STC15156-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
I.Magistrado ponente <\/p>\n
STC15156-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01826-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Nydia del Carmen Tarra de Sierra contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura y Colpensiones, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, seguridad social y m\u00ednimo vital, as\u00ed como los principios de buena fe, primac\u00eda del derecho sustancial, progresividad en materia laboral, favorabilidad y no regresividad, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efecto jur\u00eddico la sentencia SL855-2021\u2026 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb; y se le ordene a Colpensiones \u00abreconocer y pagar\u2026 la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u2026 a partir del d\u00eda 16 de febrero de 2004 fecha de la muerte del causante\u2026\u00bb, adem\u00e1s cancelar los \u00abintereses de mora, y en su defecto [e]l pago indexado de las mesadas que resulten adeudadas\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Nydia del Carmen Tarra de Sierra promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge, el retroactivo pensional, los intereses moratorios y lo que se probara extra y ultra petita. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, el que el 23 de agosto de 2017 dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda. Esta decisi\u00f3n fue apelada y confirmada el 9 de abril de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 17 de febrero de 2021 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustancial y violaci\u00f3n del precedente jurisprudencial; que su c\u00f3nyuge falleci\u00f3 el 16 de febrero de 2004 y cotiz\u00f3 936 semanas; que se consider\u00f3 que la normatividad aplicable era la vigente a la fecha del deceso de su esposo, esta es, la Ley 797 de 2003; y que convivi\u00f3 con el causante desde el 17 de julio de 1971 al 16 de febrero de 2004. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el fallador de primer grado desestim\u00f3 sus pretensiones; que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n porque se deb\u00eda aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es decir, el Acuerdo 049 de 1990, empero, el Tribunal confirm\u00f3 y la Corte no la cas\u00f3; que era desproporcionado e injusto negarle la pensi\u00f3n bajo el argumento de que su marido muri\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003 y no contaba con 50 semanas dentro de los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a su muerte, pues ten\u00eda 930 semanas cotizadas. <\/p>\n
2.6. Adujo que se le expropiaba su derecho; que se dej\u00f3 de aplicar el precedente SU-005\/2018 y otros pronunciamientos de la Corte Constitucional; que el causante era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por lo que se le deb\u00eda emplear el aludido Acuerdo; y que no se pod\u00edan tener en cuenta las consecuencias negativas o regresivas del Acto Legislativo 01 de 2005 ni los requisitos que la Corte Constitucional estableci\u00f3 en 2009, por ser posteriores a la muerte de su esposo. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que la decisi\u00f3n era contraria a derecho e injusta; que no se valoraron correctamente las pruebas, que se configur\u00f3 un perjuicio irremediable; que cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad; que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema hab\u00eda explicado el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; y que se transgred\u00eda el derecho a la igualdad. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que el 17 de febrero de los corrientes dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 no casar la providencia del ad-quem; que la decisi\u00f3n fue emitida de forma un\u00e1nime, con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la ley y a los elementos probatorios acopiados; que el fallo no era arbitrario, ni desconoc\u00eda derecho fundamental alguno; que lo resuelto se acompasaba con la jurisprudencia consolidada desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada; y que por esta v\u00eda no se pod\u00eda reabrir o reexaminar procesos que fueron objeto de pronunciamiento, pues ello contraven\u00eda los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena remiti\u00f3 la audiencia de fallo de segundo grado e inform\u00f3 que ya hab\u00eda sido devuelto el proceso al despacho de origen. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la providencia criticada no constitu\u00eda una v\u00eda de hecho; que el fallo definitorio del asunto respond\u00eda a las consideraciones del caso concreto; que la tutela no era una tercera instancia; que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que la determinaci\u00f3n se profiri\u00f3 en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la Corte Constitucional hab\u00eda se\u00f1alado que se deb\u00eda analizar cada caso concreto y efectuar la respectiva ponderaci\u00f3n; que exist\u00eda un precedente uniforme en cuanto al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, por lo que se aplicaba el Acuerdo 049 de 1990 cuando se probaba que el causante cumpli\u00f3 con el n\u00famero de semanas exigidas por dicha norma, pese a que ciertas cotizaciones y la muerte hubieren ocurrido con posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; que se deb\u00eda garantizar el derecho a la igualdad y se remit\u00eda a los argumentos expuestos en el fallo STC3368-2019 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues tras advertir que el censor predicaba la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, bajo la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, indic\u00f3 que determinar\u00eda: (i) si era jur\u00eddicamente posible aplicar ultractivamente las disposiciones de dicha normativa para conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes cuando el afiliado falleci\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) la fuerza vinculante del precedente constitucional y (iii) proceder\u00eda a estudiar el caso en concreto, as\u00ed: <\/p>\n
\u2026Al respecto, ha de se\u00f1alarse que, en el caso de la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, la instituci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa protege las expectativas leg\u00edtimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, pero cuyo hecho generador -la muerte- ocurre en vigencia de la normativa posterior. <\/p>\n
As\u00ed, frente a la aplicaci\u00f3n de dicho principio esta Sala ha reiterado que no es viable acudir a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del de cujus o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. <\/p>\n
Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en varias providencias, entre otras, en sentencias CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL17768-2016, CSJ SL 1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL4020-2019 y CSJ SL409-2020. <\/p>\n
En tal contexto, no es dable acceder a las s\u00faplicas que elev\u00f3 la recurrente relativas a otorgar la prestaci\u00f3n pretendida con fundamento en los requisitos dispuestos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990, pues ello no tiene cabida ni siquiera bajo el supuesto de acudir al principio de favorabilidad que contempla el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub examine. <\/p>\n
Adem\u00e1s, estos saltos hacia el pasado, en b\u00fasqueda de una norma que se amolde a las circunstancias individuales de los afiliados o beneficiarios, con independencia de si fue derogada hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, ponen en vilo el principio de sostenibilidad financiera del sistema, al conceder pensiones por el fallecimiento de personas que no cotizaron por m\u00e1s de una d\u00e9cada o que no realizaron un esfuerzo sostenido en la construcci\u00f3n de una pensi\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a que de aceptarse dicha tesis se entrar\u00eda en profunda contradicci\u00f3n con los ajustes que hizo el legislador en las pol\u00edticas laborales, sociales y econ\u00f3micas para cumplir con el principio de sostenibilidad financiera (art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), que permite que m\u00e1s personas puedan acceder pr\u00f3ximamente a una prestaci\u00f3n a t\u00edtulo de pensi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que la aplicaci\u00f3n de las mencionadas reglas, puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de protecci\u00f3n social y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, la concesi\u00f3n de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
Lo anterior, por dem\u00e1s, acompasa con el art\u00edculo 2.\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, conforme al cual, la satisfacci\u00f3n de los derechos sociales debe adecuarse a las posibilidades econ\u00f3micas del Estado, esto es \u00abhasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga\u00bb y teniendo en cuenta \u00absu econom\u00eda nacional\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, ha de tenerse presente que esta Sala de la Corte ha adoctrinado que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene las siguientes particularidades: (i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de cambio normativo, y (iii) permite acudir a la disposici\u00f3n inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aport\u00f3 la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional. <\/p>\n
As\u00ed, en recientes sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas en la CSJ SL2547-2020, esta Corporaci\u00f3n sostiene que.. <\/p>\n
Finalmente, se advierte que no es de recibo la inconformidad de la impugnante relativa a que no es posible aplicar al asunto los requisitos exigidos por la Ley 797 de 2003, en la medida que esta se suscribi\u00f3 el 29 de enero del mismo a\u00f1o y el causante falleci\u00f3 el 16 de febrero de 2004, cuando a\u00fan no reun\u00eda las exigencias all\u00ed previstas, pues la seguridad social tiene aplicaci\u00f3n general e inmediata, sin afectar situaciones definidas o consumadas que no es el caso; luego, esta rige a partir de su publicaci\u00f3n -29 de enero de 2003-, conforme lo estipula el art\u00edculo 24 ib\u00eddem. <\/p>\n
Respecto de la fuerza vinculante del precedente SU005\/2018, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que expone a continuaci\u00f3n -deber de argumentaci\u00f3n suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017). <\/p>\n
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableci\u00f3 que es posible la aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa cuando se demuestren los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, (iii) pero s\u00ed re\u00fane el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas exigidas en el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultractiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n vigente, en la medida que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible, tal como lo ha adoctrinado, entre otras, en sentencias CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL1592-2020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020, CSJ SL1938-2020, CSJ SL2547-2020, CSJ SL3314-2020 y CSJ SL184-2021. <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o potenciar algunos de ellos, por ejemplo, darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Por ello, de manera reiterada y pac\u00edfica esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular. <\/p>\n
Puntualizando sobre el caso concreto que: <\/p>\n
\u2026no son objeto de discusi\u00f3n los siguientes hechos establecidos en el curso del proceso y aceptados por las partes: (i) que Orlando Rafael Sierra Castellanos falleci\u00f3 el 16 de febrero de 2004 (ii) que estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, entidad en la que cotiz\u00f3 \u00ab877\u00bb semanas durante toda su vida laboral, (iii) que en los 20 a\u00f1os previos a cumplir la edad para pensionarse sufrag\u00f3 \u00ab434,71\u00bb semanas, (iv) que no tuvo cotizaciones en los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento, esto es, entre el 16 de febrero de 2001 y el mismo d\u00eda y a\u00f1o de 2004, y (v) que su c\u00f3nyuge fue Nydia del Carmen Tarra de Sierra. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y de acuerdo con lo estudiado en precedencia, se advierte que la norma aplicable al caso es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente para la data del deceso -16 de febrero de 2004-, que exige \u00abcincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento\u00bb, condici\u00f3n que el afiliado no acredit\u00f3, pues, como qued\u00f3 visto, su \u00faltima cotizaci\u00f3n data del 31 de mayo de 1998. <\/p>\n
En ese contexto, bien hizo el Tribunal al considerar que no era posible acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con el fin de remitirse a los art\u00edculos 6.\u00ba y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, se insiste, no es la vigente a la fecha de fallecimiento del afiliado, y tal postulado se predica en relaci\u00f3n con los cambios normativos anteriores y siempre que comporten sustituciones en los reg\u00edmenes o trasformaciones en los esquemas que las soportan. Dicho en otras palabras, en virtud de este, se itera, no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes anteriores con el prop\u00f3sito de identificar la que m\u00e1s se acomode a la situaci\u00f3n de la demandante. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el Tribunal no cometi\u00f3 los yerros que se le endilgan, como quiera que Orlando Rafael Sierra Castellanos no dej\u00f3 causado el derecho, por cuanto no aport\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su muerte, tal como lo exige la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Ahora, como bien lo concluy\u00f3 el ad quem, el Sierra Castellanos tampoco dej\u00f3 causado el derecho a la prestaci\u00f3n conforme a la regla contenida en el par\u00e1grafo 1.\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, pues, aunque era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 que da paso a la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que al 1.\u00ba de abril de 1994 ten\u00eda 49 a\u00f1os, 2 meses y 18 d\u00edas (f.\u00ba 18), el cual mantuvo a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 en tanto cotiz\u00f3 \u00ab764,87\u00bb (f.\u00ba 43), esto es, m\u00e1s de las 750 semanas exigidas para su continuidad, lo cierto es que dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse no reuni\u00f3 500 semanas de cotizaci\u00f3n ni 1.000 en cualquier tiempo, dado que solo acredit\u00f3 \u00ab877\u00bb en toda su vida laboral. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plantearon la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15156-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO I.Magistrado ponente STC15156-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01826-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59303","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59303\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}