STC15132-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15132-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03847-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la tutela que Juan Felipe, Juliana, Miguel Joaqu\u00edn, Roberto, Bernardo y Liliana Patricia Olarte Montoya, Carlos Jos\u00e9 y Mar\u00eda Camila Olarte Borja le instauraron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 47001 22 13 000 2021 00137. <\/p>\n
1.- Los libelistas reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se revisara la sentencia proferida por la Magistratura accionada el 3 de mayo de 2021 y se le ordenara vincularlos al tr\u00e1mite constitucional n\u00ba 2021-00137, en calidad de sucesores procesales y herederos del causante Roberto Olarte Loaiza. <\/p>\n
En respaldo adujeron que el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio ejecutivo de alimentos n\u00ba 2006-00008 que Andr\u00e9s Mauricio Olarte Tapia promovi\u00f3 en contra de progenitor Roberto Olarte Loaiza, por desistimiento t\u00e1cito (20 oct. 2020). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, luego, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta accedio al amparo que Olarte Tapia interpuso contra el aludido Juzgado (3 may. 2021), mand\u00e1ndole \u00abdej[ar] sin efectos\u00bb el referido prove\u00eddo para que, en su lugar, continuara con el tr\u00e1mite coercitivo. <\/p>\n
Acusaron dicha acci\u00f3n superlativa de incurrir en v\u00eda de hecho, en la medida en que el all\u00ed tutelante omiti\u00f3 informar que Roberto Olarte Loaiza falleci\u00f3 el 14 de noviembre de 2020, impidiendo as\u00ed \u00absu vinculaci\u00f3n como herederos\u00bb y \u00absucesores procesales\u00bb del ejecutado, pues tan s\u00f3lo se enteraron de la existencia de tales actuaciones hasta que encontraron en el peri\u00f3dico aviso de remate del inmueble cautelado, Litis respecto de la cual resaltaron, tampoco pudieron ejercer sus prerrogativas, pese a que deb\u00eda \u00abinterrumpirse\u00bb y, adem\u00e1s, se present\u00f3 una liquidaci\u00f3n que inclu\u00eda \u00abmesadas que no deb\u00edan liquidarse\u00bb. Situaci\u00f3n que en su entender, \u00abconfigura las causales de nulidad prevista en los numerales 3\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
2.- Andr\u00e9s Olarte Tapia y Stella Tapia resaltaron que no se configura ninguna de las excepciones que hacen viable el resguardo frente a otra acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de Santa Marta defendi\u00f3 su proceder, precisando que: i) \u00ab[S]i el ejecutado falleci\u00f3, no es obligaci\u00f3n de la parte accionante informar tal hecho al juzgado, sino emerge la facultad a sus sucesores de concurrir al proceso en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 70 del CGP\u00bb, y ii) No se configur\u00f3 la causal de nulidad cimentada en la falta de suspensi\u00f3n del proceso, si se tiene en cuenta que el ejecutado \u00abestuvo representado a trav\u00e9s de apoderado judicial, (\u2026) que contest\u00f3 la demanda (\u2026), proponiendo excepciones de m\u00e9rito y previas, (\u2026) que nunca (\u2026) present\u00f3 renuncia ni revocatoria del mandato, por lo que no se aplica lo estatuido en el numeral 1 del art\u00edculo 159 del CGP\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte el decaimiento de la salvaguarda, por no cumplirse el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Y es que, aunque lo discutido por Juan Felipe, Juliana, Miguel Joaqu\u00edn, Roberto, Bernardo y Liliana Patricia Olarte Montoya, Carlos Jos\u00e9 y Mar\u00eda Camila Olarte Borja es el no haber sido integrados al contradictorio en el auxilio n\u00ba 2021-00137, no obstante el inter\u00e9s jur\u00eddico que ostentan, siendo esa una de las causas que tornar\u00eda admisible el \u00abexamen supralegal\u00bb de otra \u00abtutela\u00bb, se vislumbra la improcedencia del an\u00e1lisis de fondo de la queja, porque los gestores no han acudido al juez del ruego debatido a exponer la situaci\u00f3n que origin\u00f3 este reclamo y que, en su opini\u00f3n \u00abconfigura las causales de nulidad prevista en los numerales 3\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G. del P.\u00bb, a fin de que emita un pronunciamiento al respecto, pese a que es el escenario por excelencia para conjurar los agravios invocados, sin que este nuevo sendero pueda ser utilizado para reemplazarlo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que no es dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de controvertir dentro del litigio confutado las \u00abactuaciones u omisiones\u00bb que critica, <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC6853-2018, STC10863-2020, entre otros). <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, no se ha surtido la revisi\u00f3n del fallo emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, am\u00e9n que nada impide que, por las circunstancias aqu\u00ed denunciadas, los interesados requieran la selecci\u00f3n de dicho expediente para la aludida gesti\u00f3n y, en caso de no ser elegido, hagan uso del \u00abderecho o facultad de insistencia\u00bb, primero de tales remedios sobre el que ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020 (Subraya la Sala). <\/p>\n
De ah\u00ed que, esta Sala no puede evaluar anticipadamente la legalidad de las actuaciones all\u00ed surtidas, pues no se cumple con una de las exigencias previstas para ello, esto es, la inexistencia de \u00abotro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Ergo, la guarda implorada resulta inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Juan Felipe, Juliana, Miguel Joaqu\u00edn, Roberto, Bernardo y Liliana Patricia Olarte Montoya, Carlos Jos\u00e9 y Mar\u00eda Camila Olarte Borja. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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