STC15164-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15164-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00387-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional al debido proceso, que dice vulnerada por el estrado enjuiciado, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abrechace la apelaci\u00f3n del coadyuvante al no ser parte\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Pereira (radicaci\u00f3n 2019-00161), que fue resuelta con sentencia del 27 de julio de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 uno de los coadyuvantes reconocidos en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo del 9 de agosto siguiente, el juzgado accionado concedi\u00f3 la alzada, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el demandante, recurso desestimado con auto del 4 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.3. De otro lado, el actor popular solicit\u00f3 que se le permitiera ceder las costas que se llegaren a reconocer a su favor, a Uner Augusto Becerra Largo, petici\u00f3n negada con auto de 15 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abpara la juzgadora el coadyuvante es parte y puede dilatar [su] acci\u00f3n\u2026\u00bb, desconociendo que el \u00abcoadyuvante no es parte, pues es un\u2026 sujeto procesal que no puede actuar aut\u00f3nomamente si el actor no lo hace, es decir, si el actor no apela el coadyuvante no lo puede hacer ya que no es parte\u00bb, por lo que no debi\u00f3 concederse la alzada formulada contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la autoridad judicial convocada \u00abcree que puede negar [su cesi\u00f3n] de costas y olvida que [le] ha[n] embargado las costas, cuando apenas eran una expectativa, olvida que el tribunal ha aceptado\u2026 [su cesi\u00f3n] de costas en acciones populares y debe hacer lo propio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abtoda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira\u00bb y, adem\u00e1s, porque de tales s\u00faplicas \u00abno se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en que [esa] Entidad ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira precis\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela \u00abes improcedente\u00bb, comoquiera que \u00abel actor cuenta con otros medios legales para atacar las decisiones del despacho judicial accionado\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El municipio de Pereira rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa localidad defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, por cuanto \u00abel gestor\u2026 a\u00fan cuenta con la posibilidad de enarbolar sus planteamientos ante el despacho a la que ser\u00e1 asignada la acci\u00f3n popular en segunda instancia, autoridad que est\u00e1 facultada legalmente para examinar\u2026 el cumplimiento de los requisitos para la concesi\u00f3n del recurso\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la cesi\u00f3n de costas destac\u00f3 que \u00abel actor no agot\u00f3 debidamente los medios de controversia con que dispon\u00eda\u00bb, al no recurrir el prove\u00eddo que neg\u00f3 dicho pedimento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, sin precisar los motivos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que el actor cuestion\u00f3 (i) la concesi\u00f3n de la alzada que formul\u00f3 uno de los coadyuvantes frente a la sentencia de 27 de julio de 2021; y (ii) que no se hubiese accedido a la cesi\u00f3n de costas que deprec\u00f3. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto la viabilidad de la alzada es un aspecto que el promotor aun puede cuestionar ante el juez que, en segunda instancia, conozca del proceso criticado, pues dicha autoridad debe analizar tal aspecto al momento de resolver sobre la admisibilidad de dicho medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, dest\u00e1quese que tal decisi\u00f3n, esto es, la que resuelve sobre la admisibilidad de la apelaci\u00f3n, es susceptible de ser cuestionada en s\u00faplica, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 3311 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de acciones populares, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 37 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Respecto al otro de los reproches del promotor, examinados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, evidencia la Sala que el estrado accionado resolvi\u00f3 sobre la cesi\u00f3n de costas que reclam\u00f3 el actor popular, mediante prove\u00eddo de 15 de septiembre de 2020. <\/p>\n
En este orden de ideas, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que desde la fecha de proferimiento de ese prove\u00eddo (15 de septiembre de 2020) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, octubre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que, si bien el peticionario reiter\u00f3 recientemente su petici\u00f3n de cesi\u00f3n de costas, lo cierto es que dicha cuesti\u00f3n fue decidida, de forma definitiva, con la citada providencia de 15 de septiembre de la anualidad pasada, al punto que el juzgado convocado, al resolver sobre este nuevo pedimento, con determinaci\u00f3n del 4 de octubre de 2021, se limit\u00f3 a ordenarle que se estuviera a lo resuelto en la primera de las decisiones rese\u00f1adas (de 15 de septiembre de 2020). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl recurso de s\u00faplica procede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto. Tambi\u00e9n procede contra el auto que resuelve sobre la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15164-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15164-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00387-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}