debe analizarse la defensa t\u00e9cnica \u201cpara advertir el impacto que tiene pretermitir etapas procesales, en desmedro de las garant\u00edas fundamentales de los sujetos del proceso, como son: (i) la garant\u00eda de ejercer el derecho a una defensa t\u00e9cnica, que implica la posibilidad de contar con la asesor\u00eda de un abogado cuando sea necesario, la posibilidad de contradecir las pruebas y de presentar y solicitar las que se requieran para sustentar la postura de la parte; (ii) la garant\u00eda de que se comunique la iniciaci\u00f3n del proceso y se permita participar en \u00e9l; y (iii) la garant\u00eda de que se notificar\u00e1 todas las providencias del juez que, de acuerdo con la ley, deben ser notificadas\u201d. <\/p>\n
2.4.4. En suma, para demostrar que una autoridad judicial incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, y que por ende, la acci\u00f3n de tutela es procedente, es preciso demostrar que el juez actu\u00f3 completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, gener\u00f3 una vulneraci\u00f3n grave a su derecho al debido proceso, concretamente, ejercer su derecho a la defensa y a la contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se mantendr\u00e1 el fallo impugnado en lo que refiere a la concesi\u00f3n de la salvaguarda inquirida; no obstante, en vista de que la orden pronunciada en el numeral segundo de su parte resolutiva se torna insuficiente para zanjar la problem\u00e1tica suscitada, se modificar\u00e1, con el fin de ordenar al despacho querellado que, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n reprochada, profiera la providencia que en derecho corresponda en materia de pruebas de oficio, si a ello hubiere lugar, y culminada esa actuaci\u00f3n emita el fallo correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, MODIFICA el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, ORDENAR al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del arribo del expediente digital a su Despacho, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de abril de 2021 dentro del proceso reivindicatorio seguido por el Edificio Caldas P.H. contra Gustavo Alfonso Zuluaga G\u00f3mez, proceda, si es necesario, a decretar las pruebas de oficio que considere \u00fatiles y necesarias para establecer el monto de los frutos solicitados; y una vez culmine el diligenciamiento de los medios probatorios, emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. Pero si por el contrario, estima que no es necesario descender a tal decreto, deber\u00e1 entonces dentro de ese mismo t\u00e9rmino emitir la respectiva sentencia, con base en los puntales se\u00f1alamientos efectuados en la parte considerativa del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, se mantiene inc\u00f3lume el fallo cuestionado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC6299 de 2 de junio de 2021, exp. 41001-22-14-000-2021-00066-01. <\/p>\n
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STC15120-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC15120-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00392-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}