STC15151-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15151-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00200-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de octubre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Myriam Mendieta Jaramillo, en calidad de Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, quien aduce actuar a favor del menor Ram\u00f3n P\u00e9rez, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto el auto de 23\/07\/2021 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio dentro del tr\u00e1mite de revisi\u00f3n radicado 2021-00214\u00bb y, en consecuencia, ordenar \u00abque el expediente sea enviado al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 para que proceda a decidir sobre la nulidad advertida de p\u00e9rdida de competencia para decidir el tr\u00e1mite para la fecha en que lo realiz\u00f3 y disponga la remisi\u00f3n para ante el Juzgado de Familia que le siga en turno\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 la promotora que ante el Centro Zonal de Engativ\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Bogot\u00e1, el 28 de agosto de 2009 se cre\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos a favor del ni\u00f1o Ram\u00f3n P\u00e9rez, autoridad que el 17 de diciembre de 2012 apertur\u00f3 el tr\u00e1mite y, surtidas la etapas, el 19 de febrero de 2013 asign\u00f3 su cuidado a Mirta S\u00e1nchez y Pedro Ram\u00edrez (padrinos del infante y con quienes ha estado desde su nacimiento); que en esa misma fecha, el Defensor consider\u00f3 que al no realizar seguimiento, perdi\u00f3 la competencia, remitiendo las diligencias al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. El 13 de febrero de 2019 el despacho judicial declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, al tiempo que avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos; que, en el tr\u00e1mite impartido, la madre biol\u00f3gica del menor otorg\u00f3 consentimiento para la adopci\u00f3n de su hijo y, culminadas las etapas, el 13 de mayo siguiente, declar\u00f3 la adoptabilidad del ni\u00f1o, dejando su cuidado en cabeza de Mirta S\u00e1nchez y Pedro Ram\u00edrez. <\/p>\n
2.3. Ante el cambio de domicilio del infante a la ciudad de Villavicencio, las diligencias se remitieron a dicha municipalidad, por lo que el Comit\u00e9 de Adopciones del ICBF \u2013 Regional Meta envi\u00f3 el proceso a los Juzgados de Familia de esa urbe, correspondi\u00e9ndole el conocimiento al despacho Segundo de Familia de Villavicencio; autoridad que, avoc\u00f3 conocimiento, enterando a la Defensor\u00eda de Familia y a la Procuradur\u00eda 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de esa ciudad. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la promotora que el 8 de julio de 2021 advirti\u00f3 al estrado querellado que el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 cometi\u00f3 irregularidades en el tr\u00e1mite, habida cuenta de que, Ner\u00f3n P\u00e9rez, padre biol\u00f3gico del ni\u00f1o, no fue debidamente enterado del prove\u00eddo que avoc\u00f3 conocimiento, configur\u00e1ndose la nulidad dispuesta en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; asimismo, que el despacho recibi\u00f3 el consentimiento de la progenitora para la adopci\u00f3n de Ram\u00f3n, empero, el art\u00edculo 66 de la Ley 1098 de 2006 establece que dicho consentimiento se manifiesta u otorga ante el Defensor de Familia; y, por \u00faltimo, porque el estrado judicial declar\u00f3 la adoptabilidad del menor, sin competencia para ello, pues el t\u00e9rmino de los 2 meses dispuestos en los incisos 11 y 12 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, modificado por el canon 4\u00b0 de la Ley 1878 de 2018 hab\u00eda fenecido. <\/p>\n
2.5. El 23 de julio de 2021 el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite administrativo, y avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos del menor. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la actora, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, \u00abante el vac\u00edo legal\u00bb, la competencia para decidir sobre las irregularidades advertidas, reca\u00eda en el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, quien al haber perdido competencia debe remitir las diligencias al despacho que sigue en turno de esa ciudad. <\/p>\n
2.7. Manifest\u00f3 que no comparte la argumentaci\u00f3n del fallador encausado, esto es, que \u00abasume el conocimiento dada la mora en que se ha incurrido para resolver de fondo el tr\u00e1mite, pues provocar un conflicto de competencia acarrear\u00eda un mal mayor\u00bb, pues no se puede perder de vista que las diligencias deben adelantarse con apego al debido proceso, \u00abparticularmente en relaci\u00f3n con el funcionario competente para tramitar la revisi\u00f3n, [pues] podr\u00eda acarrear nuevas irregularidades que har\u00edan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del adolescente\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que si bien est\u00e1 de acuerdo en la anulaci\u00f3n decretada, pues el padre biol\u00f3gico del menor no fue debidamente enterado del tr\u00e1mite, lo cierto es que no comparte lo dicho por el fallador, respecto de la recepci\u00f3n del consentimiento de la madre para la adopci\u00f3n, pues, insiste, conforme al art\u00edculo 66 de la Ley 1098 de 2006, la autoridad competente para recibir dicho conocimiento es la Defensor\u00eda de Familia. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; que atendiendo la informaci\u00f3n contenida en el registro de actuaciones Siglo XXI, en el asunto criticado profiri\u00f3 decisi\u00f3n el 14 de mayo de 2019, remitiendo el expediente al Centro Zonal de Engativ\u00e1 el 4 de junio de la misma anualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio inform\u00f3 que el 25 de junio de 2021 avoc\u00f3 conocimiento de la \u00abrevisi\u00f3n de la investigaci\u00f3n administrativa de restablecimiento de derechos seguida contra el joven\u00bb, notificado a los padres, cuidadores, defensora y procuradora adscritas al despacho; que el 23 de julio siguiente declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, desde la Resoluci\u00f3n del 12 de abril de 2012 que declar\u00f3 la apertura de la Investigaci\u00f3n Administrativa, adoptando algunas medidas, entre ellas, que el menor contin\u00fae bajo la ubicaci\u00f3n en el hogar de sus padrinos en la ciudad de Villavicencio, con quienes ha permanecido desde su escasa edad; que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues contrario a lo afirmado por la promotora dicha determinaci\u00f3n la profiri\u00f3 atendiendo la prevalencia de los derechos del menor, adem\u00e1s, con el fin de dar celeridad al asunto, habida cuenta de que proceder diferente, eventualmente podr\u00edan surgir conflictos de competencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 se refiri\u00f3 a los hechos de la solicitud de amparo; relat\u00f3 el concepto emitido en el juicio criticado; que los derechos del menor deben prevalecer, sumado a que la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 ese despacho al que est\u00e1 adscrita, atendi\u00f3 los presupuestos facticos y legales, especialmente el inter\u00e9s superior del menor, determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 ante la p\u00e9rdida de competencia del ICBF. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Meta relat\u00f3 el informe que rindi\u00f3 al interior del proceso; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que no ha vulnerado las garant\u00edas reclamadas; que el proceso de restablecimiento de derechos lleg\u00f3 al centro zonal de Villavicencio por competencia territorial con el fin de continuar con el tr\u00e1mite correspondiente, habida cuenta de que el menor est\u00e1 residiendo en esa ciudad con los padrinos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Bogot\u00e1 \u2013 Centro Zonal Engativ\u00e1 anot\u00f3 que no ha sido parte dentro del proceso administrativo querellado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 61 Judicial II Familia de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abresulta ex\u00f3tico el procedimiento at\u00edpico seguido por el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, en raz\u00f3n a que no est\u00e1 contemplado en ninguna disposici\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es viable que un juez de la misma categor\u00eda revise y anule la sentencia de un hom\u00f3logo\u00bb; que la figura utilizada por el fallador criticado es inexistente y la sentencia anulada s\u00f3lo puede ser afectada por el Juez que la profiri\u00f3; que el despacho de Bogot\u00e1 carec\u00eda de competencia para declarar la adoptabilidad del menor; que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues el auto criticado no fue recurrido, sin embargo, prima la salvaguarda de los derechos del adolescente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignada al Grupo de Asistencia T\u00e9cnica con Funciones de Secretar\u00eda de Comit\u00e9 de Adopciones cont\u00f3 las funciones de esa dependencia; manifest\u00f3 que el 10 de diciembre de 2020 realiz\u00f3 socializaci\u00f3n de la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite de adopci\u00f3n iniciado por Pedro Ram\u00edrez y Mirta S\u00e1nchez junto con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado a favor del menor, devolviendo las diligencias de la Defensor\u00eda de Familia con el fin de subsanar las falencias encontradas; que dentro de los hallazgos visualizados est\u00e1 que el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 era arbitraria, porque recepcion\u00f3 el consentimiento de la madre biol\u00f3gica sin competencia para ello, \u00abaunado a que su decisi\u00f3n no se ajust\u00f3 a la ley y a los principios constitucionales, por lo que se deb\u00eda controvertir esa decisi\u00f3n remitiendo el proceso para revisi\u00f3n a los Juzgados de Familia de Villavicencio en cumplimiento al Art. 21 numeral 11 del C.G.P. y al Art. 97 de 1098 de 2006 C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia\u00bb; que no tiene competencia para adelantar un control de legalidad ni jurisdiccional, raz\u00f3n por la que remiti\u00f3 las diligencias al despacho encausado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mirta S\u00e1nchez y Pedro Ram\u00edrez anotaron que son los padres adoptivos de Ram\u00f3n P\u00e9rez, raz\u00f3n por la que se oponen \u00abrotundamente\u00bb a la petici\u00f3n de amparo; que desde los 5 meses de edad del menor le han brindado cuidado, amor, protecci\u00f3n y han cubierto todas las necesidades de \u00absu hijo adoptivo\u00bb; que los padres biol\u00f3gicos nunca asistieron al ni\u00f1o, al punto que la madre intent\u00f3 quitarle la vida en 3 oportunidades, adem\u00e1s, de ella no volvieron a tener conocimiento desde que el menor cumpli\u00f3 2 a\u00f1os; que han acudido a todos los llamados del ICBF y del Juzgado, donde les aprobaron ser \u00abpadres sustitutos\u00bb; que el padre biol\u00f3gico de Ram\u00f3n habl\u00f3 con ellos cuando \u00e9l ten\u00eda 2 a\u00f1os de edad y les dijo que \u00absi no se quedaban con el ni\u00f1o, era mejor entregarlo en el ICBF, pero NO con la mam\u00e1, que \u00e9l no pod\u00eda hacerse cargo de \u00e9l\u2026 que del padre no se sabe en estos momentos de su vida\u2026 que era un consumidor de droga y otros vicios\u00bb; que no se puede desestabilizar al menor, ya que su \u00abhijo adoptivo\u00bb est\u00e1 con ellos hace 14 a\u00f1os, son una familia, est\u00e1 estudiando y en clases de f\u00fatbol. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n critica no luce arbitraria; que contrario a lo manifestado por la tutelante, el Comit\u00e9 de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Meta, no dispuso la remisi\u00f3n del proceso al Juzgado de Familia para que surtiera la revisi\u00f3n de las decisiones administrativas dictadas por el Defensor de Familia, sino por el domicilio actual del menor con el fin de procurar la revisi\u00f3n de la declaraci\u00f3n de adoptabilidad que el Juez D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, obrando como autoridad administrativa, orden\u00f3 concluir el procedimiento de restablecimiento de derechos del menor, tal como lo indic\u00f3 el fallador encausado. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abla norma procesal previene la revisi\u00f3n de la declaraci\u00f3n de adoptabilidad y no impone remitir al primer juez que estudi\u00f3 un procedimiento de restablecimiento de derechos aquellos que posteriormente se aperturen, por el contrario, el canon 97 de la Ley 1098 de 2006 asigna la atribuci\u00f3n territorial a la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente (Villavicencio)\u00bb, adem\u00e1s, porque la decisi\u00f3n criticada se dict\u00f3 de cara a la prevalencia del inter\u00e9s, bienestar y garant\u00edas del ni\u00f1o sobre cualquier ritualidad procedimental. <\/p>\n
Finalmente, compuls\u00f3 copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n con el fin de que se investigue, con car\u00e1cter disciplinario, el actuar de los Defensores de Familia, pues no advirtieron la falta de vinculaci\u00f3n de los progenitores del menor durante las oportunidades previstas en la ley 1098 de 2006, sumado a que se reincidi\u00f3 en la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos esbozados en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abel conocimiento [del asunto] le corresponde al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, despacho que revis\u00f3 las decisiones adoptadas por el ICBF, pero como quiera que perdi\u00f3 competencia para seguir conociendo del tr\u00e1mite por rebasar los dos meses con los que contaba para decidir el proceso, es a ese despacho judicial al que corresponde remitir el expediente para la revisi\u00f3n respectiva a efecto de que decida sobre su p\u00e9rdida de competencia, decida sobre la nulidad de las actuaciones dictadas con posterioridad a la fecha en la que perdi\u00f3 competencia y remita el tr\u00e1mite al juzgado que sigue en turno, o, si lo estima oportuno atendiendo el cambio de domicilio del adolescente, lo remita al Juzgado de Familia de Villavicencio (reparto)\u00bb; destac\u00f3 que el Juez de Familia no es el funcionario competente para revisar las decisiones de otro Juez de Familia, \u00aben primer lugar porque la norma no lo ha previsto y, en segundo lugar porque la revisi\u00f3n corresponde realizarla al superior\u00bb, por lo que s\u00ed es el Juez de Familia quien tramita el proceso administrativo, se deber\u00eda remitir el proceso al Tribunal para que surta la revisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso sub exime la queja se dirige contra el auto de 23 de julio de 2021 mediante el cual el Juzgado accionado declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado dentro del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos del menor Ram\u00f3n P\u00e9rez, avoc\u00f3 conocimiento del asunto ordenando la notificaci\u00f3n de los progenitores del menor, as\u00ed como de los padrinos y guardadores de aqu\u00e9l, al tiempo que dej\u00f3 su cuidado en cabeza aqu\u00e9llos; pues, por v\u00eda de tutela, manifiesta la promotora que dicho despacho no ten\u00eda competencia para anular el tr\u00e1mite, habida cuenda de que, ante el vac\u00edo normativo, dicho pronunciamiento le correspond\u00eda al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, autoridad que inicialmente hab\u00eda emitido decisi\u00f3n de adoptabilidad del infante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad de la salvaguarda planteada, debido a que la tutelante tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 23 de julio de 2021, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del Estatuto General del Proceso1, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, desperdiciando as\u00ed la oportunidad pertinente ante el fallador natural para exponer lo aqu\u00ed planteado. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las decisiones criticadas en sede de tutela, relievando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En adici\u00f3n, se destaca que, para el caso concreto, no se evidencia la intervenci\u00f3n excepcional por v\u00eda supralegal, pues la Corte no verifica la vulneraci\u00f3n de derechos del menor que lleven a salvaguardar prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez\u2026 <\/p>\n
6 <\/p>\n
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STC15151-2021 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59299","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59299","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59299"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59299\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}